Sentencia 43753 de abril 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43753

Acta Nº 11

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D. C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante con fundamento en la causal primera de casación laboral, consagrada en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende que se case la sentencia impugnada, “y en su lugar REVOCAR totalmente la sentencia del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá”.

Para el efecto, formula tres cargos, que no fueron replicados, de los cuales los dos últimos serán estudiados conjuntamente conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia de violar por infracción directa del artículo 29 de la C.P. “al proferirse sentencia sin la apreciación de determinada prueba, acusada como violatoria de manera indirecta por de la ley sustancial”.

Sostiene la recurrente que las funciones que desempeñó fueron las de “cocinera en el restaurante Tizón y Fogón desde el 11 de enero de 1991, hasta el día 5 de noviembre de 2005”, por lo que el tribunal se equivocó toda vez que “los hechos objeto de litigio no fueron considerados individualmente al expediente objeto de alzada, sino que por el contrario se fundamentaron en los hechos demandados por los servicios prestados por el conductor de un vehículo, hechos estos que son totalmente diferentes e irrelevantes e improcedentes en el presente asunto configurando esta situación una violación al precepto constitucional del debido proceso consignado en el artículo 29 de Nuestra Constitución Nacional”.

VIII. (Sic) Se considera

Se comienza por advertir que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además, debe entenderse, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que este primer ataque, contiene unas deficiencias técnicas que comprometen su prosperidad y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, las cuales se contraen a lo siguiente:

1. Ha indicado la Corte en múltiples fallos que el alcance de la impugnación debe contener la indicación de lo que se debe casar, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrarse, o la manifestación sobre la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; además, se debe señalar la actividad de la Corte en sede de instancia, o sea, precisar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo.

Sabido es que el recurso de casación se desenvuelve en las fases de estudio de la legalidad del fallo gravado y la de anulación —en su caso— del mismo, procediendo la Corte como tribunal de instancia a proveer sobre lo principal de la litis. Pero esta segunda parte no puede realizarse si el recurrente no ha suministrado el alcance de la impugnación, es decir, no ha expuesto a la Corte si se persigue confirmación, revocatoria o modificación de la sentencia de primera instancia, deviniendo entonces en incompleto o ineficaz tal alcance.

En este cargo, nótese que se solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado pero no se indica cuál decisión debe adoptarse en su reemplazo. Sin embargo, por vía de interpretación del escrito con el que se sustenta el recurso no se encuentra mayor dificultad para entender que la demandante aspira a obtener que una vez revocado el fallo del a quo se condene a la demandada de conformidad con lo pedido en el libelo genitor.

No sobra anotar que, aunque en la mayoría de los casos la duda pueda desvanecerse por vía de interpretación de la demanda extraordinaria, hay otros en que esa solución no es posible, de manera que lo recomendable es el cumplimiento cabal de ese requisito que exige el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

2. El cargo carece de proposición jurídica que sea idónea en casación, habida cuenta que el recurrente no indica en forma concreta las normas de carácter sustancial de orden nacional que hubiesen podido ser transgredidas por la colegiatura, esto es, los preceptos sustanciales que sirvieron como fundamento a la sentencia o aquellos que consagran modifican o extinguen el derecho sustancial negado, que no son otros que los que regulan y definen los derechos reclamados, sin que sea posible que la Corte realice indagaciones para determinar las normas quebrantadas.

Cabe anotar, que no se cumple con esta exigencia al centrar exclusivamente el cargo en la vulneración del artículo 29 de la C.P. En efecto, los principios constitucionales (como el consagrado en el art. 29 superior), constituyen mandatos de optimización, o sea, normas jurídicas que ordenan ser realizadas en la mayor medida posible, según lo permitan las condiciones fácticas y jurídicas. Difieren de las reglas jurídicas en que éstas contienen mandatos que deben realizarse exactamente como ellas ordenan(1).

Tanto las reglas como los principios jurídicos son normas. Sin embargo, no es igual su grado de aplicación en juicios concretos de deber ser, ya que, en principio, solamente las reglas jurídicas permiten tal aplicación.

Los principios son razones para las reglas(2). Es decir, al aplicar la regla al caso concreto, el intérprete o el juez deberán encontrar en el principio o principios la dirección o sentido más correcto para tal aplicación.

La mayoría de tales principios posee un significado que la jurisprudencia ha decantado y que permite al intérprete tener en cuenta. Ese significado es el que les permite constituirse en razones o directrices al aplicar una determinada regla jurídica.

Por eso resulta ciertamente forzado dentro de un proceso de subsunción jurídica, como en buena medida lo es el recurso extraordinario de casación, encontrar en un mero principio —sin combinarlo, en su carácter de razón, con una regla— la sustentación suficiente para un juicio de deber ser.

En el recurso extraordinario de casación —cuyos orígenes históricos abrevan en la más rancia escuela exegética—, la proposición jurídica debe centrarse en disposiciones sustanciales de orden nacional, que, en cuanto reglas jurídicas, expresen unos supuestos fácticos a los cuales deban corresponder unas determinadas y concretas consecuencias. En otras palabras, el recurso extraordinario exige la demostración de la existencia de un derecho subjetivo, en el sentido clásico del término, o sea, de una posición jurídica soportada expresamente en una regla jurídica sustancial y explícita, que permita hacer coercible su cumplimiento ante el sujeto pasivo del derecho. En el recurso de casación, y de suyo en la vía directa, la posición jurídica debe entenderse en el contexto de una relación deóntica, en la cual, o bien el titular del derecho está en situación de exigir concretamente algo de otro, o bien en posición de exigir una prestación del estado, por haber consolidado una determinada competencia.

Por lo dicho, el principio del artículo 29 superior no es un enunciado normativo que permita con suficiencia sustentar una proposición jurídica en el recurso de casación laboral.

En sentencia del 5 de agosto de 2008, Radicado 33557, esta corporación puntualizó lo siguiente sobre este preciso asunto:

“(…) Se acusa en el cargo solamente el artículo 29 de la C.P.

No puede esta disposición admitirse como proposición jurídica admisible para el estudio de un cargo en casación porque es genérica y en tal dimensión que ella remite a un sinnúmero de normas procesales que gobiernan a su vez una multitud de garantías con las que se conforma el debido proceso.

Al respecto es pertinente recordar la tesis general, que sin perjuicio de algunas excepciones, ha reiterado esta corporación “en cuanto a que no obstante la jerarquía supralegal de los preceptos constitucionales, ellos, en principio, no están habilitados para hacer parte del compendio normativo que debe señalarse como infringido, en atención que no atribuyen por sí solos derechos concretos en materia salarial prestacional, indemnizatoria o simplemente en relación con créditos sociales en particular, los cuales están consagrados en las disposiciones legales sustantivas nacionales, de las que ninguna mención se hace en el cargo” (Rad. 15839 - 15 de agosto de 2001)”.

Pese a lo precedente, debe resaltar la Corte Suprema de Justicia que si bien el tribunal se refirió a una prueba inexistente en el plenario de la cual “observó” que “el actor estaba actuando como conductor del vehículo de propiedad del demandado” (sic), es decir, que la supuso o la inventó, lo cierto que ese dislate, aunque notorio, no es suficiente para dar al traste con la decisión, pues al analizar en conjunto el haz probatorio, la sala sentenciadora infirió que “Con las pruebas allegadas al proceso, no es dable a la Sala establecer que entre las partes existió un vínculo laboral y menos aún determinar los extremos de la presunta relación, lo que hace imposible proferir condena alguna en contra de la demandada”.

Entonces, el cargo se desestima.

VI. (Sic) Segundo cargo

Acusa la sentencia de violar por infracción directa el “artículo 18, numeral 3º, parágrafo 2º de la Ley 712 de 2001, al proferirse sentencia sin la apreciación de determinada prueba, acusada como violatoria de manera indirecta de la ley sustancial”.

Asevera la recurrente que “dentro de la foliatura se encuentra acreditada la confesión ficta del empleador demandado, como bien consta en el auto calendado 31 de octubre de 2008, mediante el cual se da por no contestada la demanda, contentiva a folio 13 del expediente. Acto seguido a folio 15, el ad quo plasmó la inasistencia del demandado al interrogatorio de parte solicitado, concediéndole el término del artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, manifestando igualmente la aplicación de lo previsto en el artículo 210 ibídem”.

Aduce que la confesión ficta en comento, cumplió con todas las ritualidades de ley, “pues frente a la renuencia del demandado a ejercer su derecho a la defensa aunado a su inasistencia a la audiencia del 21 de enero de 2009, para practicar testimonios y el interrogatorio al demandado, la juez de primera instancia le concedió tres (3) días para que justifique su incomparecencia a la diligencia; y, aún más igualmente no asistió a la audiencia del 5 de marzo de 2009 a las 8:15 a.m., procediendo el despacho a dar continuación de la audiencia sin pronunciamiento a la aplicación al artículo 210 del Código de Procedimiento Civil sin ordenar dar por ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión alegadas en la demanda, sin entenderse como indicio grave (CPC, art. 210, inc. 4º), en contra del demandado, no obstante no existir prueba en contrario de la confesión, además de cumplir con el lleno de los requisitos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, todo ello dada la falta de pronunciamiento del a quo”.

Insiste la recurrente en cuanto a que el error de hecho manifiesto en que incurrió el tribunal consiste en no haber apreciado la prueba de confesión ficta en comento siendo su obligación hacerlo, “en razón a que se trataba de un medio probatorio fehaciente para demostrar los extremos laborales, en lo referente a la existencia del contrato, salario devengado, fecha de ingreso y de retiro, hechos que debían ser probados por el actor, y que no son diferentes a los señalados en la demanda, lo cual desencadenó en la absolución absoluta del demandado, constituyéndose esta falencia en un desatino de tal magnitud que deja sin piso la decisión”.

Concluye que “existe en este caso un error de hecho por vía indirecta que afecta las siguientes normas sustanciales: Artículos 18, numeral 3º y parágrafo 2º, artículo 39 de la Ley 712 de 2001, artículos 195, 201, 210 del Código de Procedimiento Civil, artículo 22 de la Ley 794 de 2003, los artículos 23, 24, 38, 47, 57, 59, 127 249, 253, 306 del Código Sustantivo del Trabajo Código Laboral, el parágrafo 2º del 31, 39, 40, 48, 54A, 59, 60, 6, del C.P.L., el artículo 77, numeral 2º, de la Ley 712 de 2001, igualmente se violaron los artículos 6º y 99 de la Ley 50 de 1990, los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 789 de 2002”.

VIII. (Sic) Tercer cargo

Acusa la sentencia por interpretar erróneamente el “artículo 7º de la Ley 16 de 1969, al proferirse sentencia partiendo de una apreciación errónea de determinada prueba, acusada como violatoria de manera indirecta de la ley sustancial”.

Afirma que “El error de hecho manifiesto en que incurrió el honorable tribunal consiste en no haber apreciado en su condición de aceptación sin reproche de los hechos señalados en acta de no conciliación y cuya aceptación constituye prueba de confesión ficta consignada en documento auténtico emanado de ente autorizado, por cuanto la misma declaratoria goza de los requisitos del art. 195 del Código de Procedimiento Civil, siendo su obligación declararla procedente, en razón a que se trataba de un medio probatorio fehaciente para demostrar los extremos laborales, en lo referente a la existencia del contrato, salario devengado, fecha de ingreso y de retiro, hechos que debían ser probados por el actor, y que no son diferentes a los señalados en la demanda, los mismos por los cuales la demandante citó y alegó en diligencia de conciliación y que en ningún momento fueron refutados ni negados por el demandado”.

Por último, relaciona las siguientes disposiciones: “Artículos 18, numeral 3º y parágrafo 2º, artículo 39 de la Ley 712 de 2001, artículos 195, 201, 210 del Código de Procedimiento Civil, artículo 22 de la Ley 794 de 2003, los artículos 23, 24, 38, 47, 57, 59, 127, 249, 253, 306 del Código Sustantivo del Trabajo Código Laboral (sic), el parágrafo 2º del 31, 39,40, 48, 54A, 59, 60, 6, del C.P.L., el artículo 77, numeral 2º, de la Ley 712 de 2001. Igualmente se violaron los artículos 6º y 99 de la Ley 50 de 1990, los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 789 de 2002. Artículo 18, numeral 3º, parágrafo 2º de la Ley 712 de 2001, al proferirse sentencia sin la apreciación de determinada prueba, acusada como violatoria de manera indirecta de la ley sustancial”.

IX. Se considera

Sea lo primero advertir que aunque la demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, lo cierto es que los diferentes desatinos que afloran pueden ser superados por la Corte en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

En lo que atañe a la disconformidad de la recurrente con el fallo fustigado alrededor de la inasistencia a la práctica del interrogatorio de la parte demandada, debe decirse que el juez de primer grado no advirtió ni dejó expresa constancia de cuáles supuestos fácticos serían considerados como susceptibles de confesión, lo que no mereció reparo alguno de la demandante.

Al punto, esta corporación en decisión del 16 de julio de 2007, Radicación 30.769, en la que se trajo a colación la sentencia del 23 de julio de 1992, Radicación 5159, se explicó:

“(…) Considera la Sala que tanto para el caso de la confesión ficta del artículo 210 del CPC como para el específico caso del artículo 56 del CPT, se hace necesario que el juez deje constancia expresa en la correspondiente acta no sólo del hecho de la renuencia de la parte a la práctica de la prueba sino las consecuencias que su desacato o contumacia le acarrearán, puntualizando cuáles son los hechos que habrán de presumirse como ciertos en la hipótesis del interrogatorio o que deben tenerse como probados en el supuesto de la inspección ocular no realizada por renuencia de la parte obligada a permitirla”.

“La circunstancia de que no deba ahora tramitarse una articulación similar a la que preveía el artículo 608 de la derogada Ley 105 de 1931 (Código Judicial) al regular las “posiciones”, no significa que deba dejarse en total incertidumbre a los litigantes acerca de cuáles hechos deberán presumirse ciertos por versar sobre ellos las preguntas asertivas admisibles del interrogatorio escrito —si se trata de la hipótesis del primer inciso del artículo 210 del CPC—, o sobre qué hechos de la demanda o su contestación deducirá dicha presunción —cuando de la hipótesis del segundo inciso se trata—, o, finalmente y conforme al inciso tercero, si la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder únicamente darán lugar a que la conducta de esa parte se aprecie como un indicio grave en su contra (…). Así mismo las partes están obligadas a obrar con lealtad y probidad en sus relaciones recíprocas y frente al juez durante el proceso, los jueces deben actuar de forma tal que no sorprendan a los litigantes con sus actuaciones. No puede pasarse por alto que el espíritu que anima las reglas sobre el debido proceso exige que las partes tengan certeza sobre el momento en que, como consecuencia de la aplicación de cualquiera de los dos supuestos previstos en los artículos 210 del CPC y 56 del CPT, se invierte la carga probatoria y quedan en la situación de tener que desvirtuar el hecho que la ley presume probado en su contra (…)”.

Puestas en este escenario las cosas, si en la providencia que puso fin a la primera instancia el juzgador nada dijo sobre la confesión ficta o presunta, teniendo presentes todas circunstancias anotadas, no resulta oportuno en la esfera casacional buscar las consecuencias jurídicas planteadas en el cargo.

Referente al descontento de la recurrente en torno a que las declaraciones plasmadas por el demandado en el acta de no conciliación deben estimarse como confesión ficta o presunta, esta Sala tiene adoctrinado que no adquieren dicha connotación, tal como se expuso, entre otras, en la sentencia del 1º de agosto de 2006 (Rad. 26663); que puntualizó:

“3º) En lo que atañe con la supuesta confesión emanada del acta de conciliación suscrita por el actor y Gustavo Rojas ante el inspector de trabajo de Buenaventura, sólo basta recordar lo que antaño ha sostenido esta corporación en el sentido de que las manifestaciones que realizan las partes durante la audiencia de conciliación no constituyen per se confesión, mucho menos si fracasa la autocomposición, así razonó en sentencia de 26 de mayo de 2000, Radicación 13400:

“a) No todas las afirmaciones hechas por las partes en el discurrir de una conciliación constituyen confesión. En múltiples ocasiones se ha sostenido, y ahora se reitera, que las declaraciones del trabajador o las del empleador en el juego de ofertas y contrapropuestas, a cuyo objetivo se dirige el acto conciliatorio, sobre los hechos y razones que fundamentan sus posiciones para reclamar o rechazar un determinado derecho no constituyen confesión. Ello, en aras de propiciar que tanto el uno como el otro asistan con buen ánimo, amplitud y espontaneidad a discutir abiertamente los derechos controvertidos; de lo contrario, se verían ambos constreñidos a hacer renuncias, rebajas u ofrecimientos específicos, por el temor de ser declarado confeso respecto de puntos que para ellos eran discutibles;

“b) En cambio, las declaraciones rendidas en la diligencia conciliatoria por alguno de los intervinientes, sí es probable que se constituyan en prueba de confesión, si del texto concreto examinado no se aprecian vinculadas de manera directa con las propuestas mismas, siempre y cuando reúnan los requisitos que las reglas procesales exigen; y

“c) en caso de resultar fallida la conciliación, ninguna de las afirmaciones vertidas en el acta pueden ser esgrimidas como prueba de confesión de los hechos allí declarados por alguno de los intervinientes”.

Para finalizar, debe memorar la Sala que los efectos de no contestar la demanda, estriban en que se tendrá como un indicio grave en contra de la llamada a juicio y se aplica la contumacia, pero la consecuencia no es la confesión ficta o presunta como parece entenderlo la censura.

En resolución, las acusaciones no se abren paso.

Sin costas, por cuanto no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 31 de julio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por la señora Ana Delia Torres Aguirre contra el señor Carlos Humberto Hernández Mejía.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 2ª edición, 2007, pp 79 y siguientes.

(2) Ibídem, pág. 82 y ss.