Sentencia 4351 de julio 30 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

SUSTITUCIÓN PENSIONAL

PERDIDA DEL DERECHO DEL CÓNYUGE

Radicación No 4351

Magistrado Ponente:

Dr. Ramón Zúñiga Valverde

Santa Fe de Bogotá, D. C., julio treinta de mil novecientos noventa y uno.

Blanca Marina Ruíz vda. de Escobar demandó en proceso ordinario laboral al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Antioquia, representado en Antioquia por el doctor William Zapata D., o por quien haga sus veces, a fin de que se le condene a pagar a mi mandante la pensión de viudez que se le suspendió desde el día primero de diciembre de 1986, sumas que se cancelarán debidamente indexadas y las costas del juicio.

Sirven de apoyo a las pretensiones de la actora los siguientes hechos:

“1. La señora Blanca Marina Ruíz fue casada con el señor Luis Ángel Escobar Restrepo, quien falleció en el año de 1974, razón por la cual y por existir el pertinente derecho, el ISS le reconoció a la señora mencionada, pensión de sobreviviente.

2. Pasó la señora Ruíz a segundas nupcias con el señor Rodolfo Restrepo, hecho ante el cual el ISS suspendió la pensión que le venía reconociendo.

3. El matrimonio que la señora Ruíz contrajo con el señor Restrepo fue anulado eclesiásticamente, razón por la cual las cosas jurídicamente volvieron a su estado anterior, o sea que el estado civil de viuda, quedó vigente.

4. Ante esa circunstancia renacía el derecho a la pensión de sobreviviente de la señora Ruíz, la cual efectivamente solicitó al ISS, sin que éste haya querido cubrirla hasta el momento presenté''.

La primera instancia se tramitó ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín que en sentencia de 24 de septiembre de 1990 dispuso:

“1. CONDENASE al Instituto de Seguros Sociales representado legalmente por el señor William Zapata Duque, o por quien haga sus veces, a pagar a Blanca Marina Ruíz viuda de Escobar, una pensión de sobreviviente, cuyo valor a partir del 1º de octubre próximo será de $ 41.025 mensuales, sin perjuicio de los incrementos de ley.

2. El valor de las mesadas pensionales corridas entre el 1º de diciembre de 1986 y el 30 de septiembre de 1990 es de $ 1.409.241.

3. ABSUELVESE a la demandada por la indexación deprecada.

4. Costas a cargo de la demandada, reducidas en un 80%”.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sentencia del 9 de noviembre de 1990 REVOCÓ la sentencia objeto de apelación y dispuso absolver a la entidad de las pretensiones de la demanda. Sin costas.

El apoderado de la parte actora dentro de la demanda principal interpuso el recurso de casación que fue concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, por lo cual ésta procede al estudio de la demanda extraordinaria. No se presentó escrito de réplica.

Presenta la censura el alcance de la impugnación de la siguiente forma:

“Pretendo el quebrantamiento total del fallo recurrido, en cuanto revoca la sentencia condenatoria del juzgado y, en su lugar, absuelve a la entidad demandada de los cargos de la demanda, para que convertida la Corte en Tribunal de instancia, confirme el fallo de primer grado.

Cargo único

La sentencia viola indirectamente y por aplicación indebida los siguientes preceptos legales: artículos 5º, 8º, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 31 del Decreto 3041 de 1966, los arts. 1º con sus parágrafos primero y segundo y 2º de la Ley 33 de 1973 y de su Decreto Reglamentario 690 de 1974, los arts. 1º, con sus parágrafos primero y segundo, 2º, con su parágrafo único, el art. 3º, 5º, 10, 11 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1989 que reglamentó tal ley, los arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 y 12 y como violaciones de medio los arts. 187, 194, 195, 197, 220, 213, 214, 226, 227, 228, 251, 254, 252, 258 y 268 del C. de P. Civil y los arts. 25, 26, 28, 31, 51, 52, 53, 59, 60, 61 y 145 del C. de P. Laboral, a consecuencia de errores manifiestos de hecho, como se verá a continuación.

Demostración del cargo

Dijo el Honorable Tribunal Superior, Sala Laboral de Medellín en la sentencia que se acausa: “La solución al caso debe tomarse de lo preceptuado en la Ley 33 de 1974 y lo dispuesto en el Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la Ley 71 de 1988 en donde de manera expresa y palmaria se precisa que la pensión vitalicia se pierde por haber contraído la viuda nupcias, o hacer vida marital.

“Como se puede deducir de las normas aludidas, son dos los supuestos que se traen para perfilar la pérdida del derecho a la pensión. El señor juez a quo tuvo razón en su fallo al considerar que el primer supuesto, de haber contraído segundas nupcias, quedaba sin sustento, por el hecho de que el segundo matrimonio contraído por la demandante fue declarado nulo por la autoridad eclesiástica, significándose con ello que entre la accionante y el señor Rodolfo Restrepo Correa no existió matrimonio y por ende las cosas volvieron a su estado anterior.

“Ahora bien, a juicio de la Sala se ubica el caso, en la ocurrencia del segundo supuesto que impide la continuidad en el pago de la pensión, o sea, el hecho de hacer vida marital, con Rodolfo Restrepo, cuestión que es independiente a la declaratoria de nulidad del matrimonio. La accionante acepta tal supuesto en la demanda y es por ello que se desechará la petición del libelo inicial, lo que traduce la revocatoria del fallo impugnado, sin que sea menester el estudio de excepciones, en razón al sentido de la providenciá''.

Incurrió el fallador de segundo grado y en la sentencia que se impugna, en evidentes y graves errores de hecho que se sintetizan así:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Blanca Marina Ruíz hizo vida marital con el señor Rodolfo Restrepo.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la demanda la señora Blanca Marina Ruíz acepta haber hecho vida marital con el señor Rodolfo Restrepo.

Por parte alguna del proceso existe constancia ni declaración de la que se deduzca que la demandante y ahora recurrente en el recurso extraordinario de casación, haya hecho vida marital con el señor Rodolfo Restrepo, por lo cual deviene en gratuita la afirmación que hace la Sala Laboral cuando en la sentencia anota “Ahora bien, a juicio de la Sala se ubica el caso, en la ocurrencia del segundo supuesto que impide la continuidad en el pago de la pensión, o sea el hecho de hacer vida marital, con Rodolfo Restrepo”, razón por la cual resulta evidente el error de hecho que se le endilga a la sentencia, máxime si se toma en cuenta la exigencia que contiene el párrafo segundo del Decreto Reglamentario 690 de 1974 según el cual “la demostración del amancebamiento público requiere prueba controvertida”, prueba que se repita, está totalmente ausente de los autos.

Y vuelve el Tribunal Superior de Medellín a incurrir en grave error cuando y refiriéndose al “hecho de hacer vida marital con Rodolfo Restrepo” la señora Blanca Marina Ruíz, categóricamente anota en la sentencia: “La accionante acepta tal supuesto en la demanda”, aseveración falsa por cuanto en ninguno de los supuestos fácticos del libelo introductor se hizo afirmación tal, por lo cual el fallador cuya sentencia se impugna, cae en flagrante error de hecho dando por demostrado lo que no está.

Así las cosas, es de forzosa conclusión el que se impone casar la sentencia en los términos fijados al determinar el alcance de la impugnación”.

Se considera:

La esencia de la controversia en las instancias, de la que se ocupa la Corte dentro del recurso extraordinario de casación, es el atinente a la existencia o extinción del derecho a la sustitución pensional de cónyuge sobreviviente, con ocasión de la declaratoria u otorgamiento de la dispensa del matrimonio celebrado en segundas nupcias por la accionante el 17 de agosto de 1986 con Rodolfo Restrepo Correa.

En efecto; con ocasión del matrimonio en segundas nupcias de la actora con Rodolfo Restrepo Correa, se extinguió el derecho a la sustitución pensional que aquella venía recibiendo como cónyuge sobreviviente de Luis Ángel Escobar Restrepo y sobre esto no hay cuestionamiento alguno, que se presenta al sufrir la dispensa concedida por la autoridad eclesiástica al segundo matrimonio, con la cual la accionante recobró el estado civil de viuda.

Para el ad-quem, ésto es claro, empero, entiende, que la dispensa o anulación del segundo matrimonio por si misma no implica ausencia de vida marital de la pareja durante la vigencia del acto e incluso con posterioridad al mismo, que es el segundo supuesto legal para la pérdida del derecho a la pensión adquirida por sustitución.

El Tribunal dedujo de la demanda introductoria nupcias contraídas por la demandada y, consecuencialmente, la vida marital de la pareja amparada por el vínculo matrimonial cuyo desaparecimiento, por la decisión de la autoridad eclesiástica, no borra la relación de hecho de la demandante con quien contrajo matrimonio posteriormente anulado. De lo cual fluye, consecuencialmente, la extinción del derecho pensional con arreglo a la Ley 33 de 1974, en armonía con el Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la Ley 71 de 1988.

Entonces, no dándose el yerro fáctico manifiesto y ostensible en la apreciación de la demanda introductoria, el cargo no está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada.

Sin costas,

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Ramón Zúñiga Valverde—Manuel Enrique Daza Álvarez, con aclaración de voto—Jorge Iván Palacio Palacio.

Consuelo Garbiras Fernández, Secretaria.

ACLARACIÓN DE VOTO

La Ley 12 de 1975 en su artículo 2º dispone que el derecho a la pensión de jubilación lo pierde el cónyuge sobreviviente —(prestación que también es llamada así en estos casos por tener esa caracterización)— “cuando por su culpa no viviere unido al otro en el momento de su fallecimiento, o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital,...”.

La sintaxis de la frase transcrita me conduce a pensar que la conjunción disyuntiva “ó” denota diferencia entre el concepto de nupcias y vida marital, que, por tanto, no pueden fusionarse en el recto entendimiento de la norma legal aludida.

Es lógico razonar conforme a lo expresado, porque nupcias significa matrimonio, boda, casamiento, lo cual como acto jurídico tiene efectos legales previstos en el Código Civil, tales como el origen de la sociedad conyugal por el hecho mismo del matrimonio (art. 180 C. C., modificado por el artículo 13 del Decreto-Ley 2820 de 1974), la legitimidad de los hijos procreados por los cónyuges, que es inalterable aún si posteriormente se declara nulo el matrimonio. En cambio, la unión libre, que es la situación a que realmente se refiere el legislador cuando habla de vida marital en la mencionada ley, no tiene los mismos efectos jurídicos del matrimonio aunque después se declare nulo. Pero esas diferencias no son óbice para que la ley tenga independientemente esos dos hechos, distintos entre sí, como motivos definitivos para la pérdida del derecho a la pensión de sobreviviente. La norma no determina cuánto tiempo debe durar el nuevo matrimonio que se contraiga, ni cuánto la vida marital que se haga, y mal podría hacerlo, de manera que basta que se cumpla alguno de esos dos hechos para que de inmediato se origine el motivo definitivo de pérdida al derecho de la pensión de sobreviviente, razón por la que aún cuando se termine posteriormente la vida marital o luego se anule el matrimonio no pueda renacer el derecho a dicha pensión.

Manuel Enrique Daza Álvarez 

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