Sentencia 44326 de agosto 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44326

SL 541-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 24

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

En relación con el primero de los cargos, no incurre el superior en la violación que se le endilga, puesto que, como lo señalara el impugnante, el sentido que diera al artículo 1º de la Ley 33 de 1985 se encuentra en conformidad con lo enseñado por esta Sala.

De lo expuesto por la censura nada conduce a entender que el demandante quien no se encuentra en el supuesto fáctico del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 pueda acceder a la pensión allí consagrada.

La vía escogida para el ataque, como lo admite el recurrente, implica la aceptación de las conclusiones fácticas a las que arriba el superior, esto es, el demandante solo laboró 12 años, como trabajador oficial; el proceso de trasformación de la Empresa de Energía de Bogotá en sociedad por acciones, en virtud de lo cual se aplica el régimen privado, ocurre en junio de 1996; la empresa demandada, de carácter privado, se constituye en octubre de 1997; entre esta y la anterior, Empresa de Energía de Bogotá, se produjo sustitución patronal; el demandante que para abril de 1994, tenía 43 años, es beneficiario del régimen de transición; su retiro de la empresa Codensa se produce en marzo 30 de 2006.

No le asiste razón al recurrente cuando, al reprochar que el ad quem pese a reconocer la condición de beneficiario del régimen de transición del actor, niega los efectos del artículo 36 de la ley 100 de 1993, al condicionarlos a la naturaleza del cargo desempeñado o de la naturaleza jurídica de la empresa; afirmación que dista de la realidad toda vez que el examen que hiciera, en este sentido, el superior se dirigía a establecer si el demandante había laborado, por el tiempo exigido en la señalada Ley 33, en cualquiera de las entidades a las que alude el artículo 68 del decreto 1848 de 1969, que determinan por tal razón el carácter de trabajador oficial exigido por la norma a aplicar.

El tribunal no negó los efectos del indicado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo que al momento de aplicar el régimen reclamado por el actor, Ley 33 de 1985, artículo 1º, encuentra que este no reúne los requisitos exigidos por la disposición al no sumar 20 años como trabajador oficial tiempo que no puede ser el resultante de agregar a los 12 años servidos a la Empresa de Energía de Bogotá, los trabajados a una entidad privada, naturaleza no discutida en el proceso, a la que por tal razón no le son aplicables las normas de carácter público cuyo reconocimiento de sus efectos aquí se demandan.

No existe fundamento alguno para sustentar el razonamiento contrario que permita sumar tiempos servidos a entidades de naturaleza diferente reguladas por normas de distinto carácter y el recurrente, no lo demuestra; las alusiones relativas a que al “al momento de expedirse la Ley 33 de 1985, no existía la posibilidad de la trasformación de las empresas de servicios públicos domiciliarios estatales en empresas privatizadas y, en especial, en sociedades por acciones”; o, que en virtud al texto del artículo 43 de la Ley 142 de 1994 en el que se dispone que las entidades trasformadas deben realizar “provisiones financieras indispensables para atender las obligaciones pensionales”; no acreditan la validez del argumento, en beneficio de quien, en oposición a lo expuesto por el impugnante, para el momento de la subrayada trasformación de la Empresa de Energía de Bogotá, que no de la demandada, no tenía derecho adquirido alguno ni con posterioridad cumplió, como se dijo, con la totalidad de los requisitos.

En cuanto al segundo de los cargos debe decirse que, ninguna regla hermenéutica autoriza y la Corte no ha adoctrinado en el sentido que “artículo 1º de la Ley 33 de 1985 establece que la pensión que allí se consagra opera solo para los trabajadores oficiales, debe entenderse que su contenido cobija también a los trabajadores que se encuentran en la muy especial situación de la privatización de la sociedad empleadora, de forma tal que el tiempo de servicios que se prestó tanto en la entidad de derecho público como en la sociedad particular es acumulativo, pues una interpretación diferente haría desaparecer la figura de la transición. Así lo imponen las reglas de la hermenéutica contenidas en los artículos 53 de la Constitución y 21 del Código Sustantivo de Trabajo que acogen el principio de la favorabilidad”; toda vez que en arreglo a lo enseñado por esta misma sala el trabajador debe cumplir 20 años como trabajador oficial, tiempo para el cual pueden sumarse el trabajado en otras entidades del sector público pero no, como se pretende en el sub lite, el laborado para empresa de régimen privado así se encuentre esta, en virtud a la sustitución que se hiciera, involucrada en el proceso de trasformación.

No se casará la sentencia.

Costas en el recurso a cargo del recurrente;

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 8 de octubre de 2009, en el proceso promovido por CONRADO BERNAL CARDONA contra CODENSA S.A. ESP.

Costas en el recurso a cargo del recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».