Sentencia 43978 de agosto 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL543-2013

Rad.: 43978

Acta 24

Bogotá D.C., seis de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

La impugnación se centra en la conclusión del tribunal respecto de la naturaleza jurídica de la relación contractual que existió entre las partes, en cuanto estimó, contrario a lo que se afirma en el escrito con que se inició el proceso, que los servicios prestados por el actor no estuvieron regidos por un contrato de trabajo, pues no se acreditó el elemento de la subordinación para su estructuración.

Para resolver, la Sala procede a la revisión de las pruebas que se acusan de falta de estimación y de errónea apreciación, con el fin de establecer si de su estudio afloran los yerros que se le atribuyen a la sentencia.

En las actas de junta de socios de folios 109 y 115, ciertamente se lee que el actor fue elegido y reelegido como revisor fiscal de la demandada, con una asignación mensual por honorarios y “con jornada de medio tiempo”. Esa y no otra, fue la lectura que le dio el tribunal cuando al punto afirmó que en dichas actas constan la designación de Calderón Herrera, monto de los honorarios, así como que la labor contratada se desarrollaría en “una jornada de medio tiempo”.

Pese a ello, el tribunal no halló demostrado el elemento de la subordinación, mismo que desvirtuó cuando a continuación agregó que, “la remuneración no se hizo en la forma de salario sino de honorarios profesionales tal y como se exige para este tipo de vinculaciones”, lo cual derivó de “las referidas actas de junta de socios y de las cuentas de cobro o factura cambiaria de compra-venta que eran presentadas por el actor a la sociedad demandada (fls. 225 a 253-375 a 497)”. Esta inferencia, a más de razonable, quedó libre de ataque y, así, indemne la reflexión del juez de alzada.

Por otra parte, en principio, “la jornada de medio tiempo” estipulada en las actas de junta no es indicativa del sometimiento a un riguroso horario de trabajo impuesto por la sociedad de 8.00 a.m. a 12.00 a.m., como lo afirma la censura. Esta situación, que de haber existido podría tornarse en elemento indicativo de la subordinación, no es necesariamente concluyente y determinante de su configuración, porque la fijación del tiempo que ha de emplear quien presta el servicio en su actividad personal, puede darse también en las relaciones jurídicas independientes, sin que por ello se entiendan forzosamente signadas por la subordinación laboral.

En lo que a los memoriales de folios 123 a 126 y 128 a 186 corresponde, ha destacarse que si bien la impugnación al singularizarlos los señala de errónea apreciación, al desarrollar el cargo la argumentación es contradictoria cuando tilda al tribunal de haberlos ignorado. Esa supuesta simultaneidad, imposible de cometer, de entrada da al traste con la acusación.

Con todo, observa la Sala que cuando el colegiado abordó el estudio de dichos memorandos afirmó que de ellos no podía deducirse la subordinación propia del contrato de trabajo, toda vez que eran “manejados por los administradores, subgerente y hasta por el revisor fiscal para poner en conocimiento diferentes situaciones que se presentaban dentro del giro normal de la sociedad, como por ejemplo el que obra a folio 60 del accionante que dice para subgerente administrativo y financiero del revisor fiscal”. Esa disertación ningún reproche le mereció al recurrente, quien deja en firme la conclusión plasmada en la sentencia.

No obstante lo anterior al revisar la Corte, “algunos de los memorandos” que según el recurrente “patentiza[n] con mayor nitidez la subordinación soslayada inexplicablemente por el tribunal”, establece que en ninguno de los yerros acusados incurrió, porque:

a) De la documental que obra a folios 131, 176 y 181, no fluye que al actor se le hubiere convocado a reuniones “dentro de su horario de trabajo de media jornada”, horario que como ya quedó visto, no aparece estipulado en parte alguna. De otra parte, es preciso denotar que es propio de las relaciones profesionales independientes que el contratista sea convocado a determinadas y puntuales reuniones, previo señalamiento de lugar, hora y temática, sin que ello signifique que se esté en presencia del poder subordinante del empleador.

b) Los memorandos de folios 132, 137, 140, 152, 156, 158, 159 y 177, no evidencian “la estructura organizacional de la sociedad”, ni el “poder subordinante de un empleador frente a sus subordinados”; es más, al revisarlos no advierte la Sala que el tribunal se hubiera equivocado, no al menos con el carácter de evidente, cuando de su análisis coligió que de ellos no emana la subordinación laboral en cuestión, y que se utilizaban para poner en conocimiento diferentes situaciones propias del giro ordinario de la empresa.

c) De los memorandos de folios 175 y 178, no se infiere orden alguna dirigida al demandante; lo que de allí dimana es que se le solicitó informar a Luis Guillermo Sosa, él sí empleado de la empresa, su obligatoria participación en la reunión sobre “capacitación para el inventario simultáneo de enero 9 del 2000”.

Ahora bien, alega el recurrente que es “indiscutible” que al actor le fueron concedidas vacaciones, lo cual es viable únicamente en la relación laboral subordinada. Sin embargo, pese a tal circunstancia no puede la Corte aceptar la acusación basada en la errónea apreciación de los medios probatorios que así lo determinan (fls. 117 y 118); porque lo que aquí ocurrió, como lo acepta el recurrente, es que el tribunal prefirió darle credibilidad y peso tanto a la contestación de la demanda como a la declaración rendida por Richard Eduardo Martínez Cifuentes, según las cuales la empresa reconoció que “incurrió en error al conceder dichas vacaciones”.

Así las cosas, pertinente es recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a una o algunas de ellas, sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Con otras palabras en principio, los jueces del trabajo en las instancias pueden fundamentar su decisión en lo que resulte de la evaluación de las pruebas, a las que les pueden dar valor prevalente o excluyente, sin que dicho juicio permita predicar la existencia de errores por falta de apreciación o apreciación errónea, que conduzcan a socavar la sentencia. Esto último solo tendría lugar si de las pruebas, valoradas o no, surge con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la establecida por el sentenciador colegiado.

Respecto a las documentales de folios 117, 120, 121 y 224 fundamento de la acusación por falta de estimación, precisa señalar que el ad quem sí valoró la primera de las citadas, conforme atrás quedó expuesto, frente al tema de las vacaciones. En cuanto a las restantes, ciertamente no se lee en la sentencia que hubieran sido particularmente valoradas; sin embargo, puede afirmarse que tal omisión no configura error evidente o protuberante que conduzca a quebrar la sentencia, pues las comunicaciones de folios 120 y 121 no resultan suficientes para acreditar la subordinación laboral propia del contrato de trabajo, toda vez que proviene del mismo demandante en cuyo favor pretende eficacia y fuerza probatoria.

Finalmente, la comunicación de folio 224 que la empresa demandada le remitió a Calderón Herrera informándole que “la administración” determinó “suspender temporalmente la orden de prescindir de los servicios de (...) Mary Alexandra Parra (...) auxilia (sic) de la revisoría fiscal bajo su dirección”, en lo que al objeto de la litis interesa, no denota nada distinto de lo revelado en el proceso, es decir, que era el accionante quien en su condición de revisor fiscal tenía función de dirigir la revisoría fiscal de la compañía.

En conclusión, no se equivocó el tribunal cuando, en perspectiva del análisis conjunto de las pruebas, dedujo la inexistencia del contrato de trabajo, y más concretamente de la subordinación jurídica en el ejercicio del cargo de revisor fiscal que el actor desempeñó para la sociedad demandada.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo del demandante recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($3.000.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 7 de octubre de 2009, por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso que Julio Ernesto Calderón Herrera adelantó en contra de la sociedad Drogas Pharmabaratas s.a.

Costas en el sede de casación, como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».