Sentencia 43858 de agosto 22 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 43858

Acta 29

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil doce.

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de febrero de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Miguel Ángel Mendoza Castro promovió contra el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT” en Liquidación.

Antecedentes

El señor Miguel Ángel Mendoza Castro demandó al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT” —en Liquidación— para que, previa declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo cuya terminación obedeció a un despido sin justa causa, fuera condenado a pagarle la “Pensión restringida de jubilación” de que trata el artículo 8º la Ley 171 de 1961, a partir del 30 de agosto de 1993, con los “reajustes establecidos por los índices de precios al consumidor señalados por el DANE, así como las mesadas extraordinarias, intereses corrientes y moratorios por la falta oportuna del pago”.

Como fundamento de sus pretensiones indicó, por una parte, que la entidad llamada a juicio (antes denominada Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras “HIMAT”), se había suprimido en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1291 de 2003 y, por otra, que había prestado sus servicios a la misma, en calidad de trabajador oficial, del 1º de marzo de 1977 al 30 de agosto de 1993, fecha esta última en la que había sido despedido sin que mediara una justa causa para ello.

El conocimiento del proceso ordinario correspondió al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla.

Al contestar la demanda, el instituto se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, los aceptó, salvo el relacionado con el despido injusto, que dijo no le constaba y que había obedecido “a un mandato imperativo de la Constitución Política de Colombia, consagrado en el artículo 20 transitorio, al cual no era oponible norma de rango inferior”. Propuso como excepción, la prescripción de las mesadas pensionales, “en el evento de una posible condena”.

La primera instancia culminó con sentencia absolutoria que apeló la parte demandante.

Sentencia del tribunal

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla desató el recurso de alzada mediante sentencia del 26 de febrero de 2009; luego de dejar sentado que “no existe controversia en esta instancia con respecto al tiempo de servicio laborado por el actor ni al despido injusto, por cuanto se debió a supresión del cargo”, revocó la absolución impartida por el juzgado y, en su lugar, condenó al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT” —en Liquidación— “a reconocer y cancelar al señor Miguel Ángel Mendoza Castro, pensión sanción, en cuantía no inferior al salario mínimo legal, debidamente indexada, con los reajustes legales, mesadas adicionales, a partir de la fecha en que cumpla o haya cumplido 60 años”.

Luego de transcribir el contenido del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, asentó el Tribunal que, del texto de dicha norma, no se colegía “que la pensión se extingue cuando el ISS o la respectiva Caja de Previsión asuma la pensión de vejez, mucho menos cuando el actor era un trabajador oficial ‘condición no discutida en este juicio’”, argumento éste con el cual, dijo, se desvirtuaban los alegatos que, presentados por la parte demandada, estaban encaminados a demostrar que, de conformidad con el Acuerdo 49 de 1990, no estaba obligada a reconocer la prestación reclamada.

Relacionado con lo anterior, citó la sentencia proferida por esta Sala de la Corte, el día 30 de octubre de 2007, con ocasión del proceso radicado bajo el número 30828, para luego concluir que, “el único evento en el que se dejaría de aplicar la pensión sanción del trabajador oficial es que el despido se hubiese producido en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se hubiera acreditado su afiliación al sistema general de pensiones, lo que no ocurre en este caso, pues el contrato terminó el 30 de agosto de 1993, es decir, antes de la vigencia de la mencionada ley”.

Por otra parte indicó que “si no es requisito la edad para obtener el derecho a la pensión sanción, mal puede exigirse la acreditación de la misma para declarar la existencia del mismo”, como lo había hecho el a quo, y que, “siendo procedente una condena hacia el futuro basta decir que la misma empezará a cancelarse cuando el demandante cumpla los 60 años de edad”; remató diciendo que era pertinente la “corrección monetaria o indexación”, en tanto “la pensión se causó desde el 30 de agosto de 1993, encontrándose en vigencia la Constitución de 1991”, conforme el criterio expuesto por la Sala de Casación Laboral en sentencia cuyo número no citó.

Por último, declaró el sentenciador de segunda instancia la “prescripción con respecto a las mesadas causadas a partir del 19 de mayo de 2003, inclusive, hacia atrás”.

El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandada y con él aspira a que la Corte case la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirme la absolutoria que fuera proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, el 9 de agosto de 2007.

Con esa finalidad propuso dos cargos por la causal primera de casación que no fueron replicados y se estudiaran conjuntamente, no obstante que se encuentran dirigidos por distintas vías, puesto que son complementarios entre sí ya que atacan el mismo fundamento de la decisión con similares argumentos.

Primer cargo

Acusa la sentencia del Tribunal “de violar por la Vía indirecta, en la modalidad de Error de hecho, por Aplicación indebida del artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, Decreto Extraordinario 2135 del 30 de diciembre de 1992 y artículo 8º de la Ley 171 de 1961”, violación que dice el censor se originó en los siguientes errores de hecho:

A. DAR por probado, sin estarlo, que la desvinculación que efectuó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras “Himat” posteriormente transformado en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT” del demandante Miguel Ángel Mendoza Castro fue sin justa causa.

B. NO DAR por probado, estándolo, que para la desvinculación que efectuó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras “Himat” posteriormente transformado en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT” del demandante Miguel Ángel Mendoza Castro medió una justa causa legal, consistente en la supresión del cargo.

Para la sustentación del cargo, el recurrente propone a la Corte, el siguiente planteamiento:

“El Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la sentencia objeto de censura, a través del presente recurso extraordinario de casación, manifiesta que en razón a que la fecha de despido del demandante LUIS ALIRIO CHANAGA DIAZ (sic) devino el día 30 de agosto de 1993, la norma aplicable al caso ha de ser el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, a su vez, continua afirmando que, no existe controversia en esa instancia con respecto al tiempo de servicio laborado por el actor ni al despido injusto, por cuanto se debió a supresión del cargo.

En ese sentido, el ad - quem está apreciando de forma Errada la Prueba documental contenida en el oficio 010076 del veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993), por medio de la cual se le comunica al señor Miguel Ángel Mendoza Castro la terminación del contrato laboral por supresión del cargo (folio 31 del cuaderno principal). Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto Extraordinario 2135 del 30 de diciembre de 1992, el cual, desarrolló las facultades contenidas en el artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional; pues a dicho documento, el Tribunal les (sic) está dando el alcance que no corresponde, al determinar que con ella se efectúa un despido sin justa causa, pro (sic) la supresión del cargo, cuando lo que interrumpió la relación laboral entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras “Himat” posteriormente transformado en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT” fue una causa legal.

La referida causa legal de terminación de la relación laboral, deviene de las facultades otorgadas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, facultades que se concretan con la expedición del Decreto Extraordinario 2135 de 1992, por el cual, se comunica al actor la supresión de su cargo, y como consecuencia natural de dicha declaratoria, la terminación del contrato laboral. En se (sic) sentido, la terminación del contrato de trabajo del señor Miguel Ángel Mendoza Castro obedeció a expresas prescripciones legales del decreto de supresión proferido con ocasión de las facultades otorgadas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, mas No, por qué de manera caprichosa y arbitraria la entidad hubiere decidido terminar la relación sin justa causa. Lo dicho significa que la terminación del contrato obedeció a una causa Legal y no a una injusta causa, como de forma Errada concluye el Tribunal al efectuar la mala apreciación del oficio 010076 del veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993) de terminación de contrato debido a la supresión del cargo.

La supresión del cargo, se erige como una causa que, per se, justifica la terminación del contrato en los términos indicados, en donde, la decisión de supresión obedeció a políticas públicas dirigidas a la racionalización del gasto público, que se enmarcan dentro de presupuestos de razonabilidad y prevalencia del interés general sobre el particular.

Bajo esta perspectiva, tenemos como, en un Estado social de derecho las órdenes emanadas por medio de la ley, como expresión de la voluntad popular, emanada de su órgano de representación, en este caso, de parte del Congreso de la República, Jamás podrán obtener el rotulo o calificativo de Injustas, pues las mismas provienen del órgano de representación popular erigido por la Constitución Política con el fin único de regular la vida de sus coasociados, a través de la expedición de Leyes, que por demás, tienen las especiales cualidades de ser justas, generales, abstractas y obligatorias.

Pues bien, comoquiera que el oficio 010076 del veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993) de terminación del contrato, por supresión del cargo, dirigido al demandante Miguel Ángel Mendoza Castro, tienen sustento en la Constitución y la Ley —artículo 20 transitorio de la Constitución Política, Decreto Extraordinario 2135 de 1992— , como expresión de la voluntad popular, su alcance No puede ser otro que el de considerarse como una justa causa legal para la desvinculación del trabajador, Repito, las Órdenes provenientes de Leyes no pueden per se considerase como injustas, a menos que, los preceptos contenidos en la ellas sean retirados del ordenamiento jurídico por la Honorable Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales.

Entonces, la terminación del contrato efectivamente se produjo por iniciativa del Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras “Himat” posteriormente transformado en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT”, empero NO por capricho suyo o por arbitrariedad, si no por mandato Legal, lo cual reviste a la actuación el carácter Justo, que el tribunal desconoce al apreciar en forma errada los actos de desvinculación.

Corolario de lo anterior, es capital resaltar que, el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, exige como requisitos para la causación de la pensión por despido injusto, los siguientes:

1. Que el Trabajador Oficial haya sido vinculado por contrato de trabajo.

2. Que se produzca un despido sin justa causa de ese trabajador oficial.

3. Que el despido se produzca después de que ese trabajador oficial haya laborado más de diez años y menos de quince, caso en el cual se pensionará a partir de los 60 años de edad; o mas (sic) de quince, caso en el cual se pensionará al cumplir 50 años de edad.

De esta forma, el requisito consistente en el despido sin justa causa, el tribunal lo está dando por demostrado, sin estarlo, pues incurre en un error al determinar que la terminación sin justa causa del contrato proviene de la supresión del cargo, cuando, y como se ha explicado con suficiencia, la supresión Provino conforme a un mandato Legal, por lo mismo, la terminación de contrato de trabajo supone la imposibilidad de la continuidad de la prestación del servicio, y por ende, la necesidad de desvinculación del trabajador oficial, empero, dicha separación del cargo No tiene fundamento en la mera liberalidad, capricho o arbitrariedad del IDEMA (sic), si no que por el contrario, el sustento de la misma, es Legal, y al adquirir dicho talente bajo ningún supuesto podrá considerarse como Injusto sus mandatos, máxime si consideramos que deviene del órgano de representación popular.

Pues bien, se concluye que el tribunal incurre en el error de hecho, al apreciar de forma errónea el oficio 010076 del veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993) dirigido al demandante Miguel Ángel Mendoza Castro —folio 31—, pues conforme se ha manifestado, de dicho documento no se desprende que hubiere existido una terminación del contrato de trabajo sin justa causa, contrario sensu, de haber apreciado en debida forma el documento reseñado, se hubiere erigido con suficiencia que la causa de terminación de la relación laboral, si bien, devino de manera unilateral, la misma se produjo por mandato Constitucional y Legal, lo que por sí, excluye de tajo la posibilidad de considerase injusta la causa de terminación en la relación laboral”.

Segundo cargo

Acusa la sentencia por la “Vía directa de ser Violatoria de la ley sustancial, en la modalidad Interpretación errónea, considerando como normas violadas los artículos 90 y 150 numeral 7º de la Constitución Política, artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1975 y de la Ley 6ª de 1945, a la cual reglamenta”.

Su demostración la hace en los siguientes términos:

“Conforme lo ha establecido la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral la interpretación errónea de la ley consiste en el equivocado entendimiento de la norma, es decir, cuando el sentenciador halla en ella una inteligencia o un alcance distinto de los que contiene, o cuando el entendimiento de la misma por aquel es equivocado o erróneo.

En este sentido, el ad quem entendió los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y por ende la Ley 6 de la misma anualidad, por el reglamentado, en el sentido de que, con la supresión del cargo del señor Miguel Ángel Mendoza Castro por parte de la entidad Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras ‘Himat’ posteriormente transformado en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras ‘INAT’, se establece el despido sin justa causa.

Es decir, con dichos argumentos, estimó explícitamente que los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 contiene de manera taxativa, las únicas razones que hacen que una decisión unilateral de terminación de contratos para los trabajadores oficiales, son los allí expresamente consignadas.

Lo anterior significa, en la interpretación que hace el Tribunal, que el elemento esencial constitutivo de la justa causa para terminar un contrato laboral con un trabajador oficial es el hecho de estar expresamente calificado como tal en el texto legal.

Ningún elemento, motivo, razón que no pueda extraerse de su literalidad, por poderoso que sea, puede ser tenido en cuenta, según el ad quem, para calificar de justa o injusta una causa de terminación de un contrato laboral.

Bajo esta perspectiva, no es posible aceptar tal manera de interpretar estos textos legales, pues en la literalidad de los preceptos jurídicos subyacen motivos poderosos, no explícitos, que realmente son los que legitiman el alcance que hay de darle a ellos.

La interpretación que hace el tribunal de los textos reglamentarios señalados sigue los lineamientos jurisprudenciales de la Honorable Corte Suprema de Justicia que han predominado cuando las entidades públicas o privadas, cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley, suprimen cargos. Estos lineamientos jurisprudenciales distinguen entre la causa o modo legal de terminar un contrato y la causa o modo justo de hacerlo.

El primero, es decir el modo legal, es aquella causa legítima en derecho a la supresión del cargo y por ende la desvinculación de sus servidores, legitimación que se adquiere por el hecho de haberse cumplido todos los requisitos establecidos por la ley para su efectividad, Este modo legal no es otro que el consagrado en el literal f del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945.

El segundo, modo justo, a juicio de la Honorable Corte Suprema de Justicia, es aquél que coincide con los supuestos de hecho establecidos, de manera expresa en alguno de los literales de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, el cual califica la justas causas de terminación del contrato de los trabajadores oficiales.

De esta forma, la calificación de justa o injusta de una causa de terminación de un contrato de un trabajador oficial debe obtenerse no solo del examen de las normas de derecho positivo de la específica ley que consagra las denominadas justas causas, como es el caso de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, sino del examen de otras fuentes.

En suma, a diferencia de lo entendido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Cuarta de Decisión Laboral, en la sentencia objeto de censura, el entendimiento que debe hacerse de la normatividad trasgredida, atiende a lo siguiente:

1. No es razonable limitar o entender como taxativas las causales señaladas de manera expresa en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945,

2. No es razonable entender que un motivo legal no deba ser concebido como motivo justo para terminar un contrato con un trabajador oficial, y,

3. La supresión de cargos realizado conforme a los procedimientos legales es un motivo justo de terminación de los vínculos de los servidores con la entidad, por ser motivo constitucional y legal, es decir que emerge de la Constitución y la Ley”.

Consideraciones de la Corte

El Tribunal, en la sentencia aquí acusada, estableció que “no existe controversia en esta instancia con respecto al tiempo de servicio laborado por el actor ni al despido injusto, por cuanto se debió a supresión del cargo”.

Desde esa perspectiva, y para dar respuesta a los cargos, resulta procedente traer a colación lo resuelto por la Sala en torno al tema de las causas legales de terminación del contrato de trabajo y las justas causas de extinción del mismo, a lo cual se refirió el colegiado en la sentencia acusada, de la manera como quedó indicado.

Así en la sentencia con Radicación 36458 de 2009 se expresó lo siguiente:

“En efecto, de tiempo atrás esta Sala de la Corte, para efectos de la procedencia de la pensión restringida de jubilación o pensión sanción, ha diferenciado los modos legales o generales de terminación del contrato de trabajo, de las justas causas para que el empleador de manera unilateral extinga el vínculo jurídico.

Esa diferenciación la ha llevado a concluir que se trata de conceptos que, aunque afines, son diferentes porque tiene cada uno de ellos connotaciones particulares, pues los modos de terminación del contrato corresponden a los eventos que de manera general dan lugar a la terminación del contrato de trabajo, mientras que las justas causas son los hechos o actos que autorizan al empleador a que haga uso de uno de esos modos legales: la decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo, esto es, el despido. De tal suerte que la circunstancia de que un contrato de trabajo termine por razón de la existencia de un modo legal de extinción, no significa que esa terminación se haya producido con justa causa, en la medida en que éstas corresponden a uno solo de los modos legales y, aparte de ello, se encuentran taxativamente establecidas en la ley.

(...).

Aun cuando el anterior criterio fue expuesto en relación con normas del Código Sustantivo del Trabajo, la diferenciación que allí se efectuó sobre los modos legales y las justas causas resulta procedente respecto de las normas que gobiernan la terminación del contrato de trabajo de los trabajadores oficiales.

Así lo corrobora el criterio expuesto por la Sala en la sentencia de la Sección Primera del 27 de octubre de 1995, Radicación 7762, que fue acogido en la que sirvió de apoyo al tribunal, y en la que, refiriéndose en concreto a las normas que en el cargo se citan como equivocadamente apreciadas, se dijo lo siguiente:

‘Concretamente este cargo, que la censura orienta por la vía directa parte del hecho no discutido de que el contrato ficto sub examine terminó por decisión del empleador, mediante causa legal; y acusa la aplicación indebida de los preceptos indicados en la proposición jurídica, pues considera que a ese modo de fenecer el vínculo laboral no puede atribuírsele la ausencia de causa justa.

Ya se vio al estudiar los cargos primero y tercero que no se controvierte el hecho de que la desvinculación del señor Dulce Ibarra obedeció a que la labor por él desempeñada fue suprimida con motivo de la reestructuración de la Caja Agraria mediante los decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, en desarrollo del artículo transitorio 20 de la Carta Política. Y son innumerables los casos en los cuales la Corte ha hecho clara diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, admitiendo que no siempre el primero obedece a uno de esos determinados motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan ‘justas causas’, como son, para el caso del trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y no otras, porque a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa forma de denominación.

Se infiere de lo anterior que, cuando se hace referencia al despido sin causa justa, no se excluye al que se opera, por decisión unilateral del empleador, con autorización legal distinta a la que establece las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa. De tal suerte que aun cuando, para el sector oficial, el artículo del Decreto 2127 de 1945 establece los modos de finalización del vínculo laboral, únicamente constituyen justa causa, como ya se expresó, los consagrados en los artículos 16, 48 y 49 del mismo decreto, aludidos también en el literal g) del citado artículo 47’.

El anterior discernimiento fue reiterado, entre muchas otras, en la sentencia del 1º de abril de 2008, Radicado 32106, en los siguientes términos:

‘Para la Sala, es claro, que la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, con fundamento en el Decreto 1773 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional y mediante el cual se ordenó la disolución y liquidación de la empresa demandada, constituye un despido legal pero injusto, que necesariamente debe ser objeto de reparación, a través de la indemnización correspondiente; pues pese a estar autorizado legalmente, derivado de un proceso de liquidación de la entidad, es evidente que esa circunstancia no se encuentra erigida como una justa causa de despido. Tal situación es la que se desprende de la lectura de los artículos 61 y 466 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogados por los artículos 5º y 66, respectivamente, de la Ley 50 de 1990.

En diferentes oportunidades la Corte ha establecido la clara diferencia que existe entre el despido autorizado legalmente y, el despido con justa causa, en la medida en que no siempre el primero obedece a uno de esos motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento de la extinción unilateral del contrato y que se denominan ‘justas causas’, como, para el caso del trabajador oficial, son las que establecen los artículos 16, 48, y 49 del Decreto 2127 de 1945, y para el particular el artículo 62, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, pues a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa especial denominación.

Así las cosas, el despido sin causa justa, no necesariamente excluye al que opera por decisión unilateral del empleador, con autorización legal distinta a la que establece las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa’.

No encuentra esta Sala que la interpretación que, desde sus inicios como parte de la Corte Suprema de Justicia, le ha otorgado a la diferencia entre los modos legales de terminación del contrato y las justas causas de despido, no se acompase con las actuales construcciones científicas del derecho, como lo pregona el censor, pues, por el contrario, parte de la base esencial del objetivo protector de las normas laborales en materia de terminación del contrato de trabajo y, en particular, del criterio jurídico según el cual el trabajador no puede verse afectado por situaciones empresariales ajenas a su voluntad, como la liquidación de la entidad para la cual presta sus servicios.

No desconoce la Corte que fenómenos como el de la extinción jurídica de la empresa justifican plenamente la terminación del contrato de trabajo y de ahí que la ley, en este caso el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, consagre ese hecho como motivo de finalización del vínculo laboral. Mas ello no significa que esa terminación, con amparo en la ley, no dé lugar al surgimiento de algunos derechos para el trabajador, derivados, precisamente, de la culminación de la relación de trabajo por razones que no le son oponibles y que le impiden la consolidación de otros derechos laborales, como el de la pensión de jubilación.

Se sostiene en el cargo que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas y que si una entidad pública se cierra con arreglo a los preceptos jurídicos, se está ante una situación de juridicidad, de tal modo que cuando el Estado suprime entidades públicas, por ese solo hecho no está obligado a reparar el perjuicio que sufren sus servidores o cualquiera otra persona.

En relación con ese argumento, debe precisar la Sala que es cierto que la supresión de una entidad pública no puede ser considerada como un hecho antijurídico. Pero, una cosa es que se estime que ese hecho es ajustado a la ley y otra, distinta, que no constituya una de las justas causas para terminar el contrato de trabajo, que, ya se dijo, son solamente aquellos hechos catalogados expresamente como tales por la ley, que justifican el despido del trabajador’.

Todo lo cual implica la existencia de despido injusto en el presente caso, por lo que la pensión era procedente”.

Por lo anterior, los cargos no prosperan.

No se condenará en costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de febrero de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Miguel Ángel Mendoza Castro promovió contra el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT” en Liquidación.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez.