Sentencia 4410 de octubre 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Ref.: Exp. 4410

Actor: Procurador judicial 37

Santafé de Bogotá, D.C., octubre treinta de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «El inciso 1º del artículo 156 de la Ley 136 de 1994, según los términos de la demanda, prescribe que sólo los municipios ubicados en las categorías especial, primera, segunda y tercera podrán crear y organizar sus propias contralorías, con arreglo a los parámetros señalados en la ley.

Como el municipio de Quinchía está clasificado en categoría diferente a la que la ley determina, la existencia de una contraloría en dicha municipalidad desconoce el contenido de una norma de superior jerarquía, como lo es el artículo mencionado, dando lugar, por tanto, a la nulidad del acuerdo demandado.

(...).

3. Los autos muestran que, efectivamente, el Acuerdo 8 de 26 de noviembre de 1988 se profirió durante la vigencia del Decreto 1333 de 1986 (art. 305), disposición que facultaba a los concejos de los municipios para que, con el lleno de los requisitos allí establecidos, crearan y organizaran sus contralorías para la vigilancia de la gestión fiscal de la respectiva administración.

La norma antes citada fue parcialmente modificada con la entrada en vigor del artículo 156 de la Ley 136 de 1994, disposición que determina, además de la derogatoria de las normas que le sean contrarias, la facultad de crear las contralorías municipales cuando se llenen los requisitos allí recogidos y ya conocidos.

La Sala observa que, en el punto relativo a la supresión de contralorías, el artículo 156 de la Ley 136 de 1994, inciso 2º, cuyo texto establece que “las contralorías distritales y municipales sólo podrán suprimirse, cuando desaparezcan los requisitos exigidos para su creación, previa demostración de la incapacidad económica refrendada por la oficina de planeación departamental y/o municipal según el caso”, sólo derogó parcialmente la norma que fundamentó el acuerdo acusado.

En efecto, cuando el municipio está clasificado en categoría especial, o en primera, segunda y tercera, según los términos del inciso 1º del mismo artículo, las contralorías municipales no podrán ser suprimidas por los consejos.

Pero en el evento de que un municipio no clasificado en las categorías previstas en la ley, haya creado con anterioridad a la vigencia de la Ley 136 de 1994, como en el caso examinado, su propia contraloría, el Concejo Municipal no estará obligado a suprimirla, como afirma erradamente el recurrente, sino que queda facultado para hacerlo, en la hipótesis de incapacidad económica demostrada por la oficina de planeación departamental y/o municipal, según el caso.

En otros términos, de acuerdo con la norma invocada por el recurrente, la competencia para suprimir las contralorías municipales, aún en la hipótesis de que los municipios no se encuentren clasificados por la ley en la categoría de los que pueden crear sus propios órganos de control, no es una facultad completamente discrecional de los concejos porque para ejercerla deben cumplirse unos requisitos previstos en la ley, a los que ya se ha hecho referencia.

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