Sentencia 4358 de octubre 7 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 4358 de 2005

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El artículo 5º de la Ley 75 de 1968 gobierna lo relativo a la impugnación del reconocimiento del hijo extramatrimonial, esto es, la manifestación espontánea de un individuo dirigida a reconocer como hijo suyo a una persona, acto eminentemente personal, voluntario, expreso e irrevocable, como se desprende del artículo 1º de la misma ley. No obstante, esa irrevocabilidad, del reconocimiento no descarta que el acto pueda ser atacado, dado que la misma norma autoriza impugnarlo, aunque con las restricciones allí señaladas, acción que debe entonces encaminarse a desvirtuar la declaración de paternidad mediante la prueba de que el reconocido no ha podido tener por padre a quien hizo el reconocimiento.

El artículo 5º de la Ley 75 de 1968 autoriza la impugnación del reconocimiento del hijo extramatrimonial “por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil”. A su vez el artículo 248 del citado código establece que tal impugnación procede cuando se acredita que “el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante” regla aplicable al reconocimiento por disposición del precepto que primero se citó.

El recurrente denunció en los dos cargos que se resuelven simultáneamente, errores de hecho en la interpretación de la demanda y en la valoración de las pruebas, yerros que, como se demuestra enseguida, no existieron.

1. En lo que toca con la interpretación de la demanda, para el recurrente erró el tribunal por cuanto ni en las pretensiones, ni en los hechos, la parte demandante manifestó la imposibilidad de relaciones sexuales entre Luis Francisco Ortiz Toloza y la madre de la demandada, durante la época en que debió ocurrir la concepción de aquella, a pesar de lo cual declaró la prosperidad de las súplicas. El recurrente, luego de copiar los quince hechos de la demanda, concluyó “... que de la simple lectura de la sentencia impugnada salta a la vista que el tribunal al proferirla, terminó dándole un alcance totalmente diferente a los hechos”, tras ello consignó que “se nota al rompe que la conclusión a la que arribó el sentenciador de segunda instancia está en abierta contradicción con el contenido de la citada pieza procesal —la demanda—”, y añadió que “en fin, los sustentos fácticos del libelo, ni en forma aislada, ni apreciados en su conjunto, contienen los hechos idóneos para fundamentar las pretensiones de la demanda, por ende cabe concluir sin hesitación alguna que el tribunal al interpretar la demanda descendió hasta recrear la causa petendi, haciéndole decir a los hechos lo que en verdad no expresan”.

No obstante, examinada la propia demanda, es de ver que en ella su autor la define como “... ordinaria tendiente a obtener la impugnación de la paternidad (textual) de la señora Claudia Patricia Ortiz Ochoa...”, a lo cual sumó el reclamo para que se declarara que Claudia Patricia Ortiz Ochoa no es hija de Luis Francisco Ortiz Toloza, todo al amparo —díjose en la demanda— de los artículos 248 y 335 del Código Civil y de la Ley 75 de 1968. De ello surge que si el tribunal prodigó la decisión final al abrigo de las reglas de impugnación de la paternidad, de ninguna manera distorsionó el genuino sentido de la demanda. El artículo 248 del Código Civil, citado en la demanda, establece como premisa de la impugnación que “el legitimado —reconocido— no ha podido tener por padre al legitimante”, y en la aplicación de esta regla coincidieron el demandante y el tribunal, lo cual señala que el diálogo se entabló —se insiste— en derredor de la impugnación de la paternidad y no de otro tipo de pretensión.

Además, véase cómo en la demanda se dijo que “el acto de reconocimiento de Patricia Ortiz Ochoa —se hizo— por su padre biológico o legítimo Luis Francisco Ortiz Marín” o que el mencionado señor es el “verdadero padre de la demandada”, afirmación enteramente compatible con la hipótesis legal del artículo 248 del Código Civil, según el cual procede la impugnación si “el legitimado —reconocido— no ha podido tener por padre al legitimante”.

Se infiere de todo lo anterior, atendidos los perfiles propios de esa controversia, que la impugnación de la paternidad no tuvo en este caso como fundamento expreso y directo la imposibilidad de relaciones sexuales por la época de la concepción, pero sí el descarte de ellas a partir de la afirmación de que la persona reconocida no puede ser hija biológica de quien hizo el reconocimiento por dos razones fundamentales: una, porque la persona reconocida no puede tener un doble estado civil, como quiera que el reconocimiento antecedente impedía uno nuevo hasta que se impugnara y acabara el primero; y la otra, porque el registro que da fe del segundo reconocimiento fue aniquilado por una decisión judicial, a lo cual se añade la afirmación contundente de que “el acto de reconocimiento de Patricia Ortiz Ochoa —se hizo— por su padre biológico o legítimo Luis Francisco Ortiz Marín”, paternidad biológica atribuida expresamente en la demanda a Ortiz Marín, hecho que sin duda implica la afirmación de que entre Ortiz Toloza y la madre de la reconocida no pudieron existir relaciones sexuales, por lo menos de aquellas que conducen a la concepción.

En suma, si en la demanda se dijo que Claudia Patricia Ortiz Ochoa es hija biológica de Ortiz Marín, y que las pruebas científicas pedidas así lo dictaminarían, cómo no entender que está presente allí la afirmación de que entre Paulina Ochoa Flórez y Luis Francisco Ortiz Toloza no hubo relaciones sexuales, en especial porque no interesan al proceso cualesquiera relaciones sexuales, sino aquellas que llevan a la paternidad. Así, quien intenta demostrar científicamente que la verdadera paternidad biológica es distinta a la que el registro civil muestra, está afirmando implícitamente que entre el supuesto padre —quien hizo el reconocimiento— y la madre, no hubo relaciones de aquellas que son idóneas para llevar a la procreación.

Al amparo de las precedentes consideraciones ha de concluirse con certeza que el tribunal no interpretó mal la demanda, pues fiel a ella se mantuvo cuando entendió que la atribución de paternidad biológica a Ortiz Marín, de llegar a probarse —cosa que aquí no se logró por culpa de la demandada recurrente que obstruyó la prueba de ADN—, acreditaría que no hubo relaciones sexuales entre quien hizo el reconocimiento y la madre, o por lo menos no de aquella cópula que conduce a la concepción, por lo que tal forma de reclamar corresponde a la hipótesis del artículo 248 del Código Civil y de suyo desvela que no hubo error en la interpretación de la demanda. Con otras palabras, si se atribuyó paternidad biológica a Ortiz Marín, y para ello se pidió la prueba de ADN, con ello se afirmó que Ortiz Toloza no podría ser el padre, que no pudo acceder sexualmente a la madre en función de procreación, porque esta además fue reconocida por Ortiz Marín.

2. En lo concerniente con los errores de hecho en que supuestamente incurrió el tribunal en la apreciación de las pruebas, observa la Corte que el recurrente presentó su propia valoración de los medios de convicción obrantes en el proceso, pero se abstuvo de parangonar, como lo exige la técnica de casación, lo que de las probanzas dijo el sentenciador con lo que realmente estas demuestran, para efectos de hacer patente el error denunciado. Entonces, para acreditar los errores descomunales de la sentencia acusada, el recurrente apenas ensayó una plétora de adjetivos contra la actividad juzgadora del tribunal pero sin acreditar en verdad el yerro cometido por el ad quem.

3. Así, respecto a la prueba testimonial ha de decirse que el tribunal resaltó las contradicciones en que incurrieron los testigos que dan cuenta de las relaciones entre el presunto padre y la madre de la reconocida, que distintas cosas dijeron en la fiscalía y en el juzgado de familia, apreciación que sumada a otros elementos de prueba resultó ser ejercicio de la discreta autonomía de las instancias, intangible en casación salvo que caiga si ella no cae en el terreno de lo absurdo, circunstancia que aquí no aconteció.

4. Frente a los dictámenes que coinciden en declarar que Ortiz Toloza no impuso la firma que aparece en el acta de reconocimiento de la demandada que en este proceso se cuestiona, la censura apenas esboza las declaraciones de los funcionarios de la notaría sobre la forma general y los cuidados que se toman en todos los casos para levantar las actas de registro. Como se aprecia al rompe, tales declaraciones no tienen la virtud de hacer descaecer la fuerza probatoria de los dictámenes de expertos y como demostración del error descomunal del tribunal resultan absolutamente insuficientes.

5. La singularidad de la situación planteada en los hechos de este proceso, hace razonable que el tribunal haya juntado argumentos de diversa índole para acceder a las pretensiones, el primero de todos ellos, que el registro que da cuenta del estado civil impugnado es falso porque así lo declaró la justicia penal, apreciación probatoria que no cae en la desmesura y que al ser combatida inútilmente por el casacionista deja en pie la sentencia.

Además de todo lo anterior, en verdad la parte demandada, ahora recurrente en casación, no puede protestar por la falta de prueba de que no hubo relaciones sexuales entre Ortiz Toloza —autor del reconocimiento declarado falso— y Paulina Ochoa, como quiera que el demandante pidió e insistió en la prueba de ADN para acreditar que la demandada sí era hija de Ortiz Marín y Paulina Ochoa, tal y como lo atestigua el único registro civil vigente, pues el otro fue anulado por la fiscalía. Si esa prueba se hubiera practicado, se habría resuelto satisfactoriamente la paradoja de la doble paternidad, pues se hubiera determinado sin duda, cuáles fueron las relaciones sexuales idóneas para la procreación; no obstante, en tanto la recurrente en casación no brindó la colaboración para la realización de la prueba científica, cómo podría ahora extrañar la prueba de la imposibilidad de relaciones sexuales entre Ortiz Marín y Paulina Ochoa.

6. También denunció el recurrente que hubo error de derecho porque el tribunal dedujo un indicio en contra de la demandada por su renuencia a la práctica del examen de genética, sin tener en cuenta que la prueba fue solicitada de manera extemporánea, pues solo hasta la etapa de alegaciones se pidió variar las personas sobre las cuales debía realizarse la experticia, a lo cual accedió el juzgado sin tener en cuenta que el dictamen inicialmente decretado no se practicó por la culpa del demandante.

Juzga la Corte que si la prueba de ADN se decreta con unos sujetos y durante el devenir procesal surge la necesidad razonablemente establecida de practicarse con otros, no por ello la prueba es distinta, ni por tal motivo hay error de derecho, pues lo fundamental es que el experimento se haga con personas cuyos aportes permitan la reconstrucción del perfil genético que brinde la información necesaria para decidir. Por lo demás, si se retirara el indicio que el tribunal dedujo en contra de la demandada, demandante en reconvención, por no facilitar la prueba de ADN, el resultado de la sentencia sería igual, pues ella no se soporta exclusivamente en ese indicio.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se desechan los cargos acumulados.

Cuarto cargo

Se acusó la sentencia de segundo instancia por violación indirecta del artículo 6º, numerales 4º, 6º y 9º de la Ley 75 de 1968, y el artículo 346 del Código Civil, como consecuencia de error de hecho evidente en la apreciación de las pruebas.

Indicó el recurrente que el tribunal, para declarar impróspera la demanda de reconvención consideró que no se había demostrado que Luis Francisco Ortiz Toloza había dado trato de hija a Claudia Patricia Ortiz Ochoa, por el tiempo requerido por la ley para que se configurara esta causal, afirmación que, en sentir del casacionista, comporta manifiesto error de hecho, porque los testigos en sus declaraciones manifiestan lo contrario de manera contundente.

Para sustentar el cargo el recurrente condensó los testimonios rendidos, tanto en el proceso civil, como en la fiscalía, por Paulina Ochoa Flórez, Pedro Antonio Orejarena, Ricardo Vanegas León, Carlos Humberto González, Gladys Patricia Zambrano y Luis Francisco Ortiz Marín, a partir de los cuales consideró irrebatible concluir que Ortiz Toloza sí trató a la demandada como a hija, por cuanto en el parque Romero, vecindario de las partes, era sentir generalizado que el padre de Claudia Patricia era zapatero remendón, y quien ejercía este oficio era Ortiz Toloza, ya que Ortiz Marín nunca trabajó en ese ramo.

Precisa que este es un yerro trascendente que no se desvanece frente a las demás pruebas apreciadas por el tribunal; además que si no se hubiere incurrido en tal desbarro, la decisión hubiera favorecido a la parte demandada.

Consideraciones de la Corte

En relación con este cargo, vale memorar la tendencia jurisprudencial, que de manera constante ha mantenido la exigencia de que el ataque en casación debe comprender todos los fundamentos y las pruebas que tuvo en cuenta el tribunal para decidir, a propósito de lo cual se ha dicho que, si alguno de ellos pasa inadvertido para el casacionista, la impugnación resulta estéril.

En el caso que transita ahora por la Corte, es evidente que el cargo se planteó de forma incompleta, toda vez que el tribunal negó las pretensiones de la demanda de reconvención por no haberse probado la posesión notoria del estado civil, para lo cual se apoyó en los testimonios rendidos a solicitud de ambas partes —tanto en el proceso civil, como en lo fiscalía dentro de la investigación penal—, en la prueba pericial, en los documentos aportados y en la declaración de parte de la demandada.

Pero no obstante este amplio repertorio de probanzas, la censura se ocupó únicamente de los testimonios y dejó de lado las restantes, sin parar mientes en que ellas, por sí solas, brindan suficiente apoyo a la decisión, pues fue al amparo de todas las pruebas antes mencionadas, y no solo en las declaraciones de terceros, que el sentenciador concluyó que debía declararse impróspera la demanda de reconvención por cuanto la parte demandada no demostró que para la época de la concepción de Claudia Patricia, la madre hubiese tenido relaciones con Luis Francisco Ortiz Toloza, ni que este la tratara como hija durante el tiempo y en la forma exigida por la ley,

Además de lo anterior, según jurisprudencia reiterada de la Corte, para acreditar los elementos que tipifican la posesión notoria del estado civil de hijo extramatrimonial, esto es, el trato, la fama y el tiempo, es menester que los testigos citados al proceso depongan de manera clara, concreta y circunstanciada sobre los hechos que presenciaron y que permiten deducir tales aspectos; además, como también ha definido esta corporación, para que la posesión alegada autorice la declaración judicial de paternidad tiene que haber durado cinco años continuos, por lo menos. Así, entre otras muchas providencias, la Corte en sentencia de 31 de agosto de 1983 dijo: “La mencionada posesión de estado y la causal de relaciones sexuales son, sin lugar a dudas, los fundamentos en que, con mayor frecuencia, se apoyan las demandas de filiación extramatrimonial. Y de estos dos motivos, es la posesión notoria del estado de hijo el que, una vez demostrado a plenitud, deja más satisfecha la conciencia del fallador y más plena de convicción su mente, porque para que esta posesión de estado se ofrezca, menester es que el padre haya dejado una profunda huella de reconocimiento de su paternidad, huella que, además, debe ser pública y no privada, prolongada en el tiempo y no fugaz, continua al menos por un quinquenio y constituida por un comportamiento realizado en presencia de deudos y amigos o del vecindario en general, con tal intensidad, reiteración y de manera tan inequívoca que los vecinos, allegados o amigos hayan reputado al hijo como tal, a virtud del mencionado comportamiento del presunto padre. La posesión notoria no surge de improviso, no es situación que sobrevenga en el sentido de presentarse inopinadamente, es una posición fáctica que solo se va moldeando y definiendo con el paso incesante y prolongado de los días y con la reiteración pública, no secreta, de comportamientos que deudos y amigos, o del vecindario del domicilio en general, van grabando en la conciencia popular la certidumbre de que el beneficiario de esa posesión de estado tiene que ser hijo extramatrimonial de quien así provee a su subsistencia, educación y establecimiento” (G.J. CLXXII, págs. 165-166). Y en sentencia de 5 de julio de 2000, expediente 5421, aún no publicada, precisó: “Hácese ver, también, que según el artículo 9º de la Ley 75 de 1968, sustitutivo del artículo 398 del Código Civil, ‘Para que la posesión notoria de estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por lo menos’, disposición aplicable a la filiación extramatrimonial por mandato del artículo 10 de la citada ley, y que, conforme el artículo 399 del mencionado estatuto, ‘La posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable’...”.

Lo anterior significa que los testimonios rendidos deben reflejar un conjunto de hechos inequívocos, corroborantes unos de otros, realizados por el presunto padre, orientados a mantener, educar o auxiliar a la demandante durante un tiempo mínimo de cinco años, para lo cual no es bastante que los deponentes se refieran a hechos aislados o esporádicos, que no permitan identificar el propósito señalado, pues en semejante situación no podría decirse que son reflejo externo de una voluntad interior que por tal medio se hace explícita.

Respecto del elemento fama requerido para declarar la posesión notoria, se reitera por la Sala que esta no es cuestión de simple rumor, sino que corresponde a un estado de verdadera certeza entre los vecinos, amigos y deudos del presunto padre, y a causa del trato dado por este al hijo extramatrimonial —atendiendo su educación, subsistencia y establecimiento—, que permita inferir sin duda que entre los dos existe el parentesco reclamado.

Examinadas las declaraciones reseñadas por el recurrente para sustentar el cargo cuarto, se observa que no dan cuenta de que Luis Francisco Ortiz Toloza hubiese tratado a Claudia Patricia Ortiz Ochoa como hija extramatrimonial por el tiempo exigido en la ley, es decir, durante cinco años por lo menos, suministrándole lo necesario para su subsistencia, educación y establecimiento, pues los episodios o hechos relatados por los testigos son esporádicos, aislados, unos se refieren a que Ortiz Toloza en su presencia le daba plata a la demandada, pero sin precisar el tiempo ni la frecuencia con que le ayudaba económicamente. Por el contrario, los testigos arrimados por los demandantes que impugnaron la paternidad, afirman no haber sabido de la existencia de esta hija a pesar de la amistad que mantuvieron con el presunto padre, ni que este tuviera una vida clandestina en la que cupieran los hechos constitutivos de la posesión notoria alegada. Por consiguiente, de las declaraciones que invoca la demandante en reconvención no se pueden establecer de manera irrefragable los presupuestos exigidos en la ley para declarar la paternidad deprecada con base en la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial.

Por las razones anteriormente expuestas, se desecha el cargo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, “NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala de Familia, de fecha 11 de octubre de 1999 dictada en el proceso ordinario de impugnación de paternidad incoado por Bertha Lilia Calle Londoño en nombre propio y en representación de su menor hija Ana María Ortiz Calle, y Óscar Mauricio Ortiz Calle, contra Claudia Patricia Ortiz Ochoa.

Condénase en costas del recurso a la parte demandada.

Tásense en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

____________________________________________________