Sentencia 4398 junio 15 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESTITUCIONES MUTUAS

EN CASOS DE NULIDAD O INEFICACIA DE CONTRATOS

EXTRACTOS: «Del resumen del cargo sexto se establece que la inconformidad del censor con la sentencia recurrida, radica básicamente en la condena que le impuso de pagar los frutos naturales y civiles producidos por el bien materia de restitución, desde el momento en que éste lo recibió (11 de octubre de 1979) hasta el de su devolución, por cuanto en su sentir, tal condena devino como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 964 del Código Civil y, consecuencialmente, de la indebida aplicación del artículo 1746 ibídem, pues si se hubiera aplicado en toda su extensión el inciso tercero del precitado artículo 964, el tribunal se habría evitado “...proferir la condena en frutos de manera concreta, porque no habiéndose desvirtuado la buena fe de Alberto Ochoa, no estaba, en primer lugar, obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda, como tampoco los percibidos con posterioridad, porque no los ha habido, y en segundo lugar, por cuanto siendo detentador de buena fe, se dada la imposibilidad jurídica de ordenársele pagar los frutos hipotéticos, los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder”.

Así las cosas, resulta pertinente memorar que si de conformidad con la reiterada y constante jurisprudencia de esta Corporación, la vía directa, como uno de los senderos de quebranto de las normas sustanciales “...implica... por contraposición a lo que a su vez constituye el fundamento esencial de la violación indirecta, que por el sentenciador no se haya incurrido en yerro alguno de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas; y que, por consiguiente, no exista reparo que oponer contra los resultados que en el campo de la cuestión fáctica hubiere encontrado el fallador, como consecuencia del examen de la prueba...” (XCLVI, 50; CLXXX, 357), no hay duda que la censura contenida en el aludido cargo, edificada en los términos predichos, aparece, de un lado, lanzada en el vacío, y de otro, totalmente infundada, como pasa a explicarse.

a) De conformidad con el extracto de la sentencia impugnada emerge como verdad incuestionable que la situación debatida en el proceso no versó exactamente sobre el ejercicio de la acción reivindicatoria, consagrada en el artículo 946 del Código Civil, sino sobre el de la invalidez de la promesa de compraventa que celebraron las partes en contienda, declarada por el ad quem al amparo de la figura de la ineficacia, razón por la cual consideró que, si bien la intervención judicial para su declaración resultaba inútil, sí era indispensable para que los “...efectos puramente fácticos que ejecutaron las partes, creyendo haber dado vida a un negocio jurídico... la justicia los retrotraiga a su situación anterior...”, por lo que terminó disponiendo las restituciones mutuas, como mecanismo adecuado para “...restablecer el equilibrio patrimonial turbado, para uno de los dos o para ambos”, es decir, para “...evitar un enriquecimiento injusto”, propósitos que ciertamente constituyen el fundamento filosófico que estructura el artículo 1746 del Código Civil.

De manera que permaneciendo intangible aquella conclusión del sentenciador de segundo grado, la aplicación del inciso segundo del artículo 964 del Código Civil al caso de la restitución de frutos, como consecuencia de la invalidez de la promesa de compraventa constatada en el proceso, brota parcialmente improcedente, por cuanto si bien dicho inciso resulta incuestionablemente aplicable, en toda su dimensión, cuando la acción agitada en el proceso es la reivindicatoria, no sucede lo mismo cuando se está en presencia de las restituciones recíprocas dispuestas como consecuencia de la ineficacia o nulidad absoluta de un acto o contrato, pues en tales eventos la constatación o declaración de aquellos fenómenos, da a las partes, según el artículo 1746 ejusdem “...derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”, para cuya finalidad, el inciso segundo de tal precepto determina que:

“En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles y voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo” (resalta la Sala).

De consiguiente, las restituciones recíprocas a que da lugar una declaración judicial de nulidad, se rigen por las mismas reglas generales de las prestaciones mutuas consignadas en el capítulo 4º del título 12 del libro 2º del Código Civil, entre las que se encuentra enlistada la del artículo 964; pero es obvio que tal remisión no implica, para casos como el deducido en este proceso, que tal precepto deba aplicarse en toda su extensión, comprendiendo específicamente los límites temporales que allí están determinados, porque entonces se haría nugatorio el efecto general y propio de toda declaración de nulidad, y desde luego, de la de fenómenos afines, cual es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, finalidad que solamente se obtiene por medio de las restituciones recíprocas en los términos previstos en el inciso 2º del artículo 1746 del Código Civil, en el que “...están previstos y determinados todos los efectos que pueden desprenderse del rompimiento de un vínculo contractual por efecto del pronunciamiento de una nulidad en sentencia que tenga la fuerza de cosa juzgada, en la cual, en presencia de las pruebas que se aduzcan en cada caso concreto y de la calificación que al tenor de ella se haga en la de los contratantes, ha de determinarse el alcance y la cuantía de las restituciones mutuas. Los términos de un fallo de nulidad tienen que reflejar la realidad probatoria de cada debate judicial” (Cas. 1º de diciembre de 1938, XLVII, 453).

De suerte que la aplicación del artículo 964 del Código Civil, en virtud de la remisión dispuesta por el artículo 1746 ibídem, a casos como el que ahora ocupa la atención de la Corte, solamente resulta viable para determinar la calidad de los frutos que el demandado vencido debe restituir, es decir, si los percibidos, o si estos y los que hubiera podido percibir el dueño con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder, en virtud de la calificación que se haga de su buena o mala fe, pero sin las restricciones de tipo temporal previstas en el inciso tercero para el poseedor de buena fe, porque, entonces, se reitera, se desconocería el efecto general y propio de toda declaración de nulidad, imposibilitando, en materia de restitución de frutos, el regreso de las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo.

Por tales circunstancias se afirma que la acusación contenida en este cargo fue lanzada al vacío, por cuanto permaneciendo intocable la conclusión del tribunal en torno a la naturaleza de la acción debatida en el proceso y las consecuencias derivadas de su declaración, la restitución de los frutos producidos por la cosa materia de devolución no podía ser definida íntegramente, como acontece cuando se trata de acción reivindicatoria, al tenor del artículo 964 del Código Civil, particularmente al texto de su inciso tercero».

(...).

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESTITUCIÓN DE SUMAS DE DINERO

CORRECCIÓN MONETARIA E INTERESES

EXTRACTOS: «1. Como consecuencia del reconocimiento de la ineficacia del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes, el Tribunal aseveró que la sentencia en que se reconozca la inexistencia del negocio y “...ordene restablecer las cosas al estado anterior, no es incongruente, puesto que la inexistencia no necesita declaración, y en tal caso prosperan las demás pretensiones, inclinadas a evitar un enriquecimiento injusto”, por lo que dispuso, a continuación, las restituciones mutuas.

2. En el punto de las prestaciones recíprocas, ha dicho la Corte que las disposiciones legales que gobiernan las prestaciones mutuas a que puede haber lugar, por ejemplo, en las acciones reivindicatorias y de nulidad, tienen su fundamento en evidentes y claras razones de equidad, que procuran conjurar un enriquecimiento indebido. Por tal razón, ha repetido esta Corporación, tales restituciones mutuas quedan incluidas en la demanda, de tal manera que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a petición de parte, ora de oficio. De suerte que cuando se declara la nulidad de un negocio jurídico, o su ineficacia, como en el caso presente, no sólo debe restituirse, por la parte obligada a ello, la suma de dinero recibida en desarrollo del contrato anulado o ineficaz, con la consiguiente corrección monetaria, sino también el valor de los intereses que como consecuencia normal habría de producir toda suma de dinero, pues el efecto general y propio de toda declaración de nulidad de un negocio jurídico, es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Por tal virtud, la sentencia de nulidad ciertamente produce efectos retroactivos y, por consiguiente, cada parte tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del negocio jurídico anulado, o sea, las partes quedan obligadas a devolverse lo que recíprocamente se hubieren entregado en desarrollo de la relación jurídica declarada nula, razón por la cual, dice el artículo 1746 del Código Civil, que:

“En las restituciones que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente” (resalta la Sala).

3. En estas condiciones, en el caso sub júdice resulta evidente la falta de decisión sobre el punto relacionado con los intereses de la suma de dinero entregada por el demandado al actor como parte del precio, omisión que indudablemente implica una inconsonancia de la sentencia, por mínima petita, es decir, por no haber decidido sobre todas las consecuenciales a la declaración de ineficacia, por cuanto si bien condenó al demandante a restituirle al demandado la suma de dinero que entregó como parte del precio, con corrección monetaria, olvidó pronunciarse sobre la restitución de los frutos civiles (intereses) producidos por esa suma de dinero desde las distintas fechas en que el actor la recibió hasta el momento de su devolución, incurriendo, por tanto, en el error in procedendo denunciado por el censor.

Por tanto, el cargo prospera.

IV. Sentencia sustitutiva 

1. Como consecuencia de la prosperidad del cargo segundo, la Corte procederá, entonces, a casar la sentencia impugnada, y colocada en sede de instancia, proferirá la de reemplazo, para lo cual, como el éxito de la impugnación fue apenas parcial, reproducirá en su totalidad la proferida por el Tribunal, sin efectuar pronunciamiento alguno en torno a la posición jurídica adoptada por el ad quem para desembocar en la ineficacia del contrato de promesa de compraventa, materia de este proceso, en virtud de las limitaciones impuestas en los cargos formulados por el recurrente, pero a la cual se agregará la condena que se le impondrá al demandante Julio Carreño Santos de pagarle al demandado Alberto Ochoa Parra el valor de los frutos civiles que la suma de dinero recibida por el primero y entregada por el segundo, como parte del precio por el inmueble prometido en venta, produjera desde la fecha de las distintas entregas hasta su devolución, que no son otros que los intereses legales civiles (C.C., art. 2232) de la aludida suma de dinero, tomada nominalmente, por cuanto no milita en el expediente elemento de juicio alguno para imponer los comerciales, como corolario obligado de las restituciones recíprocas a que da derecho el artículo 1746 del Código Civil, según lo expresado en el despacho del cargo respectivo».

(Sentencia de casación, junio 15 de 1995. Expediente 4398. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

SALVAMENTO DE VOTO

1. Con el mayor respeto, me permito salvar el voto, en relación con la decisión adoptada mayoritariamente dentro del asunto de la referencia.

Mi discrepancia consiste en que la decisión mayoritaria resolvió conceder los intereses legales sobre el capital nominal, es decir, sobre el capital sin indexar. En mi concepto, los intereses legales deberían, en el asunto sub júdice, liquidarse sobre el monto del capital ya indexado.

En efecto, la indemnización íntegra no se logra si los intereses se liquidan sobre el valor nominal de la misma, ya que tal solución conllevaría a que los intereses finalmente fueran mínimos en relación con el capital adeudado.

Veámoslo con un ejemplo:

Supongamos que, al momento de ocurrir el daño, de percibirse los frutos o de hacerse las mejoras, estos tengan un valor nominal de un millón de pesos. En esta hipótesis, si el daño no se hubiera producido, el perjudicado habría podido colocar ese capital a una tasa que le produjese no sólo un interés puro o lucrativo, sino también el equivalente a la corrección monetaria derivada de la inflación. Imaginemos una tasa del 26% anual, descompuesta así: 20% por corrección monetaria y 6% por concepto de interés lucrativo. Así las cosas, para el segundo año, el perjudicado podía haber colocado capital más corrección monetaria, a una tasa similar, en cuyo caso, los nuevos intereses se deberían liquidar, no sobre el millón de pesos nominal, sino sobre $ 1.200.000, valor actual del capital inicial. Y, adicionalmente, podía haber colocado los intereses puros o lucrativos a una tasa que le permitiera mantener actualizado el valor de los mismos. En esta forma, financieramente, los intereses, al final del período respectivo, estarán liquidados como si se hubiera hecho la liquidación con base en el valor que tenía el capital al final de dicho período. Esta solución no riñe con las matemáticas financieras ni con el equilibrio patrimonial que pretende proteger el orden jurídico ni con el principio nominalista establecido en la ley.

Un segundo ejemplo:

Una persona es dueña de un inmueble que vale, al momento de ocurrir el daño, el equivalente de mil salarios mínimos; por concepto de arrendamiento recibe mensualmente el equivalente de un salario mínimo. Si el bien es destruido, la víctima tendrá derecho al pago de la indemnización de un daño emergente, cuyo monto asciende a mil salarios mínimos; el lucro cesante mensual, a su vez, será igual a un salario mínimo. En uno y otro caso, el contenido intrínseco de la indemnización no varía.

Convirtamos ahora esos salarios mínimos en unidades monetarias. Supongamos que al momento de ocurrir el daño los mil salarios mínimos valen un millón de pesos, y, obviamente, el lucro cesante será equivalente a un salario mínimo, es decir, a mil pesos mensuales. Si al momento de liquidar el monto indemnizable, los mil salarios mínimos valen cinco millones de pesos, obviamente el lucro cesante será de cinco mil pesos mensuales, pues, de lo contrario, ese lucro cesante se quedaría sin indexar.

2. Ahora, podría contraargumentarse que el Código Civil, al referirse al valor de los frutos, afirma que estos se liquidarán teniendo en cuenta el valor que ellos tenían al momento de su percepción, razón por la cual los intereses serán aquellos que habría producido el capital nominal. Sin embargo, tal solución me parece equivocada, según explicaré a continuación.

En efecto, cuando la ley habla del valor que tenían las cosas al momento de su percepción se está refiriendo es al valor intrínseco de las mismas y no a su valor extrínseco o monetario. El primero puede aumentar o disminuir independientemente de las fluctuaciones extrínsecas provenientes del envilecimiento de la moneda. El Código Civil quiere que se mantengan los valores intrínsecos de las prestaciones, pero no exige que su valor extrínseco o monetario sea inmodificable, entre otras cosas, porque en las obligaciones de género el deudor debe pagar con cosas semejantes pero de calidad similar a la que adeuda, según se desprende del artículo 1566 del Código Civil.

Acudo nuevamente a los ejemplos:

Si el poseedor de una mina extrae de ella un kilo de oro que al momento de su extracción valía el equivalente de setenta salarios mínimos, y posteriormente, cuando, en razón de un proceso reivindicatorio, deba restituir el valor del metal, el precio del kilógramo es de cien salarios mínimos, en razón de las fluctuaciones producto de la oferta y la demanda, el juez deberá condenar al responsable, al pago del oro teniendo en cuenta los setenta salarios mínimos que valía el metal cuando fue extraído (percibido). Obsérvese que el valor intrínseco se ha modificado entre una fecha y otra. Ahora, ese valor intrínseco nominal o inicial, mayor o inferior al valor intrínseco del día de la indemnización deberá ser corregido monetariamente, es decir, se modificará el valor monetario que, en el ejemplo propuesto, tenían los setenta salarios mínimos que costaba el kilo de oro cuando fue percibido. Así las cosas, al momento de liquidarse el valor de los frutos, se tendrá en cuenta el valor monetario que a la fecha de la liquidación tengan los setenta salarios mínimos, poco importa que, para esa misma fecha, el oro tenga un valor equivalente a cien salarios mínimos.

Desde luego, bien podría suceder que, por las leyes de oferta y demanda, el precio del kilo de oro, al momento de su percepción, tenga un valor intrínseco superior al que tenga cuando deba hacerse la restitución. En este caso, la corrección monetaria se hará sobre el mayor valor intrínseco que tenía el oro cuando fue percibido. En el ejemplo propuesto, bien puede haber sucedido que el oro, al momento de su percepción, valiera cien salarios mínimos, mientras que su valor, al momento de la restitución, sólo fuera de setenta salarios mínimos. En circunstancia semejante, la liquidación del oro se hará teniendo en cuenta el valor que, al día del pago, tengan los cien salarios mínimos.

En consecuencia, cuando la jurisprudencia, al aceptar la corrección monetaria, rompió el nominalismo legal, sólo hizo una ruptura aparente, pues, desde el punto de vista del valor intrínseco de las prestaciones, la corrección monetaria no conlleva modificación alguna. Lo que se exige es que la prestación tenga un valor monetario equivalente al valor real que tenía la misma cuando comenzó a ser debida.

En conclusión, considero que los intereses otorgados por la sentencia aprobada deberían liquidarse no sobre el valor inicial de lo que se adeuda, sino sobre el valor actualizado de la misma prestación.

Muy respetuosamente,

Javier Tamayo Jaramillo. 

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