Sentencia 4414 de abril 10 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

COMUNIDAD

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR

EXTRACTOS: «Lo cierto es que la sentencia impugnada no puede casarse, como quiera que ni la reunión de los comuneros para constituir la junta general, ni la designación por estos del administrador, sin la concurrencia del quórum legalmente requerido para cada una de esas actividades, la erige la ley sustancial en defecto capaz de invalidar la reunión o la designación del administrador, como tozudamente lo ha venido sosteniendo desde la iniciación de este dilatado proceso el recurrente, por cuanto el comunero molesto con la indivisión goza constantemente del derecho a no permanecer en ella, salvo estipulación en contrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1374 del Código Civil, y para ello dispone continuamente de la actio communi dividundo, consagrada en el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la cual “todo comunero puede pedir la división material de la cosa común, o su venta para que se distribuya el producto”.

Pero, si la incomodidad del comunero radica en el uso de la cosa común, y no desea llegar a la drástica decisión de solicitar la extinción de la comunidad, la Ley 95 de 1890 le ofrece varias posibilidades para eliminar la perturbación, como pasa a verse:

a) De conformidad con el artículo 16 de la precitada ley, si los comuneros no se avinieren en cuanto al uso de las cosas comunes, “(...) nombrarán un administrador que lo arregle, sin perjuicio del derecho de los comuneros a reclamar ante el juez contra las resoluciones del administrador, si no fueren legales”, administrador que, según el artículo 17 ibídem “(...) será nombrado por los comuneros en junta general, por mayoría absoluta de votos (...)”, entendiendo que habrá junta general “(...) cuando concurra un número que represente más de la mitad de todos los derechos”.

b) Al tenor del artículo 18 ejusdem, si la comunidad no hace el nombramiento en los términos del artículo precedente “(...) cualquiera de los comuneros podrá ocurrir al juez para que los convoque a lugar y en día y hora determinados, a fin de que bajo la presencia del mismo juez hagan el nombramiento, que podrá hacerse en este caso por cualquier número de comuneros que concurra, y en su defecto por el mismo juez”, nombramiento que al decir del artículo 20 ibídem “(...) subsiste mientras no se haga otro con arreglo a los artículos anteriores; y podrá hacerse cuando después de un año se acuerde por una quinta parte de los votos de los comuneros”.

4.1. Y el Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1971, sin proscribir la designación extrajudicial del administrador por los comuneros, siguiendo los derroteros de la Ley 95 de 1890, pero tecnificando el sistema previsto para la designación judicial de administrador para la comunidad, también contempla en el punto varias posibilidades para solucionar la desavenencia de los comuneros en torno al uso de las cosas comunes, así:

a) Una, que consiste en la designación del administrador dentro del proceso divisorio, para cuando, según el artículo 484, “(...) no haya administrador de la comunidad, y sólo alguno de los comuneros exploten el inmueble común en virtud de contratos de tenencia, cualquiera de los comuneros podrá pedir en el proceso divisorio que se haga el nombramiento respectivo”; y,

b) Otra, por fuera del proceso divisorio, para cuando, al tenor del artículo 486 ibídem, “(...) los comuneros no se avinieran en el manejo del bien común (...)”, para lo cual se seguirán los pasos señalados en los numerales 1º a 6º del precitado artículo 486.

De manera que, sea que los comuneros no se avinieren en el manejo de la cosa común o el nombramiento del administrador para tal efecto no se realizare en los términos del artículo 17 de la Ley 95 de 1890, el comunero inconforme con el manejo de la cosa común o con el nombramiento del administrador tiene a su disposición, permanentemente, salvo acuerdo en contrario, la acción divisoria, para pedir la partición material o ad valorem del bien común, o la acción respectiva para solicitar la designación judicial del administrador por fuera del proceso divisorio; y, justamente por ello, no dispone, bajo ningún respecto, de acción judicial alguna tendiente a invalidar la junta general de comuneros o a anular la designación que por ellos se haga de administrador del bien común, cuando aquélla o ésta no haya contado con el quórum requerido para constituirla o para efectuar el nombramiento, como ha sucedido en el presente caso.

Y tampoco hay lugar a acceder a las pretensiones del recurrente bajo la consideración de que por encontrarse el bien común embargado, la designación de administrador deviene nula por objeto ilícito, al tenor del numeral tercero del artículo 1521 del Código Civil, pues, como desde antiguo lo tiene averiguado la jurisprudencia de esta corporación, “los preceptos de los artículos 1521 del Código Civil y 43 de la Ley 57 de 1887 se refieren, como es obvio, a enajenaciones propiamente tales, esto es, a contratos o actos entre vivos que causen mutación o traslación de la propiedad de bienes raíces, como donación, venta, permuta, transacción, en que los efectos se determinan por la voluntad jurídica (...)” (LXV, 689), o sea, que “no existe la menor duda de que el sentido y alcance del artículo 1521 del Código Civil son los de prohibir todo acto por el cual se disponga del bien embargado para hacerlo salir del patrimonio de la persona que figura como dueña (...)” (LXXII, 11), situación que, como es apenas obvio, no se presenta con la designación de administrador para la comunidad, como quiera que tal acto solamente representa el ejercicio de una facultad administrativa de los comuneros enderezada a procurar el adecuado manejo y debida conservación del bien común».

(Sentencia de casación, abril 10 de 1996. Expediente 4414. Magistrado Ponente: Rafael Romero Sierra).

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