Sentencia 4421 de abril 6 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD LEGÍTIMA

NO ES NECESARIO QUE EL HIJO ESTÉ REGISTRADO

EXTRACTOS: «1. En vista de que la acusación se finca en lo que tiene que ver con el extremo pasivo en la conformación de la relación jurídico-procesal, precisa puntualizar que aun cuando ab initio también se demandó a Yolanda Castañeda Coral, madre del menor cuya paternidad se impugna, respecto de ella se dispuso, por auto de 30 de octubre de 1991, “desacoger (sic) el escrito de contestación de la demanda en razón de no ser parte demandada”; a partir de allí, pues, a pesar de su citación al proceso, ya no se le tuvo más como demandada; en el juicio, en consecuencia, no prosiguió como demandado sino el menor aludido. Pero precisamente porque de él apenas sí se dijo en la demanda que se trataba del menor concebido por Yolanda Castañeda Coral, nacido el 21 de septiembre de 1990 en la Clínica La Merced de Ipiales, donde igualmente se halla domiciliado, es por lo que el Tribunal halló inepta la demanda y dictó sentencia inhibitoria; ahí radica, en esencia, la censura que se le endilga en este cargo.

También es bueno traer la razón por la que el sentenciador concluyó de tal modo; en su parecer, inobservose la preceptiva contenida en los artículos 75 y 77 del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto que ha de señalarse en la demanda el nombre que el demandado tenga “de acuerdo a las actas de nacimiento y documento de identificación”, y la edad “demostrada legalmente”. Consideró entonces que la demanda “sin el registro civil de nacimiento que probara la existencia del demandado, su condición de ser menor de edad y su condición de hijo de la esposa legítima del demandante”, no ha debido ser admitida.

2. Bien es verdad que en el libelo introductorio del proceso se debe indicar el nombre y la edad (ésta en forma genérica: mayor o menor de edad) del demandado, tanto porque así lo previene el numeral 2º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil , cuanto porque es un dictado de las reglas de la lógica. El nombre, porque es el modo corriente con que se determinan las personas, pues su principal misión, como se sabe, es la de asegurar la identidad de las mismas; precisamente porque es lo que permite fijar la individualidad, diferenciando netamente a toda persona de las demás, es por lo que se le asigna el carácter de atributo esencial de la personalidad. Desde esta perspectiva, pues, nada más natural que dicha exigencia procesal. Y la indicación de la edad se requiere a propósito de asegurar la capacidad de comparecencia al proceso.

Ahora bien. Toda norma tiene el sustrato material que le brindan los hechos que jurídicamente comprometen los intereses de los hombres, y su reglamentación es, entonces, manifestación acusada de lo que comúnmente ocurre, la cual se expresa por vía de hipótesis; el legislador, cuando realiza la tarea de previsión de los fenómenos que juzga necesario reglar, no puede caer en el casuismo, y por eso toma la conducta más o menos generalizada.

Aclaración que ha sido menester a raíz del requisito formal que viene analizándose, pues que, al compás de ella, ha de decirse que aquella norma tradujo lo que regularmente sucede en los litigios, en donde no se ofrece dificultad alguna para precisar e individualizar a las partes a través del nombre. Por lo general, ciertamente, las controversias se suscitan entre quienes gozan del atributo del nombre; y cumplidamente el numeral 2º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil tomó nota de ello.

Empero, cabe preguntar: ¿qué hacer cuando una persona no goza aún de ese atributo, cual ocurre con el recién nacido, respecto de quien regularmente no se tiene definido el nombre, y muchísimo menos ha sido objeto de registro civil alguno? Es obvio pensar que la simple carencia del nombre no puede frustrar ineluctablemente la órbita jurídica de las personas, y sostener de ese modo que en el entretanto no pueden aparecer en los extremos de la relación jurídico-procesal; porque eso sería sencillamente borrarlo del número de las personas y, por ende, negarle la capacidad de goce, que siendo otro de los atributos de la personalidad, no es menos importante que aquél, y que, desde el punto de vista examinado, le precede en cuanto que es congénito: adquiérese, evidentemente, por el mero hecho del nacimiento. A la verdad, de lo único que están privados es de la capacidad de ejercicio, no pudiendo conducirse jurídicamente a sí mismos; pero es incontestable que con el alumbramiento adquieren personalidad jurídica: y ya, sin más, son sujetos de derechos. Algo más: el ordenamiento jurídico tutela los derechos del meramente concebido, si bien condicionándolo al hecho de que nazca vivo (art. 93 del Código Civil), mas no al de que tenga un nombre; es entendible que sería una aserción bastante ligera la que dijese que cuando jurídicamente se quiera referir al que está por nacer, se deba aludir concretamente a quien se distingue por el nombre.

Como también sería un despropósito salirle al paso a tal argumento sosteniendo que en este específico proceso no podía el demandante excusarse de la regla general que le impone el deber de expresar el nombre del demandado, con sólo pretextar que su esposa no había registrado aún al hijo, arguyéndose que también era de la incumbencia de él proceder a tal registro según la previsión del artículo 45 del Decreto 1260 de 1970, exactamente en su numeral primero, que hace recaer en el padre la obligación de “denunciar los nacimientos y solicitar su registro”.

Porque igualmente se trata, en tanto que norma jurídica, de una disposición que genera un deber que, las más de las veces, es indiscutible, pues los padres, siendo tales, deben cumplir con el registro de sus hijos. Empero, no es de sindéresis presionar sus límites para que dentro del ámbito de la norma quede obligado por igual quien, a despecho de la presunción de paternidad legítima, precisamente sostiene que no es el padre de la criatura. El derecho no debe patrocinar ficciones como para sostenerse a ultranza que de todos modos él debía hacerlo por la presunción legal que en su contra pesa, y que mientras ella no sea infirmada no puede dispensarse de la obligación de registrar; si ninguna objeción se le hiciera a este modo de pensar, sería forzoso asentir que el derecho constituye un mundo legal muy distante del que moldea la realidad, como que no está nada bien que sea empeñoso en su imperio para exigir de los hombres cuestiones que no encuentran respuesta de la lógica y el orden natural de las cosas. No otra cosa sería la que sucediese si al presunto padre se le obliga a denunciar como hijo a quien, según su conocimiento, no lo es, no más que para satisfacer una exigencia abrasivamente formalista. Repugna que para poder desconocer a quien por hijo pasa legalmente, deba primero denunciarse como tal, tanto más si se tiene en cuenta que no es el registro el que propiamente lo levanta como hijo suyo, porque desde el propio alumbramiento ya el ordenamiento jurídico lo presenta como tal, desde luego que es hijo de la mujer con quien contrajo nupcias. Con el agregado de la consecuencia probatoria que puede aparejar el reconocimiento expreso que de la condición de hijo se ve en tal acto. Es natural que nadie está obligado a fabricar pruebas en su contra.

Todo hace desembocar en la afirmación, concluyente por demás, que la obligación del artículo 45 del citado decreto acompasa perfectamente con los casos, que son los más, en los que él se llama a sí mismo padre y, por consiguiente, cumple hasta con entusiasmo su deber, y no a regañadientes; mas no cuando anda persuadido de que no lo es en verdad, si bien en él se descarga el fardo de la presunción contraria.

3. De otra parte, ha de aclararse que no es cierto que dentro del proceso sea forzoso demostrar el nombre y la edad de las partes, toda vez que mientras ello sea punto pacífico de la controversia, a nadie se le exige que lo compruebe.

Y mucho menos es cierto que tales dos cosas deban probarse necesariamente con el correspondiente registro civil de nacimiento, porque aun cuando nadie discute que es la prueba más idónea al respecto, débese convenir que bien pueden admitirse medios persuasivos diversos. Objeción que así mismo es de recibo frente a la afirmación de que aquélla sea la única prueba admisible para acreditar la maternidad y la fecha del parto, toda vez que, como lo tiene decantado la jurisprudencia, aunque es esa la probanza más sencilla y de gran poder de convicción, “sería un dislate jurídico afirmar que la maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo, o el hecho de en qué momento ocurrió el parto, sólo puedan probarse con la copia o el certificado antedichos. Como quiera que uno y otro son sucesos de la vida diaria, de ocurrencia normal y frecuente, son episodios que pueden también ser probados con otras pruebas que lleven al juez al convencimiento de su acaecer. Y entre las mismas partes han de tenerse como acreditados con la confesión de aquel frente a quien se afirman”. Punto sobre el que acabó explanando que “es preciso no olvidar que una cosa es el estado civil y otra muy distinta los hechos o actos constitutivos del mismo. El primero, por disposición expresa de la ley, sólo puede acreditarse hoy mediante la copia de la respectiva partida o folio o con el certificado notarial correspondiente; pero cuando se trata, ya no de probar el estado civil mismo, sino el hecho de que la mujer que dio a luz a una determinada persona, es la misma que durante la época de la concepción de ésta, tenía convivencia carnal con el presunto padre demandado, entonces tal circunstancia puede ser plenamente acreditada tanto con la prueba testimonial como con prueba de confesión, pues ya no se trata de comprobar un estado civil, como antes se dijo”. (CLXV, pág. 327).

Doctrina que aplicada al específico tema de la impugnación de la paternidad legítima se ajusta perfectamente, si se recuerda que es precisamente la maternidad radicada en mujer casada uno de los extremos a demostrar en tal linaje de procesos. Es que ahí estriba precisamente la diferencia entre la maternidad y la paternidad; porque aquélla se establece fácilmente por la naturaleza misma de las cosas, como que el hecho que la constituye, el parto, es apreciable y tangible; de suerte que en procesos como éste es bastante probar el parto de la mujer casada y la identidad entre la criatura así nacida y la persona cuya presunción de paternidad se pretende enervar. No puede decirse lo propio, en cambio, de la paternidad, por supuesto que el hecho que la determina, el engendramiento, no puede probarse directamente y de ahí que la ley se haya visto precisada a recurrir a las presunciones.

Adviene como colofón que en esta clase de juicios lo trascendental es demostrar que el hijo lo es de la mujer con quien celebró matrimonio el actor, porque, como lo señala la Corte, “es obvio que para que tal acción tenga cabida es menester que la presunción de paternidad haya tenido lugar y para que ésta tenga lugar es indispensable que no haya duda sobre la filiación legítima materna” (Cas. de 31 de julio de 1936, XLIV, 102).

4. Total, en este caso no podía hacerse actuar de manera ciega el artículo 75, numeral 2º, del Código de Procedimiento Civil, y más bien ha debido caerse en la cuenta de que la especial circunstancia de no estar el hijo registrado, ni saberse su nombre, no podía constituirse en óbice insalvable para la aspiración procesal del demandante, quien no podía hacer otra cosa que demandar como lo hizo. No sería de anhelar que en vez de haberse conducido como sucedió en el punto, hubiese inventado un nombre para dar por cumplido el requisito formal de la demanda. Por modo que cuando el Tribunal exigió aquí el registro civil de nacimiento del demandado, anduvo requiriendo infundadamente esa prueba; o, lo que es lo mismo, exigió un específico medio probatorio para demostrar unos hechos que no lo requerían, incurriendo así en típico error de derecho, porque de esa manera restringió indebidamente la libertad de medios persuasivos consagrada por norma general en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, violación medio que produjo también la de las normas sustanciales señaladas en el cargo.

Para decirlo en breve, la demanda así formulada no era inidónea, dadas las condiciones particularísimas que revestían el caso concreto y mal podía generar, entonces, una sentencia inhibitoria; con mayor razón por cuanto que, no más adelante de la propia contestación de la demanda, esto es, cuando no bien se creó el lazo de instancia, se arrimó al expediente el registro civil de nacimiento del menor (fl. 25 del cuaderno principal), que, aunque tiene fecha posterior a la iniciación del juicio, acabó despejando toda duda que allí pudiesen anidar las partes.

Así las cosas, no era del caso pretextar la carencia de ese presupuesto para abstenerse de decidir el mérito de la controversia.

Dimana de lo dicho, que el cargo prospera; en consecuencia, debe quebrarse el fallo del Tribunal, y dictarse el que lo reemplace».

(Sentencia de casación, abril 6 de 1995. Expediente 4421. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

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