Sentencia 43872 de julio 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43872

Acta Nº 20

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL 431-2013

Bogotá, D.C, diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandada con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 87 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el 60 del Decreto 528 de 1964. Pretende, según el alcance de la impugnación, que se case totalmente la sentencia recurrida “en cuanto revocó la sentencia la sentencia (sic) proferida por el Juzgado 7º Laboral de Barranquilla, en su numeral segundo declaró probada parcialmente la prescripción, y en su numeral primero condenó a la demandada a pagar el reajuste pensional del 12% declaró probada la excepción de compensación; sin costas del recurso, para que en su lugar y en sede de instancia, la honorable Corte Suprema de Justicia REVOQUE la sentencia dictada por el a quo y absuelva a mi representada de todas y cada una de las súplicas de la demanda”.

Con tal objeto formuló tres cargos, no replicados, que serán estudiados en el orden propuesto por los recurrentes.

VI. Primer cargo

Atacan la sentencia impugnada por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea “… de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993; artículo 42 del Decreto 692 de 1994; como consecuencia de la anterior violación, también violo (sic) los artículos 1º de la Ley 33 de 1985; 45 del Decreto 1045 de 1978; 12 del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo expedido por el ISS; 31, 32, 33 de la Ley 100 de 1993 modificada por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 41 del Decreto 3135 de 1968; 102 Decreto 1848 de 1969; 1631, 2512, 2513, 2517, 2535, 2538, 2543, 2544 de Código Civil; 304, 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 aplicados por analogía del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social; y 151 Ibídem, 292 del Código de Régimen Municipal y 8º de la Ley 153 de 1887”.

De su demostración, se destacan los siguientes planteamientos:

“La ley y la jurisprudencia han sido claras y reiteradas, en el sentido que, es una obligación de las entidades pagadoras de pensiones, el reajuste de las mesadas pensionales, a partir del 1º de enero de 1994, para aquellos pensionados que les fue reconocido ese derecho, con anterioridad a ésta (sic) fecha, el cual desde luego se deberá tener en cuenta, los acondicionamientos exigidos y seguir la aplicación al principio de INDIVISIBILIDAD de la norma.

Entre los errores hermenéuticos en que incurrió el ad quem, están los siguientes:

• Haber impartido una condena de manera AUTOMÁTICA sin tener en cuenta los vocablos del legislador cuando dijo: “El equivalente a la elevación de la cotización en salud, que resulte de la aplicación de la presente ley”; es decir, que el ad quem simplemente se limitó a interpretar el primer enunciado del legislador, ordenando el reajuste pensional, dejando de interpretar el segundo enunciado, el cual consistía en que, el reajuste debería ser equivalente a la cotización en salud”.

Afirma que el espíritu genuino de la Ley 100 de 1993 está encaminado a que al pensionado no le sea disminuida su mesada pensional. Y para sanear esto se ordena el reajuste pensional, sin que se sobrepase el 12%, que era el descuento máximo de la cotización para salud, “es decir que gradualmente se incrementa el descuento para la cotización en salud, y en igual sentido se aplica el reajuste pensional, hasta llegar al límite determinado por la ley”.

Para los impugnantes el colegiado incurrió en un segundo error hermenéutico, cuando al poner fin al conflicto, ordenó el reajuste pensional, dejando así “PERMANENTE” el reajuste pensional, cuando el querer del legislador fue dejarlo transitorio, con el fin de buscar un equilibrio, evitando así que la mesada del pensionado sufriera una disminución. “[E]s decir; a medida en que se incrementaba la cotización en salud, de igual forma incrementaba el reajuste pensional, y no como se hizo convertir en permanente este reajuste, porque esto conllevaba a que el pensionado recibiera una doble partida; es decir, sería este reajuste y el establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de enero de cada año, que de oficio deben realizar las entidades pagadoras de la pensión (…)”.

Al finalizar sostiene la recurrente que el correcto entendimiento de las normas de reajuste pensional, “consistió en el haber realizado una interpretación integral a la ley y haber concluido; que, efectivamente sí había reajuste a las mesadas pensionales. Pero en equilibrio el descuento efectuado para aporte en salud, desde luego fijado un tiempo transitorio, sin dejarlo; es decir por única vez”.

VII. Se considera

La parte pertinente del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que la impugnante asevera fue mal interpretado por el juzgador, reza:

“Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente ley (…)”.

A su vez, el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, estatuye:

“Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieren causada la correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de dicha fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar sin exceder del 12% (…)”.

Pues bien, del análisis de las disposiciones en precedencia, aflora palmariamente que el querer del legislador fue que la obligación de reajustar las pensiones causadas con antelación a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se hiciera por una sola vez, dado que su finalidad era la de compensar el desequilibrio económico que en virtud del incremento correspondiente a los aportes por salud sufrirían las personas que a 1º de abril de 1994 tenían consolidado su derecho pensional.

Bajo dicho entendimiento, la naturaleza jurídica del mencionado reajuste es compensatoria, como acertadamente lo concluyó el tribunal y, por ende, no se trata de una revaloración en el ingreso real del pensionado. Al punto, se puede consultar la sentencia del 14 de agosto de 2002, Radicado 18563, de esta Sala.

Por otro lado, cabe anotar que no es cierto lo que afirma la censura, en cuanto a que el tribunal entendió que el reajuste pensional “era permanente”, toda vez que la decisión del ad quem estribó en ordenar el reajuste de la pensión en 8,04%, sin mencionar los años subsiguientes, por lo que en manera alguna puede entenderse como periódica, según lo plantea la censura, toda vez que nada de lo que allí se ordenó permite llegar a esa conclusión. Hay que entender que ese es el hito cronológico del cual hay que partir debido a la aplicación de la prescripción (consultar sentencia de esta Sala, en igual sentido, del 19 de septiembre de 2011, Rad. 41.003).

Así las cosas, el cargo no sale avante.

VI. Segundo cargo

Acusan la sentencia impugnada por vía directa, en la modalidad e infracción directa, de los “artículos 174, 175, 177, 188 y 304 modificado por el artículo 1º numeral 134 del Decreto 2282 de 1989, 305 modificado por el artículo 1º numeral 135 del Decreto 2282 de 1989, del Código de Procedimiento Civil retomados por analogía del artículo 145 del Código Procesal Laboral; 151 del Código Procesal Laboral y Seguridad Social”. Y agregó, “[l]a violación de las normas procesales, fue el medio que produjo el quebrantamiento de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993; 42 del Decreto 692 de 1994; 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969 , 2535, 2538, 2543, 2544, 2512, 2513, 2517, 2518, del Código Civil, 292 del Código de Régimen Municipal y 8º de la Ley 153 de 1887”.

Señala la recurrente que el juez de segundo grado incurrió en la violación de normas procedimentales, cuando no dio aplicación al artículo 151 del CPT y SS, que es pertinente para la prescripción de los créditos laborales.

Anota que “[l]a violación cometida por falta de aplicación de las normas relacionadas con la prescripción de créditos laborales, como bien se observa, el Ad-quem se revela (sic) en dar aplicación a estas fuetes (sic) formales, a sabiendas que dichas leyes no hicieron ninguna excepción, luego deben aplicarse, pues simplemente una vez se hace exigible una obligación, el beneficio de ese derecho, debe hacer uso (sic) dentro del plazo fijado por el legislador, si con el paso del tiempo el titular del derecho no lo ejerce, entonces esto hace que, esa obligación se extinga”.

Para la recurrente, la prescripción extintiva de obligaciones laborales, es un medio de “acabar con la acción referente a una prestación concreta, cuyo fin es buscar la seguridad jurídica y brindar la oportunidad, para que un trabajador activo o pensionado reclame su derecho que la ley le ha concedido”.

Seguidamente la accionada menciona y transcribe, en extenso, apartes de las sentencias de esta corporación del 10 de mayo de 2005 y 10 de julio de 2007, radicados 25327 y 30914 en su orden, y concluye que si el juez de apelaciones hubiese aplicado las normas sobre la prescripción de obligaciones laborales, “el resultado hubiera sido diferente, es decir, la aplicación de la prescripción, hubiese sido a favor de la demandada, y más por tratarse de una entidad de derecho público”.

VII. Se considera

Para resolver el cargo baste con decir, que según la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal no se ocupó del tema de la prescripción, que como se vio fue declarada parcialmente probada por el sentenciador de primer grado. De manera que la censura debió echar mano, en la oportunidad que la ley adjetiva le brinda —que no es esta—, de los remedios procesales que establece el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo a la luz de lo contemplado en el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cual es, el de solicitar la adición de la sentencia ante la misma corporación que la profirió.

Siendo ello así, el juez colegiado no pudo haber incurrido en los yerros jurídicos que se le enrostran y, en consecuencia, el cargo no prospera.

VIII. Tercer cargo

Controvierte el fallo impugnado por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida “… de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993; 42 del Decreto 692 de 1994; 14 de la Ley 100 de 1993; 41 del Decreto 3135 de 1998; 102 del Decreto 1848 de 1969; 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 2512, 2513, 2517, 2518 2535, 2538, 2543, 2544, del Código Civil; 292 del Código de la Reforma Municipal; 8º de la Ley 153 de 1887; 151, 25, 31 y 60 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001; 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil modificados por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989”.

Como errores evidentes de hecho en que incurrió el ad quem, señala:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que a los actores la entidad empleadora hoy demandada, les descontó el 8.4% de la mesada pensional, con destino a cobrar el aporte por salud.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que a partir del 1º de enero de 1994, la demandada descontó el 12% de la mesada pensional, para el cubrimiento del aporte a salud de los actores.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el incremento en las mesadas pensionales de los actores, debería estar en equilibrio con el descuento que se hiciera, por el descuento para el cubrimiento en salud.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el incremento de la pensión, se efectuaba por un lapso hasta llegar a un equilibrio, con el descuento que se hiciera para el aporte en salud.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el paso del tiempo extingue las obligaciones laborales.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que, los actores tenían derecho a un doble incremento pensional vitalicio”.

Como pruebas no apreciadas e indebidamente contempladas, relaciona las resoluciones por medio de las cuales se demuestra la calidad de pensionados de los accionantes, obrantes a folios 9, 10, 14 a 16; el escrito de demanda, folios 4 y 5, y el agotamiento de la vía gubernativa, folios 7, 12 y 17.

Asevera que la providencia que aquí se acusa, para revocar la sentencia dictada por el a quo, tuvo como tesis fundamental la primera parte del enunciado del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 092 de 1994. Es decir, que a partir del 1º de enero de 1994 los actores tenían derecho a un reajuste mensual de la mesada pensional; pero que el tribunal dejó de apreciar el segundo enunciado de las normas, esto es, que ese incremento o reajuste debería ser equivalente a la elevación en la cotización para salud; luego el reajuste estaba condicionado a:

“a) (…) la equivalencia de la elevación de la cotización en salud propuesta en la ley.

b) Que ese reajuste debería ser temporal, es decir, una vez equilibrado, el descuento en salud y el incremento del reajuste dejaría de aplicarse.

c) Que el descuento para la cotización en salud prevista en la ley y que mi representada realizara, debería estar plenamente demostrada.

d) Que los actores deberían ser pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994”.

En sentir de la recurrente, tanto la ley como la jurisprudencia han sido claras, en cuanto a que es una obligación de las entidades pagadoras de pensiones reajustar las pensiones, reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1994, siempre y cuando se den las condiciones previstas en la ley.

Afirma que “el espíritu de la ley consiste en que al pensionado, no se le disminuya su mesada pensional; sino que, por lo menos se mantenga la suma que recibía y para eso es que ordena el reajuste pensional, sin sobrepasar el 12%, que era el descuento de cotización para salud; es decir que gradualmente se incrementaba el descuento para cotización en salud y en igual sentido se aplicaba el reajuste pensional, hasta llegar al tope determinado por la ley; ahora bien como la demandada no hizo descuento alguno a las actoras, para dicha cotización, mal podría darse la reliquidación de la pensión, luego no había razones para que el tribunal impartiera condena alguna, porque el reajuste pensional, era temporal y la citada corporación, entendió que era permanente, de ahí que en su parte resolutiva del fallo impartido, sin indicar en qué fecha se debería hacer el incremnto (sic)”.

Indica la recurrente que de permitirse el planteamiento en precedencia, “se torna de doble el reajuste, es decir esté (sic) y el ordenado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993”.

Acota que erró también el ad quem al desconocer que el paso del tiempo extingue los créditos laborales y, en el presente caso, el reajuste solicitado está dentro de dichos créditos; luego también le son aplicables las leyes relacionadas con la prescripción.

Apoya su discurso en las sentencias del 10 de mayo de 2005 y 10 de julio de 2007, radicaciones 25.327 y 30.914, respectivamente, de esta Sala.

IX. Se considera

La situación presentada en este asunto es muy similar a la que estudió recientemente la Corte, en sentencia del 21 de marzo de 2012, Radicación 41.350. De suerte que lo allí argumentado sirve de sustento a lo que aquí habrá de considerarse, en cuanto a que no es del caso que la Sala entre a estudiar el cargo propuesto, al constatar diversas y graves dificultades de orden técnico. Estas, de manera principal, se desprenden de la argumentación que se emplea para demostrar, por la vía de los hechos, los errores que la recurrente atribuye al tribunal, como cuando señala que este dejó de apreciar el segundo enunciado de las normas, esto es, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 092 de 1994, lo que implica una valoración jurídica impropia en el sendero por el cual opta la acusación.

De igual naturaleza jurídica son otros razonamientos, tales como afirmar que el espíritu de la ley —artículo 143 de la Ley 100—, consiste en que al pensionado no se le disminuya su mesada, sino que por lo menos le mantenga la suma que recibía y para eso es que se ordena el reajuste pensional, sin sobrepasar el 12%; o reclamar la aplicación de las leyes relacionadas con la prescripción que, como ya se dijo, no fue objeto del discernimiento del juez plural, al no conformar parte de las razones del desacuerdo que expresara la demandada con las decisiones del juez del conocimiento.

No es más lo que hay que argüir para arribar a la conclusión de que el cargo no puede abrirse paso.

Sin costas en el recurso de extraordinario, ya que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 24 de septiembre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Nicanor Llanos Ariza, José De La Cruz Sibaja Herrera y David Pérez Rada, contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP - En liquidación.

Sin costas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».