Sentencia 43707 de febrero 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación: 43707

SL1912-2014

Acta 05

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de la demandante

Alcance de la impugnación

Se persigue que esta Sala case totalmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de octubre de 2008, para que, convertida esta corporación en sede de instancia, disponga revocar la sentencia del a quo, imponiendo condena, así:

Declarar la nulidad parcial de la conciliación laboral llevada a cabo el 17 de enero de 2001. Condenar a la demandada a pagar a la actora el reajuste del auxilio de cesantías e intereses de la misma, así como de la prima de servicios. Condenar a la demandada a pagar indemnización moratoria por las sumas que no fueron contabilizadas como factor salarial antes de su retiro. Condenar a la demandada a reportar al ISS, los valores reconocidos como factor salarial y pagar las diferencias en los aportes, para que se modifique el IBL. Condenar a la demandada a pagar a la actora los salarios moratorios, a razón de un día de salario por cada día de mora, a partir de la terminación de su contrato de trabajo.

Con el citado propósito propuso dos cargos que no fueron objeto de réplica y se estudiarán en su orden.

V.(sic) Primer cargo

Se acusa a la sentencia de ser violatoria de la ley por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida del artículo 1502 del Código Civil en relación con los artículos 13, 14, 65, 107, 109, 127, 128, 143, 186 a 189, 467, 468 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo 61 del Código Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 20 y 78 ibídem, Ley 100 de 1993, artículos 19, 21, 30 y 36, Ley 50 de 1990 artículo 99.3 y resultó desconocido el 53 y 228 de la Carta Política, como consecuencia de manifiestos errores de hecho en que, en su opinión, incurrió el ad quem con incidencia en la parte resolutiva y con detrimento de los intereses de la trabajadora, debido a pruebas apreciadas erróneamente y dejadas de apreciar.

Errores manifiestos de hecho en que, según la censura, incurrió el tribunal:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que las pretensiones obedecen a un simple proceso declarativo que determinaría que los derechos reclamados no son ciertos e indiscutibles y no dar por demostrado, estándolo, que, en el texto de la conciliación, no aparece que la actora hubiere renunciado expresamente a los derechos impetrados en la litis.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante, en calidad de beneficiaria de la convención, cimienta la pretensión a la connotación salarial de la prima de vacaciones y de antigüedad o quinquenal para efecto de reajustar sus cesantías y otras prestaciones, basándose en la convención colectiva de trabajo y en el reglamento interno de 1974, los cuales determinan la naturaleza salarial de dichas primas.

3. No dar por demostrado, pese a estarlo, que, en la liquidación de prestaciones sociales, se le canceló la prima convencional extralegal semestral de manera proporcional $ 126.183 y, para lo que nos interesa, se la computó como factor salarial; que también se le pagó prima de antigüedad equivalente a $ 2.014.006 y prima de vacaciones por $ 1.096.856, pero no se las computó como factor salarial, pese a tener estas tres primas la misma naturaleza jurídica.

4. No dar por demostrado, pese a estarlo, que, mediante nómina quincenal, a la actora se le pagó un auxilio especial de vivienda, y no dar por demostrado que la pretendida connotación salarial de dicho pago no fue materia del acta de conciliación.

Señala como pruebas apreciadas erróneamente:

1. Conciliación laboral (fls. 22 a 24).

2. Demanda.

3. Contestación de la demanda (fls. 58 a 83).

Y como pruebas no apreciadas:

1. Convención colectiva de trabajo (fls. 347 a 680-68 1 a 1117).

2. Reglamento interno de 1974 (fls. 369 a 402-544 a 607).

3. Liquidación de prestaciones sociales (fl. 21).

Demostración del cargo

Manifiesta que el primer error consistió en que, según el tribunal, a la luz de las pruebas arrimadas al proceso y contra toda evidencia, es imposible la nulidad parcial del acta de conciliación, lo cual lo llevó a considerar que por el simple hecho de que se plasmaron en la demanda algunas declaraciones previas, significaba que los derechos reclamados pendían de una relación que no tiene certeza jurídica y que, en consecuencia, los derechos conciliados no eran ciertos e indiscutibles; o que la trabajadora, sin poder hacerlo, estuviere renunciando implícitamente a la connotación salarial de la prima de vacaciones, antigüedad o quinquenal y del auxilio especial de vivienda, lo que de ninguna manera es cierto, ni legal; o lo que es peor, dejar por sentado que éstas declaraciones de tipo preventivo tendría como efecto jurídico desconocerle a la actora las garantías que como beneficiaria de la convención colectiva alega a su favor los beneficios que de ella se desprenden en materia de salario y prestaciones sociales, desconociendo de plano que tienen como fundamento el cumplimiento de una obligación contractual dada la relación de derecho, de ahí que su incumplimiento constituye un perjuicio directo previsible (C.P., arts. 53 y 58; C.C., 1613, 2356; L. 95/1989, arts. 15 y 63).

La recurrente hace claridad en que las declaraciones previas formuladas en la demanda no tenían un fin distinto a que se abriera el marco jurídico de la controversia, basado en la lógica judicial con arreglo en la probanza documental que se avizora en el proceso y que, por lo mismo, la documental que tiene relación con las pretensiones debió ser examinada para no incurrir en defectos sustantivos, orgánicos, probatorios o procesal al momento de calificar la litis, como efectivamente ocurrió.

Estima que como el tribunal absolvió a la demandada aduciendo que las declaraciones previas formuladas en la demanda evidencian que las pretensiones no tienen certeza jurídica era su obligación mostrar la norma positiva, decreto o fuente de derecho que pregone que, cuando el trabajador plasme en su demanda declaraciones previas per se, los derechos reclamados dejarían de ser ciertos e indiscutibles. Lo cual, a pesar de ser un requisito, dice que no se cumplió en el caso, rompiendo con uno de sus principales deberes de hacer suyo lo indicado en la ley en materia de discusión.

Dice no entender cómo pretende el tribunal que las declaraciones previas solicitadas en la demanda determinan con absolutismo que las pretensiones obedecen a derechos inciertos, cuando ni siquiera tuvo el cuidado de plasmarlas en su providencia. Patente, entonces, la irregularidad para proyectar el fallo, considera el recurrente.

La proposición del tribunal, prosigue el impugnante, significa también que frente a una conciliación laboral por el hecho de estar libre de vicio de consentimiento, estaría imposibilitado el operador judicial de examinar si se hicieron los pagos deprecados o no, y ante esa función del operador judicial, ante la certeza del no pago, se imponga la tesis de que así se deba, no debe pagarse porque dicho derecho ya se concilió.

Esa decisión, considera la censura, se constituye en una salida totalmente contraria al artículo 53 de la Constitución Nacional y a todas aquellas normas que impiden la renuncia de derechos, de la conciliación de derechos ciertos y, en general, se estaría vulnerando el sistema jurídico colombiano, toda vez que, en Colombia, no es lícito, legal y constitucional, la vulneración de los derechos de los trabajadores por la ley, contratos, convenciones o por acuerdos.

La censura se extiende en razones a efecto de demostrar que las primas convencionales recibidas por la extrabajadora son constitutivas de salario o factor salarial, y alegó que le era imperativo al juez entrar a definir si se trataban de derechos ciertos e indiscutibles, para luego examinar de manera precisa si fueron objeto expreso y específico de la conciliación, y, seguidamente, si es del caso, definir de fondo la materia de la litis.

Para el recurrente, debido a la apreciación errónea de la demanda, el operador judicial no dio por demostrado que las pretensiones buscan que el pago realizado a la actora por prima de vacaciones $ 1.096.856 y prima de antigüedad $ 2.014.006 en la liquidación definitiva de prestaciones sociales se compute como factor salarial, tal como ocurrió con la prima extralegal semestral $ 126.183, esto habida consideración que tales primas tienen el mismo origen y la misma naturaleza jurídica.

Se duele la recurrente que, dentro del argumento de absolución dado por el tribunal, por ninguna parte aparece la norma, disposición u otra fuente de derecho que establezca las razones válidas que tendría la demandada para que la prima extralegal semestral fuera computada como factor salarial dentro de la liquidación de prestaciones sociales, y la de vacaciones y de antigüedad se tuvieran que llevar a una conciliación laboral para solventar la reclamada connotación salarial, mediante una bonificación de mera liberalidad.

Concluye que es patente la visión totalmente equivocada que tiene el operador judicial de la cosa juzgada, pues, además de haberse alejado de la realidad procesal, su tesis es inaplicable en nuestro caso por existir norma convencional y reglamentaria creadoras del derecho impetrado; pues, a su juicio, a quién se le puede ocurrir que por el mero hecho de haberse formulado en la demanda declaraciones previas, estaba llamada a prosperar la excepción de cosa juzgada.

Agrega que, a consecuencia de la apreciación errónea de la demanda y de la conciliación laboral, el juez de apelación no dio por demostrado, pese a estarlo, que, de una pormenorizada comparación entre los hechos, pretensiones y fundamentos fácticos-jurídicos del núcleo de la causa petendi de ambos procesos, se prueba realmente que no existe identidad jurídica, para que se configure el efecto de la cosa juzgada que pregona el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que no está demostrado que los derechos reclamados por la actora fueron objeto de advenimiento expreso en la conciliación.

Que, en la contestación de la demanda, no se establece que la empresa haya excepcionado en debida forma la cosa juzgada, y, al no haber sido alegada, discutida y probada como lo exige la ley en su artículo 305 Código de Procedimiento Civil, no se puede concebir la ausencia de hecho y de derecho de lo pretendido por la actora.

Alega que, en el punto cuarto, la empresa confesó que efectivamente las prestaciones extralegales se pagaban por mandato del reglamento interno de trabajo y confesó que se le reconoce connotación salarial a la prima extralegal semestral. Que igualmente confesó que siempre se ha abstenido de contabilizar como salario o factor salarial la prima de vacaciones y de antigüedad; es decir, para le censura, el empleador aceptó tácitamente que siempre violó la convención colectiva de trabajo.

Sostiene que la demandada, en su recuento probatorio respecto a la prima de vacaciones y de antigüedad, reconoció la existencia del convenio colectivo que data desde hace más de 50 años; que, en el recuento del haz probatorio convencional, en ningún momento probó que se hubiera formalizado dentro de la vigencia de la relación laboral una exclusión real y voluntaria que autorizara la desalarización de las primas convencionales, ni mucho menos que se le hubiera despojado el atributo convencional de ser pagos por retribución de servicios directos prestados bajo contrato de trabajo; de donde se sigue, sostiene el censor, que la única viabilidad para acoger el planteamiento de la empresa está supeditada a la constancia escrita y mancomunada, en la cual, en forma patente, se advierta que la prima de vacaciones y de antigüedad no son pagos constitutivos de salario.

Que, en parte alguna o momento del proceso, se observó que la empresa se opusiera a las pretensiones aduciendo la ilegalidad de estas por estar asociadas con declaraciones previas, a efecto de que no se haga posible la configuración del derecho que le reclama la demandante. Refiere a que es conocido en el ámbito jurídico nacional que los jueces ordinarios o colegiados no deben apartarse del escenario que proponen las partes para someterlo a un debate, que navegar por fuera del tema en litigio al momento de fallo atenta contra el debido proceso (C.P., art. 29).

Para el recurrente, el ad quem no podía ser indiferente ante esta prueba de confesión que tiene rango de prueba superior calificada; que, en este orden, no le quedaba al juzgador otra alternativa de reconocer como derechos ciertos e indiscutibles los pretendidos por la actora, en el entendido que la contestación de la demanda, como el interrogatorio absuelto por el representante legal, es un medio probatorio que puede catalogarse en cierta medida como una confesión de parte que impone la observancia de la prevalencia del derecho sustancial y la primacía de la realidad que contemplan los artículos 228 y 53 C.P. Agrega que, en los procesos judiciales, quien debe desvirtuar los hechos que le imputan es la demandada, lo contrario es hacer manifiesto un posible favorecimiento.

Afirma que, a este primer error, también se llega por apreciación errónea de la conciliación laboral; que el mencionado texto no admite duda en el sentido que no aparece que la demandante hubiere renunciado específicamente a los derechos impetrados en la demanda. Considera que no aparece, en el documento analizado, que las partes, amén de no poder hacerlo, hayan seleccionado expresamente como negociables los derechos impetrados, ni se observa que la actora hubiese liberado a la demandada de los efectos del contrato de trabajo. Ni mucho menos se puede inferir del texto que la suma que recibió por mera liberalidad para retirarse de la empresa por la cual la declara a paz y salvo a la entidad, se vislumbre que, a cambio de dicho valor, hubiere renunciado a sus derechos.

Alude a que, según el acta de conciliación, la suscripción se llevó a cabo el 17 de enero de 2001, mientras que la liquidación de prestaciones sociales indica que la demandante laboró hasta el 15 de enero de 2001; que, en ésta última, se constata el pago por concepto de la bonificación de mera liberalidad por haberse retirado, el pago de la prima extralegal semestral $ 126.183, la cual fue computada como factor salarial, el pago de la prima de antigüedad por $ 2.014.006 y la prima de vacaciones por $ 1.096.856; que siendo así, resulta impensable suponer que lo procurado por la actora, en cuanto a que se le reajusten sus prestaciones sociales como consecuencia de que no se tuvieron en cuenta como factor salarial, tanto la prima de antigüedad como la prima de vacaciones, tal como se hizo con la prima extralegal semestral, hayan sido motivo de advenimiento expreso en el acta de conciliación. Acaso dos días después de haberla liquidado irregularmente, la empresa advirtió su grave error y, para subsanarlo, acudió a la figura de la conciliación laboral; lo cual de ninguna manera puede ser cierto para el recurrente, puesto que, en la liquidación le entregó la bonificación de mera liberalidad para su retiro, y lo que se conoce dentro del proceso es que la demandada se niega a reconocerle connotación salarial a la prima de vacaciones, antigüedad y auxilio especial de vivienda.

Sostiene que la conciliación, en ninguno de sus apartes, contempla ni propone de manera específica que el monto entregado a la demandante como bonificación de mera liberalidad tenga como parámetro de referencia o efecto estar cubriendo los derechos reclamados de manera específica y puntual por la actora. Que la suma resultante del acto conciliatorio entregada a la trabajadora por mera liberalidad no redime la connotación salarial de las primas de vacaciones, de antigüedad y auxilio especial de vivienda a efecto de la reliquidación de sus prestaciones sociales con retroactividad al primer año de servicios, cuando se causó el derecho al pago de la primera prima de vacaciones y la prima de antigüedad o el primer quinquenio de servicio, así como el auxilio especial de vivienda.

Para la censura, es palmaria la inamistad (sic) de la decisión judicial con la norma positiva, la Constitución Nacional, la doctrina y la jurisprudencia sobre la cosa juzgada, las cuales, en su criterio, han previsto

• La garantía de tener derecho al pago de primas reguladas mediante el estatuto convencional y reglamento interno de trabajo exige la vigencia de la garantía fundamental de intangibilidad de los derechos que consagra el canon 58 C.P. y artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo; estos precedentes, hacen inoperante la conciliación laboral, puesto que se estarían desdeñando derechos fundamentales del actor que se infieren de los artículos 25, 39, 53, 55, 58 y 93 de la Carta Política. Los derechos laborales adquiridos en convenciones colectivas de trabajo son ley para las partes que generan un verdadero estado jurídico que no permiten error de derecho en su interpretación y aplicación; esa es la letra y el espíritu del inciso final artículos 39, 53, 55, 58, 93 C.P. C-013 enero 21 de 1993.

• El efecto de cosa juzgada que los artículos 20 y 78 CPT le otorgan a la conciliación celebrada por fuera del juicio y dentro de él se produce siempre y cuando el acto conciliatorio no vulnere para nada la ley y la Constitución en materia del debido proceso, derecho de igualdad, acceso a la justicia, derechos adquiridos, irrenunciabilidad de derechos, primacía de la realidad, principio de favorabilidad y estabilidad en el empleo, etc.

• La ley positiva y la jurisprudencia han precisado que los derechos y prerrogativas contempladas en las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son irrenunciables, es decir, los trabajadores no pueden renunciar al salario ni a las cesantías. 31819 acta 37 julio 8 de 2008 contra el BBVA Banco Ganadero S.A.

Manifiesta que la propuesta de absolución que esboza el operador judicial conculca flagrantemente la ley y la jurisprudencia puesta en precedencia, la cual, a su juicio, indica que para estos fines se requiere que los derechos sean inciertos y discutibles, de donde se infiere la única viabilidad para que prospere la excepción de la cosa juzgada.

Finaliza la demostración del primer yerro fáctico con la afirmación de que, debido al grave error de haber apreciado erróneamente: la demanda, la contestación de la misma y la conciliación laboral, el tribunal incurrió en este primer error de no dar por demostrado, estándolo, que los derechos reclamados en la demanda son ciertos e indiscutibles.

Sobre el segundo desatino enunciado sostiene que las convenciones colectivas de trabajo y el reglamento de trabajo de 1974 determinan expresamente la connotación salarial de la prima de vacaciones y la de antigüedad, y por esto no podían ser objeto de conciliación por ser derechos ciertos e indiscutibles.

Se refiere a los textos convencionales y del reglamento de donde el impugnante deduce que estos no admiten duda en el sentido que se ha establecido en ellos el pago de la prima de vacaciones y de antigüedad que, dadas sus características y condiciones, sí constituyen salario o factor salarial, que por lo mismo no son susceptibles de transacción y conciliación.

Afirma que debido al grave error de no haber apreciado las convenciones colectivas y el RIT de 1974, el tribunal absolvió a la demandada de condena por no pago completo de las prestaciones sociales adeudadas y de contera, terminó también absolviendo a la empresa en relación con la indemnización moratoria que correspondía imponer. Para la recurrente, no existe absolutamente ninguna disculpa de carácter legal, para relevar a la demandada de la obligación de la inclusión de los factores señalados al momento de liquidar las prestaciones sociales anuales como definitivas; sostiene que la empresa sabía que le correspondía elaborar en debida forma la liquidación de prestaciones sociales y no lo hizo, y que, obviamente, no puede ser una conciliación espuria la que pueda servir de argumento o disculpa para no cumplir con las obligaciones establecidas tanto en la ley, como en la convención colectiva de trabajo y el reglamento interno de trabajo de 1974.

Como el tema giraba en torno a la naturaleza salarial de las primas, consideró pertinente traer a colación jurisprudencia en ese sentido:

• Radicación 8269 de junio 25/1996. S. 5481/1993. R. 7406 agosto 24/1995. En la página 418-6 régimen laboral Colombiano la prima de antigüedad es considerada como salario.

• La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de abril del 2001, radicación 15610, sobre la naturaleza salarial de las primas de vacaciones y de antigüedad en el BBVA Banco Ganadero S.A.

• Esa misma Sala del tribunal, en tres recientes sentencias, había considerado que las primas en el BBVA Banco Ganadero S.A. eran pagos constitutivos de salario.

Sobre el tercer error, dijo que se dio porque el tribunal no dio por demostrado, estándolo, que, en la liquidación de prestaciones sociales, la cual constituye plena prueba por ser materia de conocimiento dentro del debate, habida cuenta que la trabajadora la acusa de estar deficitaria, enseña que a la actora se le pagó la prima convencional extralegal semestral de manera proporcional $ 126.183 y, para lo que interesa al recurso, se le computó como factor salarial, y no dio por demostrado, estándolo, que le pagó la prima proporcional de antigüedad por $ 2.014.006, y por dos primas de vacaciones la suma de $ 1.096.856, pero no se las computó como salario en una abierta discriminación de sus prestaciones extralegales.

Que estando demostrado, como está, que la prima de vacaciones y la de antigüedad son pagos constitutivos de salario, puesto que obedecen a una contra prestación directa del servicio, estima que no cabía alegar que la empresa no estaba obligada a reajustar las prestaciones sociales de la actora por el hecho de no haber tenido en cuenta como factor salarial dichos pagos al momento de efectuar la liquidación de prestaciones, especialmente la cesantías y prima de servicios.

Considera que resulta un atentado contra el derecho de la asalariada, siquiera pensar que el BBVA Banco Ganadero, en forma unilateral, pretendiera desmejorar las condiciones de trabajo de la actora reconociendo proporcionalmente y dándole connotación salarial a una de las primas, y a la de antigüedad y de vacaciones no. Esa conducta sería contraria al artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto significaría desmejorar los derechos establecidos para los trabajadores tanto en la convención colectiva como en el reglamento interno de trabajo de 1974 artículo 83, y en general la alteración unilateral de las condiciones de trabajo en sentido desfavorable a la actora.

De cara al cuarto error dice que se presentó porque el tribunal no dio por demostrado que a la actora se le pagó mediante nómina, folios 30 a 42, 97 a 160, un auxilio denominado especial de vivienda, lo cual se podía verificar en los volantes de pago, donde aparece que dichos créditos laborales si le fueron pagados a la actora; estos pagos son típicos elementos que integran el salario de la actora, por cuanto eran reconocidos de manera permanente, religiosa y periódica; constituyéndose en típicas obligaciones a cargo del empleador, además, que su otorgamiento no propendía el desarrollo propio de las tareas encomendadas; al contrario, enriquecían patrimonialmente a la demandante.

Que a este error se llega también por haber apreciado equivocadamente la contestación de la demanda en donde se evidencia que la demandada no se opuso a la pretensión dos (2) ni se liberó de la imputación hecho seis (6). Que otro tanto ocurrió por haber apreciado erróneamente la conciliación laboral, ya que no se observa en el texto del acta que hubiera sido materia de desistimiento o de renuncia o negociación la pretendida connotación salarial del concepto para efecto de reajustar sus prestaciones sociales, especialmente las cesantías y prima legal de servicios.

Termina diciendo que se advierte la afrenta al derecho fundamental del actor a un debido proceso, como quiera que es evidente que el tribunal obró en desconexión con lo pedido, lo debatido y lo probado, por ello, la decisión comporta un error ostensible de hecho, cuyos desatinos jurídicos son suficientes para quebrar la presunción de legalidad y acierto de la providencia (L. 16/69, art. 7º).

VI. Consideraciones

El tribunal confirmó la declaración de la cosa juzgada y, consecuencialmente, la negativa de las pretensiones de reliquidación de prestaciones que fueron solicitadas con fundamento en el reconocimiento previo de la incidencia salarial de las sumas recibidas por la demandante por concepto de auxilio especial de vivienda y de primas de vacaciones y de antigüedad; la razones que tuvo el tribunal para arribar a la citada decisión fueron que i) las partes, al momento de la terminación del contrato, celebraron una conciliación, mediante la cual se declararon enteramente a paz y salvo; ii) que los derechos ahora reclamados habían sido válidamente objeto de conciliación, por ser derechos no ciertos e indiscutibles, tanto era así que en la misma demanda se había solicitado la declaratoria del carácter salarial de los estipendios recibidos por la trabajadora y que no les había sido dada esa naturaleza al momento de liquidar las prestaciones sociales por terminación del contrato; iii) que la citada conciliación tenía efectos de cosa juzgada, lo cual enervaba cualquier litigio posterior sobre la materia; iv) igualmente que dicho acuerdo cumplía a cabalidad con los requisitos externos que le otorgaban validez; v) que la demandante no había sustentado la petición de nulidad, que, no obstante, dentro del plenario no se veía que, al momento de su celebración, dicho acto estuviese viciado de falta de capacidad, consentimiento viciado, objeto ilícito o causa ilícita; vi) y que el demandante tenía la carga de probar las anteriores deficiencias, sin embargo no lo había hecho.

Por su parte, la recurrente controvierte la legalidad de la decisión de segunda de instancia presentando un cargo por la vía de los hechos, cuyo estudio conduce a la conclusión de que los que realmente podrían ser considerados como yerros fácticos son infundados, como seguidamente se expone.

Conviene precisar de entrada que la censura realmente no acierta en poner en evidencia las supuestas contradicciones existentes entre el contenido de las pruebas documentales de la cuales su valoración es objeto de reproche y las inferencias fácticas del ad quem relacionadas con los citados medios probatorios, propias de los yerros fácticos que puede provocar la infirmación de la sentencia que puso fin a las instancias.

La censura hace un esfuerzo argumentativo para demostrar que, contrario a lo asentado por el ad quem, las pruebas acusadas indicaban que la naturaleza salarial de las primas extralegales recibidas por la actora se trataba de un derecho cierto e indiscutible, y que, por tanto, en su criterio, ni el carácter salarial ni los reajustes respectivos reclamados consecuencialmente podían ser objeto de conciliación; y que, además, dichas reclamaciones no fueron materia del citado acuerdo, como equivocadamente lo entendió el ad quem.

Sobre lo primero, es de advertir que, dado el sendero de los hechos escogidos para el ataque, el examen de la condición de certeza de los derechos objetos de pretensión a la que alude la censura como argumento central de su acusación se examinará bajo la perspectiva de si las pruebas acusadas dan prueba fehaciente de esa condición al momento de celebrarse la conciliación puesta en entredicho y que, no obstante su ocurrencia, el ad quem la ignoró.

Como cuestión previa y para efectos de fijar los parámetros sobre los cuales la Sala entra a examinar las pruebas acusadas, conviene recordar lo que la jurisprudencia laboral tiene definido por derechos ciertos e indiscutibles, para ver si las citadas pruebas reflejan un derecho con esas características:

Derechos ciertos e indiscutibles:

«…derechos ciertos e indiscutibles, hacen relación a aquellos cuya previsión normativa resulta inequívoca, concurriendo, además, los supuestos de hecho exigidos a favor de quien los reclama, de suerte que, cuando no hay norma que expresamente los contempla, o imprecisión, oscuridad, ambigüedad, confusión, vacío o laguna en éstas, o simplemente no hay medio de prueba o con suficiente entidad que acredite sus supuestos de hecho, o precepto alguno que exima de aportarlos al proceso, puede afirmarse válidamente que el pretendido derecho no tiene la connotación de certidumbre e indiscutibilidad por la ley reclamada y, por tanto, no hay nada que impida su disponibilidad o renuncia. Igualmente, cuando no obstante aparecer como acreditadas las anteriores exigencias, su reconocimiento puede verse afectado por hechos que impidan su nacimiento, lo modifiquen o incluso lo extingan, situaciones todas ellas que sólo pueden ser resueltas a través de la providencia judicial que ponga fin a la controversia así suscitada.

Al respecto, en sentencia de 17 de febrero de 2009 (rad. 32051), la Corte recordó que,

“(…) esta Sala de la Corte ha explicado que “… el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales” (Sent. dic. 14/2007, rad. 29332)”.» CSJ AL, 4 jul. 2012, radicación 48101.

Conforme a lo anterior, observa la Sala que las pruebas denunciadas no arrojan seguridad alguna sobre la connotación salarial de las primas extralegales en cuestión para el momento en que fue llevado a cabo el acuerdo conciliatorio, pues ninguna de ellas contiene, expresamente, una calificación en ese sentido de cara a los citados estipendios extralegales.

Es más, desde las posiciones de las partes contenidas en la demanda y su respuesta, piezas procesales a las que, entre otras, alude la censura como mal apreciadas, se puede ver claramente que las partes desde un principio han tenido posiciones contrarias sobre dicho supuesto y que no se trata de una simple negativa del banco demandado, como quiera que, al igual que ha sucedido en otros procesos contra la misma demandada(1), justamente, el meollo del litigio que fue puesto por la parte actora en manos de los jueces de instancia para que decidieran, implicaba la definición, en el caso concreto, de si tales primas extralegales eran salario o no, dada la ausencia de una declaratoria expresa e inequívoca en ese sentido en la convención, y lo que observa la Sala es el hecho de que el ad quem se abstuvo de abordar tal definición, en razón a que estableció que dicha discrepancia ya había sido zanjada por las partes aquí litigantes mediante una conciliación previa al presente proceso.

En razón a que determinó que las partes habían conciliado el punto de discordia, el ad quem refirió a que los artículos 20(2) y 78 del CPT y SS le reconocen a esta figura los efectos de cosa juzgada, e hizo suya la posición unánime de la Corte en cuanto a que, una vez la conciliación es aprobada por el funcionario competente, por reunir los requisitos legales, esta adquiere el carácter de cosa juzgada, lo cual enerva cualquier litigio posterior sobre la misma materia y entre las mismas partes. Premisas jurídicas estas que no fueron objeto de reparo por la parte actora, por el contrario las ignora por completo, si se tiene en cuenta que, en el fondo, lo que la censura ha pretendido todo el tiempo con el presente proceso es reabrir el debate del carácter salarial de las primas extralegales recibidas por la extrabajadora, no obstante que dicho tema fue conciliado entre las partes.

Por tanto, tampoco fue desatinado que el ad quem, para efectos de reforzar la falta de certeza sobre la naturaleza salarial de los citados emolumentos al momento de celebrarse la conciliación, presupuesto habilitante para que esta fuera objeto del mencionado acuerdo, hiciera referencia a las pretensiones declarativas de la demanda en ese sentido, pues era razonable entender que su formulación, mucho tiempo después de haberse celebrado la conciliación, corroboraba que, para aquel entonces, la demandante no tenía la certeza del carácter salarial de tales primas.

Lo que la censura persigue realmente con el presente proceso es reabrir el debate de fondo sobre la naturaleza salarial de las primas extralegales, con el propósito de adquirir ahora la certeza de dicho carácter y tratar de oponer esta certeza a la conciliación que fue celebrada el pasado 17 de enero de 2001, por haber versado sobre un derecho cierto e indiscutible, lo cual es a todas luces improcedente, en razón a que la no certeza del derecho como presupuesto de procedibilidad de la conciliación ha de predicarse para el momento de la celebración del acuerdo, donde, ante la falta de dicha condición, las partes pueden optar por la autocomposición de la controversia con los efectos de cosa juzgada.

Lo anterior explica por qué la censura no fue contundente en demostrar que las pruebas objeto de glosa en el recurso indicaran de forma inequívoca el carácter salarial de las primas extralegales para el momento de la conciliación; por tal motivo, con el propósito de defender su dicho, tuvo que valerse de argumentos extraños al contenido objetivo de las pruebas, por demás impertinentes en la vía indirecta, tales como cuestionar la validez del raciocinio del tribunal respecto a la relación establecida entre la falta de certeza de la naturaleza salarial de las primas extralegales y las pretensiones de la declaratoria de dicha condición. Argumento este que está lejos de configurar un yerro fáctico; además que, para este caso, como se vio atrás, el razonamiento del ad quem tiene lógica, y dada su particular coherencia, su fuerza no dependía de una norma que así lo indique, como lo sostiene el recurrente cuando alega que el tribunal no refirió la norma positiva o fuente de derecho que señalara que, cuando un trabajador plasme en su demanda declaraciones previas, per se los derechos reclamados dejan de ser ciertos e indiscutibles.

Además, en este punto, la censura trae otro raciocinio equivocado consistente en que por la sola consagración de algunas prestaciones en la convención colectiva o en el reglamento interno de trabajo, su carácter salarial se vuelve indiscutido; contrario a ello, su incidencia salarial, en efecto, puede ser un punto plenamente debatible, si no se hizo claridad al respecto allí mismo, que, por tal razón, lo aleja de la condición de derecho cierto e indiscutible.

Lo anterior se refleja en decisiones como la CJS SL, 27 jul. 2013, radicación 40395, donde se abordó una discusión similar a la planteada en este proceso, en un asunto seguido en contra de la misma entidad demandada. Dijo la Corte en aquella oportunidad:

Por otra parte, sobre la inconformidad de la censura en torno a que el ad quem no tuvo en cuenta que la conciliación puesta en entredicho, a su juicio, trasgrede el derecho cierto del carácter salarial de las primas extralegales devengadas por el actor, no está demás advertir que la jurisprudencia de esta Sala también se ha pronunciado para negar tal carácter de las primas de vacaciones y de antigüedad reconocidas extralegalmente a los trabajadores de la entidad financiera aquí demandada; lo que basta para dejar sin sustento el carácter de derecho cierto e indiscutible que le pretender dar el censor a tal reclamación con miras a objetar la procedencia de la conciliación frente a esta clase de derechos, para restarle la eficacia de la cosa juzgada derivada de dicho acuerdo y así poder darle vía al pronunciamiento judicial sobre la controversia. Dijo la corte recientemente:

4. El juzgador se equivocó al no haber estimado que las primas de vacaciones y antigüedad tienen carácter salarial, según la convención colectiva de trabajo.

En este asunto, y como recientemente lo hizo la Corte en sentencia del pasado 5 de junio, radicación 40530, en un proceso seguido precisamente en contra del banco hoy demandado, efectivamente no es posible concluir que las referidas primas están concebidas como una contraprestación directa del servicio, esto es, que con ellas se estuviera retribuyendo de manera inmediata la actividad laboral desplegada por el causante.

En dicha providencia se asentó que el reconocimiento para el caso de la <prima de vacaciones>, está relacionado con el descanso remunerado, que como es sabido, no tiene naturaleza salarial, porque durante el mismo, obviamente, no hay prestación del servicio, lo que ratifica que es un derecho accesorio o consecuencial que no puede tener la connotación de salarial, a menos que las partes del contrato de trabajo o de la convención pacten en sentido distinto, lo que en esta oportunidad no acontece. Es así que el artículo 46 del reglamento interno de trabajo del banco, aprobado en el año 1994 y el artículo 47 del aprobado en 1974, establecen que ese beneficio se pagaría junto con el disfrute de las vacaciones (fls. 186, cdno. 1 y 20, cdno. 2). En sentencia del 27 de mayo de 2009 radicado 32657, en un proceso análogo seguido contra la misma entidad demandada, esta corporación puntualizó:

“(…) Por ende, no cabe duda de que el reconocimiento de la prima en comento no tenía como propósito retribuir el servicio, en la medida en que se pagaba precisamente en relación con un momento en la vida laboral de la demandante en la que no prestaba ningún servicio, es decir, no trabajaba por disfrutar de un descanso legal remunerado.

Y el hecho de que su causación requiriera de la prestación de servicios durante cierto lapso, no significa que estuviera retribuyendo ese trabajo, que se remuneraba de otras maneras y a través de otros pagos, estos sí claramente salariales.

En consecuencia, no tenía derecho la promotora del pleito a que las sumas que recibió, por concepto de prima de vacaciones, se le tomaran en cuenta como factor de salario para efectos de liquidar sus prestaciones sociales…’.

Del mismo modo, la <prima de antigüedad> existente en el Banco, no tiene el carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, ya que según el texto convencional se cancela por arribar el trabajador a cierto número de años de servicio, valga decir, 10, 15, 20 y 25 años (fls. 153 y 154, cdno. 2), como un estímulo a su permanencia en la entidad demandada. En sentencia del 20 de octubre de 2010 radicación 42333, proferida en otro caso con características similares al que ocupa la atención de la Sala, adelantado contra la misma entidad bancaria, se dijo:

“(…) En lo relacionado con la prima de antigüedad, se observa que nació como una gratificación que la demandada concedía a sus trabajadores por haber cumplido determinado tiempo de servicio, según la Resolución de junta directiva 9 del 22 de marzo de 1961. En las diversas convenciones colectiva de trabajo aportadas a los autos, aparece pactada en una suma determinada, por una sola vez, con referencia al sueldo devengado por el trabajador y su causación se da al cumplir el tiempo de servicio predeterminado, cuyo mínimo es de cinco años, lo que posibilita entender que en realidad no tiene carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, sino que se cancela por llegar a cierto número de años de servicio, es decir, como un estímulo a la perseverancia del empleado en sus labores, todo lo cual indica que no puede considerarse como factor de salario”.

De acuerdo con lo expresado, no se observa yerro protuberante del juzgador.

Ahora bien, ciertamente, el artículo 83 de dicho reglamento interno de trabajo consagró que ‘El banco a través de las diferentes convenciones y fallos arbitrales tienen establecidas las siguientes prestaciones sociales adicionales para sus trabajadores’ y entre ellas relaciona la ‘Prima de vacaciones’ y la ‘Prima de antigüedad’; sin que en parte alguna de ese articulado se especifique el carácter salarial o no de esas primas extralegales, siendo en consecuencia necesario remitirse a la fuente de esos beneficios o prestaciones adicionales a las legales, para el caso las convenciones colectivas de trabajo, y siendo ello así, la interpretación del tribunal es razonable.

En cuanto a la liquidación de prestaciones sociales, debe decirse que para desvirtuar lo inferido por el sentenciador de segunda instancia, no basta con afirmar que, como en la aludida liquidación de prestaciones sociales se computó como salario la denominada prima extralegal ‘semestral’, de igual manera se tenían que acoger como factores salariales las primas de vacaciones y de antigüedad, según lo plantea la censura; habida cuenta que no todos los pagos, reconocimientos o beneficios tienen connotación salarial, ya que como sucede en el sub lite, ciertas prestaciones extralegales pueden tener un propósito distinto al de retribuir directa e inmediatamente la actividad, tarea o labor del trabajador, no constituyendo salario, así se reciban por causa o con ocasión de la relación subordinada de trabajo.

También observa la Sala que los argumentos para defender la certeza del carácter salarial de las primas extralegales en cuestión, ninguno se funda en que, en el documento contentivo del acto de creación de tales derechos extralegales, aparece de manera expresa y clara tal carácter salarial. La demostración que hace la censura no son más que deducciones o inferencias de su propia cosecha, no aptas para configurar un desatino fáctico en casación.

En cuanto a la segunda parte del primer yerro fáctico consistente en que el ad quem se equivocó al establecer (cuando, según el recurrente, no la había) la identidad de causa entre lo conciliado y el objeto de las pretensiones en el presente proceso, necesaria para que se configurara la cosa juzgada en los términos del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, es de anotar que este argumento desentona plenamente con la misma pretensión de nulidad de la conciliación por violar el derecho cierto de la naturaleza salarial de las primas extralegales, y desquicia por la base todos los argumentos de la censura dedicados a demostrar el desconocimiento, en la conciliación, del carácter de derecho cierto e indiscutible del carácter salarial de las primas extralegales recibidas por la actora, pues si esto no fue objeto de conciliación como en la segunda parte lo sostiene, cómo es que la conciliación pudo desconocer su naturaleza de derecho cierto e indiscutible.

En todo caso, de la redacción del acta que contiene la conciliación, suscrita el 17 de enero de 2001, permite colegir que las partes, en dicha oportunidad, acordaron dirimir «todas las diferencias existentes entre las partes sobre los derechos causados o presuntamente causados a favor de la trabajadora, en la relación laboral anteriormente citada, la suma de … a título de bonificación no constitutiva de salario, conciliatoria de todo concepto laboral originado de manera directa o indirecta en el contrato individual que vinculó a los comparecientes», de dónde bien podía inferir el ad quem que el tema del carácter salarial de las primas extralegales quedó conciliado, pues, allí mismo, luego de referirse a puntos específicos de controversia, por ejemplo el tema pensional, se asentó expresamente en el acuerdo:

«En virtud de la conciliación celebrada y de los pagos efectuados a la señora… Pacheco Ramos, en la presente diligencia, ella declara enteramente a PAR(sic) Y SALVO, a la entidad denominada BBVA Banco Ganadero S.A., a sus socios, filiales, sucesores y sucursales, por todo concepto de salarios ordinarios y extraordinarios, descansos remunerados en domingos y días festivo, vacaciones, primas legales y extralegales, auxilio de cesantía y sus intereses, indemnización moratoria e indemnizaciones de todo género, reintegro legal y extralegal, recargos nocturnos permanentes o variables, sobresueldos por vacaciones, sobresueldos por cambio de categoría, prima de antigüedad, horas extras diurnas o nocturnas, viáticos y en general, por todo derecho laboral originado en el reglamento interno de trabajo vigente en el Banco Ganadero o en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el BBVA Banco Ganadero S.A. y los sindicatos de sus trabajadores, sin lugar a posteriores reclamaciones judiciales o extrajudiciales, por no quedarle a deber el BBV… a la señora… Pacheco Ramos suma alguna por ningún concepto o derecho, por cuanto la conciliación celebrada en el acto de esta audiencia pone término definitivo a la relación laboral existente entre las partes y a cualesquiera reclamaciones surgidas o por surgir de dicha relación.»

Por último es de anotar que el ad quem no entró a examinar si las primas extralegales que percibió la extrabajadora debían ser tenidas en cuenta como factor salarial, para la liquidación de todas las prestaciones sociales causadas a su favor. En ese sentido, el tribunal no pudo haber incurrido en los errores de hecho identificados como 3 y 4, pues la excepción de cosa juzgada tornaba totalmente innecesario el estudio de los temas allí tratados.

En este orden de ideas fluye que no se equivocó el ad quem al negar la nulidad de la conciliación deprecada en razón a que evidentemente esta no versó sobre derechos ciertos e indiscutibles, contrario al supuesto sobre el cual la parte actora se basó para poner en entredicho la validez del mencionado acuerdo; y como el ad quem tampoco encontró que se dieran los defectos de falta de capacidad, vicios del consentimiento, objeto ilícito y causa ilícita, consideraciones sobre las cuales la censura guardó silencio, la decisión del tribunal sobre la negativa de la nulidad de la conciliación conserva intacta su presunción de legalidad. De igual forma, se tiene que estuvo bien la declaratoria de cosa juzgada, pues, en arreglo al texto de la citada conciliación ya visto, era razonable inferir que las pretensiones de reliquidación con base en la naturaleza salarial de las primas extralegales fueron conciliadas entre las partes.

VI. Segundo cargo

Para la censura, la sentencia «es violatoria de la ley sustancial por vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea de las siguientes disposiciones CPT, artículos 20, 78 Código Civil artículo 1502 en relación con los artículos 14, 43, 65, 107, 109, 127, 128, 145, 306, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, y por la falta de aplicación de la Ley 446 de 1998, artículo 65, Ley 640 del 2001, artículo 19 del artículo 53 de la Constitución Política».

Demostración del cargo

Manifiesta que la inconformidad se limita al aspecto netamente jurídico y que cuando se refiere a la convención colectiva de trabajo donde tuvieron su fuente de avenimiento la prima de vacaciones y de antigüedad, lo hace, no con el ánimo de sustentar un error de hecho o de derecho en relación con la misma, como prueba, sino sobre la garantía que en la misma se establece en cuanto tienen que ver con las prestaciones sociales extralegales, para destacar que la mencionada acta de conciliación ha vulnerado normas sustanciales del orden nacional, de carácter legal y constitucional.

Considera que, al haberse declarado la excepción de cosa juzgada, con fundamento en los artículos 20 y 78 del CPL, significa que el Tribunal Superior de Barranquilla ha incurrido en un error de tipo jurídico, consistente en la interpretación equivocada de las citadas normas, lo cual ha significado la vulneración de los artículos 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo y la inaplicación del artículo 53 superior de la Carta Política. Que dicha falencia jurídica se cometió en razón a que el tribunal consideró la existencia de cosa juzgada, a pesar que con la conciliación se estaría violando derechos claros y específicos de la actora que se encuentra en la ley laboral, la convención colectiva de trabajo y el propio reglamento interno de trabajo.

Agrega que si se hubieran observado los requisitos sustanciales, señalados en los artículos 53 de la Constitución Política, así como los contenidos en los artículos 19 de la Ley 640 del 2001 y 65 de la Ley 446 de 1998, necesariamente se ha debido colocar a un lado la audiencia de conciliación y, en su lugar, imponer la condena en los términos pedidos en el alcance de la impugnación. Se interpretó equivocadamente también el artículo 1502 del Código Civil, toda vez que ese acuerdo conciliatorio tiene, como resulta evidente, una causa ilícita, al pretender conciliar o hacer renunciar a la trabajadora de unos derechos ciertos, como es la inclusión de todos los factores salariales que la ley, la convención colectiva y el reglamento interno de trabajo establecen para la liquidación de prestaciones sociales anuales y definitivas, y lo que hizo dicha conciliación fue establecer en la práctica la no inclusión de dichos factores, concluye.

Si se hubieran respetados los derechos ciertos de la actora, afirma, necesariamente se habría liquidado el auxilio de cesantías, la prima semestral de servicios, observando como factor salarial tanto lo cancelado por concepto prima de vacaciones y antigüedad como el auxilio especial de vivienda. No haberlo hecho, significa la vulneración del artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo.

Que si se hubiera interpretado correctamente los artículos 20(3), 78 CPT así como el 1502 del Código Civil, el tribunal habría declarado la nulidad parcial de la conciliación llevada a cabo entre las partes y lógicamente se habría impuesto la condena al reajuste del auxilio de cesantías, e intereses de la misma y la prima semestral de servicio y, por ende, impuesto la sanción moratoria por el no pago completo y oportuno de salarios y prestaciones sociales, regulados en los artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Amén de la orden de reajustar el monto de los aportes por concepto de IVM, causados durante la vigencia del contrato de trabajo.

VIII. Consideraciones de la Corte

El tribunal no desconoció la institución de la cosa juzgada, ni que, en materia laboral, la conciliación no podía recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles, pues justamente esas fueron las premisas jurídicas que le sirvieron de fundamento a su decisión; de forma tal que no incurrió en los errores jurídicos denunciados en el cargo. En todo caso, la censura no le enseña a la Corte cuál fue la interpretación que realizó el tribunal sobre normas como los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ni por qué la misma resultaba equivocada y cuál era la correcta.

Por otra parte, lo cierto es que las reflexiones del cargo, relacionadas con la verificación de la naturaleza cierta o indiscutible de los derechos conciliados, parten de premisas fácticas distintas a las observadas por el ad quem, por tanto totalmente ajenas a la vía escogida para formular la acusación. Ello en virtud de que la definición del carácter salarial de las primas de antigüedad o vacaciones requiere de un examen de las pruebas allegadas al proceso, además de que, de cualquier manera, como se anotó en la resolución del primer cargo, esos tópicos resultaban discutibles y quedaron abrigados válidamente por una conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada.

Así las cosas, el cargo es infundado.

Sin costas en el presente trámite dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 31 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que le sigue Tilsia Pacheco Ramos al BBVA Banco Ganadero S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»

(1) Ver la Sentencia CSJ SL, 19 abril 2001, radicación 15610, la cual fue citada por la propia recurrente donde se dijo:

Frente a esas específicas primas extralegales que han suscitado diversas interpretaciones jurisprudenciales y que en el caso presente tuvieron su fuente en un avenimiento colectivo que se limitó a señalar la denominación de las mismas y su monto, no es manifiestamente desatinado aceptar, como lo hizo el fallador, que la entidad bancaria demandada hubiese considerado que no tenía la obligación de colacionar dichos pagos en las liquidaciones de cesantía, máxime cuando la norma convencional guardó silencio sobre su naturaleza jurídica. El hecho de que en el juicio, luego de un examen detenido de su contenido y alcances probatorios y legales, se les hubiese asignado la connotación salarial, no conduce automática y fatalmente a pregonar la mala fe de la empleadora quien desde la contestación de la demanda presentó razones atendibles.

(2) Este artículo fue derogado por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001.

(3) Este artículo fue derogado por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001.