Sentencia 4404 de noviembre 13 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PRÁCTICA ILEGAL DE DILIGENCIAS

SE EXCLUYEN SUS RESULTADOS PROBATORIOS

EXTRACTOS: «La Sala, conforme a su tradicional e invariable criterio, no deja de reprochar, de exigir y de imponer sanción a todos aquellos actos de la autoridad que no se ajustan a la normatividad jurídica, especialmente los relacionados con los derechos civiles y las garantías sociales esquemas vitales de los derechos humanos. Considera improcedentes, es obvio, prácticas de fuerza (material y moral) y desconoce toda validez a lo realizado en tan censurables circunstancias, demandando o aplicando, además, el condigno castigo para sus autores, tanto en la órbita penal corno en la disciplinaria. Pero también se muestra alerta para no calificar, de buenas a primeras, como formas inaceptables de tortura, aprehensiones que buscan disminuir los riesgos de reacción (v. gr. imposición de esposas), o interrogatorios severos. Además, resulta obvio en el proceso de exclusión de resultados investigativos que éstos evidencien nexo causal con la práctica ilegal que los genera. Igualmente conviene insistir, en este estudio específico a que está constantemente abocado el juzgador, en lo que suele ser regla de experiencia, o sea, que los procesados, a más avezamiento en el delito, a mayor gravedad del mismo o protuberancia de la prueba de cargo, acuden a dramáticos relatos de coacción, que deben estudiarse con escrúpulo y serenidad, a fin de no cerrar el entendimiento ante violaciones impasables, ni abrirlo ingenuamente, con toda amplitud y efecto, a esta clase de maliciosas alegaciones.

La tesis de la delegada, en cuanto pretende distinguir entre el allanamiento como tal (mera diligencia, art. 370 C.P.P.) y las pruebas recogidas durante el mismo, al punto que éstas pueden ser válidas. Pese a la invalidez de aquel; o ellas pueden ser inválidas, pese a la validez del registro, exigiéndose por tanto el análisis separado y autónomo de uno y otras, pues es manifiesta su independencia y la imposibilidad de censurarlo por la vía del error de derecho, resulta exagerada, por lo indiscriminada, y extraña a la valoración jurídica que debe presidirla.

Para la Sala la cuestión merece ser discriminada y tratada en forma diferente, dando lugar a consecuencias múltiples y distintas. De ahí que se pueda decir, de entrada, que la actividad procedimental que busca producir un medio probatorio llega a tener usualmente tanta entrelazada importancia, que, con frecuencia devienen en aspectos inescindibles, al punto que atacado con éxito uno de los extremos, el otro desaparece; en otros términos, la pérdida de valor de lo actuado, que debe estimarse unitariamente, se da a expensas de la destrucción de una u otro aspecto, o de la integrada formulación de la censura.

De ahí, por ejemplo, que si una confesión extrajuicio (indicio) se da durante un allanamiento realizado de manera arbitraria, o en interrogación indebida, no es dable decir que son diferentes y autárquicos el allanamiento, la toma de versión y el indicio que de allí resulta, pues obviamente, si éste solo se obtuvo por tal medio, la validez tiene que mirarse por esos primeros planos. Otro tanto podría decirse de la recepción de indagatoria, contraviniéndose a las formalidades sustanciales de la misma, y la confesión que en ella se produzca; o la designación arbitraria de personas que no son auxiliares de la justicia o la confección totalmente ilegal de un cuestionario, y la prueba conocida como dictamen o pericia. Vale tanto, cuando el aspecto es único, afirmar que la confesión fue recepcionada sin que en ella interviniera el juez, como afirmar que la diligencia de injurada, por este mismo vicio, se torna en inexistente, desapareciendo el elemento probatorio. De igual modo puede decirse que si lo único que permite considerar la existencia de un elemento probatorio que provenga del procesado, es la diligencia de allanamiento, y ésta se cumplió contrariando su regulación legal o constitucional, vale tanto llegar al desconocimiento esta diligencia, para que lo que de ella dependa en forma exclusiva, corra igual destino, como censurar la existencia del documento o del elementodelictivo, o producto del delito, por haberse obtenido, por procedimiento vedado. Nadie negará que un interrogatorio bajo tortura, vicia la confesión y vicia igualmente los descubrimientos que sólo dependan en su fuerza demostrativa de este medio.

Por eso, si un allanamiento efectuado en contravía de lo que al respecto se disponga, en su aspectos básicos e imprescindibles, constituye l única manera de acreditar las manifestaciones d la persona que tenía derecho a la guarda domiciliaria, obviamente que defecto tan sustancia dará al traste con esa comprobación. Pero si e procesado, en diligencia válida posterior, decid reconocer la posesión de esas armas, la situación cambia fundamentalmente pues el valor de es probanza ya no depende del allanamiento sin de la indagatoria misma. Y también puede llegarse a igual resultado por complementos testimoniales, periciales, documentales, etc.

Conviene, también, dejar a salvo demostraciones innegables, incontrovertibles, como situaciones de hecho, las cuales no pueden uncirse desprestigio o carencia de validez de procedimientos que los anteceden, rodean o subsigue. Así el allanamiento exhiba irregularidades, ha acontecimientos que surgen en su desarrollo que no pueden desconocerse, como sería, v. gr., descubrimiento de un cadáver, de dinero o documento falsificados, de un laboratorio para la producción de estupefacientes, de un depósito de armas o explosivos, o de una persona secuestrada

Tiénese, entonces, que en el caso sub-examié: el allanamiento fue válido bien por la aquiescencia del procesado, pues no logra convencimiento la forzada explicación de haber accedido a la penetración por la coacción o violencia sobre él ejercida, bien porque se daba un fenómeno de flagrancia. Y, de otro lado, Muñoz Navia reconoció, a lo largo del proceso, que tales armas (las de fuego con sus municiones), así como los varios documentos decomisados, eran suyas y tenían una procedencia legítima. Esto le ha dado a esta situación una caracterización diferente y de ahí la validez de todos los experticios efectuados sobre las mismas, así como la apreciación que al respecto asumió el Tribunal. En estas circunstancias se daba la viabilidad del ataque en la norma presentada por el casacionista (vía indirecta, error manifiesto de derecho)».

(Sentencia de casación, noviembre 13 de 1990. Radicación 4404. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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