Sentencia 43781 de agosto 14 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 43781

SL 552 - 2013

Acta 25

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Al encaminarse el cargo por la vía indirecta, la Corte puede entender que la modalidad de violación que extraña la réplica es la de aplicación indebida, por lo que no le asiste razón en sus reparos frente a las condiciones técnicas del recurso.

En cuanto al fondo de la acusación, el tribunal arribó a la conclusión de que el actor había alcanzado un total de 621 semanas cotizadas, de las cuales 389 correspondían a los 20 años anteriores a la fecha en la cual había cumplido la edad de 60 años, de manera que no se reunían las condiciones establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para que se causara la pensión de vejez solicitada.

Para tales efectos, fundamentalmente, tuvo en cuenta las siguientes observaciones: i) que dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 60 años, se habían reunido 55,28 semanas cotizadas, en el régimen contributivo; ii) que, dentro del mismo periodo, en el régimen subsidiado, se habían acreditado 334,27 semanas; iii) que las semanas reportadas en el folio 49 ya estaban incluidas en el folio 23, por lo que no se podían tener en cuenta; iv) que el juez de primer grado había errado en el cómputo de las semanas del régimen subsidiado, pues había sumado todos los días, sin percatarse de que en varios ciclos los reportes eran dobles o triples, pero por un solo periodo de 30 días; v) y que también se había equivocado al sumar todas las semanas cotizadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, cuando solo se podían tener en cuenta las que correspondían al periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 1986 en adelante.

El censor controvierte el cómputo de las semanas realizado por el tribunal y se centra en los siguientes puntos: i) que en el folio 8 están acreditadas 4,285 semanas que no fueron tenidas en cuenta; ii) que antes de 1994 y dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 60 años, se reportaron 86,857 semanas, con el empleador Justo Jaramillo e Hijos Ltda., que tampoco fueron contabilizadas; iii) y que el examen correcto de los listados de periodos cotizados en el régimen subsidiado, determina un total de 411,428 semanas, “... pues ha de tenerse en cuenta que las fechas que se repiten son las del recaudo más no hace referencia a los meses cotizados, como en forma errada lo hizo el sentenciador de segunda instancia”.

Planteada la acusación en los referidos términos, la Sala observa, en primer lugar, que en el documento de folio 11 se encuentra reflejado un periodo de afiliación del actor con el empleador Justo Jaramillo e Hijos Ltda., entre el 1º de diciembre de 1992 y el 8 de agosto de 1994, que, efectivamente, no se replica en el resumen de periodos pagados del folio 13, y que determinaría un total de 608 días, como lo alega el censor.

Es cierto también que dicho periodo no fue asumido por el tribunal en su cómputo y debió serlo, pues está incluido dentro de los 20 años anteriores a la fecha en la que el actor cumplió la edad de 60 años, esto es, en el periodo comprendido entre el 4 de enero de 1986 y el 4 de enero de 2006. Por otra parte, ni el Instituto de Seguros Sociales ni el tribunal opusieron alguna razón jurídica válida para restarle efectividad a ese ciclo. Y aunque en el documento de folio 11 se registra la anotación de deuda, ello no impide que se tenga en cuenta como tiempo válido de cotización.

Esta Sala de la Corte ha sostenido al respecto que las entidades de seguridad social tienen el deber de perseguir, a través de los mecanismos legales pertinentes, el pago de las cotizaciones de sus afiliados, so pena de que asuman la responsabilidad por el pago de las prestaciones, y que, “... para el caso específico del Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con el estatuto de cobranzas previsto en el Decreto 2665 de 1988, debe tener por válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se dé por calificada de incobrable la deuda por aportes, y sean declaradas inexistentes. Estas disposiciones se han de considerar vigentes por disposición de la Ley 100 de 1993, artículo 31, y por cuanto si bien se han expedido reglamentos en materia de afiliaciones, cotizaciones y aportes, no se ha hecho lo propio en materia de cobranzas”. Sentencia del 22 de julio de 2008, Radicado 34270, reiterada en la del 21 de marzo de 2012, Radicado 38756.

En ese sentido, el tribunal incurrió en el error de hecho denunciado por la censura, de no dar por demostrado, estándolo, que el actor cotizó como trabajador dependiente 608 días, entre el 1º de diciembre de 1992 y el 8 de agosto de 1994.

Además de lo anterior, para la Sala el tribunal también incurrió en una inadecuada valoración de los listados de semanas cotizadas por el actor en el régimen subsidiado de pensiones, que se encuentran plasmados en los documentos obrantes a folios 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23, y que lo condujo a tener en cuenta un número menor de semanas a las realmente cotizadas.

En torno a tal aspecto, lo primero que se puede observar es que, tal y como lo advirtió el tribunal en la sentencia gravada, frente a un mismo mes se reportan dos o tres veces “30 días”, como sucede, por ejemplo, frente a los meses de agosto de 1997, agosto de 1998, febrero, octubre y diciembre de 1999, octubre de 2002, diciembre de 2003, junio de 2005, entre muchos otros. Paralelo a ello, existen varios periodos que no registran el aporte del afiliado y que, por lo mismo, como aparentemente lo asumió el tribunal, no podrían ser tenidos en cuenta válidamente.

No obstante, dicha corporación dejó de advertir que esa anotación doble o triple de “30 días”, tenía su justificación en el hecho de que el afiliado subsidiado había realizado el pago de su “aporte” dos o tres veces en un mismo mes. De otro lado, como bien lo advierte la censura, en los listados aportados al proceso no se menciona el ciclo al que corresponden los aportes del afiliado, sino la “fecha recaudo”. Por lo mismo, no resultaba totalmente acertado decir que, como pareció entenderlo el tribunal, los pagos dobles o triples correspondan a un mismo ciclo, igual al del mes en que se reflejan los pagos.

Ante dicha situación, al no poderse identificar con precisión el ciclo cotizado, la solución más acertada y ajustada a las normas y fines de la seguridad social, es entender que los pagos dobles o triples del afiliado en un mismo mes, corresponden al pago anticipado de meses siguientes, en los que no se registra el pago del aporte.

En efecto, de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 1858 de 1995, modificado por el 9 del Decreto 1156 de 1996, los afiliados al régimen subsidiado de pensiones se asimilan a trabajadores independientes y sus cotizaciones deben hacerse de manera anticipada, de manera que nada impide que paguen el aporte correspondiente a varios ciclos, de manera adelantada. Con ello, no se desfigura el sistema de recaudo, ni se quebrantan las normas relacionadas con la oportunidad en la que debe hacerse el aporte o la mora en el pago de las cotizaciones.

Así lo vino a reconocer expresamente el artículo 20 del Decreto 3771 de 2007, de conformidad con el cual “... Los afiliados al Fondo de Solidaridad Pensional podrán pagar hasta seis (6) meses de aportes anticipados en un solo pago, para lo cual deberán utilizar los seis comprobantes del talonario, sin perjuicio de que la causación de estas obligaciones se efectúe de manera mensual”.

En ese sentido, si por ejemplo, como sucede en este caso, el afiliado pagó dos veces su aporte en el mes de febrero de 1999, pero no lo pagó en marzo, uno de los pagos debe entenderse dirigido al ciclo de febrero y el otro, al de marzo.

Dicha operación, como ya se dijo, se acompasa plenamente con las normas que regulan el régimen subsidiado de pensiones, además de que se acopla con los fines esenciales de la seguridad social. En efecto, por razones de justicia, no resulta dable aceptar que una persona respecto de la cual el Estado ha aceptado que carece de recursos, deba someterse a perder el pago de sus aportes y ver disminuido el número de semanas cotizadas, por haberlos realizado varias veces dentro de un mismo mes. Por el contrario, ese esfuerzo de las personas de bajos recursos por pagar sus aportes al sistema de seguridad social, debe encontrar alguna efectividad y alguna respuesta ajustada a sus especiales condiciones.

Lo anterior más aún cuando esta Sala de la Corte ha sostenido que las personas afiliadas al régimen subsidiado de pensiones constituyen “... una población vulnerable que por razones de pobreza, desplazamiento o por estar en programas de reinserción, se parte del supuesto de que no tienen capacidad de pago y ameritan un trato especial del Estado”. Sentencia del 31 de marzo de 2009, Radicado 35783.

En los anteriores términos, el tribunal también incurrió en el error de hecho de tener por demostrado, sin estarlo, que el actor cotizó tan solo 334 semanas en el régimen subsidiado.

Por lo anterior, el cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida.

En sede de instancia, con fundamento en las mismas consideraciones anteriormente desarrolladas, se debe advertir que los periodos cotizados por el actor con el empleador Justo Jaramillo e Hijos Ltda., deben ser incluidos dentro del cómputo de semanas cotizadas, así como que, en la sumatoria de semanas cotizadas en el régimen subsidiado, se deben tener en cuenta los pagos dobles o triples de un mismo mes, como pagos anticipados de meses posteriores, en los que no se refleja el aporte.

Bajo dichas aclaraciones, la Sala encuentra que el actor alcanzó un total de 772 semanas, de las cuales 540 corresponden a los 20 años anteriores a la fecha en la que cumplió la edad de 60 años, tal y como lo había concluido el juzgador de primer grado. En tales condiciones, se reúnen a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez solicitada. En ese sentido, se confirmará la sentencia apelada.

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios, esta Sala de la Corte ha sostenido de manera uniforme y reiterada que las pensiones de vejez concedidas con las condiciones del Acuerdo 049 de 1990, bajo el abrigo del régimen de transición, deben entenderse incorporadas al sistema integral de seguridad social concebido a partir de la Ley 100 de 1993 y que, por tal virtud, es procedente la aplicación de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la misma norma. (Ver al respecto las sentencias del 24 de febrero de 2005, Rad. 23918, 1º de noviembre de 2006, Rad. 39811, y 20 de junio de 2012, Rad. 43554, entre muchas otras.)

De igual forma, la tesis de la entidad apelante, relacionada con la inviabilidad de imponer intereses moratorios sobre pensiones que no han sido reconocidas, ha sido rechazada por la Corte en los siguientes términos:

“El otro reproche del recurrente tiene que ver con el momento a partir del cual se causan los intereses moratorios, y su tesis en este sentido, acogiendo una doctrina del honorable Consejo de Estado, es que los mismos no se generan cuando el derecho pensional está en discusión, sino cuando existe para el administrado una pensión reconocida por el Estado y, a pesar de ello, se omite la obligación de cancelarla oportunamente.

Para la Sala ese no es el entendimiento que debe atribuírsele a la norma en cuestión, ya que no se corresponde a su tenor literal, a su espíritu, ni a los antecedentes históricos.

En efecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que los intereses se causan en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, obligación del pago de tales mesadas que, surge en principio cuando el interesado cumple los requisitos legales de edad y tiempo de servicios. Pero puede ocurrir que a pesar de satisfacer esas exigencias, opte por no retirarse del servicio y seguir laborando, caso en el cual obviamente no alcanza a nacer la obligación de pago, por cuanto dicha carga de pagarla en esta hipótesis se difiere hasta el momento del retiro. Y aunque no es estrictamente necesario, por cuanto la ley contempla la posibilidad de que el empleador solicite directamente que se pensione a uno de sus trabajadores, se requiere usualmente que la persona con vocación de acceder a una pensión haga la solicitud pertinente al ente administrador y allegue la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente, actuación que resulta necesaria conforme se desprende del artículo 11 del Código Procesal del Trabajo, tanto en su versión primigenia como ya en vigencia de la reforma de la Ley 712 de 2001, incluso en los términos del artículo 8º de la Ley 10 de 1972, los cuales se refieren a un procedimiento administrativo previo o a la acreditación de los requisitos que debe ser actuación realizada por el interesado y sirve para poner en marcha los trámites internos de la entidad administradora de pensiones.

Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las mesadas no emerge del reconocimiento de la pensión por parte de la entidad que le corresponde, sino del cumplimiento legal de la edad y el tiempo de servicios o la densidad de cotizaciones, a lo cual se debe adicionar el retiro definitivo del servicio activo, tan es así que cuando el reconocimiento se hace con posterioridad al retiro se ordena el pago de los retroactivos respectivos. Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que los intereses moratorios nazcan también a partir de ese mismo momento, por cuanto como ya se dijo y lo resaltó atinadamente el tribunal, no puede perderse de vista que la entidad administradora cuenta con un término para resolver la petición, de modo que los intereses solamente empiezan a causarse si el pago se hace por fuera de aquel plazo. Todo lo expuesto permite afirmar que el tribunal no se equivocó cuando consideró que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan desde el momento en que, vencido el término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen”. Sentencia del 12 de diciembre de 2007, Radicado 32003”.

Por lo anterior, en este punto también será confirmada la sentencia apelada.

Sin costas en el recurso extraordinario. En las instancias estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 14 de mayo de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor David Matta Hernández contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, confirma la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali el 8 de mayo de 2008.

Sin costas en el recurso extraordinario. En las instancias estarán a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».