Sentencia 44155 de junio 26 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44155

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Acta Nº 22

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Aunque asiste razón a la réplica en cuanto a la contradicción planteada por la censura, al solicitar a esta corporación casar parcialmente la sentencia impugnada, que confirmó la condena por indemnización por despido indirecto, para que en sede de instancia, confirme la absolutoria de primer grado, lo cierto es que tal irregularidad en su formulación no inhabilita la demanda para su estudio, pues se logra entender con cierta claridad qué es lo que se pretende con el recurso extraordinario, esto es, casar la sentencia recurrida, para que esta Corte en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo.

Ahora si bien es cierto, la censura enlistó siete pruebas como erróneamente apreciadas por el tribunal, en la demostración del cargo sólo alude a la carta de terminación de contrato, la “liquidación de la indemnización”, y las “declaraciones de los testigos”.

Advierte la Sala que respecto de los demás medios de convicción, no se detiene a demostrar qué es lo que cada una de esas pruebas, individualmente consideradas, acredita, como tampoco a explicar por qué fueron equivocadamente apreciadas, su incidencia respecto de los errores presuntamente cometidos, la estructuración y dimensión de los yerros respectivos, téngase en cuenta que no basta relacionar las pruebas, sino cumplir la anterior carga, por lo que resulta incompleta la acusación pues es deber del recurrente, si quiere salir airoso en la acusación, socavarlas a todas ellas so pena que la decisión se mantenga soportada en las que no fueron objeto de debate.

Así lo ha sostenido esta Sala, en sentencia de 10 de noviembre de 2004, Radicado 22193, reiterada entre otras, en la del 29 de junio de 2011, Radicación 41516.

Con todo, de la lectura de los presuntos errores de hecho cometidos por el tribunal referentes al traslado, es preciso apuntalar lo siguiente:

El despido indirecto o auto despido es el resultado del comportamiento que de manera consciente y por iniciativa propia hace el trabajador a fin de dar por terminada la relación laboral, por justa causa contemplada en la ley, imputable al empleador. Esta decisión debe ser puesta en conocimiento a este último, señalando los hechos o motivos que dieron lugar a la misma, además de ser expuestos con la debida oportunidad a fin de que no quede duda de cuáles son las razones que dieron origen a la finalización de la relación laboral.

Precisa la Sala, que el contenido de la carta de despido corresponde a manifestaciones de parte que requieren para su confirmación de otros medios probatorios que corroboren lo dicho, lo cual se dio en el sub lite.

Además encuentra esta corporación que el tribunal no apreció erróneamente la antecitada prueba, pues allí se consigna la causa por la cual se dio por terminado el contrato de trabajo por parte de la trabajadora, que fue lo que de ella concluyó el juzgador y no otra cosa.

Asimismo, no incurrió en yerro alguno al considerar que debían verificarse los hechos que dieron origen a esa decisión.

Ahora bien, sobre la falta de inmediatez alegada por la demandada, debe recordarse que la jurisprudencia de la Sala ha advertido que la ley no exige que el despido sea inmediato o simultáneo con el hecho que da lugar al mismo, sino que debe darse dentro de un tiempo razonable que no quede duda que el motivo del rompimiento es el alegado. Debe pues aparecer claro el nexo causal entre la terminación y el hecho que la genera, de manera que no es cualquier dilación la que puede ser alegada, sino aquella injustificada y evidentemente tardía, pues no debe desconocerse que en la mayoría de los casos deben ser verificados los hechos y aún calificados, bien por el empleador, ora por el trabajador, en tratándose del despido indirecto.

En el sub judice, la actora fue trasladada por la demandada en varias ocasiones y en diferentes cargos, los que de acuerdo al contenido de la carta dirigida por la demandante por medio de la cual da por terminada la relación laboral con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, así como de los hechos 4º y 10º de la contestación de la demanda (fl. 61), el primero de ellos se surtió el 22 de abril de 2004, del cargo de administradora del albergue de paso a la oficina de personal, y luego, el 17 de enero de 2005, al “almacén”.

Encuentra esta corporación sobre la falta de inmediatez reprochada por la recurrente, que la misiva de terminación del vínculo empleaticio fue recibida por la demandada el 28 de enero de 2005 (fl. 17 del cdno. ppal.), por lo que no se evidencia en modo alguno la falta de inmediatez pregonada por la sociedad demandada. Téngase en cuenta que la razón por la cual la accionante dio por terminada la relación laboral, tiene como sustento los distintos traslados a los que se vio sometida, y que el último de ellos, acaeció el 17 de enero de 2005. Se reitera entonces, que la razón de ser por la cual la trabajadora consideró dejar a un lado el contrato de trabajo “con justa causa”, fueron los traslados, siendo el último de ellos, el 17 de enero de 2005, por lo que al presentarse la carta de terminación el 28 de esa misma, fue concomitante con el hecho que originó tal decisión.

Conviene recordar que esta Sala de la Corte ha sostenido invariablemente en su jurisprudencia que el poder subordinante que tiene el empleador, de donde nace el “ius variandi”, esto es, la facultad de variar las condiciones iniciales de trabajo, no puede ser ejercido de manera omnímoda y arbitraria, pues tiene sus límites en los derechos propios del trabajador, por lo que su ejercicio siempre ha de obedecer a razones objetivas y válidas, sean de orden técnico u operativo que lo hagan ineludible o, al menos, justificable (Ver sent. del 26/07/1999, Rad. 10969).

Y en sentencia del 30 de junio de 2005, Radicación 25103, la Sala adoctrinó lo siguiente:

“Con todo y al margen de lo anterior, es pertinente recordar que mientras exista nítidamente expuesta la causa del traslado, y el cambio de sitio de trabajo no sea de tal identidad que afecte o desmejore al empleado en las condiciones de trabajo, en su situación personal, social o familiar que han de determinarse para cada caso en particular, es dable entender que esa variación respecto a lo que inicialmente se había sometido al trabajador, obedeció al poder legítimo o facultad que tiene el empleador para ejercer el ius variandi, sin que ello implique de ninguna manera una modificación del contrato de trabajo ni violación del mismo y menos violación de derecho alguno, donde es el trabajador el que está sujeto a las conveniencias y necesidades razonables del patrono, y no el empleador a las comodidades o ventajas de su servidor u operario” (negrillas fuera de contexto).

De lo anterior, y de las circunstancias descritas en la carta de autodespido, analizadas en conjunto, con los demás medios probatorios, muestran elementos de juicio que corroboran la justa causa aducida por la demandante.

Bajo esa óptica, era dable que el tribunal concluyera que los traslados de que fue objeto la demandante por la llamada al proceso, vulneró su dignidad, dado que el cambio del cargo que venía ejerciendo y que contaba con funciones administrativas, fue diametralmente opuesto al ocupado posteriormente —implementación de botiquines—, cargo del que valga señalar no se le está brindando un tinte despectivo en esta decisión, sino que dada la variación ostensible que sufrió la demandante en los distintos cambios en sus funciones, sí hubo una desmejora en las condiciones de su trabajo.

Por otro lado, debe decirse que la prueba testimonial no es calificada en casación laboral para estructurar yerros facticos, esta solo podría estudiarse en la medida que prospere cualquiera de los otros yerros que se denuncian, respecto a la prueba calificada, lo cual no ocurre en este proceso, por manera que, al no darse tal circunstancia, es irrelevante consideración alguna al respecto.

Huelga decir, que esta corporación ha sostenido que es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas, como la que tuvo el tribunal en este asunto, después de analizar las circunstancias del proceso.

Sobre la pretensión subsidiaria en casación, se observa que su sustentación se asemeja a un alegato de instancia, sin realizar la censura ningún esfuerzo argumentativo, pues solo afirma que el salario que debía tomarse para efectuar la liquidación de la indemnización por despido injusto, era el señalado en la liquidación de folios 43 y 44, y no, el que para tales efectos tomó el sentenciador colegiado, sin ningún respaldo probatorio.

Encuentra la Sala, que el tribunal al liquidar la indemnización reseñada en ningún momento se fundamentó en la liquidación de prestaciones sociales, sino en la aceptación que de los salarios efectuó la sociedad enjuiciada en la contestación de la demanda, pues según el ad quem “la accionada no lo controvirtió en la contestación”.

En ese sentido, yerra el recurrente porque debió alegar la falta de estimación y no la errónea apreciación, con la correspondiente y debida adecuación argumentativa.

Se precisa, igualmente que si bien es cierto el censor mencionó en los medios probatorios apreciados erróneamente la contestación de la demanda, no señaló argumentación alguna que permita derruir lo resuelto por el colegiado con fundamento en dicho medio de convicción.

De lo expuesto, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fija la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) moneda corriente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2009, por el Tribunal Superior de Descongestión del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral promovido por Ana Cardee Baquero Trujillo a través de apoderado contra la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

Costas en el recurso extraordinario, conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».