Sentencia 43996 de agosto 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL-538-2013

Radicación 43996

Acta 24

Magistrado Ponente

Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

No demuestra el impugnante error alguno del tribunal, y menos en calidad de ostensible puesto que no aparece desatinado concluir que las actividades referidas en el objeto social de la contratista, tendientes a realizar “…estudios, diseños, asesorías e interventorías, construcciones y montajes en el campo de la ingeniería eléctrica…” y aquellas establecidas en el objeto social de la contratante, esto es, de comercializar y distribuir la energía eléctrica “dentro de todo el territorio nacional, así como la ejecución de todas las actividades afines, conexas complementarias y relacionadas a la distribución y comercialización de la energía…” tengan un mismo propósito y desarrollo, para concluir en su identidad de objeto y finalidad. (resaltados extra textuales).

Pese al esfuerzo del impugnante para sustentar la diferencia que predica, a través de la distinción semántica, no logra su propósito al establecerse que dentro de las actividades enunciadas para desarrollar el objeto social de la contratante se encuentran todas aquellas “afines, conexas complementarias y relacionadas a la distribución y comercialización de la energía…” condiciones que cumplen, sin duda, las relacionadas con el objeto social de la contratista, esto es la elaboración de estudios, diseños, asesorías e interventorías, construcciones y montajes en el campo de la ingeniería eléctrica…”. Lo que conduce a concluir que el tribunal no yerra al considerar que la labor contratada y desarrollada por la empleadora contratista corresponde a las ordinarias de la empresa contratante; como aparece con mayor claridad al analizar el reproche a la estimación que efectuara el colegiado al contrato 99099, toda vez que de igual manera el censor no logra probar que se estructura error de hecho en la valoración del contrato que suscribiera la beneficiaria de la obra con la empleadora en el que establece la conexidad de actividades entre ambas entidades, esto es, “el servicio de realizar las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de distribución aéreas y subterráneas, que considera la normalización de las redes de distribución y restitución del suministro del servicio de energía eléctricas…”; que en correspondencia con lo visto no sólo no le son extrañas a la contratante sino afines y complementarias con las de su objeto social.

El examen a los citados medios de prueba diferente a demostrar error del tribunal en su apreciación conducen a validar su principal conclusión fáctica, supuesto de la solidaridad consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme a la cual la labor contratada” corresponde a las actividades ordinarias de la empresa contratante” en el contexto en el cual ambas empresas demandadas desarrollaban el mismo objeto social.

No sale avante el cargo.

Cargo primero: Atribuye a la sentencia la violación de vía directa en el concepto de interpretación errónea del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación a lo señalado con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y en el artículo 63 del Código Civil.

Para empezar reproduce segmento de la sentencia impugnada en el que el ad quem interpreta el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo “en relación a lo señalado con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo “en el cual el tribunal, al controvertir la tesis del apelante, hoy recurrente en casación, conforme a la cual la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo no existe en relación a la culpa del patrono consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; refiere que aquel alude a “…salarios, prestaciones e indemnizaciones…” sin hacer distinción alguna en cuanto a estas últimas por lo que debe entenderse comprendida entre las mismas la regulada por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo puesto que “hay un principio de derecho que establece, que donde el legislador no distingue, no le es dado al intérprete distinguir”.

El señalado razonamiento del ad quem que le atribuye al conjunto de normas citado en la proposición jurídica un sentido que no le corresponde al reconocer la solidaridad del beneficiario de la obra con la indemnización del referido artículo 216 , proviene, según el impugnante, de no atender sus previsiones (las del CST, art. 216 que trascribe), al no advertir que “esa indemnización, se origina en la culpa leve del empleador o sea en la falta de diligencia y cuidado de ese empleador en las actividades que el desarrollaba personalmente, por lo tanto no es posible extender la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo al beneficiario de la ejecución de una obra como contratista, la indemnización de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, al desprenderse la indemnización de la culpa leve en la forma en que la consagra el artículo 63 del Código Civil, es decir, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, culpa o descuido sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culta (sic) se opone a lo (sic) cuidado mediante el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de un negocio de culpa, si la indemnización se causa, porque el contratista incurrió en culpa leve por no haber obrado como un buen padre de familia, no se puede extender la solidaridad por la falta de pago de esta indemnización al beneficiario de la obra, porque solo cuando se profiere la sentencia judicial nace la culpa y la indemnización que de ella se origina, en estas circunstancias no cabe la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, porque ella fue creada para evitar que el beneficiario de una obra o el beneficiario de una prestación de un servicio evadiera el cumplimiento de sus obligaciones laborales, cuando el contratista no las ha cumplido, nada tiene qué ver el fenómeno de la indemnización total de perjuicios por culpa leve del empleador de un trabajador que prestaba sus servicios a dicho empleador el cual a su vez era contratista independiente de otra persona.

Refuta luego el argumento de la regla hermenéutica empleada por el superior, conforme a la cual “donde el legislador no distingue, no le es dado al intérprete distinguir”; por lo que es aplicable a la indemnización del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; para aducir que “ es errónea …porque la excepción se desprende de la naturaleza jurídica del hecho que crea la indemnización el cual solo puede ser atribuido exclusivamente al empleado (sic) que fue el que incurrió en la culpa leve, no puede castigarse por solidaridad a quien no ha generado una indemnización plena de perjuicios porque su conducta en la ocurrencia del accidente de trabajo no tiene ninguna participación”.

La réplica.

Aseguradora Colseguros al oponerse al recurso subraya que la “indemnización que pretenden los demandantes …no está incluida dentro de las prestaciones sociales regladas en la ley laboral, y no opera tampoco de manera automática de pleno derecho a favor del trabajador…”.

La replicante “Confianza” aduce que tal indemnización (la del CST, art. 216) no está cubierta en el amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones.

V. Consideraciones de la Corte

No arriba a buen suceso el cargo que para demostrar error en la reflexión hermenéutica del superior del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo acude a la argumentación conforme a la cual la indemnización del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo “se origina en la culpa leve del empleador o sea en la falta de diligencia y cuidado de ese empleador en las actividades que el (sic) desarrollaba personalmente, por lo tanto no es posible extender la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo al beneficiario de la ejecución de una obra como contratista,…”; sin señalar el fundamento de su afirmación y en oposición a lo enseñado por esta Sala.

En efecto, en proceso contra la misma entidad electrificadora, con similar supuesto de hecho en el que se acusaba la interpretación errónea del indicado artículo 34 y en el que se argumentó por la también hoy recurrente en casación, que la solidaridad allí contemplada era diferente a la “de la indemnización plena de perjuicios contenida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo… la cual solo pude atribuirse al sujeto que incurrió en la culpa leve…”; esta Sala dijo en sentencia de radicado 35938 17 de agosto de 2011:

Ha enseñado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que la culpa es diferente del principio de solidaridad, habida cuenta que mientras aquélla se origina en un error de conducta del empleador, que forma parte de la causa de la obligación, que puede llegar a comprometer la responsabilidad de otros; la solidaridad que emana de la ley, viene a ser parte del efecto de la responsabilidad, trayendo al responsable solidario como un garante de las obligaciones que emanan del empleador.

Entonces, dentro de la figura jurídica del contratista independiente, para efectos de condenar al reconocimiento y pago de la indemnización estatuida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se requiere la acreditación de la culpa de quien es el verdadero empleador, es decir, el contratista independiente, toda vez que la obligación de reparar los perjuicios es exclusiva del dador del laborío. Sin embargo, de conformidad a la ley laboral (CST, art. 34) el dueño o beneficiario de la obra conexa con su actividad principal, funge como garante en el pago de dicha indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa sino precisamente por virtud de la solidaridad, lo que, a su vez, como lo ha asentado esta Sala, le permite, después de cancelar la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que reafirma aún más su simple condición de garante. Pero sin ir tan lejos, nótese que el mismo artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad de que el beneficiario “repita contra él [empleador] lo pagado a esos trabajadores”.

Sobre el particular, es necesario traer a colación la sentencia de casación del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, en que esta Sala, al analizar un caso similar, alrededor de la solidaridad del beneficiario de la obra en tratándose de las indemnizaciones y prestaciones debidas por los perjuicios materiales y morales causados por la muerte de un trabajador, con ocasión del accidente de trabajo por culpa patronal, así razonó:

“la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas, al obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de dueño o beneficiario de la obra contratada, ante la usual insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo esta Sala en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes:

“Más el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores”.

Esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el CST, art. 34) que de ella emanan son exigibles a aquel en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes.

De esta manera lo ha dicho esta corporación:

“‘La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada”’ (sent., sep. 23/60, “G.J.”, XCIII, 915) (resaltado extra texto).

Al reiterarse el trascrito razonamiento jurisprudencial el cargo no prospera.

No se casará la sentencia.

Costas en el recurso a cargo del recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de $ 6.000.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de julio de 2009, en el juicio promovido por Edolida María Toloza Medina, en nombre y representación de su menor hija Sandra Milena Argotes Toloza y de su nieta María Fernanda Penagos Argotes contra Codensa S.A. ESP y la sociedad JRT Ingenieros Ltda.

Costas en el recurso a cargo del recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Magistrados: Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Luis Gabriel Miranda Buelvas.