Sentencia 44053 de agosto 21 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad: 44053

SL 593-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 26

Bogotá D.C., veintiuno de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

La Sala abordará en el mismo orden el estudio de recurso, a partir del examen objetivo de los medios de prueba que se citan en el cargo.

1. De la relación laboral y sus extremos

Quedó dicho al historiar el proceso, que al punto el tribunal, previa la revisión de las pruebas aportadas al plenario, estableció que los contratos suscritos entre las partes fueron de naturaleza diferente, unos, de carácter laboral, otros civiles; que hubo solución de continuidad entre unos y otros; y que el accionante no probó la prestación continua del servicio.

Al respecto, observa la Sala que la censura no logra desquiciar la sentencia impugnada en lo que a los extremos de la relación laboral se refiere, toda vez que con ninguno de los cinco puntos en los que fundamenta su alegación, demuestra los yerros que le atribuye al tribunal.

Ciertamente, no hubo error en la estimación de la demanda y su contestación en la dirección que lo sugiere el recurrente, toda vez que la accionada, al responder los hechos 1º, 2º y 3º de la demanda, no confesó que los extremos de la relación de trabajo se extendieron entre el 5 de agosto de 1985 y el 4 de abril de 2001.

De lo que allí deriva es que Unitec aceptó que el 5 de agosto de 1985 “celebro (sic) un contrato” con el demandante y que el mismo se extendió hasta “el 26 de noviembre” de ese mismo año, el cual fue cancelado en legal forma, situación que corroboró el tribunal con la documental del folio 45 del cuaderno de anexos 2, que al ser revisada permite afirmar que lo aducido en la sentencia impugnada se aviene con estrictez a su contenido.

Lo anterior es suficiente para desechar la supuesta confesión sobre el extremo final del contrato de trabajo en la fecha que acusa el recurrente. No obstante, pertinente resulta destacar, que conforme a las probanzas de folios 5 y 6 del cuaderno de anexos 2, el tribunal, con certeza afirmó que el 4 de abril de 2001 terminó el contrato a término fijo que suscribieron las partes para el periodo comprendido entre el 7 de marzo y el 4 de abril de 2001, lo cual fácilmente se observa en la última fila del cuadro en el que condensó las probanzas en las que soportó su decisión.

De otra parte, no es cierta la aseveración del impugnante, según la cual “no existe documento de terminación del extremo final” del contrato suscrito el 5 de agosto de 1985, porque tal y como lo infirió el tribunal del fl. 45 del cuaderno de anexos 2, que por demás es copia idéntica del folio 3 del cuaderno principal, sí fluye que ese contrato feneció el 26 de noviembre del mismo año.

Sin razón critica el libelista la omisión valorativa frente a las probanzas de folios 2, 5, 6 y 7 del cuaderno principal y a la documental de folios 7, 10, 16, 22, 25, 32, 33, 38, 40, 42 y 44 del cuaderno de anexos 2, toda vez que el juez de alzada sí se detuvo en su examen, tal como se lee en la sentencia, (fls. 112 y 114, cdno. ppal.), de manera que respecto de esos medios de prueba ha debido orientarse el ataque por la errónea estimación y no por su falta de valoración.

Ahora bien, en lo que a la documental de folios 8, 14, 17, 21, 23, 26, 28 y 30 del cuaderno de anexos 2 que contiene los contratos de “prestación de servicios”, y la de folios 5, 6, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43 y 45 del cuaderno de anexos 2, que remite a los “contratos de trabajo a término fijo” que según el recurrente fueron indebidamente valorados, observa la Sala que no se equivocó el colegiado, o al menos de manera evidente, protuberante u ostensible, cuando de su revisión dedujo que entre las partes se suscribieron varios contratos “de diferente naturaleza, esto es; (sic) contratos de prestación de servicios y contratos de trabajo”, porque esas conclusiones surgen del texto de los aludidos documentos, de donde es dable concluir, razonablemente, que no se trató de un solo contrato, y menos aún, de uno solo de naturaleza laboral.

Adicionalmente, en lo que a lo que a este punto corresponde, ha de destacarse que el recurrente no debatió el eje central del proveído, según el cual, entre los diferentes contratos —unos civiles y otros laborales— hubo solución de continuidad, y al demandante le faltó demostrar “la prestación continua del servicio”. Por manera que esas conclusiones permanecen incólumes, ya que como lo ha explicado con reiteración la Sala, la sentencia que es acusada en casación llega antecedida de la presunción de legalidad y acierto, por virtud de lo cual le corresponde a quien pretenda su anulación destruir todos los argumentos de hecho o de derecho que le hayan servido de base al juzgador para adoptarla, lo que significa que aquellos pilares del fallo que permanezcan libres de crítica, seguirán sirviendo de puntal a la decisión atacada.

Ahora bien, aunque lo anterior es suficiente para dar al traste con la acusación, estima necesario la corporación precisar que los contratos de trabajo con los profesores, según lo dispuesto en el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, deben entenderse celebrados por los periodos académicos correspondientes, salvo que las partes estipulen que se celebran por periodos mayores o a término indefinido, que no es el caso de sub lite.

Ciertamente, pretende el recurrente que con fundamento en el ya citado artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, se declare la unicidad del contrato de trabajo, desde el 5 de agosto de 1985 hasta el 4 de abril de 2001, es decir, a término indefinido. Sin embargo, en el proceso está demostrada la celebración de varios contratos, unos de naturaleza civil y otros de carácter laboral, a término fijo o por duración determinada, en unos casos, de enero a mayo, en otros de febrero a junio, unos más, entre agosto y noviembre, los cuales tuvieron solución de continuidad debido a la naturaleza propia de la prestación del servicio contratado como docente, en los que como lo afirma el actor, “laboró en cada uno de los 2 periodos (sic) ‘I y II’ anuales, es decir, por año escolar lectivo o periodo académico (...)”.

Es más, el único de los contratos de trabajo que no tuvo interrupciones entre uno y otro periodo académico, a lo largo de más de seis años de vigencia, es el que existió entre el primero de julio de 1994 y el 9 de marzo de 2001, que tal y como consta en la documental del folio 7 del cuaderno principal, se suscribió a término indefinido, para que el actor desempeñara el cargo de profesor de tiempo completo, el cual terminó por mutuo acuerdo entre las partes con la correspondiente liquidación final de salarios y prestaciones.

Con otras palabras, los contratos que se celebren con los docentes no son necesariamente continuos, sino que, a la luz del artículo 101 del Código Sustantivo de Trabajo, pueden interrumpirse al finalizar el respectivo periodo académico, que en la mayoría de los allegados al plenario fueron semestrales y no anuales. En efecto, los firmados entre las partes, tanto los de naturaleza civil como los de carácter laboral, salvo el contrato de trabajo que tuvo vigencia entre el 01/07 de 1994 y el 09/04 de 2001, consensual y expresamente las partes precisaron las fechas de iniciación y terminación de cada uno, sin que de allí pueda inferirse, como lo pretende la censura, la unicidad del vínculo jurídico que con solución de continuidad en varias ocasiones los ligó.

2. Del pago y reajuste del auxilio de cesantía e intereses

Insiste el libelista en la unicidad del contrato de trabajo entre el 5 de agosto de 1985 y 4 de abril de 2001, de manera que por brevedad, para dar al traste con la acusación, basta remitirse a lo expuesto en el numeral anterior.

De otra parte, no logra el impugnante demostrar el yerro que le enrostra al tribunal, con relación al memorial de alzada y la pretensión de que sus prestaciones sociales se liquiden a partir de un salario mensual equivalente a $ 824.320, conforme se pactó en el contrato de trabajo cuya copia obra a folios 5 y 6 del cuaderno principal y en atención a que siempre se desempeñó como docente de tiempo completo. Ciertamente, como lo adujo el colegiado, esa pretensión no fue propuesta con la demanda inicial en la que además se lee textualmente, que “[e]l último salario que la demandada debió pagarle (...) era de (...) $ 1’503.760,00 mensuales, sin embargo solo le pago (sic) la mitad de su salario, es decir, la suma de (...) $ 751.880,00 m/cte. mensuales”, bajo el supuesto expuesto en el cuarto de los hechos, esto es, como “profesor de tiempo completo”.

Otro tanto ocurre en esta sede con el alcance subsidiario de la impugnación, razón por la que debe insistirse entonces, en que los fundamentos de la demanda de casación deben estar cimentados en los hechos definidos por las partes en el escrito inaugural del proceso, su reforma, respuesta y proposición de excepciones, por lo que aceptar hechos nuevos en el recurso extraordinario, implica la vulneración para la parte demandada de sus derechos de contradicción y de defensa, cuyos pilares esenciales exigen que la relación jurídica procesal quede delimitada al inicio del proceso.

3. Del reajuste de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo.

Las alegaciones del censor se basan, de nuevo, en la unicidad del contrato de trabajo y en tanto se liquidó sobre la base de un salario equivalente a $ 751.880 y no como correspondía a partir de $ 824.320.

Para despachar sin éxito la imputación, se remite la Sala a lo expuesto en precedencia, es decir, que no erró el colegiado al afirmar, de una parte, que se demostró en el proceso “que la relación laboral del gestor se rigió por sendos contratos —unos civiles y otros laborales”—, (...) no es posible tener en cuenta todos los periodos servidos para la liquidación del pedimento indemnizatorio” y, de otra, que la pretensión de reliquidar las prestaciones sobre la base de un salario de $ 824.320 mensuales “no fue alegada en la demanda, lo cual se constituye en un hecho nuevo” que no permite pronunciamiento, “en aras de proteger el derecho al debido proceso de la demandada a quien no se le puede sorprender con hechos y pretensiones no aducidas desde el comienzo”.

4. De las indemnizaciones moratorias.

Basta con decir que proferida por el juez ad quem la decisión confirmatoria de las absoluciones, decretadas en primera instancia por las acreencias reclamadas en tanto coligió su inexistencia, no se equivocó al absolver del pago de la sanción moratoria deprecada, así como tampoco al afirmar que el accionante “no logró demostrar sus alegaciones respecto a los reajustes por el tiempo que se dejó de tener en cuenta y por el salario al que decía tener derecho, ergo, tampoco pudo dilucidar el incumplimiento de las obligaciones de su patrono, ni menos la mala fe”.

De otra parte, comoquiera que el recurrente acusa al colegiado de la falta de estimación de los interrogatorios de parte absueltos por el demandante y el representante legal de Unitec, debe decirse que no contiene confesión alguna en los términos del artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, dado que no versa sobre hechos que producen consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorecen a la parte contraria.

Resulta que en este caso la declaración del demandante Salamanca Figueroa, se limitó a responder asertivamente que había suscrito cada uno de los contratos que se le pusieron de presente, así como que recibió las liquidaciones que al término de los mismos le fueron canceladas (fls. 50 a 52); al tiempo que el representante legal de la accionada, respondió negativamente la pregunta 7, relacionada con el monto salarial que devengaba el accionante, y en la que además se observa , que si bien afirmó que se le cancelaba la suma de $ 824.320 mensuales, ello tan solo fue para afirmar que correspondió al “último contrato suscrito entre el 07/03701 y el 04/04/01”, lo que significa, que no se configuraron consecuencias jurídicas adversas a Unitec y favorables al demandante.

En lo que toca con las pruebas de folios 4, 8, 9, 63 y 69 del cuaderno principal que se acusan de falta de valoración, omitió en su largo memorial indicar qué es lo que cada una de ellas acredita, o la conclusión a la que habría llegado el colegiado si las hubiere valorado.

En ese escenario, conviene recordar que esta Sala de la Corte ha reiterado en múltiples ocasiones, que la simple enunciación de las pruebas que se consideran mal apreciadas o no valoradas por el juzgador, como ocurrió en el presente asunto, apenas indica la causa del posible error, pero no el error de hecho manifiesto que podría conducir a la violación de la ley sustancial, en caso de existir realmente y de ser demostrado por el recurrente.

Ese proceso de razonamiento, que incumbe exclusivamente a quien acusa la sentencia, implica para el impugnante hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. Por ende, si la censura omite llevar a cabo esta confrontación, la Corte no puede suplir de oficio su omisión y deducir el error evidente que pueda tener el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia gravada.

En conclusión, los razonamientos del juez de alzada no lucen irracionales o absurdos y menos configurativos de un yerro fáctico manifiesto, porque como bien lo ha sentado en incontables oportunidades la corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo los falladores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y su estimación no puede acusarse válida y eficazmente en casación, sino por haberse incurrido en un error de derecho o en uno de hecho que aparezca de modo evidente o protuberante. Ello al punto que se dé por establecido un hecho que no lo esté, o, al contrario, se considere como inexistente uno que si esté suficientemente probado en el juicio. Dicho con mayor énfasis, cuando surja con evidencia incontrastable que la verdad real del juicio es radicalmente distinta de la que creyó establecer el sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evalúa o deja de analizar por defectuosa percepción.

Por último, dado el extenso memorial de la demanda de casación, debe la Sala reiterar que el recurso extraordinario no le otorga competencia para juzgar el pleito, a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, ya que sus facultades, cuando la demanda cumple con los requisitos de la ley procedimental, se limitan a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla transgredió o no la ley sustancial de alcance nacional.

En estas condiciones y conforme a lo expuesto, no incurrió el colegiado en ninguno de los yerros que le achaca el recurrente. En consecuencia el cargo no prospera.

Como hubo réplica, costas en sede de casación a cargo de la parte recurrente, las cuales se estiman en cuantía de tres millones de pesos ($ 3’000.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Pedro Antonio Salamanca Figueroa, contra la Corporación Universitaria —Unitec—.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».