Sentencia 4374 de julio 19 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

PRESCRIPCIÓN

INTERRUPCIÓN JUDICIAL

EXTRACTOS: «La institución jurídica de la interrupción de la prescripción judicial no se encuentra establecida en el ordenamiento adjetivo laboral razón por la cual con arreglo al artículo 145 y en armonía con los artículos 39 y 29 del Código Procesal del Trabajo se aplica analógicamente el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil que la consagra expresamente, y constituye éste el criterio jurisprudencial acogido por las dos secciones de la Sala de Casación Laboral como bien lo recuerda el opositor.

Ahora bien, conforme a las normas mencionadas la demanda en la jurisdicción del trabajo interrumpe judicialmente la prescripción en la fecha que fue presentada siempre que sea admitida y que de no ser notificada dentro de los diez días siguientes el juez de oficio nombre al empleador un procurador ad litem y ordene el emplazamiento del mismo demandado para que concurra a notificarse de la demanda personalmente, correspondiéndole a la parte actora el velar porque esta actividad oficiosa se realice en el término de dos meses previsto por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil; de no cumplirse estos requisitos prevenía el inciso final del precepto citado, antes de ser modificada por el Decreto 2282 de 1989, que no se interrumpía la prescripción sino salvo en el evento que se produjera la notificación personal de la demanda al demandado o bien porque se le notificara por medio de un curador ad litem antes de que se venciera el término de prescripción de la acción; consecuencia esta también prevista en el actual artículo 909 del Código Procesal Civil.

La sola presentación de la demanda no es suficiente para que se interrumpa judicialmente la prescripción, por ser indispensable que se cumplan los requisitos tendientes a la efectiva notificación de la demanda, pues, de otro modo se afectaría el interés esencial de la prescripción que es el de evitar que las relaciones jurídicas permanezcan sin definición, afectando la certeza jurídica que exige la convivencia en sociedad; lo contrario sería abocar a las personas a un estado de incertidumbre jurídica con respecto a la extinción de las obligaciones contraídas más cuando éstas desconocen o no son conscientes de que han generado obligaciones que los han colocado en la condición de deudores o sujetos pasivos de ellas.

De manera que la inactividad o el descuido de las cargas procesales que incumben al demandante que pretende interrumpir a su favor la prescripción de los derechos laborales que persigue, no es excusa para que continúe indefinidamente la incertidumbre de las relaciones jurídicas en que es parte, y en este orden de ideas fue correcto el alcance que le dio el ad-quem al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

No encuentra pues la Sala nuevos argumentos atendibles que motiven un cambio doctrinario respecto a este asunto».

(Sentencia de julio 19 de 1991. Radicación 4374. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

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