Sentencia 4429 de junio 8 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SOCIEDADES DE HECHO

ESTADO PERMANENTE DE DISOLUCIÓN

EXTRACTOS: «En cuanto a la extinción de las sociedades de hecho —ora sea que hubieren sido constituidas por el acuerdo expreso de voluntades de los socios aunque despojado de las solemnidades exigidas por la ley, ya sea que su nacimiento hubiera sido “por los hechos”, caso éste en el cual se considera que surgió del consentimiento implícito “que se desprende de una serie coordinada de operaciones que en común realizan varias personas para el logro de finalidades económicas” (G.J. tomo XCIX, Nos. 2256 a 2259, pág. 70)—; tiene por sentado la jurisprudencia desde antiguo, que, precisamente por su propia índole, “siendo una sociedad de hecho, a todo instante se puede considerar como disuelta aun cuando nadie se haya muerto, ni haya vencido término alguno, aun estipulado, pues en ningún momento puede tener subsistencia legal y en todo instante es procedente su liquidación...” (G.J. LXXX, 1955, pág. 403). Es decir, la de hecho ha de ser, por consiguiente, una sociedad de existencia precaria.

1.3.3. Siendo así las cosas, resulta comprensible que para efecto de establecerse la regulación pertinente a la existencia y disolución de una sociedad de hecho deban tenerse presente las normas especiales pertinentes, mas no las generales relativas a las sociedades constituidas como persona jurídica, bien sean regulares o irregulares. Pues mientras estas últimas tienen vida como contrato social, gozan de personalidad jurídica y pueden tener, en el caso de las regulares, un funcionamiento normal conforme a sus estatutos y a la ley; las otras, las llamadas “sociedades de hecho”, propiamente dichas, por el contrario, por no ajustarse a los requerimientos mínimos que indica el ordenamiento estatal, carecen de una vida como persona jurídica y deben desaparecer del mundo jurídico, cuando quiera que, por su estado permanente de disolución, los interesados pidan su liquidación. De allí que cuando se trata de una sociedad formada por los hechos, lo que se constituye es una sociedad de hecho, que, por no ser persona jurídica (arts. 498 y 499 del C. de Co.) “no puede subsistir legalmente” (arts. 822, C. de Co. y 2083, C.C.) como sujeto de derecho. No lo podrá ser ni en vida de los socios de hecho, ni después de la muerte de uno o de ambos. Y, precisamente, esta es la razón por la cual la ley no consagra como solución para esta sociedad de facto la posibilidad de “subsistencia legal” como un sujeto de derecho; pues simplemente la trata como sociedad de hecho, sin perjuicio, desde luego, que pueda constituirse, conforme a los requerimientos legales, una nueva sociedad, regular o irregular, distinta jurídicamente a la sociedad de facto precedente. Pero aquella sociedad de facto siempre es tratada como una sociedad sin personalidad jurídica, pues no la ha tenido, y, por tanto, es una sociedad en permanente estado de disolución, a la que sólo le hace falta, cuando se solicite, la liquidación y retiro de los aportes y utilidades pertinentes. Esto puede hacerse voluntariamente en forma extrajudicial. Pero si por no haber acuerdo se requiere alguna intervención judicial, lo será para darle certeza jurídica a la existencia en estado de disolución que en el pasado tuvo una sociedad de hecho. Esta intervención judicial, pues, no es para disolverla, porque, se repite, por haberse formado de hecho, desde ese mismo momento, por no haber nacido a la vida jurídica como persona jurídica, la ley estima que ha estado siempre en disolución. Y si ello es así, esa intervención judicial mucho menos puede tener por finalidad darle continuidad o diferir una situación de hecho, que, por esencia, la ley siempre la ha considerado en disolución, y que, cuando medie solicitud de los interesados, debe procederse rápidamente a su liquidación. Lo contrario daría lugar a admitir que, por la vía de declaración judicial, se pueda reconocer la “subsistencia legal” de una sociedad de hecho. De allí que para este tipo de sociedad, la de hecho, resulte incompatible la aplicación de lo estatuido por el artículo 2130 del Código Civil cuando dispone que “la estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto se subentiende así en las que se forman para el arrendamiento de un inmueble o para el laboreo de minas, o en las anónimas”. De un lado, porque se trata de una norma que, por su ubicación general (cap. VII, título 27, libro 4º del C.C., sobre la “disolución de la sociedad”), su contenido preceptivo relativo a la sociedad como persona jurídica regular o irregular (pues supone preexistencia de la sociedad y posibilidad de continuación), y su referencia a las sociedades de laboreo de minas, sólo tiene cabida su aplicación en las sociedades conformadas como personas jurídicas, pues sólo respecto de éstas puede predicarse la posibilidad de su continuación con los herederos. Y del otro, porque dicho precepto debido a lo anteriormente expuesto, resulta incompatible con la naturaleza de la sociedad de hecho ya que como consecuencia ineludible de no ser una persona jurídica y de ser tratada en estado permanente de disolución, no puede hablarse de su posibilidad jurídica de continuación con los herederos del socio fallecido. Por tal razón se rectifica la doctrina del Tribunal en el sentido de que para las sociedades de hecho, contrariamente a lo que afirmara en la sentencia impugnada, resulta inaplicable el precepto contenido en el artículo 2130 del Código Civil antes mencionado».

(Sentencia de casación, junio 8 de 1994. Expediente 4429. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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