Sentencia 43655 de junio 20 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 43655

Acta Nº 21

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Para la Corte se equivocó el tribunal al no haber impuesto la indemnización moratoria, en cuanto las pruebas que denuncia el cargo como no valoradas por el tribunal, como el carnet de identificación emitido por la entidad, la solicitud de permiso elevada a los jefes inmediatos y la circular en la que se imponen horarios a las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, muestran la conducta injustificada del instituto de acudir a la ley de contratación administrativa para simular lo que en realidad son vínculos laborales, y así eludir el pago de derechos de esa naturaleza en perjuicio del trabajador.

En efecto, el carné expedido por el instituto donde se identificaba a la demandante como auxiliar de enfermería en el departamento de enfermería de la Clínica Carlos Lleras Restrepo de la entidad (fl. 7), es indicativo de que era tratada como una trabajadora más, teniendo acceso permanente a las instalaciones de la demandada como cualquier otro servidor suyo.

La solicitud para compensar turnos por permisos de salida antes del horario habitual dirigida a las coordinadoras de medicina interna de la clínica (fl. 29), es muestra clara de la existencia de una relación de subordinación hasta el punto de que la demandante para poder ausentarse tenía que contar con la anuencia de su jefe inmediato.

En cuanto a la circular emitida por el gerente de la Clínica Carlos Lleras Restrepo (fl. 54), de ella se desprende que el instituto consideraba y trataba a los vinculados por contratos de prestación de servicios como unos servidores más de la entidad al imponerles turnos y horario de trabajo.

A lo anterior se suma la existencia de más de 15 contratos de prestación de servicios en el lapso de cinco años, lo cual demuestra que la contratación de la actora no fue un hecho excepcional, sino que en realidad, se trató de una vinculación de carácter permanente lo que imprime a la actuación de la empleadora falta de lealtad y seriedad, pues procedió con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales. Esto desvirtúa de manera evidente el razonamiento del tribunal de que existían “fundamentos razonables para la confusión del tipo de vinculación que lo ataba con el dependiente”.

Y es que en este caso, la celebración de varios contratos de prestación de servicios no es razón que lleve a exonerar al Instituto de la indemnización moratoria por entender que se encontraba confundido respecto de la naturaleza de la relación que lo unía con la demandante, pues por el contrario es condición de esta clase de contratación pública su transitoriedad como se deriva del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, requisito que a todas luces aquí no se cumple incurriendo la entidad en uso indebido de la figura dado su carácter excepcional.

De manera que no resulta atendible por la naturaleza de las labores que debía desempeñar la demandante ni por su duración que se prolongaría en el tiempo —más de 15 contratos en 5 años—, la vinculación a través de esa modalidad contractual, cuando surgían signos inequívocos de que se trataba de una relación laboral con todas sus características distintivas como la presencia de la subordinación a que fue sometida en el cumplimiento de sus funciones.

Lo que denota la conducta de la entidad demandada, es la intención de refugiarse en esa aparente legalidad para evadir el reconocimiento de los derechos y prerrogativas que la ley reconoce a quienes están amparados por la normatividad que regula el trabajo humano subordinado, manteniendo a la actora en una situación de precariedad de beneficios frente a quienes se vinculan mediante contrato de trabajo, sin que hubiera esgrimido en su defensa razones de peso o convincentes que justificaran una creencia razonable de estar enfrentada a una contratación distinta a la laboral.

Resulta oportuno señalar, que la simple afirmación del empleador de tener la creencia de haber celebrado una forma de vinculación diferente a la laboral, no es suficiente para exonerarlo de la indemnización moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, pues es obligación del operador judicial examinar en cada caso, el comportamiento patronal de cara a los elementos probatorios obrantes en el proceso, para determinar si tenía o no razones fundadas para abstenerse de reconocer prerrogativas laborales.

En sentencia de 23 de febrero de 2010, Radicado 36506, en un proceso contra la entidad aquí demandada dejó la Sala las siguientes enseñanzas:

“En efecto, la absolución de esta clase de indemnización cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral, no depende de la negación del mismo por parte del accionado al dar contestación al libelo demandatorio, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia; habida consideración que en ambos casos se requiere del examen de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que hable de las circunstancias que rodearon el desarrollo del contrato, a fin de poder determinar si la postura de este resulta o no fundada, lo cual depende igualmente de la prueba arrimada y no del simple comentario o afirmación de haberse regido el nexo por un contrato de prestación de servicios, para el caso de aquellos especiales a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993”.

Por las razones anteriores, prospera el cargo, y la sentencia del tribunal será parcialmente casada en cuanto confirmó la absolución por concepto de indemnización moratoria.

En instancia, de conformidad con el monto del salario mensual devengado por la demandante de $ 972.020, y que no fue cuestionado por las partes, se condenará al instituto por concepto de indemnización moratoria al pago de una suma de $ 32.400,66 diarios a partir del 10 de noviembre de 2003 y hasta que se verifique el pago. Esto teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, que da al empleador oficial un término de 90 días para el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, salarios o indemnizaciones antes de que opere la sanción por el no pago o retardo cuando haya mala fe, y que en el sub lite la relación laboral finalizó el 30 de junio de 2003.

En consecuencia, el fallo de primer grado será revocado en cuanto absolvió de la indemnización moratoria, y en su lugar se impondrá condena por ese concepto en los términos anotados.

Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso. Las de las instancias a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 30 de julio de 2009, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso promovido por Luz Mery Villalba Triana contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto absolvió por concepto de indemnización moratoria. No la casa en lo demás. En sede de instancia REVOCA la absolución dispuesta por ese concepto en la sentencia de 23 de octubre de 2007 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar, impone condena al pago de la suma de $ 32.400,66 diarios a partir del 10 de noviembre de 2003 y hasta que se verifique el pago de las acreencias laborales, a título de indemnización moratoria.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».