Sentencia 4424 de junio 24 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE

INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

EXTRACTOS: «I. El punto materia de discusión tiene que ver con la liquidación del lucro cesante originado en la paralización de una empresa o industria casera, paralización que se presenta como consecuencia de la inmovilización de un vehículo, sin el cual, no es posible el funcionamiento de la empresa. La víctima, dueña del vehículo y de la industria casera, es de escasos recursos. El vehículo, aunque reparable, no fue reparado.

El Tribunal señala que en situaciones como ésta, la víctima tiene derecho a una indemnización plena, o parcial, según sea lo que aparezca acreditado en el proceso. Plena, si el demandante acredita la permanencia del nexo de causalidad entre la inmovilización del vehículo y la paralización de la empresa. Es decir, si acredita que el nexo entre la inmovilización de la cosa y la paralización del negocio, no sufrió ruptura alguna. Ello se logra, afirma la sentencia, demostrando que no le fue posible al demandante obtener recursos que le permitieran la reparación del vehículo. La víctima, pues, dice el Tribunal, tiene derecho a la indemnización plena si acredita diligencia encaminada a buscar la reparación de la cosa, y con ella el restablecimiento de la operación del negocio.

Si esta diligencia o cuidado que garantiza la permanencia del nexo de causalidad no aparece probada, entonces la víctima tiene derecho a una indemnización parcial, igual al lucro cesante que se produjo en el período que empieza con el daño del vehículo, y termina el día en que razonablemente habría quedado reparada la cosa después de conseguir la víctima, con sus propios recursos o con préstamos garantizados con el propio vehículo, medios económicos que le permitieran sufragar los costos de reparación.

El ad quem indica que el demandante no tiene derecho a la indemnización plena, dado que en el proceso no aparece acreditada la diligencia encaminada a procurar el arreglo del vehículo. No aparece acreditado, pues, el nexo de causalidad entre el daño de la cosa y la pérdida de beneficio. El demandante tampoco tiene derecho a la indemnización parcial, puesto que en el proceso no aparece probado el período en que el demandante razonablemente habría obtenido recursos para la reparación, y ésta se hubiese hecho efectiva.

Visto así el razonamiento del ad quem, resulta incuestionable que la decisión en cuanto negó la indemnización por el lucro cesante parcial o total, se basó en la falta de prueba del “período de inmovilización ‘normal’ del vehículo dañado ...” y en la falta de prueba acerca del “... factor de ‘imposibilidad’ del actor de conseguir en el mercado financiero el valor de las reparaciones que demandaba su artefacto”.

II. El error de hecho en la apreciación de las pruebas, tiene lugar cuando el sentenciador no ve la que obra en el expediente, o supone la que no existe, hipótesis ésta que comprende la desfiguración de la prueba, ya porque se le agregó algo que le es extraño, ora porque se le cercenó su real contenido. Esta clase de error exige también que sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero implica que la conclusión sobre la cuestión de hecho a que llegó el fallador resulte evidentemente contraria a la realidad fáctica exteriorizada en la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no después de un intrincado análisis. Lo segundo, el error debe incidir en la decisión final, descartándose, por tanto, el inane o irrelevante.

Sobre los alcances del yerro de facto ha dicho esta corporación que él aparece cuando el juez da por demostrado un acontecimiento con base en una prueba que no obra en el proceso; o cuando niega la existencia del hecho, no obstante haberse incorporado al proceso la prueba tendiente a establecerlo (error por preterición). Variante de la primera forma de error es aquella que se da cuando, de un lado, el juez le hace decir a un determinado medio de prueba lo que éste, de hecho, no representa (suposición por adición); y, de otro, cuando el juez, sin ignorar la existencia del medio probatorio, recorta o mutila su contenido (preterición por cercenamiento).

Igualmente, el recurso de casación no tiene las características de una instancia adicional, ni los propósitos que lo orientan apuntan a ello. Al contrario, tal recurso es eminentemente formalista y dispositivo, razón por la cual mediante él no se puede hacer una nueva evaluación de la demanda, de su réplica o de las pruebas que sirven de fundamento a las pretensiones de la parte actora o a las defensas del demandado. De consiguiente, en virtud de la autonomía que el juzgador de instancia tiene en la actividad apreciativa de las pruebas, el yerro de facto para que tenga entidad en casación y pueda, por ende, ocasionar la rotura de un fallo, tiene que ser manifiesto y trascendente, o como lo pregona la jurisprudencia de esta corporación, debe ser “... tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, del tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de un fallo aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento(...)”.

III. Visto lo anterior se impone, pues, averiguar si el ad quem incurrió, en el sub júdice, de manera evidente, en los yerros de apreciación probatoria que el recurrente le enrostra a la sentencia impugnada, en el cargo atrás compendiado, concretamente, en cuanto ignoró un conjunto de pruebas que acreditan la pobreza del demandante y la diligencia y actividad que cumplió para reparar su vehículo.

1. El impugnante afirma que la pobreza del demandante aparece acreditada con el informe de tránsito, los tetimonios de Ana del Pilar Leyton y César Iván Higuera Duarte, y el interrogatorio de parte formulado por los demandados al actor; y la diligencia, con las gestiones efectuadas por Ernesto Leyton Romero para que la compañía Seguros del Comercio le pagara el valor de los daños, con las cotizaciones de reparación del vehículo presentadas ante esa compañía, con el testimonio de Ana del Pilar Leyton, con la declaración de Helí Calderón Acelas, con las cotizaciones de reparación presentadas ante la inspección de tránsito que conoció de la investigación del accidente y con la atención y seguimiento de esa investigación.

Evidentemente, el fallo impugnado omitió referirse expresamente a tales probanzas con las cuales se acredita una y otra circunstancia. Puede afirmarse, empero, que la pobreza del demandante no es punto que discute el Tribunal, aunque en el fallo impugnado no se refiere expresamente a esa circunstancia. Lo que sostiene el ad quem para negar la condena por el pago total del lucro cesante es que el actor no probó la imposibilidad de obtener recursos para la reparación del automotor, lo cual indica, contingentemente, que al menos había conciencia en el sentenciador acerca de la carencia de recursos económicos para los susodichos efectos.

Según el Tribunal, la prueba de la diligencia para la consecución de los recursos citados, correspondía a la parte demandante. La indemnización total por concepto del lucro cesante a cargo del victimario —dice el Tribunal—, sólo tiene ocurrencia en los casos de “imposibilidad de reparación por falta de dinero de la víctima”, siempre y cuando el damnificado demuestre “máxima diligencia inmediata posterior” por lo menos “para la consecución de los dineros pertinentes a la reparación, en los mercados financieros de la región, de tal manera que únicamente con la demostración de una negativa razonable de particulares y de personas morales (tanto del orden público como del privado) a facilitarle un crédito, se podrá pensar en que le asiste razón a la víctima, para “dejar de seguido” tanto tiempo sin reparar una valiosa y rentable máquina como la de autos”.

2. El Tribunal dejó sentado que la indemnización total por concepto de lucro cesante sólo tenía lugar si copulativamente se reunían los siguientes requisitos: a) Que la víctima carece de recursos económicos; y, b) Que las entidades financieras o los particulares razonablemente negaron los préstamos solicitados por el damnificado para la reparación del automotor terrestre. Esto indica que no obstante la víctima tener la condición de pobre, la indemnización por el lucro cesante la pierde si los particulares o las entidades financieras no aducen un motivo razonable para negar el crédito. En otras palabras, no basta probar la condición de pobre de la víctima; se le exige, además, diabólicamente un comportamiento que le es extraño: la negativa razonable de terceros para la concesión de un crédito, pese a que las reglas generales de la experiencia y el sistema económico que invoca el Tribunal, enseñan que los créditos se otorgan a quienes efectivamente poseen solvencia económica, no a quienes carecen de ella, o por lo menos a quienes ofrecen garantías reales o personales que de alguna manera aseguren la solución de la obligación contraída.

Ahora, lo atinente a la razonabilidad del tiempo necesario para la reparación de la máquina y por supuesto para la indemnización del lucro cesante, hay que analizarlo en cada caso concreto, no en el plano teórico o abstracto. Para tal efecto, no sólo debe tenerse en cuenta la entidad de los daños o averías sufridas por el aparato, sino las propias circunstancias sociales, económicas y personales que rodean a la víctima. Si la premisa mayor para obtener la indemnización total de ese ítem, parte de la pobreza de la víctima, que en fin de cuentas es una circunstancia personal que impide, imposibilita o dificulta la reparación inmediata del automotor, no puede unirse a ese eslabón la falta de diligencia de la misma para obtener un crédito, ante particulares o entidades financieras, pues, por lo visto, la conclusión resulta ilógica. Si el demandante es pobre, es apenas obvio que no se le puede exigir actividad para conseguir créditos, como tampoco la prueba de la negativa razonable a su otorgamiento, hipótesis ésta distinta a cuando no se aduce la condición de pobre de la víctima o a pesar de alegarse no se demuestra en el proceso. Es que siguiendo el razonamiento del Tribunal, nunca esa persona pudiera llegar a demostrar la diligencia, porque en un mercado financiero amplio y libre, como el vigente en el país, siempre se pudiera exigir una gestión más, y así otra y otra. De ahí que antes se haya anotado que era diabólica la exigencia sobre el comportamiento.

3. De lo dicho se desprende que la conclusión a la que arribó el Tribunal resulta contraria a la realidad fáctica que exteriorizan las pruebas citadas por la censura, demostrativas de la pobreza y diligencia del demandante; error que lo condujo a quebrantar indirectamente las normas sustanciales denunciadas en el cargo, razón por la cual el fallo impugnado debe ser casado. En consecuencia, la Corte, como Tribunal de instancia, debe entrar a proferir la decisión, en el punto, sustitutiva, partiendo de la base que los requisitos axiológicos de la responsabilidad civil extracontractual, se encuentran cumplidos».

(Sentencia de casación, junio 24 de 1996. Expediente 4424. Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez).

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