Sentencia 4386 de marzo 5 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGLAMENTO GENERAL DE CENTROS DE RECLUSIÓN

SE ANULAN ALGUNOS APARTES DEL ACUERDO 11/95 DEL INPEC

EXTRACTOS: «José Fernando Castro Caycedo, en su calidad de Defensor del Pueblo y de ciudadano, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del CCA, solicitó de esta corporación la declaratoria de nulidad parcial o total del Acuerdo 11 de 31 de octubre de 1995, “por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, expedido por el consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

(...)

Consideraciones

El fundamento del Acuerdo 11 de 1995, contentivo de las normas acusadas, es el artículo 52 de la Ley 65 de 1993, que reza:

“ART. 52.—Reglamento general. El Inpec expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión.

Este reglamento contendrá los principios contenidos en este código, en los convenios y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia.

Establecerá, así mismo, por lo menos, las normas aplicables en materia de clasificación de internos por categorías, consejos de disciplina, comités de internos, juntas para distribución y adjudicación de patios y celdas, visitas, “la orden del día” y de servicios, locales destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas, elementos de dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación y recreación de los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día en formación ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciarios.

Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad. Incluirá así mismo, un manual de funciones que se aplicará a todos los centros de reclusión.

Habrá un régimen interno exclusivo y distinto para los establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos”.

Previamente al análisis de los cargos, la Sala observa que dentro del sistema nacional penitenciario y carcelario, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene la facultad, entre otras, de expedir el reglamento general, al cual se sujetarán los reglamentos internos de los distintos establecimientos de reclusión.

La norma anteriormente transcrita, indica que el Inpec tiene una facultad amplia en materia de expedición del reglamento general, pues además de los elementos a que se refiere el inciso tercero del artículo 52, fija las diferentes orientaciones generales sobre seguridad en los establecimientos de reclusión. Dicha facultad constituye el fundamento de las normas acusadas, de manera que la interpretación de éstas tendrá en cuenta el amplio grado de abstracción de la norma legal que desarrolla, y, en consecuencia, el grado de discrecionalidad que lleva envuelto.

Primer cargo.

El primer cargo lo hace consistir el actor en el exceso de la potestad reglamentaria del Inpec, ya que, según su parecer, mediante el acto acusado reglamentó materias que no fueron objeto de regulación en la Ley 65 de 1993.

El anterior cargo lo esgrime contra los artículos 19 incisos 3º, 4º y 5 numeral 2º; 27 inciso 3º; 32, 55 y 95 numerales 2º y 5º, procediendo la Sala a estudiar cada uno de ellos.

a) En cuanto al artículo 19, éste en los apartes acusados prescribe:

“ART. 19.—Manejo de dinero. (...).

Cuando existan dudas acerca de la legítima procedencia del dinero o de los objetos de valor que posea el interno a su ingreso, no se consignará en la cuenta de peculio. Se dará inmediato aviso a la autoridad competente sobre su retención. Para que resuelva lo pertinente.

Dentro del establecimiento, el interno no podrá hacer uso de la tarjeta de compra por una suma superior a un salario mínimo legal diario vigente por día.

2. (...).

El dinero de ahorro a que se refiere el artículo 66 del presente reglamento sólo podrá ser utilizado en forma excepcional por motivos de calamidad doméstica debidamente comprobados...”.

Además, el demandante considera que el anterior precepto desconoce lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 65 de 1993, según el cual, el ahorro tiene un carácter voluntario y no obligatorio, como lo prevé la norma acusada.

Frente a lo anterior, estima la Sala que la retención de los objetos, cuando no se encuentra probada su legitimidad, es una medida de seguridad que bien se justifica, pues no debe permitirse que a las cárceles llegue, por ejemplo, el producto de un ilícito. Además, en últimas, la autoridad competente resolverá sobre la procedencia de los bienes y de ser lícita, al interno deberán series devueltos.

En lo relativo a la limitación en los gastos diarios de los reclusos (inc. 4º del art. 19), considera la Sala que dicha medida permite que en los establecimientos carcelarios se controle el manejo del dinero, el cual, a la luz del artículo 89 de la Ley 65 de 1993 está prohibido, siendo por ello que el artículo 19 del acto acusado en su inciso 1º dispuso que el dinero sería sustituido por tarjetas de compra.

Dicho control tiende a minimizar entre otros aspectos, los sobornos, chantajes, tráfico de influencias, etc., que se presentan en las cárceles, así como el comercio de elementos o sustancias cuyo uso está proscrito en las mismas.

Por lo tanto, lo dispuesto en la norma en estudio encuentra sustento legal en el artículo 52 de la Ley 65 de 1993, que establece que el reglamento “...contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad”, entendida ésta como el conjunto de medidas que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de las penas y el mantenimiento del orden dentro del establecimiento carcelario.

Finalmente, frente al inciso 5º numeral 2º del artículo 19, que establece que el dinero ahorrado sólo podrá ser utilizado en forma excepcional y por motivos de calamidad doméstica, la Sala encuentra que dicha norma excede el contenido del artículo 88 de la Ley 65 de 1993, cuyo texto prevé que

“El director de cada centro de reclusión y en especial el asistente social, procurarán estimular al interno para que haga acopio de sus ahorros con el fin de atender, además de sus propias necesidades en la prisión, las de su familia y sufragar los gastos de su nueva vida al ser puesto en libertad”.

La restricción en cuestión limita las finalidades del ahorro previstas en la ley, pues ésta se refiere a la atención, entre otras, de las necesidades en general de la familia, sin limitarlas a las constitutivas de calamidad doméstica comprobada, como lo hace el reglamento. En consecuencia, en este punto prospera el cargo.

b) Respecto del artículo 27 inciso 3º del Acuerdo 11 de 1995, el actor afirma que en él se adicionaron unos requisitos no contemplados en la norma reglamentada (art. 112 de la L. 65/93):

Prescriben una y otra:

“ART. 27.—Comunicaciones con abogados. (...).

A su ingreso, el abogado deberá presentar la siguiente documentación:

3. Si se trata de la primera visita, memorial contentivo del poder que otorgará el interno.

4. Si se trata de visitas posteriores, reconocimiento judicial de su calidad dentro del proceso”.

Ley 65 de 1993:

“ART. 112.—Régimen de visitas. Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, de sus familiares y amigos, autorizadas por fiscales y jueces competentes, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina establecidas en el respectiva centro de reclusión. El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por el régimen interno de cada establecimiento de reclusión, según las distintas categorías de dichos centros y del mayor o menor grado de seguridad de los mismos.

Se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su tarjeta profesional y si mediare aceptación del interno.

Los condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por el interno. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento general (...).

En casos excepcionales y necesidades urgentes, el director del establecimiento podrá autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y concedido por el tiempo estrictamente necesario para su cometido.

La visita íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene, seguridad y moral”.

De la simple comparación entre la norma reglamentaria y la norma reglamentada, se observa que, en efecto, en la primera el consejo directivo del Inpec excedió lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, en cuanto a las visitas de los abogados, pues esta última dispuso que “se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su tarjeta profesional y si mediare aceptación del interno”, en tanto que la primera restringió las visitas a los abogados que lleven el poder que será otorgado por el interno, si se trata de la primera visita, o acrediten su reconocimiento como apoderados dentro del proceso, si se trata de visitas posteriores, lo cual constituye un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al salirse de los lineamientos definidos por la ley y adicionar requisitos no previstos en ésta. En consecuencia, esta corporación declarará probado el cargo en estudio.

c) A los artículos 32, 55 y 95 el demandante les reprocha el regular materias que no fueron tratadas en la ley reglamentada. Rezan los citados artículos:

“ART. 32.—Visitas de autoridades judiciales y administrativas. El reglamento de régimen interno de cada establecimiento determinará los días en que las autoridades judiciales o administrativas puedan practicar visitas a los establecimientos, con fines oficiales. Excepcionalmente, cuando la diligencia a practicar así lo amerite, se permitirá su ingreso en horario diferente, previa coordinación del establecimiento.

ART. 55.—Aislamiento. Cuando el aislamiento a que se refiere el artículo anterior se imponga como medio de coerción, el interno pasará a ocupar una celda que para el efecto destinará el director del establecimiento; será reconocido por el médico y visitado exclusivamente por el funcionario encargado del mismo o por las personas que tengan expresa autorización del juez, si es sindicado, previo conocimiento de la situación”.

ART. 95.—Sistemas de control.(...).

2. Control del área exterior. Ésta debe permitir el control de las áreas periféricas de la instalación, detectando e identificando personal y vehículos sospechosos, examen de terrenos, etc. Para tal efecto, cada centro de reclusión deberá contar con un censo de la población que reside en un área aproximada de dos cuadras al rededor del establecimiento como también censo y control de locales comerciales.

5. Fichas de identificación... A las personas que ingresan al establecimiento en calidad de visitantes, podrá verificárseles sus antecedentes judiciales y de policía...”.

Para la Sala, lo dispuesto en el artículo 32 del acto acusado, en cuanto a que en el reglamento interno se dispondrá lo relativo a la visita de las autoridades judiciales o administrativas debe entenderse en concordancia con lo dispuesto en los artículos 113 y 169 de la Ley 65 de 1993, en el sentido de que las visitas de dichas autoridades a los establecimientos penitenciarios y carcelarios, siendo libres, deben sin embargo coordinarse con las autoridades de los citados establecimientos. Se presume que las diligencias a practicar durante esas visitas siempre ameritarán su autorización por las autoridades, pero que, por razones de orden y seguridad, deben canalizarse principalmente durante ciertos días y horas.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

Igual consideración se predica frente al artículo 55 acusado que dispone que el interno aislado sólo podrá ser visitado por el funcionario encargado del mismo, ya que la Ley 65 de 1993 en su artículo 123 se refiere al aislamiento, señalando que el interno “no podrá recibir visitas”, lo cual indica que la ley sí reguló la citada materia.

En cuanto a que a la persona sometida a aislamiento se le está imponiendo doble sanción, al permitirse que sólo pueda ser visitada por el funcionario encargado de la misma, la Sala estima que no le asiste razón al demandante, ya que de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 65 de 1993, que considera violado, durante el aislamiento no se podrán recibir visitas, es decir, que es la misma ley la que le atribuye esa consecuencia a la medida de aislamiento, sin que pueda por lo tanto hablarse de violación al debido proceso.

Adicionalmente, la Sala considera que no puede entenderse que durante el aislamiento el interno no podrá recibir las visitas de las autoridades judiciales o administrativas a las cuales se contrae el artículo 169 de la Ley 65 de 1993, pues como se dijo al estudiar el cargo referido a las visitas de dichas autoridades, las mismas podrán concertar con el director de la cárcel una visita en el momento en que consideren que la misma es apremiante.

Frente al artículo 95 numeral 2º, que establece los censos para la población residente en determinada área aledaña al establecimiento carcelario, al igual que para los centros comerciales de dicha zona, debe decirse que su fundamento se encuentra también en el artículo 52 de la Ley 95 de 1993, que, se reitera, dispone que el reglamento.

“...contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad”, medida que encuadra dentro de lo que se denomina el factor “seguridad”, pues es de público conocimiento que en los sectores contiguos a las cárceles se planean evasiones y actividades que pueden dar lugar a la alteración del orden en dichos establecimientos.

En cuanto a la facultad del director del respectivo establecimiento de reclusión de verificar los antecedentes judiciales y de policía de los visitantes y familiares de los internos, también considera la Sala que es una previsión que encaja dentro del factor “seguridad”, razón por la cual desestima el cargo.

Respecto de la afirmación del actor de que de todas maneras la reglamentación de las materias anteriormente analizadas no corresponde al consejo directivo del Inpec, sino al Presidente de la República, basta afirmar, para despachar desfavorablemente el cargo, que el artículo 52 atribuyó expresamente dicha facultad de reglamentación al Inpec.

Segundo cargo.

El otro gran cargo que atribuye el demandante a las normas acusadas, es el desconocimiento de normas constitucionales y legales de carácter superior, lo cual entra la Sala a analizar en el orden expuesto por la parte actora, así:

a) En cuanto a la retención de dinero de los internos y limitación de sus gastos o condicionamiento a darles una destinación específica, ya tuvo oportunidad de anotarse que dicha medida permite el control del manejo del dinero en los establecimientos carcelarios, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 65 de 1993, que proscribe el uso del dinero al interior de los establecimientos de reclusión, de donde no se infiere violación alguna al principio de igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Política, ni tampoco al artículo 16 ibídem, sobre libertad de opción y toma de decisiones, pues los detenidos o condenados no pueden recibir un trato igual al de las personas que gozan de libertad, ya que su situación jurídica es diferente.

b) Respecto del cargo de exceso en la reglamentación de la visita de los abogados defensores, la Sala se remite a lo dicho en literal b del cargo primero, en cuanto allí se estableció que éste prosperaba.

c) Considera el actor que el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1995, vulnera, entre otros, los artículos 112 de la Ley 65 de 1993 y los artículos 13 y 15 de la Constitución Política.

El texto de las normas anteriormente citadas es el siguiente:

Acuerdo 11 de 1995:

“ART. 30.—Requisitos para obtener el permiso de visita íntima.

1. Solicitud escrita del interno al director del, establecimiento, en el cual indique el nombre, número de cédula de ciudadanía y domicilio del cónyuge o compañero (a) permanente visitante”.

2. Para personas sindicadas, autorización del juez o fiscal. En caso de que la visita íntima requiera del traslado de un interno a otro centro de reclusión donde se encuentre su cónyuge o compañero(a), se hará constar este permiso que concede las autoridad judicial...

4 El director de cada establecimiento verificará el estado civil de casado(a) o la condición de compañero(a) permanente del visitante...”.

Ley 65 de 1993:

“ART. 112.—Régimen de visitas.

La visita íntima será regulada por el reglamento general según principios de higiene, seguridad y moral”.

La Sala declarará probado el cargo en estudio, pues la norma reglamentaria circunscribe la “visita íntima” al cónyuge o compañero(a) permanente, en tanto que la norma reglamentada se refiere en términos generales a la “visita íntima”, sin hacer la distinción que hace el artículo 30 acusado.

Así las cosas, estima la Sala que le asiste razón al actor cuando afirma que se viola el artículo 112 de la Ley 65 de 1993 y los artículos 13 y 15 de la Constitución Política que consagran los principios a la igualdad y a la intimidad, dada que en efecto, de la visita íntima quedarían excluidos aquéllos internos que a pesar de tener un novio(a) o amigo(a) íntimo(a) no estén casados o no tengan un cónyuge o compañero(a) permanente.

d) La regulación por parte de los reglamentos de los días en que se puedan practicar visitas no constituye talanquera al ejercicio de la función pública sino simple desarrollo de la previsión del artículo 112 de la Ley 65 de 1993, que remite dicha materia a los reglamentos internos, como lo hace la norma acusada.

e) Frente a la pretendida violación del artículo 15 de la Constitución Política, que contempla el derecho de toda persona a su intimidad personal y familiar, por parte del artículo 35 numeral 8º del Acuerdo 11 de 1995, en el cual se establece la obligación para los visitantes de las cárceles de dejarse tomar fotografías si así lo dispone el respectivo reglamento interno, la Sala estima que con dicha medida se refuerza la seguridad de los establecimientos de reclusión, sin que ello en manera alguna implique el desconocimiento de los citados derechos, pues, con ese criterio, también podría decirse que a los familiares y amigos que visitan a los internos no se les podría siquiera identificar, lo cual resulta ilógico.

f) Para el demandante, la prohibición contenida en el artículo 38 del Acuerdo 11 de 1995, en el sentido de que los internos no podrán tener cabello largo o barba vulnera el artículo 16 de la Constitución Política, que consagra el libre desarrollo de la personalidad.

La anterior apreciación no es compartida por la Sala, ya que no debe olvidarse que las personas recluidas en un establecimiento carcelario tienen ciertas limitaciones que han sido establecidas por obvias razones de seguridad, como es la aquí cuestionada, pues, por ejemplo, de permitirse a los reclusos llevar cabello largo o barba, ello podría facilitar una posible suplantación o evasión, o dificultar la identificación rápida en caso de necesidad. Además, el cabello largo permite que en él se oculten elementos o sustancias cuyo uso no es permitido dentro de las cárceles.

En cuanto a que la norma no hace diferenciación entre sindicados y condenados, la Sala observa que, en este case, dicha diferenciación es irrelevante, pues lo cierto es que tanto los unos como los otros se encuentran recluidos y, por lo tanto, internos de ambas categorías podrían utilizar el cabello y la barba con fines ilícitos. Por consiguiente, no encuentra prosperidad el cargo.

g) Sostiene el demandante que el artículo 43 del Acuerdo 11 de 1995 vulnera los artículos 2º y 16 de la Carta Política, 10 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y 67 y 68 de la Ley 65 de 1993, ya que no se puede obligar a una persona a renunciar a un derecho, para así la administración despojarse del cumplimiento de esa obligación, pues el Estado debe cubrir la necesidad de alimentación del recluso, so pena de incurrir en una omisión generadora de responsabilidades.

Reza la norma acusada:

“ART. 43.—Suministro de alimentación por parte de los internos. De conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 67 de la Ley 65 de 1993, a juicio del consejo de disciplina, los internos podrán proporcionarse a su cargo la alimentación, la cual se refiere únicamente a las tres (3) comidas principales del día.

Para tal efecto deberán cumplirse las siguientes condiciones:

Renuncia escrita del interno a los alimentos suministrados por el establecimiento.

Concepto del consejo de seguridad o del médico del establecimiento que justifique dicho suministro por razones de seguridad o de salud...”.

Esta corporación advierte que del texto de la norma acusada se desprende que la misma es desarrollo del artículo 67 de la Ley 65 de 1993, según el cual “los detenidos, a juicio del consejo de disciplina podrán proporcionarse a su cargo la alimentación, sujetándose a las normas de seguridad y disciplina previstas en el reglamento general e interno” (las negrillas son de la Sala).

De otra parte, los requisitos exigidos por la norma demandada, esto es, la renuncia escrita del interno a los alimentos suministrados por el establecimiento y el concepto del consejo de seguridad o del médico del establecimiento que justifique dicho suministro por razones de seguridad o de salud, tienen sin duda alguna justificación, pues, de no ser así, como bien lo señala el actor, podría responsabilizarse a las directivas del establecimiento carcelario por no suministrar la alimentación.

Ahora bien, nótese que no es que el Estado se niegue a cumplir la obligación que le corresponde de suministrar la alimentación a los internos, sino que es por voluntad de éstos que deja de hacerlo. Por esa razón, precisamente, exige la renuncia expresa al citado suministro, para así evitar posibles demandas que podrían generar responsabilidad estatal. Adicionalmente, nada obsta para que el interno, si así lo desea, solicite que nuevamente la alimentación le sea suministrada por el establecimiento carcelario, solicitud a la cual éste no podría sustraerse.

h) Afirma el demandante que el artículo 46 del Acuerdo 11 de 1995 viola los artículos 2º y 49 de la Constitución Política y 104, 106 y 107 de la Ley 65 de 1993, al regular en forma opcional el servicio de sanidad, cuando éste es obligatorio.

Prescribe la norma demandada:

“ART. 46.—Servicios de atención y salud. En todo centro de reclusión, de acuerdo con su tamaño y el volumen de la población reclusa, se procurará organizar un servicio de sanidad, en las condiciones que lo permita la planta de personal vigente...”.

A su turno, el artículo 106 de la Ley 65 de 1993 dispone:

“ART. 106.—Asistencia médica. Todo interno en un establecimiento de reclusión debe recibir asistencia médica en la forma y condiciones previstas por el reglamento. Se podrá permitir la atención por médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté en capacidad de prestar el servicio (...).

PAR. 2º—En los establecimientos de reclusión donde no funcionare la atención médica en la forma prevista en este título, éste quedará a cargo del Servicio Nacional de Salud” (las negrillas son de la Sala).

No discute esta corporación que a luz de la Ley 65 de 1993 el servicio de salud es obligatorio. Sin embargo, considera que lo dispuesto en la norma que se controvierte en manera alguna le quite dicho carácter al citado servicio. lo que ocurre es que tiene en cuenta que por razones de tamaño y volumen de la población reclusa no todo establecimiento podrá organizar en su propia sede el servicio de sanidad, cuestión que también prevé la Ley 65 de 1993, al señalar, en su artículo 106, que “Se podrá permitir la atención por médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté en capacidad de prestar el servicio... y que “En los establecimientos de reclusión donde no funcionare la atención médica en la forma prevista en este título, éste quedará a cargo del Servicio Nacional de Salud” (las negrillas son de la Sala).

En consecuencia, no prospera el cargo.

i) La Sala no comparte la apreciación del demandante de que la aplicación del aislamiento como sanción exige juicio previo, pues como ya se dijo al analizar el cargo primero, literal c, es la misma ley la que atribuye al aislamiento las consecuencias previstas en el reglamento general.

j) Sostiene el actor que el artículo 60 del Acuerdo 11 de 1995 atribuye al trabajo de los internos un carácter voluntario, lo cual va en contravía de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 65 de 1993.

Disponen las normas enunciadas:

Acuerdo 11 de 1995 

“ART. 60.—Control de gestión. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará dentro de sus capacidades, los medios necesarios para mantener fuentes de trabajo en los centros de reclusión...”.

Ley 65 de 1993:

“ART. 79.—Obligatoriedad del trabajo. El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio·terapéutico adecuado a los fines de resocialización...”.

A juicio de la Sala, la norma acusada no desconoce la obligatoriedad del trabajo para los condenados, como lo prevé el artículo 79 de la Ley 65 de 1993. Por el contrario, señala que el Inpec procurará los medios necesarios para mantener fuentes de trabajo, es decir, que le impone la obligación de continuar, proseguir o sostener dichas fuentes de trabajo, sin que, por lo tanto, se presente la violación de la norma reglamentada, como tampoco la del artículo 49 de la Carta Política que dispone que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado.

k) Afirma el actor que los artículos 84 y 85 del Acuerdo 11 de 1995 vulneran los artículos 20 y 38 de la Carta Política y 19 del Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, pues, según su entender, comprometen los derechos fundamentales de expresión y de asociación.

Rezan las normas acusadas:

“ART. 84.—Formación de los comités. Los miembros de los comités serán escogidos por la junta de evaluación de trabajo, y estudio y enseñanza entre los internos que hayan sido calificados con conducta por lo menos buena dentro de los seis (6) meses anteriores.

Cada comité del establecimiento presentará semestralmente un proyecto que contendrá los objetivos y programas de la actividad que se pretenda realizar durante el respectivo período, el cual debe ser aprobado por el director de centro de reclusión y tener el visto bueno de la subdirección de tratamiento y desarrollo del Inpec.

ART. 85.—Composición y relevo de los comités. Los comités estarán integrados por un número impar de internos mínimos de tres (3) y máximo siete (7) miembros. La duración de éstos en cada comité será de seis (6) meses sin posibilidad de reelección y en caso de ausencia definitiva de uno de sus miembros, la junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza lo reemplazará.

Podrán formar parte de dichos comités, todos los internos del establecimiento siempre que la actividad a desarrollar sea afín a su tratamiento penitenciario, a su situación jurídica y personal, a sus antecedentes, comportamiento y conducta”.

Sea lo primero precisar que, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 65 de 1993, el reglamento general contendrá las normas aplicables a los comités internos, de manera que las normas acusadas son producto del ejercicio de esa competencia discrecional, ya que la ley no estableció restricciones al respecto.

A juicio de esta corporación las normas arriba transcritas permiten que lo internos conformen comités donde precisamente están ejerciendo los derechos de asociación y expresión, luego no puede predicarse la violación de las normas constitucionales que contemplan dichos derechos.

Ahora bien, el hecho de que quienes conformen dichos comités deban ser internos que hayan observado buena conducta durante los últimos seis meses, que no se permita la reelección de los mismos y que los proyectos por ellos elaborados sean sometidos a la aprobación del director del centro de reclusión tiene su justificación, pues, al ser los comités los órganos de expresión de los reclusos, sus integrantes deben ser personas que demuestren su interés en resocializarse. De otra parte, al no permitirse la reelección se está dando oportunidad a que todos aquéllos que cumplan con los requisitos previstos en la norma, puedan hacer parte de dichos comités.

En consecuencia, no prospera el cargo.

l) El cargo relacionado con los censos de población en determinada área alrededor del establecimiento carcelario previstos en el reglamento, así como la verificación de antecedentes judiciales y de policía de los visitantes fue analizado en el cargo primero, al examinarse la legalidad del artículo 95, análisis al cual se remite la Sala para desestimarlo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLÁRASE la nulidad del numeral 3º del artículo 27 del Acuerdo 11 de 1995, en el aparte que prescribe: “3. Si se trata de la primera visita, memorial contentivo del poder que otorgará el interno”; y la nulidad del numeral 4º del citado artículo 27.

2. DECLÁRASE la nulidad de las siguientes frases contenidas en los numerales 1º y 2º, respectivamente, del artículo 30 del Acuerdo 11 de 1995: “cónyuge o compañero(a) permanente” y “donde se encuentra su cónyuge o compañero(a)”; y de la totalidad del numeral 4º del mismo artículo 30.

3. DECLÁRASE la nulidad del inciso 5º numeral 2º del artículo 19 del Acuerdo 11 de 1995, que reza: “El dinero de ahorro a que se refiere el artículo 66 del presente reglamento sólo podrá ser utilizado en forma excepcional por motivos de calamidad doméstica debidamente comprobados”.

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Por no haber sido utilizada, devuélvase al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese en los Anales del Consejo de Estado».

(Sentencia de marzo 5 de 1998. Expediente 4386. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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