Sentencia 44088 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 810-2013

Rad.: 44088

Acta 37

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la entidad opositora en cuanto a los defectos de técnica que le endilga a los cargos, como quiera que el alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda, se encuentra bien formulado y deja ver qué es lo que la censura pretende con el recurso extraordinario; así mismo, la proposición jurídica es suficiente, en la medida que los preceptos legales sustantivos de orden nacional que se denunciaron posibilitan el estudio de fondo de la acusación, máxime que esta exigencia legal fue morigerada con la entrada en vigencia del Decreto 2651 de 1991 artículo 51-1, que se adaptó como legislación permanente con la Ley 446 de 1998 artículo 162, que consagró “Será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.

Del mismo modo, aun cuando es cierto que el recurrente en el ataque aludió a ciertos aspectos fácticos relacionados con la existencia de más de una organización sindical en la Fundación demandada, entre ellas la de carácter mayoritario, así como la no aceptación expresa de los sindicatos minoritarios del Acuerdo de Condiciones Laborales Temporales celebrado bajo la Ley 550 de 1999, se observa que ello se trajo a colación para respaldar lo esbozado en los dos cargos que en definitiva contienen en esencia un planteamiento meramente jurídico, propio de la vía escogida.

Respondidos los anteriores cuestionamientos, debe adentrarse la Sala en el estudio de la acusación.

Se advierte inicialmente que, dada la vía directa utilizada para encauzar el ataque, se tiene que no son materia de discusión en la esfera casacional, la relación laboral que vincula a las partes, la existencia de varios sindicatos entre ellos Anthoc al cual están afiliadas las demandantes, y ATAS que agrupa la mayoría de los trabajadores de la fundación y con quien se suscribió el “Convenio de Condiciones Laborales Temporales Especiales” fechado 18 de diciembre de 2002, con base en la Ley 550 de 1999 artículo 42.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal estimó que el citado convenio que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, al estar suscrito por el Sindicato mayoritario ATAS, era aplicable a los trabajadores afiliados de las demás organizaciones sindicales minoritarias que existían en la empresa, para el caso a las demandantes que pertenecían al Sindicato Anthoc, y en estas condiciones trajo a colación lo adoctrinado por la CSJ laboral sobre la representación sindical.

La censura para rebatir la anterior postura, sostiene que así fuera la organización sindical ATAS mayoritaria, no tenía en este asunto la representación sindical de los demás sindicatos, entre ellos Anthoc, para efectos de suscribir acuerdos extraconvencionales que modificaran, suspendieran o eliminaran los derechos extralegales pactados convencionalmente, pues para ello se requería que cada asociación sindical aceptara el convenio para que les fuera aplicable; además que dicha representación está regulada por la norma especial Ley 550 de 1999 artículo 42 y el Decreto Reglamentario 63 de 2002 artículo 6º, y no por la regla contenida en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 357-2 en su texto original.

De suerte que la controversia gira en torno a determinar jurídicamente si ese convenio de condiciones laborales suscrito con ATAS y que se generó dentro del proceso de reestructuración empresarial, tiene efectiva aplicación a todos los trabajadores de la empresa, por estar suscrito por el sindicato mayoritario, como lo estableció el tribunal; o si, por el contrario, por haberse celebrado con una sola de las organizaciones sindicales, así fuera la mayoritaria, únicamente obliga a sus afiliados y no a los demás trabajadores pertenecientes a los otros sindicatos, a menos que se aceptara expresamente tal acuerdo por dichas organizaciones, según lo argumenta la censura.

Para resolver la acusación, es del caso abordar el estudio de los siguientes aspectos:

1. Validez de los convenios temporales de condiciones laborales especiales en virtud de lo dispuesto en la Ley 550 de 1999 artículo 42.

La Ley 550 de 1999, o ley de reestructuración o reactivación empresarial, implementó medidas de intervención estatal en el campo empresarial, con el fin de mermar la prolífera liquidación de empresas y la consecuente disminución en el empleo, y de ser posible reactivarlas procurando aliviar su carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, mantener el empleo que generan y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago, tal y como quedó plasmado en la correspondiente exposición de motivos, en la que en uno de sus apartes se señaló:

“(...) Los instrumentos ordinarios del derecho concursal, diseñados para afrontar la iliquidez o insolvencia en circunstancias ordinarias, son insuficientes para afrontar un problema de esta magnitud ... La generalización de la crisis puede tener graves consecuencias macroeconómicas y es necesario que el Estado intervenga para establecer un marco especial para la restructuración y reactivación empresarial, que contenga i) los incentivos para que acreedores y deudores determinen la viabilidad de las empresas; ii) las herramientas necesarias para establecer un plan de restructuración que permita salvar aquellas que sean viables.

El objetivo de este proyecto de ley consiste entonces en dotar a deudores y acreedores de incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas que le permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros”(1).

De allí surgió la idea de buscar mecanismos que propendieran por la superación de la crisis empresarial, mediante los denominados acuerdos de reestructuración, orientados a la consecución de convenios con acreedores de la empresa en lo concerniente a prelación, plazos y condiciones, de obligatorio cumplimiento para estos, tal y como lo recordó el tribunal al traer en el sub judice a colación lo que sobre el punto otrora dijera esta Sala al enseñar, “que los acuerdos de reestructuración son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluidos los que no hayan participado en la negociación del mismo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él”(2).

Fue así que la Ley 550 de 1999 previó normativas de intervención que tienen que ver con los derechos laborales. Aquellas, al ser examinadas por la Corte Constitucional, fueron calificadas como el marco legal definitorio y “apropiado para lograr la reestructuración del pasivo laboral de las empresas en crisis, y contribuir con ello a su reactivación y a la preservación de las fuentes de empleo….”(3), teniendo como finalidad propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones especiales y temporales en material laboral que faciliten su reactivación y viabilidad y, por consiguiente, sean fuente de empleo y desarrollo.

Esto también se deriva de la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, en la que se lee:

“(….) Un elemento esencial de la reactivación empresarial está constituido por la conservación del empleo. Por esa razón, se estimula la concertación de empresarios y trabajadores acerca de condiciones laborales especiales y temporales que contribuyan a la recuperación de la empresa, cuyo fortalecimiento interesa simultáneamente a todos los acreedores, comenzando por sus trabajadores y pensionados. En esta materia, otra vez, se pone de relieve que se interviene para la reactivación de la empresa, punto convergente de los intereses de empresarios y trabajadores”(4).

En lo que al sub lite interesa, el texto definitivo del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que regula la concertación de condiciones laborales de forma temporal y especial, es del siguiente tenor literal:

“ART. 42.—Concertación de condiciones laborales temporales especiales. Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, [pactos colectivos], contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.

La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. [En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma].

El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley”.

(Los textos entre paréntesis fueron declarados inexequibles mediante sentencia de la C. Const. C-1319/2000).

La Corte Constitucional en la sentencia reseñada declaró exequible el citado artículo 42 de la Ley 550 de 1999, salvo las expresiones mencionas entre paréntesis que se estimaron como inconstitucionales.

En dicho pronunciamiento de constitucionalidad, al abordarse el estudio de si las convenciones colectivas de trabajo, una vez perfeccionadas, podían ser modificadas (ello por la aplicación prevalente de los convenios temporales y especiales celebrados por una empresa en reestructuración y el sindicato que legalmente representara a los trabajadores), se explicó, con apoyo en jurisprudencia relacionada con los artículos 467 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo, que tales acuerdos colectivos pueden ser modificados, una vez expire su vigencia y mediante el mecanismo de la negociación colectiva “para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores”(5) y que son revisables mientras están en vigor “cuando por circunstancias imprevisibles varíen sustancialmente las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta al momento de su celebración”(6).

Así la Corte Constitucional expresó que tal modificación de las convenciones colectivas de trabajo, se puede dar de manera ordinaria o extraordinaria; la primera, en tiempos de normalidad económica, que se presenta en el marco de la negociación colectiva; y la segunda, extraordinariamente, cuando por razones no previstas han variado las circunstancias económicas presentes al momento de su celebración, lo que impone su revisión para no alterar el equilibrio económico de las relaciones laborales.

Con esos y otros argumentos, adoctrinó el Tribunal Constitucional que los acuerdos modificatorios de una convención colectiva vigente, encaminados a restablecer el equilibrio económico afectado por circunstancias nuevas e imprevistas, mediante los cuales empleadores y trabajadores acuerdan “suspender o reducir temporalmente derechos laborales antes reconocidos, no resulta contrario a la Carta. En efecto, los derechos laborales que se reconocen en las convenciones colectivas son de naturaleza extralegal y una vez adquiridos no pueden ser desconocidos unilateralmente por el empleador, ni eliminados por leyes posteriores, pero ello en sí mismo no impide una concertación para acordar su suspensión total o parcial, como lo propone la normatividad demandada”(7). Agregó que “Por ello, las normas acusadas que, como medidas de intervención económica en asuntos laborales, permiten que dentro de los acuerdos de reestructuración destinados a lograr la recuperación de empresas en crisis se incluyan convenios temporales concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a los trabajadores, suscritos con el fin de suspender total o parcialmente prerrogativas económicas que excedan del mínimo legal, no desconocen derechos adquiridos. Para la Corte esta posibilidad no está proscrita por las normas superiores”(8) (Resalta la Sala).

En la mencionada sentencia C-1319 de 2000, adicionalmente se decidió que lo que sí contradice la Constitución es la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 550 de 1990, según la cual “En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma”; e igualmente la expresión “pactos colectivos” contemplada en el primer inciso de la mencionada norma. Ello por cuanto el convenio de concertación de condiciones laborales especiales en comento, no puede ser impuesto a los trabajadores no sindicalizados que no deseen participar en él, o respecto de aquellos que se benefician de un pacto colectivo, pues no es dable obligar a éstos “a ser representados por el sindicato al que no convinieron en asociarse”.

En este orden de ideas, son válidos los acuerdos de reestructuración, entre ellos el convenio temporal de condiciones laborales especiales autorizado por la Ley 550 de 1999 artículo 42, celebrados entre la empresa y el sindicato que legalmente represente a los trabajadores, que prevalecerá sobre lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo vigentes, y cuyo campo de aplicación comprende en general a los trabajadores sindicalizados, y solo excepcionalmente a los no sindicalizados cuando éstos últimos manifiesten su deseo de participar en tal convenio, sin que de ninguna manera pueda aplicarse preferencialmente respecto a un pacto colectivo.

De ahí que es completamente legal y constitucional, que en virtud de dichos convenios que persiguen evitar la liquidación de la empresa y lograr la recuperación económica o financiera de la misma, los empleadores y trabajadores sindicalizados puedan suspender o reducir temporalmente beneficios o prerrogativas laborales reconocidas con antelación en una convención colectiva de trabajo.

2. Representación sindical para la celebración de los convenios temporales de condiciones laborales especiales.

En cuanto al tema de la representación sindical para la suscripción de esta clase de convenios, como se desprende del texto del artículo 42 de la Ley 550 de 1999 y lo determinó la Corte Constitucional al estudiar su exequibilidad mediante la multicitada sentencia C-1319 de 2000, la concertación de condiciones laborales temporales especiales debe llevarse a cabo con el “sindicato que legalmente pueda representar” a los trabajadores de la empresa en crisis (Resalta y subraya la Sala).

Lo que significa que en virtud de que la norma en cuestión se remite a lo que “legalmente” se tuviera establecido en materia de representación sindical, habrá de observarse la normatividad que regía para el momento en que se suscribió el convenio temporal de condiciones laborales, a efectos de determinar cuál sindicato o sindicatos eran los facultados para celebrar esos acuerdos dentro del proceso de reestructuración o reactivación empresarial, y cuáles trabajadores quedaban sometidos a ellos.

El artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 26, contemplaba tres eventualidades de representación sindical. La primera que prohibía en una misma empresa la coexistencia de dos o más sindicatos de base —hoy denominados de empresa—, disponiendo que si por cualquier motivo llegaran a coexistir, subsistiría el que tuviera un mayor número de afiliados, el cual debía admitir a los miembros de las otras asociaciones sin restricción alguna. El segundo, señaló que “[C]uando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa” (Resalta la Sala). Y el tercero regulaba el evento de que ninguno de los sindicatos coexistentes agrupara la mayoría de los trabajadores de la empresa, en cuyo caso se establecía que la representación sindical correspondía conjuntamente a todos ellos, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expidiera el Gobierno.

La Corte Constitucional al resolver demandas de inconstitucionalidad contra el aludido artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, con Sentencia C-567 del 17 de mayo de 2000, declaró inexequibles los casos primero y tercero de representación sindical, contenidos en los numerales 1º y 3º del artículo 26 del Decreto-Ley 2351 de 1965, por ser contrarios a la Constitución Política. Posteriormente, con Sentencia C-063 del 30 de enero de 2008, declaró inconstitucional la segunda de tales disposiciones.

En estas condiciones, ante las mencionadas decisiones de inexequibilidad, no solo el sindicato mayoritario tiene la titularidad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un conflicto colectivo, sino que cada sindicato, así sea minoritario, tiene por sí mismo la representación sindical y la legitimidad para tales efectos.

La posibilidad de que varias asociaciones sindicales puedan promover conflictos colectivos que culminan con la suscripción de una convención colectiva o la expedición de un laudo arbitral, lleva igualmente a la factibilidad de que coexistan en una empresa más de una convención colectiva de trabajo. Pero en tal caso los trabajadores solo podrán beneficiarse de una de ellas, conforme tuvo la oportunidad de estudiarlo y definirlo la Sala en sentencias de anulación del 29 de abril de 2008 y 28 de febrero de 2012, radicados 33988 y 50795, respectivamente.

Como lo estableció el juez colegiado en este proceso, las anteriores directrices no solo deben observarse en las negociaciones colectivas, sino también para efectos de la representación sindical en la suscripción de los acuerdos de reestructuración como el que ocupa la atención de la Sala, que busca reactivar o recuperar a la Fundación demandada, concertando con sus trabajadores plazos para el cumplimiento de obligaciones o la suspensión y/o reducción temporal de algunos derechos o prerrogativas extralegales que antes se habían reconocido.

Sin embargo, lo anterior debe armonizarse con lo preceptuado en el Decreto 63 del 18 de enero de 2002 artículo 6º, que reglamentó la Ley 550 de 1999 artículo 42, y se refirió a la representación de los trabajadores en la concertación de esas condiciones laborales temporales especiales, en los siguientes términos:

“ART. 6º.

Representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores sindicalizados corresponderá al sindicato al cual estos pertenezcan.

En el evento de que exista más de una organización sindical, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que estos, de común acuerdo, decidan que sólo uno de ellos los represente.

Cuando existan trabajadores no sindicalizados, el convenio laboral temporal especial será sometido a consideración de cada uno de ellos, quienes en forma individual podrán adoptarlo”.

De conformidad con lo explicado en precedencia, los “acuerdos de restructuración” que incluyan convenios laborales temporales, se deben celebrar con el sindicato que legalmente represente a los trabajadores sindicalizados, lo cual si acontece en vigencia del Código Sustantivo del Trabajo artículo 357, subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965 artículo 26-2 y antes de la reglamentación consagrada en el Decreto 63 de 2002 artículo 6º, será el sindicato mayoritario; pero si se produce en vigencia de esta última normativa y cuando en la empresa exista más de una organización sindical, cada una representara a sus afiliados, lo cual está acorde con lo decidido en la sentencia de inexequibilidad C-063 del 30 de enero de 2008 ya reseñada.

En efecto, a partir de la expedición de la norma especial aplicable para definir la representación de los trabajadores en esta clase de acuerdos de reestructuración que involucran convenios laborales temporales especiales, valga decir, el citado Decreto 63 de 2002 artículo 6º que reguló expresamente la situación de la existencia de varios sindicatos, es claro que cada uno de ellos ejerce su propia representación, salvo que éstos decidan de común acuerdo que uno solo de ellos lleve la representación de todos. Y ello con independencia de que exista un sindicato mayoritario.

De tal modo que un acuerdo de esta naturaleza celebrado entre un sindicato mayoritario y una empresa en restructuración económica, en vigencia de dicho precepto legal —que se repite es de carácter especial y plenamente aplicable en estos casos—, obliga únicamente a sus afiliados. Y ese u otro cualquiera de los sindicatos podría celebrar un acuerdo de esa naturaleza, vinculante para trabajadores no afiliados a él, solamente cuando tal organización sindical obtenga la representación de otro u otros sindicatos coexistentes. Igualmente, podría cobijar a los trabajadores no sindicalizados, si ellos individualmente aceptan adoptar tal convenio.

A diferencia de la “negociación colectiva” que se desarrolla de manera ordinaria, en la que una convención colectiva de trabajo celebrada con un sindicato mayoritario se extiende a todos los trabajadores de la empresa sean o no sindicalizados, los denominados “convenios de condiciones laborales temporales y especiales”, a los cuales se llega por una situación extraordinaria de crisis de la empresa, no es posible aplicarlos por extensión a los trabajadores pertenecientes a otras organizaciones sindicales, por cuanto debe primar la regulación especial contenida en el veces mencionado Decreto 63 de 2002 artículo 6º en materia de representación, máxime que en esos acuerdos o convenios lo que se busca es suspender total o parcialmente prerrogativas laborales que excedan el mínimo legal, lo cual no puede afectar a los minoritarios que no participen en la concertación de esas condiciones temporales o transitorias.

Mucho menos es factible imponer tal convenio a los trabajadores no sindicalizados, ya que es sabido que ellos no pueden estar representados por ningún sindicato, menos aún cuando se están beneficiando de un pacto colectivo. Por ello la Corte Constitucional, como atrás se reseñó, en la Sentencia C-1319 de 2000 al declarar inexequibles algunas expresiones del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, dejó claro que para que a éstos trabajadores se les aplique el “convenio de condiciones laborales temporales y especiales”, se requerirá que cada uno de ellos lo adopte o acepte.

3. Caso concreto:

Volviendo al caso objeto de estudio y conforme se expresó desde un inicio, es hecho indiscutido en casación que el Convenio de Condiciones Laborales Temporales Especiales aprobado por el Ministerio de Trabajo y celebrado entre la Fundación Abood Shaio y la organización sindical mayoritaria denominada Asociación de Trabajadores Amigos de la Shaio, ATAS, se suscribió el 18 de diciembre de 2002, encontrándose en pleno vigor el Decreto 63 de 2002 artículo 6º, que comenzó a regir desde su publicación efectuada en el Diario Oficial 44.686 del 24 de enero de 2002 que, como antes se dijo, regula la representación sindical para los eventos en que coexistan más de una organización sindical.

Cabe agregar, que en la contestación de la demanda inicial la accionada aceptó que todas las demandantes pertenecían al sindicato Anthoc (fls. 197 a 199 del cuaderno del juzgado), aun cuando adujo que algunas de ellas también eran afiliadas a Astrashaio. Lo anterior se corrobora con las certificaciones de afiliación suscritas por la presidente de Anthoc seccional Bogotá obrantes a folios 19, 22, 25 y 35 ibídem, y los descuentos hechos a las actoras por nómina por concepto de cuota sindical, según los comprobantes visibles a folios 312 a 315, 322 a 324, 336 a 338, 349 a 550, 367 a 370 ídem; todo lo cual comprueba que no pertenecían al sindicato mayoritario “ATAS” que suscribió el convenio con la entidad demandada el 18 de diciembre de 2002 de folios 253 a 258 ejusdem y, por ende para los efectos indicados no era este el sindicato que las podía legalmente representar en los términos del Decreto 63 de 2002 artículo 6º.

Lo que significa, que las demandantes tienen derecho a que todas las prerrogativas, beneficios, aumentos o incrementos salariales, prestaciones sociales y/o acreencias legales y extralegales, se les cancelen y liquiden en la forma, plazos, monto y condiciones en que se venían reconociendo y sufragando antes de la firma y ejecución del acuerdo o convenio laboral temporal especial a que se ha hecho mención a lo largo de esta decisión y que no aplica para los afiliados al sindicato minoritario Anthoc, como quiera que para su negociación o concertación no participó esa organización sindical a la cual pertenecían las promotoras del proceso, sino que para ellas debe observarse es lo estipulado en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Anthoc y la Fundación Abood Shaio de las cuales eran beneficiarias, y/o los laudos arbitrales que en relación a esas negociaciones colectivas se hubieran proferido durante el tiempo en que se ejecutó el acuerdo de reestructuración empresarial.

En este orden de ideas, el tribunal cometió los yerros jurídicos endilgados, al estimar que el acuerdo cuestionado por haber sido suscrito por el sindicato mayoritario ATAS, cobijaba a las trabajadoras demandantes afiliadas a la organización sindical minoritaria Anthoc, que no participó en su negociación o concertación. También erró por no tener en cuenta que para los efectos de la Ley 550 de 1999 artículo 42, han de considerarse las reglas de representación de los trabajadores contempladas en el Decreto Reglamentario 63 de 2002 artículo 6º, en virtud de las cuales no era posible someter o imponer el citado convenio de condiciones laborales temporales especiales a los afiliados de la referida organización minoritaria.

Por todo lo expresado, los cargos resultan fundados y habrá de casarse la sentencia impugnada.

Sería esta la oportunidad para proferir la decisión de instancia y pronunciarse la Sala sobre la procedencia o no de las súplicas incoadas, pero resulta que revisado en detalle el expediente, se encuentra que información que allí reposa es insuficiente para verificar lo liquidado y pagado para la época, por parte de la Fundación demandada a cada una de las demandantes, con el fin de determinar si frente a la inaplicación del Convenio de Condiciones Laborales Temporales Especiales celebrado el 18 de diciembre de 2002 con el sindicato mayoritario ATAS, el cual no surte efectos respecto de los afiliados de la organización sindical minoritaria Anthoc tal como se definió en la esfera casacional, se generan o no las diferencias salariales o prestacionales e indemnizaciones en los términos reclamados.

Para mejor proveer, se dispone oficiar a la entidad demandada para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y cancelado a cada una de las accionantes por salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivo de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se expida la certificación, especificando en cada caso el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se remita copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, canceladas a las demandantes que a la fecha se hubieran desvinculado laboralmente.

3. Se envíen las constancias de entrega de las dotaciones legales y extralegales a las actoras desde el año 1999 hasta la fecha, así como cualquier compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino en ese mismo lapso.

4. Se certifique lo sufragado a cada promotora del proceso por trabajo en dominical y festivo desde el año 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

No hay lugar a las costas del recurso extraordinario, por cuanto la acusación resultó fundada. Las de las instancias serán establecidas en la sentencia de reemplazo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 12 de junio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Carmen Sagrario Ruiz Piñeros, Rafaela Cañón, María Orfilia Salazar de Martínez, Ana Betulia Rodríguez Martínez y, Nohora Jasbleidy Arévalo Duarte, contra la Fundación Abood Shaio, que confirmó la sentencia de primer grado que declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y absolvió a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Para mejor proveer y poder dictar la sentencia de instancia, se dispone oficiar a la entidad demandada, para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y cancelado a cada una de las accionantes por salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivo de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se expida la certificación, especificando en cada caso el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se remita copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, canceladas a las demandantes que a la fecha se hubieran desvinculado laboralmente.

3. Se envíen las constancias de entrega de las dotaciones legales y extralegales a las actoras desde el año 1999 hasta la fecha, así como cualquier compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino en ese mismo lapso.

4. Se certifique lo liquidado y sufragado a cada promotora del proceso, por trabajo en dominical y festivo desde el año 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cumplido lo anterior y vencido el término de que trata el Código de Procedimiento Civil artículo 289, aplicable al proceso laboral por remisión analógica permitida por el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social artículo 145, vuelva el proceso al despacho para proferir la sentencia de reemplazo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Exposición de motivos al proyecto de ley correspondiente a la Ley 550 de 1999. Gaceta del Congreso 390, del martes 26 de octubre de 1999, pág. 13.

(2) CSJ, laboral, sentencia del 9 de septiembre de 2008, radicación 32071.

(3) Corte Constitucional, C-1319 de 2000.

(4) Exposición de motivos al Proyecto de Ley 145 de 1999 Cámara. Gaceta del congreso 390. Martes 26 de octubre de 1999, pág. 14.

(5) Corte Constitucional, C-1319 de 2000.

(6) Ibídem.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem.