Sentenca 43672 de agosto 10 de 2010

 

Sentenca 43672 de agosto 10 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43672

Acta Nº 28

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Debe señalar la Corte que, al endilgar error en la interpretación del tribunal, bajo el argumento de no causarse la pensión sanción con el tiempo de servicios y la terminación unilateral de la relación laboral, pues, en su sentir, el cumplimiento de la edad es un requisito de causación del derecho, la censura no cuestiona el verdadero soporte de la decisión del ad quem, consistente en que, a la luz de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de 1993 y de diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que estaban la Sentencia C-862 de 2006, la indexación de la pensión proporcional de la demandante era procedente.

Dicho fundamento permanece inalterable con el argumento en mención de la censura, por lo que la decisión del ad quem se mantiene intangible, bajo las presunciones de acierto y legalidad, pues olvida aquella que su deber primordial, en sede del recurso extraordinario de casación, es desvirtuar los pilares de la decisión de segundo grado y no le basta con cuestionar los requisitos de causación de la pensión sanción, ordenada en juicio anterior, máxime cuando esta corporación ha derivado la actualización de las pensiones legales, como la proporcional de la actora, directamente de la Carta Política de 1991, tal como lo afirmó el tribunal.

De todas formas, no le asistiría razón a la caja recurrente, dado que esta corporación en múltiples oportunidades ha predicado que la pensión proporcional de jubilación se causa con el tiempo de servicios y el despido injustificado del empleador, tal como lo señala la réplica, por lo que el requisito de edad exigido legalmente deviene en un elemento de exigibilidad de la prestación. Es por ello que habiéndose causado la prestación de la actora el 7 de abril de 1993, fecha determinada por el tribunal como de finalización de la relación laboral, es procedente su actualización, de conformidad con la constante jurisprudencia de esta Sala, tal como la plasmada en la sentencia del 2 de diciembre de 2008 (Rad. 34775), según la cual las pensiones causadas en vigencia de la Carta Política de 1991 son susceptibles de dicho derecho.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad de la caja recurrente sobre la fórmula aplicable al caso, para que se indexe año a año el salario base de liquidación de la prestación, la Sala ha dicho, para pensiones como la de la demandante, entre otras, en la sentencia del 24 de enero de 2008 (Rad. 32002), lo siguiente:

“Esta falta de uniformidad, para adoptar un mecanismo ajustado de actualización, sin duda alguna, obedece a la carencia de norma legal que lo consagre; por ello, teniendo en cuenta aquellos referentes jurisprudenciales, que en materia de constitucionalidad de la ley produjo la Corte Constitucional, a los que se suma el hecho de que el legislador, precisamente en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política expidió el sistema de seguridad social integral, Ley 100 de 1993, y en su artículo 36, señaló un modo de actualizar las pensiones legales, estima la Sala que sería el adecuado para adoptar, en casos como el que nos ocupa, pues así se daría plena observancia en esta materia al derecho a la igualdad; es decir actualizando el ingreso base anualmente, con base en la variación del índice de precios al consumidor, todo ello en procura de solucionar de manera más efectiva la desventaja económica en que se encuentra un trabajador frente a la devaluación de la moneda producto de la inflación permanente que la misma padece en nuestro país.

“En este orden de ideas, al tomar el valor monetario a actualizar y multiplicarlo por el índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC inicial, para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de la primera mesada en aquellos casos no contemplados en la ley de seguridad social, es dable sostener que esta fórmula también cumple a cabalidad con tal objetivo; la cual es semejante a la que viene aplicando la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado”.

“Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante se desarrollará en sede de instancia:

VA = VH x IPC Final
  IPC Inicial

Donde:

VA es = a IBL o valor actualizado

VH es = a valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.

IPC Final es = a índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión.

IPC Inicial es = a índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.

Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional, acorde con la teleología de las normas constitucionales y legales antes citadas.

De suerte que, al optar la Sala por la nueva fórmula, ello conlleva a que el monto de la primera mesada pensional, es como pasa a explicarse:

VA = VH ($ 162.330,00) x IPC Final (50.1045) VA = $ 244.001,95
  IPC Inicial (33.3336)

VA = a $ 244.001,95 x 60,13% = $ 183.001,46 valor inicial de la pensión.

Por lo tanto, como puede verse el ingreso base de liquidación actualizado asciende a la suma de $ 244.001,95, y en consecuencia la primera mesada pensional de la demandante, a partir del 25 de abril de 1995, cuando cumplió 50 años de edad arroja un valor de $ 183.001,46, que corresponde al 60,13% de dicho IBL, en proporción a 16 años y 13 días laborados, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en armonía con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Por las razones anotadas, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de junio de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Rosa Elmira Rangel González a la Caja Agraria En Liquidación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».