Sentencia 44231 de agosto 21 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 574 - 2013

Radicación 44231

Acta 26

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

La censura le atribuye al tribunal haber dado por sentado que la demandante era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Avianca y el Sindicato de Trabajadores de Avianca, con base en la certificación expedida por la referida organización sindical y la confesión de la demandada.

Esta Sala de la Corte ha sido reiterativa en señalar que cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o de su no valoración no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de manifiesto. Dicha calidad surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en el examen de los medios de prueba, lo que no ocurre en el presente caso.

En efecto, del documento visible a folio 127 del expediente, cuya errónea apreciación denuncia la censura, se observa que la organización sindical denominada Sintrava certificó que la demandante “(...) desde el 26 de abril de 2001 hasta el 24 de agosto de 2001, estuvo cotizando conforme a los estatutos del sindicato nacional; hasta el momento de su desvinculación con la empresa se encontraba a paz y salvo por todo concepto (...) Damos esta constancia de acuerdo al libro de registro sindical de esta organización (...)”.

De otra parte, al preguntársele a la representante legal de la sociedad demandada en la diligencia de interrogatorio de parte (fls. 192 a 195), si la empresa descontaba del salario de la demandante las cuotas sindicales por beneficio de la convención, contestó que sí era cierto.

Estima la Sala que de los aludidos medios de convicción es razonable inferir, como lo hizo el juez de apelaciones, que para la fecha de su despido la demandante se beneficiaba de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Avianca y Sintrava, lo que descarta la comisión de un error de hecho con la connotación de evidente, capaz de derruir las conclusiones del tribunal.

Y es que no debe perderse de vista que la referida certificación de folio 127 no fue tachada por la parte demandada dentro de la oportunidad procesal correspondiente, por lo que no existe ninguna razón para deducir que su contenido no corresponda con la realidad.

Ahora bien, de las pruebas que la censura denuncia como no apreciadas o apreciadas con error, por parte del tribunal, se observa lo siguiente.

En el hecho 4 de la demanda afirmó que era beneficiaria, primero como adherente y luego como afiliada al sindicato, de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Avianca y Sintrava, a lo que aquélla, en la contestación de la demanda, afirmó “Que se pruebe”, es decir, ni lo negó ni lo aceptó. En el recurso de apelación que la censura aduce fue mal apreciado, la demandante insistió en que era beneficiaria de la convención colectiva. Así las cosas, aunque la demandada no aceptó que la demandante era beneficiaria del acuerdo colectivo, no se advierte que el ad quem hubiera apreciado estas piezas procesales erróneamente, con incidencia en la decisión.

En cuanto a las pruebas que la censura denuncia como dejadas de apreciar, encuentra la Corte que a folio 317 del expediente obra una certificación expedida por el gerente corporativo de gestión humana de la aerolínea convocada a juicio, donde se da fe de que a la demandante “no se le realizaron los descuentos con destino al sindicato nacional de trabajadores de Avianca, ‘Sintrava’ entre abril y agosto de 2001, puesto que no existe registro en la hoja de vida que se hubiere afiliado durante el periodo citado.” En los folios 323 a 329 se observan los comprobantes de nómina de la demandante, correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2001, en donde no aparece que se le hubieran realizado los descuentos con destino a Sintrava. A folio 330 del informativo aparece la solicitud de afiliación de la demandante a Sintrava, de fecha 20 de abril de 2001, aceptada el 26 de abril del mismo año y con constancia de recibido por la empresa el 13 de junio de 2001. En el interrogatorio de parte absuelto por la demandante (fl. 206), esta aceptó haber expresado su voluntad de acogerse al estatuto del no sindicalizado adoptado en la demandada con los trabajadores que no pertenecían a organizaciones sindicales.

Aunque algunos de estos medios de prueba podrían demostrar que a la demandante no se le realizaron los descuentos por beneficio de convención, el tribunal formó su convencimiento con base en la certificación expedida por Sintrava y la confesión de la sociedad demandada, de las que era válido inferir que a la demandante se aplicaban las normas convencionales.

Importa anotar que el hecho de que la trabajadora en algún momento de la relación laboral que la ató con la demandada hubiera manifestado acogerse al estatuto del trabajador no sindicalizado, no descarta la posibilidad de que posteriormente hubiera decidido afiliarse a Sintrava y beneficiarse de la convención colectiva de trabajo que esta organización sindical había suscrito con Avianca, máxime si se tiene en cuenta que del documento de folio 330 es posible inferir que el 20 de abril de 2001 la actora había solicitado a la aludida organización sindical afiliarse a ella, petición que fue aceptada el 26 de abril siguiente y comunicada a Avianca el 13 de junio del mismo año.

Esta Sala de Casación Laboral ha adoctrinado que la decisión del juzgador de segundo grado de edificar su conclusión sobre el hecho de que la demandante era beneficiaria de convención colectiva de trabajo, con base en una determinada prueba y no con fundamento en otra que obre en los autos, se enmarca dentro de la potestad legal que tiene el juez laboral de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con fundamento en los medios probatorios que más lo induzcan a hallar la verdad, tal como lo dispone el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual las inferencias que lo llevaron a proferir su decisión, siempre que sean razonables y ajustadas a la lógica jurídica, seguirán soportando la presunción de acierto y legalidad que cobija a las decisiones judiciales, como lo ha sostenido con insistencia esta Sala de la Corte, de lo que es ejemplo la sentencia del 13 de noviembre de 2003, Radicación 21478, en la que expresó:

“Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

“Por lo dicho, las conclusiones que hace el tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del tribunal”.

De acuerdo con lo anterior, la ponderación que el juzgador de la alzada hizo de unas pruebas, a costa de otras, a menos que raye en el disparate, no es constitutivo de error protuberante de hecho, con virtualidad para desquiciar una sentencia en el, de por sí estrecho, escenario procesal de la casación.

En verdad, existe un espacio de gestión probatoria del juez de instancia, que, en principio, no es posible que la Corte invada, en la medida en que tal espacio comporta el ejercicio legítimo de un fuero de valoración probatoria que, dentro de ciertos límites, le otorga el artículo 61 del estatuto que gobierna los ritos del trabajo y de la seguridad social, y que habilita válidamente al juez laboral para acoger unas probanzas en desmedro de otras.

Por lo tanto, el recurrente en casación no puede cuestionar la autonomía de que goza el tribunal para evaluar y ponderar las pruebas. Su misión ha de estar orientada a demostrar que el juzgador abusó de tal atribución legal, en tanto sus conclusiones contradicen la evidencia probatoria.

Así las cosas, concluye la Sala que el tribunal no incurrió en el primer error de hecho que le endilga la censura.

Con relación al segundo error de hecho denunciado por la recurrente, debe anotar la Corte que la decisión del tribunal en cuanto dispuso el reintegro de la accionante, estuvo apoyada en el argumento central de que la demandada pretermitió el trámite consagrado en la cláusula 6 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2000 - 2002, suscrita entre Avianca y Sintrava.

Soportaba el recurrente en casación la carga de destruir ese argumento, que, como se dijo, se erigió en soporte fundamental del fallo impugnado, pero no lo hizo así, como ya se analizó, por lo que sigue brindándole apoyo al fallo cuestionado.

En estas condiciones, le corresponde a quien pretenda la anulación de la sentencia que impugna destruir todos los argumentos de hecho o de derecho que le hayan servido de base al juzgador para adoptarla, lo que significa que aquellos pilares del fallo que permanezcan libres de crítica, seguirán sirviendo de puntal a la decisión atacada.

Lo anterior significa que, al margen de que el despido de la trabajadora hubiera sido justo o injusto, el ad quem estimó que el reintegro resultaba procedente ante la omisión de la demandada de respetar el procedimiento establecido para el despido, previsto por la citada norma convencional, inferencia del tribunal que, por demás, no fue controvertida por la censura.

Sobre los dos últimos yerros fácticos a que alude la censura, esto es, que el tribunal no dio por probado, estándolo, que la demandada perdió la confianza en la demandante y que su reintegro resulta desaconsejable, debe precisar la Sala que son aspectos irrelevantes frente a la decisión del tribunal, en tanto el reintegro de la trabajadora tuvo sustento normativo en la convención colectiva de trabajo, específicamente en su cláusula 6, que dijo el tribunal no condicionaba la ineficacia del despido a la pérdida de confianza de la empresa en el trabajador o a que el restablecimiento del contrato de trabajo fuera desaconsejable, lo que no se controvierte en el cargo. Además, al presente caso no le resulta aplicable el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, como lo aduce la censura, ya que el reintegro de la accionante no tuvo fundamento en dicha disposición legal.

Sobre la irrelevancia de que el reintegro pudiera ser desaconsejable cuando la medida tiene fundamento en la norma convencional que el tribunal aplicó en el presente caso, esta Sala de Casación Laboral, en sentencia del 27 de febrero de 2007, radicado 28103, donde fungía como demandada la misma aerolínea aquí convocada a juicio, dijo:

“Cuanto hace a los dos últimos desaciertos imputados al fallador de la alzada, aún de demostrarse que el reintegro de la actora no es aconsejable ello no tendría ninguna incidencia respecto de la decisión impugnada, pues como acaba de advertirse, la decisión de reintegrar a la actora se basó en la ilegalidad del despido por el incumplimiento del trámite previsto en la convención colectiva, frente a lo cual no importan las circunstancias que hagan desaconsejable esa medida, cuestión que debía ser analizada de haber tenido el reintegro fundamento en otras normas”.

En lo que tiene que ver con la segunda petición subsidiaria elevada por la censura, estima la Sala que le asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que el tribunal no estudió la excepción de compensación que propuso en la contestación de la demanda. En efecto, en la sentencia impugnada no se hizo ningún pronunciamiento sobre la suerte que debían correr las sumas que por concepto de cesantía e intereses a las mismas le habían sido pagadas a la trabajadora.

En estas condiciones y dado que este punto no fue objeto de resolución por parte del fallador de segundo grado, a pesar de haber sido planteado por la llamada a juicio al contestar la demanda, considera la Corte que el deber de aquélla era solicitar la adición de la decisión, en los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la finalidad de generar un pronunciamiento expreso del ad quem sobre el mismo, siendo que, entonces, al no activar la entidad el mecanismo procesal adecuado, la Corte está en imposibilidad de remediar esta circunstancia.

De todas maneras ello no impide a la demandada que al momento del pago de las sumas adeudadas a la trabajadora pueda compensar aquéllas que hubiere adelantado a esta y que sean incompatibles con el reintegro, pues de acuerdo con el artículo 1715 del Código Civil, “La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores (...)”.

En conclusión, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho $ 6’000.000.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Alexandra del Pilar Jiménez Meza promovió contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A. - Avianca S.A.

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho $ 6’000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».