Sentencia 43642 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP8162-2014

Radicación 43642

Aprobado acta 195

Magistrado Ponente:

Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Corte

7. De manera reiterada ha dicho esta Sala que, en cualquier régimen, la casación atiende a unos fines superiores cuales son la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia censurada, la incolumidad del derecho material y de las garantías fundamentales de los intervinientes en la actuación, y la unificación de la jurisprudencia.

Empero, con el mismo énfasis ha puntualizado que ello de ninguna manera significa que la naturaleza de este mecanismo sea de libre configuración, desprovisto de todo rigor, y que tenga como objetivo abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de los puntos que han sido materia de controversia, pues ha de resaltarse que al proponer el recurso el censor debe sujetarse a las causales taxativamente señaladas en el ordenamiento procesal, y con observancia de los presupuestos de lógica y argumentación inherentes a cada motivo extraordinario, persuadir a la Corte de que a raíz de la decisión cuestionada urge hacer efectiva alguna de esas finalidades.

Tales exigencias no rinden tributo a un insustancial formalismo, sino que guardan armoniosa dependencia con el carácter restringido de este instrumento de impugnación extraordinario, en cualquiera de sus modalidades, en el que la pretensión de examinar la legalidad y constitucionalidad del fallo atacado no puede quedar comprendida en un escrito de libre factura, sino que, por el contrario, debe estar respaldada por un contenido mínimo de claridad y coherencia que permita entender los vicios denunciados, así como la identificación de sus consecuencias.

La Sala observa que la demanda presentada por el impugnante debe ser inadmitida porque en la misma no se elaboró un enjuiciamiento crítico que de manera objetiva evidencie la configuración del yerro alegado.

8. En efecto, el actor en la correspondiente sustentación enunció la presentación de un “Primer cargo” que a la postre terminó por ser el único, pues ningún otro planteamiento hizo en el desarrollo de su disertación, dentro de la cual no se observa la clara y objetiva presentación de un yerro de valoración probatoria, como, al parecer, era el propósito del recurrente.

Obsérvese que aun cuanto el presente asunto se rigió por la sistemática dispuesta en la Ley 600 de 2000, el actor anuncia como causal la prevista en el “numeral 3º del artículo 181” por el “manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de las pruebas sobre las cuales se ha fundado la sentencia”, motivo de impugnación extraordinario que corresponde al modelo procesal implementado con la Ley 906 de 2004.

Ahora bien, de tal propuesta no le es difícil a la Corte inferir que la réplica pretendía dirigirla el memorialista por la vía indirecta, esto es, con apoyo en la Ley 600 de 2000, artículo 207, numeral 1º, cuerpo segundo, aspiración que se corrobora al aducir el censor que el dislate imputado a los juzgadores consistió en “haber incurrido en un falso raciocinio por la existencia de un error de hecho, al haberse valorado en contra de las reglas de la sana crítica los testimonios en que se fundamenta el fallo de condena”.

Sin embargo, observa la Sala que la argumentación expuesta en el libelo no permite avizorar un vicio de la estirpe denunciada.

Con sujeción, entonces, al sentido de la queja impera recordar que en sede de violación indirecta de la ley sustancial, atendido el fundamento inteligible de las decisiones de primero y segundo grado, integradas como unidad jurídica inescindible por coincidir en el mismo sentido, el actor estaba obligado a enfrentar por separado las respectivas consideraciones y a demostrar frente a ambas, mediante la acreditación de alguno de los errores típicos de la señalada senda, que en la valoración de los elementos de conocimiento se habría incurrido en errores de derecho (falsos juicios de legalidad y de convicción), o hecho (falso juicios de identidad, existencia o raciocinio).

El recurrente de manera expresa concretó en la segunda modalidad el enjuiciamiento del fallo, es decir, por presuntos yerros de hecho.

Cuando se pretende quebrar la doble presunción de legalidad y acierto que ampara la decisión de condena con base en vicios de la citada naturaleza, el desarrollo argumental que está llamado a agotar la parte que los invoca consiste en precisar que frente a cada uno de los distintos medios de prueba la valoración plasmada por los juzgadores es constitutiva de falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, o falso raciocinio.

El falso juicio de existencia ocurre cuando el juez deja de apreciar el contenido de una prueba legal y oportunamente adosada a la actuación (falso juicio de existencia por omisión), o hace precisiones fácticas extrañas a los elementos de conocimiento obrantes, o las afirma con base en un medio de persuasión que no reposa en el expediente (falso juicio de existencia por suposición).

Por su parte, en el falso juicio de identidad el juzgador, al aprehender el contenido de un medio de prueba le recorta apartes trascendentes de su literalidad (falso juicio de identidad por cercenamiento), adiciona circunstancias fácticas ajenas a su texto (falso juicio de identidad por adición), o transforma o cambia el sentido fidedigno de su expresión material (falso juicio de identidad por tergiversación), dislates con los que le hace decir a la prueba lo que en realidad no afirma.

Para acreditar los citados vicios, en el primer evento, es preciso indicar el lugar del proceso en el que se encuentra adjunto el medio de prueba omitido y su contenido, o destacar la concreción fáctica plasmada en el fallo y que carece de acreditación con las allegadas, o cuya demostración se atribuyó a una ajena a la actuación; y en el segundo, basta con hacer un ejercicio de confrontación veraz e imparcial entre el texto o tenor del medio de prueba y la síntesis que de su contenido postuló el juzgador, en aras de evidenciar alguno de los dislates atrás singularizados (adición, supresión o distorsión).

Luego de lo anterior, en uno u otro caso, es forzoso ilustrar cómo ese desacierto fue determinante de una conclusión jurídica equivocada, pues la corrección de tales desaguisados y la nueva valoración de esas pruebas, en conjunto y de manera racional, debe llevar a una solución favorable a la parte que alega tales vicios.

A diferencia de los dos anteriores errores, en el falso raciocinio, además de no tener cabida discusiones acerca de la legalidad de la prueba, es perentorio aceptar la objetiva contemplación de la misma, pues el yerro recae en las deducciones hechas a partir de su fidedigna literalidad, siempre que esa valoración implique el desconocimiento de los postulados de la sana crítica (leyes de la ciencia, reglas de la lógica, o máximas de la experiencia).

De ahí que en tal especie de vicio le corresponde al censor desarrollar una dialéctica orientada a enseñar cuál fue la ley de la ciencia, regla lógica o máxima de la experiencia equivocadamente empleada por el funcionario, y cuál es la que acertadamente corresponde utilizar, con el fin de arribar a una conclusión jurídica correcta y favorable a sus intereses.

9. En el escrito analizado el actor alude a falsos raciocinios, pero en lugar de consignar un ejercicio argumental que corresponda con las exigencias de esa especie de dislate de apreciación probatoria, luego de abundantes citas de jurisprudencia relacionadas con el comentado vicio, se duele el demandante de que para acreditar el yerro se ve enfrentado a la “dificultad de que no se realizó una valoración en conjunto de los medios de Prueba”, para luego dedicarse a hacer extensas y repetidas transcripciones de las consideraciones del fallo de segundo grado, en las que con negrilla resalta determinados fragmentos, ejercicio estéril para demostrar un error de raciocinio.

Al concluir la anterior labor el memorialista advierte que el agravio a los postulados de la sana crítica se materializa por desconocimiento del principio de lógico de no contradicción; sin embargo, lejos de concretar cuál es el aspecto extraído de determinada prueba con base en el cual el ad quem elaboró deducciones antagónicas(5), reitera que el desatino se produjo por falta de la valoración conjunta del testimonio de la víctima con el de los agentes Llanos Cedano y Cuellar García, y luego procede a consignar, nuevamente, fragmentos de las consideraciones del tribunal, tras lo cual afirma que los juzgadores “desconocieron flagrantemente las contradicciones internas y externas” de las aludidas declaraciones, pruebas respecto de las que tampoco, en gracia de discusión, agotó un trabajo de confrontación para demostrar sus discordancias en aspectos sustanciales, en pos de demostrar un eventual falso juicio de identidad, vicio al que en verdad apuntaría esa específica crítica del recurrente.

Revisada la argumentación del cargo no encuentra la Sala construcción de propuesta alguna en la que se evidencie el real desconocimiento de la regla lógica anunciada; apenas se patentiza la inconformidad del demandante porque el ofendido narró que la persona que conducía el automotor en el que fue retenido, como señal particular en “el pómulo izquierdo se le notaba un hueco pequeño cuando hablaba, como cuando a la gente le ha dado varicela”, característica a la que no se refirieron los otros declarantes y que tampoco fue registrada en la descripción del acusado plasmada en la indagatoria, aspecto esgrimido una y otra vez por la defensa durante el proceso y en las instancias en procura de abatir el compromiso penal del procesado en las conductas punibles atribuidas.

La discrepancia de criterio valorativo en relación con el señalado aspecto, es decir, entre lo estimado por la parte impugnante y lo puntualizado por los juzgadores —para quienes la falta de coincidencia sobre el particular no fue sustancial habida cuenta de que al tratarse de una característica que por no ser muy sobresaliente pasó inadvertida para terceros que no estuvieron en la situación de la víctima—, no engendra el error de raciocinio que alega el memorialista, porque los funcionarios no construyeron deducciones incompatibles u opuestas al respecto; por el contrario, de manera razonable explicaron la intrascendencia en torno a la falta de coincidencia en la aludida marca, y destacaron cómo otros aspectos corroboraban la participación del enjuiciado.

Sobre el particular ambas instancias destacaron que el señalamiento directo del enjuiciado por parte de la víctima minutos después de la captura de aquél; la coincidencia del automotor empleado en la acción ilícita, de propiedad del mismo encausado; el hallazgo en poder de éste de un carné de la Policía igual al exhibido al ofendido por los delincuentes, y la comprobación de que momentos antes de su aprehensión Quiñónez Ortiz efectuó una operación cambiaria por seiscientos dólares, concordante con el dinero efectivo que en pesos colombianos le fue decomisado, todo ello sumado a sus anodinas e inverosímiles explicaciones, constituían prueba suficiente de su activa participación en los delitos endilgados.

Finalmente, advierte la Sala que frente a esa estimación probatoria el recurrente, sin haberlo demostrado, abandona el presunto agravio a la regla lógica invocada, para alegar un supuesto desatino de la misma estirpe pero por violación de la regla de experiencia según la cual “Siempre o casi siempre que alguien comete una conducta, entonces sucede que busca ocultarla”, axioma cuya creación atribuye a la doctrina y a la jurisprudencia de esta corporación, y que entiende vulnerado porque en el fallo no se explicó cómo siendo el procesado un exagente de la Policía con vasta experiencia y conocimiento en labores criminales “su actuación por el contrario consistió en dejar un sin número de huellas, elementos, rastros, etc., de la forma más torpe y burda”.

Acerca de tal planteamiento debe destacar la Sala la falta de lealtad del actor, pues en la decisión que cita la Corte en parte alguna de sus consideraciones fijo o elevó el referido postulado a la condición de máxima de experiencia, y el hecho de que un representante de la doctrina nacional en alguna oportunidad hubiese sentado un criterio semejante no es condición suficiente para afirmar la existencia de una norma de la experiencia como la enarbolada por el memorialista.

Antes bien, en el auto(6) que el propio censor alude como fuente de la regla de experiencia supuestamente contravenida, la Corte expuso lo siguiente en relación a las exigencias que debe satisfacer una construcción de tal naturaleza, y que obviamente no son abastecidas por la que invoca el recurrente:

…[El] recurrente no planteó la vulneración de regla empírica alguna, es decir, de una máxima con pretensiones de generalidad o universalidad que, en términos lógicos, se ajuste a la fórmula “siempre o casi siempre que ocurre A, entonces sucede B”, tal como lo ha reiterado la Sala en múltiples providencias(7).

Estos principios de ninguna manera se construyen sobre la base de la propia experiencia que acerca de las situaciones particulares vividas hayan observado los operadores de la norma, las partes o quienes intervengan en el juicio. Se trata de ideas, abstracciones o teorías relativas a la cotidianidad, la cultura y el comportamiento humano que deben ser analizadas a la luz del contexto vital en que se producen los hechos(8), de suerte que son las mismas circunstancias fácticas las que pueden desvirtuar la generalidad o universalidad de determinados enunciados hipotéticos, o que permitan concluir que no se ajustan al caso concreto, pero los segundos no son susceptibles de elaborarse a partir de las primeras.

De ahí que en la doctrina se haya sostenido lo siguiente:

“Si en lugar de máximas el litigante sólo ofrece su experiencia o alguna experiencia, eso no traslada ninguna carga de la prueba a ninguna parte, porque del hecho de que las cosas no hayan ocurrido esta vez como alguna vez han ocurrido no se sigue nada en términos de credibilidad […] El hecho de que una situación o conducta se repita mucho no basta para constituir una máxima de la experiencia ni quiere decir necesariamente que las cosas deban haber ocurrido así en este caso también. Una máxima de la experiencia requiere uniformidad, permanencia, patrones […] en grados que la jurisprudencia deberá ir afinando, pero que no deben confundirse con el simple prejuicio.

”Así mismo, si en lugar de ofrecer sentido común el abogado sólo ofrece su sentido o algún sentido acerca de cómo son las cosas, tampoco eso apoya demasiado el caso por la credibilidad o su ausencia”(9).

En conclusión, como el demandante no demostró, como lo exige la jurisprudencia en eventos como el presente, la configuración objetiva de vicios graves y trascendentes en la valoración de los medios de prueba, con incidencia en las garantías fundamentales del procesado, dado que su postura no es más que un alegato de instancia, insuficiente en tanto tal para controvertir la decisión impugnada, ni mucho menos para demostrar un error de mérito o de juicio, deviene perentorio el rechazo de la demanda, al tenor de lo normado en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

IV. Casación oficiosa

10. No obstante lo anterior, la Corte en ejercicio de la función constitucional de hacer prevalecer las garantías de las partes e intervinientes, la cual es también inherente a la finalidad del presente recurso extraordinario, advierte la necesidad de pronunciarse acerca de un defecto sustancial.

En concreto se trata de la configuración del fenómeno de la prescripción de la acción penal respecto del delito de hurto calificado y agravado, con posterioridad a la sentencia de primer grado, antes de que el tribunal resolviera el recurso de apelación formulado contra ésta, circunstancia de la que al no percatarse el ad quem lo llevó a emitir condena por esa conducta careciendo de la respectiva potestad en relación con la misma.

Acerca del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, tiene precisado la jurisprudencia de la Corte que:

La prescripción desde la perspectiva de la casación, puede producirse: a) antes de la sentencia de segunda instancia; b) como consecuencia de alguna decisión adoptada en ella con repercusión en la punibilidad; o, c) con posterioridad a la misma, vale decir, entre el día de su proferimiento y el de su ejecutoria.

Si en las dos primeras hipótesis se dicta el fallo, su ilegalidad es demandable a través del recurso de casación, porque el mismo no se podía dictar en consideración a la pérdida de la potestad punitiva del Estado originada en el transcurso del tiempo.

Frente a la tercera hipótesis la solución es diferente. En tal evento la acción penal estaba vigente al momento de producirse el fallo y su legalidad en esa medida resulta indiscutible a través de la casación, porque la misma se encuentra instituida para juzgar la corrección de la sentencia y eso no incluye eventualidades posteriores, como la prescripción de la acción penal dentro del término de ejecutoria.

Cuando así sucede, es deber del funcionario judicial de segunda instancia o de la Corte si el fenómeno se produce en el trámite del recurso de casación, declarar extinguida la acción en el momento en el cual se cumpla el término prescriptivo, de oficio o a petición de parte. Pero si no se advierte la circunstancia y la sentencia alcanza la categoría de cosa juzgada, la única forma de remover sus efectos e invalidarla es acudiendo a la segunda de las causales que hacen procedente la acción de revisión (CSJ SP. 30 jun. 2004, rad. 18368 y AP. 8 sep. 2004, rad. 22588).

Teniendo como norte los anteriores derroteros, en reciente decisión la Sala puntualizó lo siguiente:

…Cuando la prescripción opera después de la sentencia de segunda instancia, se debe decretar directamente y cesar procedimiento con independencia del contenido de la demanda (se prescinde del juicio de admisibilidad), por haberse dictado el fallo en forma válida, en cuanto se hallaba vigente la facultad sancionadora del Estado.

…Cosa diferente ocurre cuando la prescripción opera antes de la sentencia de segunda instancia, evento en el cual la potestad sancionadora del Estado había decaído y, en consecuencia, el fallo carece de la condición de validez que se predica del primer evento.

Pero, debe aclararse, la pérdida de esa potestad no implica que el fallo haya sido dictado por un juez o tribunal carente de competencia, toda vez que la prescripción no constituye un factor conclusivo o extintivo de la competencia, sino de la acción penal, según ha tenido oportunidad de precisarlo la jurisprudencia de la Corte de la siguiente manera:

“…partiendo del supuesto de que hubiera prescrito la acción penal… no puede decirse que el juez que actúa después de haberse enervado, por el transcurso del tiempo, la pretensión punitiva del Estado obra sin competencia.

“Es bien sabido que la competencia es la forma como se distribuye la jurisdicción. Por eso, no importa cuál sea el concepto sobre lo que es ésta, ya se la tenga como ‘la potestad de resolver mediante decisión motivada el conflicto entre el derecho punitivo del Estado y el derecho de libertad del imputado, de conformidad con la norma penal’ como lo quiere Leone. [La] competencia presupone una capacidad decisoria del órgano para actuar la norma legal o para abstenerse de hacerlo, en casos previamente señalados por la ley.

“Nada tiene que ver con las competencias, entendida en los sentidos que se dejan expresados, el hecho de que un juez a quien se le ha asignado el conocimiento de un proceso, es decir, que tiene competencia para adelantarlo, lo haga después de prescrita la acción penal, ya que de todos modos es el señalado por la ley para hacerlo o para manifestar que ha prescrito la pretensión punitiva del Estado”(10).

De esa manera, se insiste, sólo resulta acertado hablar de incompetencia cuando la actuación ha sido adelantada por un funcionario distinto del legalmente designado para conocer y decidir el asunto, no cuando lo ha conocido el llamado a hacerlo así la pretensión punitiva del Estado haya decaído por el paso del tiempo (CSJ. SP. 21, agt. 2013, rad. 40587).

Y es que desde hace tiempo tiene dicho la Corte (CSJ. SP. 13 oct. 1994, rad. 8690) que adelantar el juzgamiento de un ciudadano luego de que el Estado ha perdido por extinción de la acción la potestad sancionatoria frente a un comportamiento típico, constituye transgresión de las garantías constitucionales sobre legalidad del juicio, con violación del debido proceso y del derecho de defensa, pues ocurrido ese fenómeno por el transcurso ininterrumpido del término señalado por la ley para su configuración, el funcionario está en la obligación de declarar la prescripción, de la cual deriva para la persona imputada el reconocimiento de su presunción de inocencia.

Tal irregularidad tiene sendero apropiado de postulación en el artículo 207, numeral 3º, de la Ley 600 de 2000, esto es, por constituir, como atrás se indicó, una irregularidad sustancial consistente en el desconocimiento del debido proceso (C.P., art. 29, y L. 600/2000, art. 6º), ya que ante el decaimiento de la facultad sancionadora del aparato judicial, conforme lo normado en los artículos 83, 84 y 86 de la Ley 599 de 2000, normas que dejó de aplicar el juez de segunda instancia, lo jurídicamente imponible era la declaración de prescripción y consecuente cesación de procedimiento en armonía con lo previsto en el artículos 38 y 39 de la codificación penal adjetiva que gobernó el presente asunto.

Por lo tanto, la Corte de oficio entrará a dictar fallo de sustitución mediante el cual casará parcialmente la sentencia atacada y en su lugar proferirá la decisión que en derecho corresponde, en aplicación de las normas de carácter sustancial atrás referidas, debiendo igualmente redosificar la pena en relación con la conducta punible de secuestro simple que queda vigente.

11. Según lo dispuesto en la Ley 599 de 2000, artículo 83 (de acuerdo con el texto vigente al tiempo de los hechos), la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si es privativa de la libertad, previa consideración de las causales sustanciales que modifican los extremos punitivos, pero por regla general ese lapso no puede ser inferior a cinco (5) años, ni exceder de veinte (20), dadas las excepciones que al respecto admite la ley y la jurisprudencia de esta Sala.

En consonancia con lo anterior, el artículo 86 de la legislación penal sustantiva, prevé que el cómputo del plazo para la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la acusación o su equivalente, debidamente ejecutoriada, y ocurrida esa circunstancia, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del aludido precepto, dicho lapso “…comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a cinco (5) años”.

El delito de hurto calificado y agravado atribuido al procesado en la acusación y por el que fue condenado, de acuerdo con la calificación jurídica reseñada en las respectivas providencias [artículos 239, 240-2 (colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones) y 241-4 (por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta, o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma)], estaba sancionada con una pena de prisión máxima de doce (12) años o, lo que es igual, ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Por lo tanto, respecto de esa conducta punible el término para que se configurara la prescripción de la acción penal con posterioridad a la ejecutoria de la resolución de acusación, circunstancia que concretada el 26 de agosto de 2004, era de seis (6) años, plazo que se cumplió el 26 de agosto de 2010, antes de la sentencia de segunda instancia, proferida el 2 de diciembre de 2013 (el fallo de primer grado fue emitido mayo 31/2010).

Lo anterior es razón suficiente para que la Sala proceda de oficio a casar parcialmente la sentencia de marras, para en su lugar declarar prescrita la acción penal derivada de la conducta punible de hurto calificado y agravado, y a ordenar, en consecuencia, frente al citado delito la cesación del procedimiento seguido contra Quiñónez Ortiz para preservar sus garantías fundamentales.

Además, como secuela de tal determinación, debe la Corte hacer la correspondiente dosificación punitiva para el delito de secuestro simple, fin para el cual acogerá los criterios de estimación puntualizados por el juez de primera instancia, refrendados por el fallador de segundo grado.

Revisado el pronunciamiento del a quo, se observa que la pena por el delito de secuestro simple fue debidamente dosificada e individualizada en ciento cincuenta (150) meses y por el concurso con la conducta punible contra el patrimonio económico (previo ejercicio de dosificación e individualización), incremento una cantidad de diez (10) meses, de donde se colige entonces que la sanción definitiva finalmente imponible al acusado con ocasión de la prescripción aquí reconocida será igual a la primera de las aludidas cantidades.

Ninguna reforma sufrirá la pena principal de multa prevista para el delito de secuestro simple y al mismo lapso se ajustara la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Dado que al procesado le fue otorgado en el juicio el beneficio de la libertad provisional por vencimiento de términos, y puesto que el monto de la pena privativa de la libertad no permite la concesión de los subrogados penales, esta corporación, a través de su secretaría, librará las correspondientes órdenes de captura para el cumplimiento de la sanción impuesta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor del procesado Diego Fernando Quiñónez Ortiz.

2. CASAR PARCIALMENTE, de oficio, la sentencia de 2 de diciembre de 2013 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle), en lo que respecta a la condena por la conducta punible de hurto calificado y agravado.

2.(sic) DECLARAR prescrita la acción penal derivada de la comisión del delito de hurto calificado y agravado, y en consecuencia CESAR el procedimiento adelantado por el referido delito en contra del citado procesado.

3. FIJAR, en razón de lo anterior, como penas principal para Diego Fernando Quiñonez Ortiz, en su condición de autor responsable de secuestro simple, prisión de ciento cincuenta (150) meses y multa de seiscientos veinticinco (625) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La sanción accesoria la de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas procede por el mismo término de la privativa de la libertad.

4. DISPONER que en lo demás aspectos se mantiene incólume la sentencia confutada.

Por parte de la secretaría de esta corporación líbrense las correspondientes órdenes de captura.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

(5) En esencia, el axioma lógico que invoca el censor consiste en que una misma circunstancia no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo.

(6) CSJ. AP. 2 mar. 2011, rad. 35621.

(7) Cf. sentencia de 21 de noviembre de 2002, radicación 16472.

(8) Cf. sentencia de 25 de agosto de 2004, radicación 21829.

(9) Baytelman A. Andrés, y Duce J., Mauricio, Litigación penal. Juicio oral y prueba, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pág. 416.

(10) Sentencia de casación del 07-10-99, rad. 15490, decisión que retoma lo que al respecto había expresado la Corte en decisiones del 19-08-82 y del 15-08-89.