Sentencia 43701 de diciembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 859-2013

Radicación 43701

Acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

La controversia gira en torno a la improcedencia de la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario, dado que, en sentir de la censura, no se presentó renuncia voluntaria, por parte de los demandantes, sino que finalizó por una figura diferente, cual es, el mutuo acuerdo, protocolizado a través de la conciliación que celebraron las partes ante las autoridades del trabajo.

Acusa la censura como pruebas erróneamente apreciadas la demanda del proceso (fls. 5 a 14) y el escrito de contestación de la demanda (fls 75 a 82).

Frente a la demanda debe indicar la Sala que la errónea apreciación de aquélla sólo se puede predicar respecto a la causa petendi, pudiéndose configurar un error de hecho, aspecto que no es el cuestionado por la censura, pues solo se limita a indicar que en dicha pieza procesal se consignó que los demandantes para dar por terminados los contratos de trabajo celebraron las respectivas diligencias de conciliación ante la autoridad competente.

Respecto de la contestación de la demanda, advierte la Sala que sólo constituye prueba calificada en casación cuando contiene la confesión de un hecho que perjudica a la parte demandada o favorece al actor, por lo que no se puede considerar como confesión ficta el aspecto cuestionado por la censura, cual es, que el ad quem no tuvo en cuenta el hecho de que la terminación del contrato de trabajo de los demandantes tuvo origen en el mutuo acuerdo entre las partes, en virtud de las diligencias de conciliación celebradas ante las autoridades del trabajo con efecto de cosa juzgada.

Ahora bien, señala el recurrente como prueba dejada de apreciar por el sentenciador de segunda instancia las actas de conciliación celebradas ante las autoridades del trabajo (fl. 91 a 94 y 97 a 98), las cuales en su sentir, determinan que la causa de la terminación del vínculo laboral de los demandantes fue por mutuo consentimiento, al haber quedado así consignado en aquellas, y sin que se cumpliera con el presupuesto contenido en la disposición legal que consagra la pensión restringida de jubilación, cual es el retiro voluntario.

Si bien es cierto, el ad quem no tuvo en cuenta al momento de proferir el fallo cuestionado las actas de conciliación, su falta de valoración en nada modifica la decisión proferida por el tribunal, al haber establecido que el retiro de los demandantes se produjo de manera voluntaria, toda vez que la Sala en casos similares al del sub lite ha considerado que la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, plasmado en acta de conciliación, debe asimilarse al retiro voluntario para efectos de acceder a la pensión restringida de jubilación. Así se asentó esta corporación, entre las múltiples decisiones, en la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2011, radicado 45545, cuando expuso:

“De otro lado, esta corporación ha adoctrinado, que para efectos del derecho a la pensión restringida por retiro voluntario consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, el <mutuo acuerdo> plasmado en una conciliación con el cual se da por terminado el contrato de trabajo, como en esta ocasión acontece, puede entenderse como un retiro voluntario, en cuanto hay un acto de voluntad del trabajador tendiente a finalizar el vínculo jurídico. Así en la sentencia de 16 de julio de 2001 radicación 15555, reiterada en casación del 12 de diciembre de 2007 radicado 29938, se explicó lo que a continuación se transcribe:

“(…) Con todo, los cargos tampoco estarían llamados a la prosperidad, por cuanto de tiempo atrás ha sostenido la Corte que partiendo del supuesto de ser el contrato de trabajo un acuerdo de voluntades, y de que el trabajador, como sujeto de derechos tiene capacidad para celebrarlo e igualmente para terminarlo, ni su celebración ni su terminación pueden ser entendidas como actos en los cuales él es mirado como un objeto que pasivamente se somete a las decisiones de aquél con quien contrata. La dignidad que como ser humano tiene el trabajador obliga a rechazar cualquier concepción doctrinaria que dé base para concluir que el trabajador no está en condiciones de deliberar en un momento dado si le conviene o no permanecer bajo un determinado vínculo contractual, y mucho menos que tenga la obligación de aceptar cualquier propuesta, por bien intencionada que ella sea, de su patrono, y que no le es lícito discutirla o proponer fórmulas de arreglo diferentes, bien sea para seguir trabajando o para dejar de hacerlo y terminar por mutuo consentimiento el contrato de trabajo.

“Una propuesta de acuerdo que haga un empleador puede estar inspirada por la mejor de las intenciones y ser en verdad la más benéfica para los trabajadores; sin embargo, en la medida en que el trabajador no la acepte, por no considerarla conveniente a sus propios intereses —y así su juicio pueda resultar a la postre equivocado—, no puede serle impuesta. Si el empleador estuviera en condiciones de imponer su voluntad sobre la del trabajador, sin que a éste le fuera lícito expresar su propio punto de vista, so pena de incurrir en un acto de grave indisciplina o deslealtad o infidelidad hacia su empleador, se le estaría negando su condición de ser racional, libre y digno. El trabajador tiene derecho a tomar sus propias decisiones y si se equivoca sufrirá las consecuencias de su error; pero, y en la medida en que el patrono no representa sus intereses, a él, como asalariado, siempre le será legalmente posible discutir las condiciones de empleo o de retiro del trabajo.

“Lo anterior para significar que en casos como el sub examine, cuando trabajador y empleador deciden a través de un acta de conciliación celebrada ante el funcionario competente, terminar la relación laboral por mutuo consentimiento, es acertado afirmar que en esta decisión, no obstante presentarse una oferta económica por parte del empleador, medió la voluntad del asalariado para finiquitar ese vínculo contractual, circunstancia que no desdibuja el retiro voluntario a que se refiere el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, al exigirlo para la configuración de la pensión de jubilación restringida después de quince años de servicio”.

Y en sentencia fechada el 4 de julio de 2012, bajo radicado 38051, asentó la Sala:

“Al respecto se advierte que la empresa no cuestionó el tiempo de servicios del actor (18 años y 5 días) y expresó que la terminación del contrato por mutuo consentimiento acordada en el acta de conciliación que suscribieron las partes, que como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la Corte debe asimilarse al retiro voluntario para los efectos de acceder a la pensión restringida de jubilación, según lo que a ese respecto se ha dicho en la sentencia del 6 de septiembre de 2011, radicación 45545, en la que se reiteró la del 16 de julio de 2001, radicación 15555 y del 12 de diciembre de 2007, radicación 29938”.

No está por demás indicar que al sub lite resulta intrascendente, para efectos de la causación de la pensión restringida de jubilación, que los trabajadores hubieran estado afiliados al Instituto de Seguros Sociales. Al punto la Sala manifestó en sentencia proferida el 13 de junio de 2012, radicado 48303, en lo pertinente:

“Al margen de los reparos ya precisados, si en gracia de discusión se infiriera que en efecto el sentenciador de alzada no tuvo en cuenta la afiliación del demandante al Instituto de los Seguros Sociales, en nada se afectaría la decisión que allí se adoptó respecto a la condena de la pensión restringida de jubilación, dado que tal circunstancia no tiene la virtualidad de eximir a la demandada del reconocimiento y pago de dicho crédito social en estudio, ante el cumplimiento de los supuestos fácticos a que alude el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, como efectivamente lo dedujo el tribunal”.

En consecuencia, los cargos no prosperan, toda vez que la censura no logró demostrar que el tribunal haya incurrido en un error manifiesto.

Tercer cargo subsidiario

“Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto-Ley 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esto es por violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 1º, a 13, 19, 109, 46 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º de la Ley 153 de 1887; 1613, a 1617, 1626, 1627, 1649, 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 1547, 1548, 1549 y 2224 del Código Civil; 27 del Decreto 3135 de 1968; 68, 73 y 74 del Decreto 1848 de 1969; 8º de la Ley 171 de 1961; 1º, 2º, 9º y 13 de la Ley 33 de 1985; 11 de la Ley 6ª 1945; 1º de la Ley 71 de 1988; 5º de la Ley 4ª de 1976, 14, 21, 36, 47, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993;13 de la Ley 797 de 2003, 145 del Código de Procedimiento Laboral; 90 y 368 del Código de Procedimiento Civil; 13, 29, 46, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Demostración del cargo

Señala el recurrente que la condena por indexación de las mesadas pensionales fulminada por el ad quem no es posible respecto de la pensión restringida por retiro voluntario a que se refiere la condena, y menos aún, en el presente caso, toda vez que no existe derecho alguno que determine la aplicación del IPC, por ser una pensión reconocida de conformidad con disposiciones legales anteriores a la vigencia de la Constitución de 1991, dado que la terminación de los contratos de trabajo por mutuo acuerdo se efectuó antes de la entrada en vigencia de la Carta Política.

Adiciona que, sólo las pensiones causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991, pueden ser objeto de indexación de conformidad con lo expuesto por esta corporación en sentencia radicado 29.022 proferida el 31 de julio de 2007; la indexación no tiene alcance general puesto que el legislador la reconoció para casos particulares como medio correctivo adecuado a las situaciones de pago de retardado de algunos créditos.

Agrega que la pérdida de poder adquisitivo afecta el patrimonio, pero el riesgo que corre el sujeto no siempre gravita sobre el deudor, a menos que actúe como retardo o mora, en las situaciones específicas que reconoce la ley y la jurisprudencia.

Finaliza su argumentación indicando que la indexación resulta distante de la filosofía y estructura de la seguridad social, por cuanto aquella opera dentro de un régimen contributivo que sólo subsiste en la medida en que sus ingresos sean suficientes para cubrir las obligaciones pertinentes y dentro de ellas las pensionales, dado que si se dejan de pagar las cotizaciones pero aumenta la base de liquidación de su pensión, genera un desequilibrio dentro de ese sistema de ingresos y egresos.

Réplica

Señala el opositor que el ordenamiento jurídico está conformado por un conjunto de normas que constituyen un sistema, que es por ello que no se puede hablar de lagunas de derecho por lo que ha de inferirse que todas las situaciones jurídicas estén previstas por el sistema que conforma todo nuestro ordenamiento jurídico; agrega que no hay que olvidar que la fuente primaria es la Carta Política, de suerte que, al aplicar el artículo 53 Superior el sentenciador de segundo grado no incurre en la violación endilgada, pues hace una correcta interpretación de las providencias en que se funda la decisión.

Cita apartes de la sentencia radicado 28452 proferida el 26 de junio de 2007.

V. Consideraciones de la Corte

La controversia gira en torno a establecer si el instituto de la pensión restringida de jubilación, queda cobijada por las normas constitucionales o legales que disponen la actualización monetaria de la primera mesadas pensional.

Previo a hacer consideración alguna, se debe recordar que esta Sala que en múltiples oportunidades ha hecho referencia a los requisitos con los cuales se estructura la pensión de jubilación restringida, entre ellas, la sentencia proferida el 22 de enero de 2013 con radicado 42703, que reiteró la sentencia de radicado 37944, fechada el 21 de marzo de 2012, en los siguientes términos:

‘Sobre el aspecto materia de inconformidad del recurrente referente a que la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario después de 15 años de servicio no se configura por la sola renuncia y el tiempo servido, sino que requiere además el cumplimiento de la edad señalada en las normas legales, esta corporación se ha pronunciado repetidamente rechazando esa tesis, fundada en que la manera como se encuentra prevista dicha garantía en el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 indica con toda lógica que son precisamente el tiempo de servicios y la voluntad del trabajador los que determinan el nacimiento del derecho pensional, habida consideración que la edad es únicamente una condición para la exigibilidad de esa prestación más en modo alguno de su configuración. Así puede verse, entre otras, en las sentencias de 24 de octubre 1990, radicación 3930, 28 de abril de 1998, radicación 10548, 23 de junio de 1999, radicación 11732, 24 de enero de 2002, radicación 17265 y 14 de agosto de 2002, radicación 16784.

Ahora bien, esta corporación a partir de la sentencia fechada el 16 de octubre de 2013, radicado 47709, modificó el criterio que hasta el momento había sostenido, según el cual la indexación de la primera mesada pensional procedía bajo el alero de la promulgación de la Constitución Política de 1991, esto es a partir del 7 de julio de ese mismo año; la nueva tesis encuentra respaldo en la existencia de otros parámetros, igualmente válidos frente a la existencia de una fuente normativa, como lo son la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que gozan de fuerza normativa, en los términos del artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y del artículo 19 del Código Sustantivo de Trabajo.

Concluyó la Sala luego de hacer un profundo estudio del trasegar jurisprudencial en materia de indexación, que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que al no haber prohibición expresa por el legislador ante la posibilidad de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer diferenciaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento, que resultan injustas y contrarias al principio de igualdad.

En lo pertinente la sentencia proferida el 16 de octubre de 2013, radicado 47709, asentó así, el nuevo criterio asumido por la Sala, frente a la indexación de pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991:

“La existencia de un derecho a la indexación de la primera mesada de las pensiones de jubilación, en términos universales, sin importar la fecha de su reconocimiento, fue reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 1073 de 2012, que analizó concretamente el caso de las prestaciones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

En esta decisión, la Corte Constitucional se apoya en la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte, que anteriormente se rememoró, a la vez que reitera su propia jurisprudencia hasta ese momento elaborada, en torno a la posibilidad de disponer la indexación de la primera mesada de pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991. Luego de ello, concluye básicamente que existe un derecho universal a la indexación y no respecto de categorías de pensionados, además de que el fundamento de ese derecho está dado en principios de la Constitución que “irradian situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de la constitución anterior”, pues se trata de prestaciones periódicas que proyectan sus efectos a tiempos en los que imperan los nuevos principios constitucionales.

En los referidos términos, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda puede impactar de manera negativa a todas las especies de pensiones, sin importar su naturaleza o la fecha en la que fueron reconocidas, además de que esas consecuencias nocivas son, en todo caso, verificables en vigencia de la Constitución Política de 1991, que la Sala ya ha aceptado como fuente válida de la indexación, puesto que se trata de prestaciones periódicas que proyectan sus efectos hacia el futuro.

iv) El reconocimiento expreso de la indexación en la Constitución Política de 1991 no puede ser entendido lógicamente como su negación o prohibición, con anterioridad a la vigencia de dicha norma. Contrario a ello, como lo había sostenido esta Sala, la situación verificable antes de 1991 es simple y llanamente la ausencia de una regulación legal expresa para el tema de las pensiones de jubilación, que bien podía ser remediada o integrada a partir de principios generales del derecho como la equidad y la justicia.

Esto es que, del hecho de que la Constitución Política de 1991 se hubiera preocupado especialmente por preservar el poder adquisitivo de las pensiones de jubilación y que la Ley 100 de 1993 consagrara mecanismos específicos para lograrlo, no se sigue de manera lógica y diáfana que con anterioridad esa posibilidad hubiera sido totalmente vedada por el legislador. Podía legitimarse, como lo sostuvo esta Sala en su oportunidad, a partir de otros parámetros normativos, con pleno sentido y respaldo normativo.

Contrario a lo anterior, la expedición de esas normas “(…) demuestra la necesidad imperiosa de ponerle coto a situaciones de flagrante injusticia, y la pertinencia del remedio aplicado por la doctrina jurisprudencial”. Sentencia del 5 de agosto de 1996, radicación 8616.

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991”.

Así las cosas, como en este caso el tribunal consideró procedente la indexación de las primeras mesadas pensionales de los actores Pedro Julio Pérez Sánchez y Aníbal Beltrán Achury, Beatriz Forero de Flórez y José Flórez Corzo, causadas las dos primeras el 13 de septiembre de 1991, el 25 de marzo y 17 de diciembre, ambas de 1987, respectivamente, encuentra la Corte que el ad quem no incurrió en error, toda vez que su criterio se acompasa con la nueva posición asumida por la Sala, a partir de la sentencia proferida el 16 de octubre de 2013, radicado 47709.

En consecuencia el cargo no prospera.

Costas en casación a cargo de la recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 6.000.000. Por Secretaría tásense las demás costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de agosto de 2009, en el proceso seguido por Pedro Julio Pérez Sánchez, Beatriz Forero de Flórez, José Flórez Corzo y Aníbal Beltrán Achury contra la sociedad Álcalis de Colombia Ltda. en Liquidación - en liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.»