Sentencia 4369-2002 de junio 1º de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

SUSTITUCIÓN PENSIONAL

Cónyuge que pierde el derecho frente a la compañera.

EXTRACTOS: «El problema jurídico radica en el conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera(o) para obtener el derecho a la sustitución pensional o pensión de beneficiarios.

La normatividad aplicable al caso en examen es el artículo 195 y su parágrafo del Decreto-Ley 1211 de 1990, con la reforma del parágrafo conforme al artículo 9º de la Ley 447 de 1998, aplicable a las fuerzas militares, todo conforme a la Constitución Política de 1991 y sus nuevos principios protectores de la familia. El parágrafo del artículo 195 de la mencionada disposición rige concretamente el caso en discusión. Allí señala que el cónyuge supérstite pierde el derecho a la pensión del causante si al momento de su fallecimiento no convive con el de cujus, salvo (excepción) “... cuando los hechos que dieron lugar al divorcio, a la separación de cuerpos, a la ruptura de vida en común, se hubieren causado sin culpa imputable al cónyuge supérstite”. Como en este caso se reclama la sustitución pensional o pensión de beneficiarios tanto por la cónyuge supérstite como por la compañera permanente del causante (pensionado), es preciso determinar los parámetros constitucionales y legales frente a la situación fáctica para establecer a quién le asiste el derecho.

La Constitución Política de 1991, como está ampliamente reseñado, protege la familia independientemente de su manera de conformación, vale decir, a la surgida del vínculo matrimonial o a la de la unión marital de hecho. En este último caso, aunque expresamente la Constitución no determina los requisitos de su constitución, en virtud de las leyes y la jurisprudencia se han precisado estos. Y, cuando se demuestren, surge la protección que determina la ley.

Entonces, cuando en un caso determinado existe un vínculo matrimonial y, de otra parte, se da una unión marital de hecho, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional —a la luz de la nueva Carta— se considera que para dirimir la controversia el factor determinante está dado por el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte del pensionado.

En cuanto al compañero(a) de la unión marital de hecho, fuera de las providencias de la Corte Constitucional ya citadas (*) , se encuentran otras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, también mencionadas (**) , según las cuales para la conformación de dicho fenómeno jurídico (familia de hecho, protegida por el derecho) se necesita que se den los elementos o requisitos. En una providencia —ya citada— se identifica la unión marital de hecho cuando, quienes sin casarse entre sí, se hayan unido para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, que convivan bajo un mismo techo y de manera pública y estable, a la manera de los legítimos casados; vale decir, en otros términos, que en esa relación se destaque el cumplimiento de los requisitos de techo, lecho y mesa como lo han expresado otros. En otra decisión, también relevante, se la ha tipificado como la unión de hombre con mujer con ánimo de constituir una comunidad para formar una familia, de manera permanente y estable; es decir, que hagan una comunidad de vida con las características de permanente y singular, lo que implica compartir la vida misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar; requiere la existencia de lazos afectivos; obliga el cohabitar compartiendo techo; y de carácter permanente, lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante y continua por lo menos durante el término que señala la ley. Así, requiere una estabilidad definitiva determinada por una convivencia plena y un respeto profundo entre sus miembros en aplicación de los mismos principios que redundan la vida matrimonial formalmente constituida, como si lo único que faltara para participar de aquella categoría fuera el rito matrimonial que corresponda.

En este caso, no existe duda que el señor Víctor Cozzarelly (con asignación de retiro, que falleció), aunque no se separó legalmente de su esposa, dejó de convivir con ella desde hacía muchos años antes de su muerte —aproximadamente 30—, aunque esta recibía alimentos acordados en sede judicial.

Respecto de la actora (cónyuge supérstite del causante) no convivía con el fallecido al momento de su deceso, aún más, tal separación se había producido hacía más de 30 años. Y el apoyo económico que recibía fue producto de un acuerdo en sede judicial por alimentos.

Pues bien, el parágrafo (modificado por la L. 447/98) del artículo 195 del Decreto-Ley 1211 de 1990, en verdad regula la situación sub examine. En efecto, el cónyuge supérstite no hacía vida en común con el pensionado al momento de su fallecimiento por lo cual perdía el derecho a la sustitución pensional o pensión de beneficiarios. Pero, la misma ley, estableció una excepción a tal mandato basada en los siguientes supuestos: Cuando —en este caso— los hechos que dieron lugar a la separación de cuerpos y ruptura de la vida en común, “se hubieren causado sin culpa imputable al cónyuge supérstite”.

Entonces, si la ley determina la regla (pérdida del cónyuge supérstite del derecho a la citada pensión por no convivir con el pensionado al momento de su fallecimiento), se tiene que los supuestos de hecho de la excepción a la regla, para conservar el citado derecho, deben ser demostrados por quien reclama tal derecho.

En este caso, la cónyuge supérstite asevera que contrajo matrimonio con el causante y que después de 12 años de convivencia su consorte se fue a vivir a Barranquilla donde conformó una unión marital de hecho, por más de 30 años, de la cual nacieron dos hijos. De las pruebas que arrimó con la petición —que formuló ante la administración— y de las practicadas en sede judicial, no aparece demostración por su parte que la separación de cuerpos —de hecho— y ruptura de la vida en común con su cónyuge (fallecido), “se hubieren causado sin culpa imputable al cónyuge supérstite”.

No basta afirmar que él conformó una unión marital de hecho en Barranquilla cuando él se trasladó a vivir a esa ciudad; era trascendente demostrar que cuando —época— se trasladó fue para de inmediato convivir con una compañera y sin culpa de la esposa, en cuyo evento hubiera conservado el derecho al tenor de la excepción prevista en el parágrafo del artículo 195 del Decreto-Ley 1211 de 1990. La carga de la prueba, respecto del supuesto de hecho de la excepción prevista en el mencionado parágrafo correspondía a quien reclama el derecho bajo sus condiciones, es decir, al cónyuge supérstite; no se puede arbitrariamente invertir la carga de la prueba para reclamarla al compañero(a) supérstite, pues la ley así no lo exige.

Ahora, la compañera supérstite del pensionado fallecido, demostró con él su convivencia plena, permanente y singular con el ánimo de conformar un núcleo familiar —en el cual tuvo dos hijos— (cohabitación real durante más de 30 años con el de cujus, hasta su deceso), su apoyo afectivo y comprensión de pareja, además del apoyo mutuo, como si se tratara de un matrimonio, cabe concluir que esa relación corresponde a una unión marital de hecho; conforme a la Constitución Política actual y a la legislación especial en esta materia, dicha compañera cuenta con la protección prevista para la familia y, habiendo cumplido —por su parte— los requisitos de ley para la titularidad del derecho (a la sustitución pensional o pensión de beneficiarios), mientras que la cónyuge supérstite no ha demostrado los supuestos para la conservación, es necesario en vía judicial así determinarlo.

En resumen, como el a quo accedió a reconocer la prestación a favor de la cónyuge supérstite, y en esta instancia se llegó a otra conclusión respecto del derecho reclamado, se impone la revocatoria del fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar proceder a denegarlas respecto de la parte demandante».

(Sentencia de 1º de junio de 2006. Expediente 4369-02. Consejero Ponente: Dr. Tarsicio Cáceres Toro).

(*) En esta providencia se citaron las sentencias C-482 de 1998, C-081 de 1999 y T-1003 de 2000 de la Corte Constitucional (N. del D.).

(**) El fallo se refirió a las sentencias de mayo 6 de 1993, expediente 3639, y de septiembre 20 de 2000, expediente 6117, ambas de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (N. del D.).

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