SENTENCIA 4365 DE OCTUBRE 7 DE 1992

 

Sentencia 4365 de octubre 7 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

PENSIÓN POR APORTES

MONTO DE LA PRIMERA MESADA

EXTRACTOS: «La facultad otorgada expresamente al Gobierno Nacional en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley 71 de 1988 es para reglamentar “los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación” y “ las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas”.

Así pues, está en lo cierto la Fiscalía Quinta de la Corporación al señalar a este respecto:

“... Será necesario precisar que de conformidad con la exposición de motivos de la Ley 71 de 1988, lo que pretendió el legislador fue reconocer el derecho a una pensión de jubilación, “... y no otra, sumando los tiempos de cotización de los sectores público y privado, que estipula el artículo 7°...”, de tal manera que si ese fue el espíritu de la ley y si en el sector privado de acuerdo con las nítidas voces del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y en el sector público conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el monto de la pensión de jubilación en el primero es “del setenta y cinco por ciento (75 % ) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios” (sector privado) y en la segunda, “el sesenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios” (sector público), no hay razón para que el gobierno diciendo actuar en ejercicio de la potestad reglamentaria modifique este porcentaje en perjuicio de los trabajadores que por haber cumplido la edad requerida y el tiempo de servicio, tienen derecho al reconocimiento de esta prestación”. (fls. 40-41).

En efecto, el artículo 25 se puede descomponer en tres partes, la primera de las cuales señala que “el monto de la primera mesada de la pensión... será igual al 45% de la base de la liquidación, más el 3% de la misma base por cada año de aportes efectuados con posterioridad al 19 de diciembre de 1988”, lo que aparece explicado en el folleto titulado “El Régimen Pensional de Colombia” que el apoderado de la Nación allegó a los autos, en página 18 (artículo 25) en los siguientes términos:

“La base permite liquidar el valor de la pensión, la cual en principio es igual al 45% de la base; este valor lo tendrán sólo las personas cuyos aportes hayan sido efectuados en su totalidad antes de la expedición de la Ley 71/88. Su bajo valor se explica por el hecho de que para ellos ninguna entidad de previsión tuvo oportunidad de crear reservas...” (fl. 20).

Fácil es advertir, por simple cotejo, que en la primera parte del artículo 25 se desbordó la atribución que al Gobierno Nacional le confirió el inciso segundo del artículo 7° la Ley 71 de 1988, puesto que --motu propio-- se arrogó la facultad de fijar el valor inicial de la pensión de jubilación creada por esa ley. No es atendible la excusa de que “su bajo valor se explica por el hecho de que ...ninguna entidad de previsión tuvo oportunidad de crear reservas”, pues la cuantía de las prestaciones establecidas por la ley no depende del poco o mucho valor de las reservas de las entidades obligadas a pagarlas, salvo que la propia ley así lo determine.

En tal virtud, se anulará ese primer aparte de la disposición acusada, por ser contrario a los preceptos superiores invocados por el accionante.

La segunda parte expresa:

“El valor mínimo de la pensión de jubilación no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 15 veces dicho salario”.

También se ha de anular este aparte, porque sin facultad para ello el Gobierno se tomó la atribución de recortar el alcance pecuniario de la pensión de jubilación en referencia, puesto que la Ley 71 de 1988, en el artículo 2°, consagra la posibilidad de pensiones por suma superior a la de esos quince salarios, al disponer:

“Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.

Lo subrayado es suficiente para destacar, por comparación, que el acto acusado coartó el alcance de la norma reglamentada, eliminando la excepción que contempla la posibilidad de obtener pensión sin sujeción al límite máximo allí señalado.

Finalmente, el segundo inciso de esta norma prescribe:

“La pensión de jubilación por aportes será reajustada de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual”.

Ciertamente el artículo 1° de la Ley 71 de 1988 no incluyó la pensión por aportes dentro del reajuste de pensiones allí previsto. Sin embargo, del contexto de esta ley se deduce que ese no fue el ánimo del legislador, por cuanto el artículo 11 expresa:

“Esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 133 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez”.

Así pues, forzoso es concluir que el inciso preinserto no hizo cosa distinta de interpretar la voluntad del legislador expresada en el último artículo transcrito, en el sentido de que la Ley 71 de 1988 y las otras que allí se citan “contienen los derechos mínimos en materia de pensiones”, entre los cuales se cuentan el del pensionado por aportes para que se le reajuste oficiosamente su mesada “cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual” (art. 1°, Ley 71 de 1988). Esto fue lo que justamente interpretó conforme a derecho el inciso segundo del artículo 25 del Decreto 1160 de 1989 y, por ello, no prospera la acusación en este punto.

En cuanto a las otras disposiciones acusadas se comparte el criterio de la colaboradora Fiscal, en el sentido de que en la demanda no se explicó tales disposiciones pudieron violar las normas invocadas. De consiguiente, ante la falta de demostración del quebrantamiento de preceptos superiores, se negará la anulación.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad del primer inciso del artículo 25 del Decreto 1160 de 2 de junio de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988.

2. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.

(Sentencia de octubre 7 de 1992. Expediente 4365. Consejero Ponente: Dr. Reynaldo Arciniegas Baedeeker).

__________________________________________