Sentencia 4371 de noviembre 28 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

REVOCABILIDAD DEL MANDATO

EXCEPCIONES

EXTRACTOS: «1. Al igual que ocurre en el campo civil según los términos del artículo 2189 —nums. 3º y 4º— del C. Civil, la relación de mandato mercantil se basa en un vínculo personal de confianza entre mandante y mandatario que hace posible, al menos como principio general, que cada uno de ellos pueda ponerle fin unilateralmente a ese vínculo, mediante la revocación, cuando es el primero quien ejercita esta facultad, y mediante la renuncia si es el segundo quien lo hace.

Puede, entonces, la sola voluntad aislada del mandante revocar “...a su arbitrio...” (art. 2191 del C. Civil) y por lo tanto en el momento que mejor le convenga, el encargo conferido, bajo el supuesto, desde luego, que en situaciones ordinarias la ejecución o inejecución de dicho encargo afecta, de modo principal y directo, los intereses del mandante únicamente y al desaparecer aquella base de confianza sobre la que el contrato descansa, por obra de la ameritada facultad podrá desaparecer también la relación jurídica que de él emana. En otras palabras, la regla general en esta materia es que, respetando siempre el deber de buena fe como lo exigen con absoluta claridad los arts. 871 y 1280 del C. de Co., el mandante puede ejercitar el derecho de revocación que la ley le otorga en resguardo de sus intereses, sin fundar su determinación o explicar las razones que lo mueven a proceder así ni justificar tampoco faltas imputables al mandatario, y por eso mismo ha de entenderse que, dándose estas condiciones y aun cuando la revocación se haga conocer del público por medios de la índole de los que señala el artículo 2199 del C. Civil en su inciso final, el mandante que en esta forma actúa no ofende por ese solo hecho al mandatario y por consiguiente no compromete su responsabilidad, habida cuenta que, como suelen expresarlo autorizados expositores, “...por haberse concertado el mandato en interés del mandante, el mandatario debe esperar que se le retiren sus poderes desde el instante en que el mandante haya perdido ese interés o no tenga ya confianza en su encargado...” (Henri, León y Jean Mazeaud, Lecciones, Parte Tercera, vol. IV, num. 1418).

2. Pero este derecho de revocación “ad natum” que por principio le permite al mandante recuperar la gestión directa de sus propios negocios cuando a bien lo tenga y sin faltar por ello a lo pactado por virtud de contrato de mandato, encuentra importantes excepciones en el artículo 1279 del C. de Co., texto éste que registrando en buena medida un ilustrativo antecedente en el artículo 341 del C. de Co. derogado de 1887, dice lo siguiente: “...El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato, a menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya conferido también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá revocarse por justa causa...”.

Así, pues, de conformidad con el precepto legal que acaba de transcribirse, en los dos eventos de excepción por él contemplados, por revocación del encargo confiado, no puede haber expiración lícita del mandato sino en tanto medien, debidamente demostradas por el mandante como es apenas natural suponerlo, circunstancias constitutivas de “justa causa” de ordinario equiparables con la fuerza mayor o con la culpa exclusiva del mandatario. Y de esos dos eventos cuyo efecto cardinal es este último, necesario es referirse con detenimiento al segundo, atinente al mandato llamado “en interés común” que en sustancia es irrevocable aun cuando no se haya pactado la cláusula que así lo declare, no solamente porque es esta figura la que trae a colación el cargo formulado, sino porque de estarse a la confusa redacción empleada en la sentencia, el Tribunal parece haberla ignorado en una muestra de deplorable ligereza que, por fuerza de las razones adelante expresadas, no trae sin embargo las consecuencias que el recurrente pretende atribuirle en orden a justificar su derecho a obtener la infirmación de la mencionada providencia, fundado en la alegada falta de aplicación de aquella norma, leída en concordancia con el artículo 1264 del C. de Co.

3. En efecto, aun a falta de pacto expreso que establezca la irrevocabilidad, ésta se da con todas sus secuelas cuando el mandato, o para decirlo con mayor precisión, cuando el encargo que constituye su objeto, ha sido otorgado no solamente en interés del mandante como acontece en el supuesto común que quedó visto al comenzar estas consideraciones, sino también en interés de terceros o incluso del propio mandatario, interés para cuya determinación ha de apreciarse, no el contrato de mandato en sí mismo, sino el negocio que el mandatario tiene la misión de concluir; y puestas en este orden las ideas, el fundamento de la irrevocabilidad salta a la vista, pues así como el mandato dado en interés exclusivo del mandante es por naturaleza revocable, toda vez que en este evento —como se dejó apuntado líneas atrás— el mandatario siempre debe esperar el retiro de sus poderes por voluntad del único interesado en que el encargo mantenga vigencia, no ocurre lo propio si el mandatario es alguien que también tiene interés en la conclusión del negocio al que se refiere la gestión encomendada, ya que en casos con estas características se configura, por voluntad del mandante, un interés conjunto o colectivo destinado a perdurar mientras la necesidad de dicha gestión subsista y frente al cual no es razonable sostener que, con todo, ese mismo mandante retuvo para sí la facultad exorbitante de destruir el nexo comunitario de tal manera creado y que por añadidura excede el ámbito de sus poderes de disposición, revocando por acto unilateral el mandato.

En conclusión, si para comprobar la existencia de un mandato irrevocable por haberse concertado en interés directo de las dos partes, mandante y mandatario, los factores cruciales de interpretación los suministra el contenido del negocio final para cuya celebración fue puesto en práctica ese mecanismo contractual de carácter instrumental, forzoso es entender, siguiendo por cierto claros derroteros de doctrina jurisprudencial forjada al amparo del artículo 341 del C. de Co., de 1887, que no todo mandato retribuido, por el solo hecho de serlo, entra en la categoría en estudio, habida cuenta que aun cuando sea cierto a todas luces que el mandatario retribuido tiene interés en el mandato, también lo es que de ordinario no lo tenga en el contrato cuya realización se le encargó; “...El interés económico a que hace mención el artículo 341 del C. de Co., —dijo la Corte hace más de cuarenta años con el propósito de explicar el concepto recién expuesto— no se reduce sino a aquellos casos en que éste —el comisionista— ejecuta el acto jurídico como consecuencia de una relación directa, o mejor, como titular de un derecho in re sobre los efectos que recibe en consignación y sobre los cuales puede disponer, no por cuenta ajena y a su nombre, sino por su cuenta y a su propio nombre, como sucede cuando concurren las circunstancias de tener el comisionista el carácter de tal y a la vez el de copropietario de los efectos o valores consignados. Aparece entonces sí, el interés económico directo del comisionista en la ejecución del acto jurídico de la comisión, a la vez que defiende sus propios intereses, protege los de su comitente, por ser comunes el éxito o fracaso de las respectivas operaciones. Cuando se procede como simple comisionista no hay interés económico directo alguno vinculado al acto jurídico de la venta de los valores; basta con atender las obligaciones que acarrea el encargo, sin que tenga participación ni responsabilidad en el éxito o fracaso pecuniario de las operaciones o ventas, y siempre que no se hubiese obrado culposamente en el desempeño del encargo. La remuneración de la comisión no constituye interés económico en su ejecución para el comisionista (...). En otra forma, el legislador no hubiera previsto la excepción de la irrevocabilidad de la comisión en los términos del artículo 341 del C. de Co.; toda comisión sería por su naturaleza irrevocable, por la simple estipulación de la remuneración...” (G.J., t. LXVIII, pág. 151). Entonces, cuando hoy en día el artículo 1279 del C. de Co., establece una excepción a la regla de revocabilidad del mandato, derivada dicha excepción del interés conjunto que en el asunto puedan tener mandante y mandatario, ese interés no se refiere a que este último tenga derecho a una retribución por los servicios prestados, retribución que en el campo propio de los mandatos comerciales por lo demás siempre va a percibir (art. 1264 del C. de Co.), y darle a la cuestión tratamiento distinto significa, de acuerdo con el categórico argumento expuesto en el pasaje de jurisprudencia recién transcrito, transformar el artículo 1279 del C. de Co. en un espectro inoperante pues, tratándose de relaciones mercantiles, el mandato siempre sería conferido en interés común y, por lo tanto, jamás sería revocable, salvo la remota posibilidad de un pacto expreso en contrario, interpretación ésta que conduce en la práctica a eliminar el derecho de revocación, no obstante regularlo con notoria amplitud el cap. III del título XIII del libro cuarto del Código de Comercio vigente en el país desde 1972».

(Sentencia de casación, noviembre 28 de 1992. Expediente 4371. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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