Sentencia 44069 de marzo 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44069

SL3169-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 008

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTARCTOS: «XI. Consideraciones de la Corte

Conforme se insinuó líneas atrás, los defectos técnicos que presenta la demanda de casación, en su conjunto, y cada uno de los cargos, en particular, comprometen de manera definitiva su viabilidad, lo que impone nuevamente a la Corte recordar el carácter extraordinario y, por ende, técnico, del recurso de casación, así como reiterar que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, tarea que se entiende es la que compete a las dos instancias regulares del proceso y excepcionalmente a la Corte cuando funge como tal, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

Aquí el impugnante, ignorando lo dispuesto en los artículos 87 y 90 del Código Procesal del Trabajo, el primero de ellos en la forma como lo modificó el artículo 60 del Decreto-Ley 528 de 1964, al fijar el alcance de la impugnación pide a la Corte “case parcialmente (...), la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (...) por medio de la cual se revocó y modificó parcialmente la sentencia emitida por el juzgado (...), para que la Sala (...) revoque parcialmente la sentencia, condenando a la parte demanda (sic) al reconocimiento y pago de las pretensiones de la demanda”, sin determinar el quebrantamiento parcial sobre cuál o cuáles de los ordenamientos del ad quem debe recaer y, al hacerlo, cuál o cuáles de los pronunciamientos del juzgado a quo deben ser revocados, reformados o confirmados, pues, como se recuerda, en tanto este condenó al demandado al pago de unas sumas de dinero por concepto de cesantías, primas de servicio, compensación de vacaciones e indemnización por despido sin justa causa, absolviendo por las restantes pretensiones, el juez de la alzada confirmó la sentencia de su inferior, salvo en lo que toca con la condena por despido sin justa causa, la cual revocó para, en su lugar, absolver al demandado de la misma.

De suerte que, en este caso, al recurrente competía indicar con precisión la suerte que deberían correr las particulares condenas y absoluciones comprendidas en el fallo del tribunal y la subsiguiente suerte de las propias al fallo del juzgado, dado que, ni la sentencia de un juzgador ni la del otro fueron totalmente condenatorias o absolutorias, ni se direccionaron en el mismo sentido, ni coincidieron al cien por ciento sobre los mismos aspectos y pronunciamientos, de forma que, obviamente, respecto de todos los aspectos de uno y otro fallo no se podría tener interés por parte del recurrente para su casación, o su consiguiente revocación, y tal indicación o escogencia estaba a cargo del directo beneficiado o agravado con la decisión, pero, en manera alguna de la Corte, atendido el principio dispositivo que regula el recurso.

Como reiteradamente lo ha dicho la Corte a este respecto, este requisito de la demanda de casación constituye la pretensión de la demanda extraordinaria y su omisión o precariedad determinante lo hacen inadmisible, pues él es sustancial para conocer su propósito u orientar su examen, sin que pueda suplírsele por el de la demanda inicial o por los objetos perseguidos en las instancias.

Ahora bien, si invocando una extrema laxitud se entendiera que lo realmente pretendido por el recurrente es que se case la sentencia del tribunal en todos los aspectos que le fueron desfavorables y se deje firme en los que no lo fueron, y actuando como tribunal de instancia revoque aquellos del fallo del juzgado que no fueron acogidos, mantenga los que favorecieron al recurrente y los revocados los traduzca en condenas conforme al libelo inicial del pleito y su posición como apelante en la alzada, papel que no es dable a la Corte asumir por lo rogado del recurso, pues estaría diseñando el alcance de la impugnación a despecho de la naturaleza rogada del recurso y la misma posición del demandado en las instancias, lo cierto es que ello a muy poco conduciría, pues bastante se ha dicho por la jurisprudencia de la Sala que la demanda de casación debe reunir no solo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógicos. Esto es, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno u otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo, sin atiborrar la proposición jurídica de normas impertinentes como ocurre aquí en todos los cargos, pero indicando siempre el o los preceptos legales sustantivos de orden nacional que hayan sido violados, cuestión que no se dio en este caso donde, como lo alega el replicante, por incurrir en aquello se terminó omitiendo una proposición jurídica mínima en todos estos.

En efecto, aun cuando el recurrente pretende en el proceso que se le reconozca la calidad de trabajador subordinado del Instituto demandado, es decir, la de trabajador oficial, por haber sido este para la época de los hechos del proceso una empresa industrial y comercial del Estado conforme a lo dispuesto por el Decreto 2148 de 30 de diciembre de 1992, dictado por el Presidente de la República al amparo del artículo 20 transitorio de la Constitución, y reafirmado por el artículo 275 de la Ley 100 de 1993, no señala como violados los preceptos que regulan los derechos salariales y prestacionales de tal clase de servidores, sino disposiciones que atañen a las relaciones particulares del trabajo y contenidas en el código sustantivo de esa materia, olvidando que de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de ese estatuto allí se regulan solamente “las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares”, de modo que, como lo expresa el artículo 4º del mismo estatuto, “las relaciones de derecho individual del trabajo entres la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este código, sino por los estatutos que posteriormente se dicten”.

Para que se cumpla el objeto del recurso de casación, uno de cuyos fines esenciales es el de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, es menester que se indique el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado; y como reiteradamente lo ha explicado la jurisprudencia, únicamente tienen tal carácter las normas que son atributivas de derechos laborales, por lo que ni siquiera a la luz de lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, cabría considerar que el recurrente cumplió con este requisito por haber señalado los artículos 488 del Código de Procedimiento Laboral (sic), 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política, como lo indica en la proposición jurídica del primer cargo; o los artículos 64 del Código Sustantivo del Trabajo, 28 de la Ley 789 de 2002, que señala en el segundo; o el artículo 83 de la Constitución Política que agrega a los anteriores en el tercero de los ataques; o el artículo 48 de la Constitución Política que incluye en el cuarto y último de los cargos, pues, aparte de que el primero se atribuye al ‘Código de Procedimiento Laboral’, en lo que al parecer es un error al querer referirse al Código Sustantivo del Trabajo, las normas constitucionales no se precisa en qué forma atribuyen directamente los derechos materiales en controversia o debieron ser esenciales al fallo atacado, y la remisión que se hace en el último ataque a “La Ley 100 junto con la vasta normatividad que la reglamenta, adiciona y deroga parcialmente, en cuanto a la obligatoriedad de la seguridad social”, desatiende la concreción debida a la necesidad de indicar una norma que habiendo sido o debiendo ser esencial al fallo atacado en casación se estima violada por el recurrente, por tratarse dicha ley de un cuerpo normativo cuyo contenido es indeterminado en materia de normas, más aún si se relacionan las que la reglamentan, adicionan, derogan y demás, como se dice en el cargo.

De suerte que, fuera de no estar definido lo perseguido en el recurso extraordinario en relación con las sentencias de instancia, que es el norte del recurso según se ha visto, tampoco se denuncia una proposición jurídica mínima apta para el desarrollo de todos y cada uno de los cargos, con lo cual se desquicia completamente la impugnación planteada.

No sobra decir a la Corte, en cuanto al primer cargo, que la prescripción decretada por el juez de la alzada sobre los derechos causados antes de una particular data no fue producto de haber deducido, inducido, inferido o cualquiera otra operación intelectiva que pretendiera auscultar la verdadera inteligencia del artículo 488 del Código de Procedimiento Laboral (sic), o cualquiera otra que pudiera entenderse como el que en verdad correspondía al asunto en estudio, sino simplemente de haberlo aplicado al caso en un elemental ejercicio de subsunción normativa, por lo que, de predicársele válidamente yerro jurídico alguno, no podía serlo el de interpretación errónea.

Con todo, interesa recordar que para la jurisprudencia de la Corte, los plazos de los términos prescriptivos empiezan a correr, como lo dice expresa, explícita e inequívocamente la ley, desde cuando las obligaciones se hacen exigibles (verbigracia, CST, art. 488 y CPTSS, art. 151) y la exigibilidad de las obligaciones se predica desde cuando estando sometidas a plazo o condición, acaece aquél o se cumple esta, es decir, desde cuando sean puras y simples. Para ese efecto, basta traer a colación lo asentado por la Corte en sentencia de 14 de agosto de 2012, radicado 41.522, en los siguientes términos:

Los estatutos propios de los trabajadores oficiales, que consagran los derechos reclamados por la demandante, se encuentran establecidos entre otras normas, en el Decreto-Ley 3135 de 1968 y en su reglamentario 1848 de 1969. Luego, la normativa pertinente en materia de prescripción, se halla en el artículo 41 del primero de los citados y en el 102 de su decreto reglamentario.

Las citadas normas, disponen:

“Artículo 41 del Decreto-Ley 3135 de 1968, consagra:

‘Las acciones que emanan de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo del escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por una lapso igual’”.

“Por su parte el artículo 102 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, enseña:

‘1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual’.

De manera que se equivocó el ad quem al dilucidar exclusivamente el asunto en litigio bajo la égida del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, porque la verdad es que debió ventilarse a la luz de las disposiciones propias de los trabajadores oficiales, dislate que, no obstante, no tiene la entidad suficiente para quebrar la sentencia, en ese puntual aspecto, porque de todas maneras se arribaría a la misma conclusión del Tribunal, esto es, a la prescripción trienal de los derechos laborales en discusión.

Ahora bien, la precisión normativa precedente impone aclarar que también es acertado elucidar el asunto en los términos del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, porque tal y como lo explica la jurisprudencia de la Corte Constitucional(1) y la del Consejo de Estado(2), cuando esa disposición se refiere a la prescripción trienal de los derechos que emanen de las “leyes sociales”, debe entenderse que cobija también a los servidores públicos, pese a que su régimen laboral esté previsto en sus propios estatutos, porque esas leyes —las sociales—, abarcan el tema laboral, sin importar el estatus de trabajador oficial o de empleado público.

En efecto, dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se aplican a los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la prescripción corresponde, lo siguiente:

“(...) Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, comoquiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’. Así pues, las leyes sociales no solo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su estatus.

“En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código de Procedimiento Laboral y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los casos, pues ‘la prescripción establecida en el citado artículo 151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no solo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales”.

Así pues que los derechos laborales de la demandante, dada su condición de trabajadora oficial del Instituto de Seguros Sociales, podrían verse afectados por el fenómeno de la prescripción trienal.

Sin embargo, tal afectación no se configuró porque conforme a la normativa antes trascrita, el término prescriptivo comienza a contabilizarse a “partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible”, esto es, desde el 31 de enero de 2000, data en la que concluyó el contrato de trabajo judicialmente declarado en las instancias, lo que en principio, permitiría inferir que el plazo para activar el aparato judicial venció el mismo día y mes de 2003. No obstante, ello no fue así, porque el término se interrumpió “por un lapso igual”, desde el 28 de enero de 2003, quedando facultada legalmente la demandante para impetrar la acción judicial dentro de los tres años siguientes, es decir hasta el 28 de enero de 2006.

En este orden de ideas, como quiera que la demanda, tal y como lo estableció el Colegiado, y no es objeto de discusión en sede de casación, se formuló el 3 de febrero de 2003, mucho antes de que venciera el “nuevo” lapso de tres años que consagran los artículos 41 del Decreto-Ley 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, los derechos laborales de la accionante derivados del contrato realidad, que fueron reclamados en tiempo, tanto en vía administrativa como en la judicial, y por consiguiente no se encuentran prescritos.

A ello cabría agregar que por muy sugestiva que parezca la tesis que pregona un carácter ‘constitutivo’ a las sentencias que dirimen los conflictos del trabajo cuando quiera que, entre otros aspectos, resuelven sobre la naturaleza jurídico laboral del vínculo que ata a las partes, no explican a satisfacción, pues ni siquiera lo hacen con el aludido concepto de ‘sentencia constitutiva’, el por qué se generan derechos y obligaciones hacia el pasado de un status laboral que apenas vendría a ser ‘constituido’ mediante esa clase de sentencia, por ser sabido que esta tipología de providencias crea, extingue o modifica una determinada situación jurídica, esto es, genera una ‘innovación’ jurídica, es decir, una situación jurídica que antes no existía, produciendo así sus efectos ‘ex nunc’, o sea, hacia el futuro, pues es allí donde nacen, se extinguen o se modifican las obligaciones y derechos derivados de esa ‘nueva’ situación jurídica; en tanto, que las sentencias ‘declarativas’, como lo ha entendido la jurisprudencia, son las que reconocen un derecho o una situación jurídica que ya se tenía con antelación a la misma demanda, eliminando así cualquier incertidumbre acerca de su existencia, eficacia, forma, modo, etc., frente a quien debe soportar o cargo de quien se pueden exigir determinadas obligaciones o derechos derivados de la dicha situación o estado jurídico, por manera que, sus efectos devienen ‘ex tunc’, esto es, desde cuando aquella o aquel se generó. Tal el caso del estado jurídico de trabajador subordinado, por ser igualmente sabido que para estarse en presencia de un contrato de trabajo solamente se requiere que se junten los tres elementos esenciales que lo componen: prestación personal de servicios, subordinación jurídica y remuneración, de forma que, desde ese mismo momento dimanan, en virtud de la ley primeramente, y de la voluntad o la convención colectiva de trabajo, si a ello hay lugar, los derechos y obligaciones que le son propios.

Ahora bien, tampoco surge fácilmente explicable ante tan sugestiva tesis, cómo es que respecto de los derechos laborales de quien teniendo una relación subordinada de trabajo, pero simulada o desdibujada por la apariencia de otra clase de relación jurídica, los términos de prescripción empiezan a correr cuando queda en firme la sentencia que ‘constituye’ el estatus de verdadero trabajador subordinado; en tanto que, los términos de prescripción de los derechos laborales del trabajador subordinado que inicia y desarrolla su relación sin discusión alguna sobre la naturaleza jurídica de su vínculo, corren a partir de la exigibilidad de cada uno de ellos. En otros términos, cómo es que mientras el punto de partida del término prescriptivo de los derechos del trabajador regular se cuenta desde cuando se debe o se tiene que cumplir la respectiva obligación patronal, el del trabajador que labora bajo la apariencia de otra relación queda sujeto a la presentación de la demanda por parte de este y al reconocimiento de su verdadero estatus de trabajador por sentencia judicial en firme. Lo deleznable del razonamiento que pretendiera dar respuesta a los anteriores interrogantes releva de comentario mayor a la debilidad del argumento de que las sentencias que ‘reconocen’ el contrato de trabajo como el que ‘en realidad’ se desarrolló y ejecutó entre las partes en litigio es de naturaleza ‘constitutiva’ y no meramente ‘declarativa’, como hasta ahora se ha asentado por la Corte.

Cosa distinta ocurre, debe aclararlo la Corte, cuando quiera que el mismo legislador del trabajo dispone que los términos prescriptivos de las acciones o los derechos se agotan en determinado tiempo contado, por ejemplo, a partir de la terminación del vínculo contractual, o partir del día en que la acción pudo ejercitarse (es el caso de salarios y prestaciones sociales), o a partir del día en que la prestación se hace imposible (vacaciones en caso de terminación del vínculo), o de que se tuvo conocimiento de un determinado hecho o comportamiento (sanciones disciplinarias al trabajador), casos todos ellos previstos en la legislación extranjera como en alguna ocasión lo ha referido en sentencia de tutela la Corte Constitucional, pero que, frente a las mencionadas disposiciones del ordenamiento jurídico interno no pueden tener la misma aplicación, dado que, sin equivoco alguno, en este el ejercicio de la acción está atado, por regla general, a la exigibilidad del respectivo derecho.

En lo tocante con el siguiente ataque (cargo segundo), que al igual que el primero debe rechazarse por los insalvables dislates ya resaltados en cuanto a las insuficiencias del alcance de la impugnación y la ausencia de una proposición jurídica idónea, omisiones que lo tornan inane, puede agregarse que el recurrente no discute, de los dos basamentos del fallo del juez de la alzada para revocar la condena al pago de la indemnización por despido sin justa causa que había dispuesto su inferior, el que no era procedente derivar confesión alguna de la inasistencia del representante legal del demandado a la audiencia de interrogatorio de parte, “pues al ser el Instituto de Seguros Sociales una empresa industrial y comercial del Estado, es apenas lógico que quien actúa como su representante no puede ser objeto de esta clase de sanciones”, con lo cual dicho soporte queda incólume y en tal sentido la sentencia conserva las presunciones de acierto y legalidad que la revisten, pues, en su lugar, enfoca el planteo del cargo a tratar de acreditar el despido injusto con el hecho de que el último de los contratos de prestación de servicios que suscribió “no fue renovado o prorrogado”, situación que dice se refleja en diversos documentos, entre ellos el de folios 86 a 87 del expediente, donde se explica por el gerente de la CAA - Villeta que ello obedeció a que el contratista no cumplió su encargo de acuerdo a las directrices de la entidad, omitió efectuar las cotizaciones a la seguridad social conforme a sus ingresos reales, evadió el pago de los correspondientes a salud y pensiones, y aparecían quejas de los usuarios del servicio que se anexaron a la comunicación, con lo cual se varía sin justificación alguna la causa petendi de la demanda inicial, así como el sustento de la condena impuesta por el juzgador de primer grado, que no fue apelada por el aquí recurrente, en cuanto en la primera oportunidad se afirmó que el actor “fue desvinculado por decisión unilateral del Instituto de Seguros Sociales a partir del 16 de abril de 2003, sin causa justificada”, esto es, concordante con el plazo pactado en el último contrato de prestación de servicios, que se dijo se extendió hasta el 15 de abril de 2003; y en la segunda oportunidad si bien se concluyó por el juez que la decisión fue unilateral del empleador, de acuerdo a la confesión de su representante legal, se impuso al demandado una condena, “correspondiente al tiempo que le faltaba para cumplir el plazo presuntivo, que para este caso era de 51 días”. De esa manera, no solo se modifica el supuesto fáctico aducido en la demanda inicial, sino también el concluido por el juzgado para imponer una específica condena que en su momento no se apeló, aportándose medios nuevos inadmisibles en el recurso extraordinario.

El tercer cargo postula la interpretación errónea del artículo 83 constitucional, cuando quiera que el juzgador no hizo intelección alguna de dicha norma, y si aludió a la buena fe fue para advertir que, “en el expediente se tiene que el Instituto de Seguros Sociales actuó bajo el convencimiento de la existencia de un contrato de prestación de servicios”, de donde lo que cabe concluir es que dicha consideración la obtuvo de los medios de prueba del proceso y de la manera como, en su parecer, tal comportamiento se reflejaba en ellos, es decir, no por la vía de los razonamientos jurídicos que fue por donde equivocadamente se planteó el reproche del recurrente.

Y en lo que atañe con el último de los cargos, viene bien adicionar el que el recurrente, sin atención alguna a lo que en la casación del trabajo se tiene como ‘error de derecho’, imputa al fallo tal dislate como fundamento único de su ataque, por “dejar de valorar lo atinente a la pretensión enumerada con el numeral 10 y que se respalda con el hecho del numeral 22” de su demanda inicial, pasando inadvertido, ya se ha dicho, que “solo habrá error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo”.

Como ya se dijo, los inexcusables defectos técnicos de los que adolecen todos los cargos de la demanda de casación, imponen su rechazo.

Costas en el recurso a cargo del recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $ 3’150.000.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 17 de julio de 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso promovido por ALBERTO MARIO SÁNCHEZ CABRERA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, referencia Expediente D-2391, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 165 de 1941. Actor: David López Suárez. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la sección segunda del Consejo de Estado del 28 de marzo de 1960, del 24 de febrero y julio 1º de 1961, del 21 de septiembre de 1982, del 2 de diciembre de 1982. Igualmente, la sentencia del 19 de noviembre de 1982 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Carlos Betancur Jaramillo.