Sentencia 44334 de junio 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 44334

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Asiste razón a la réplica en cuanto a que la demanda presenta errores de técnica, los cuales a la postre imposibilitan y limitan el análisis de legalidad de la sentencia que corresponde realizar a la Corte en el recurso extraordinario conforme a los cuestionamientos que en forma apropiada sean expuestos por el recurrente.

Si bien la proposición jurídica no indica el concepto de la violación, tal impropiedad es superable al venir el cargo dirigido por la vía indirecta, pues el submotivo que se ha venido aceptando dentro de este género de trasgresión de la ley, es la aplicación indebida.

Además, advierte la Sala que la circunstancia de que a renglón seguido de las normas sustanciales se enuncien normas procesales, se hace para significar la relación con las anteriores, más no para indicar que la transgresión está dirigida exclusivamente a las disposiciones puramente adjetivas, y en estas condiciones, es inane el haber utilizado en la formulación de la proposición jurídica la expresión “con violación fin”.

Ahora, los errores de técnica que se advierten en el cargo y que, dada la naturaleza dispositiva y rigurosa del recurso no pueden ser corregidas de oficio por esta corporación, son las siguientes:

En el único cargo que contiene la demanda, se incurre en la impropiedad de denunciar sobre una misma prueba (carta de terminación del contrato de trabajo e interrogatorios de parte) su falta de estimación y la indebida apreciación, que son excluyentes entre sí, dejar de valorar y a su vez estimar un determinado medio probatorio, es un imposible ilógico.

Asimismo, se equivoca la censura al señalar que el tribunal no apreció los diez medios probatorios enlistados, por cuanto el ad quem aludió a estos, cuando dijo que:

“Del material probatorio aportado al proceso se colige que la decisión de la empleadora no obedeció a una determinación arbitraria...” (fl. 357, cdno. tribunal).

Planteadas así las cosas, no es de dable, entonces, al recurrente, alegar ausencia de valoración probatoria, sino su errada estimación con la obvia adecuación argumentativa al respecto.

Dentro de las pruebas denunciadas por la censura no relaciona el contrato de trabajo ni el escrito presentado ante la demandada el 10 de julio de 2001 con el que pretendía interrumpir la prescripción, falencia que deviene en que el ataque sea incompleto. Ello en atención, a que el tribunal fundamentó su decisión, entre otros medios de convicción, en el convenio contractual y el referido documento vistos a folios 56 y 7 del cuaderno principal.

Sobre este punto, ha reiterado esta Sala, que, al encontrarse la sentencia apoyada en un conjunto de medios probatorios, que acudieron todos a formar la convicción del sentenciador, no es suficiente para quebrarla, que se ataquen solo algunos de estos, si los que restan, bastan para apoyar la solución a que arribó aquel.

Con todo, de la lectura de los presuntos errores de hecho cometidos por el tribunal, encuentra la Sala las siguientes deficiencias que dan al traste con la prosperidad del cargo.

En cuanto a los dos primeros yerros fácticos que se le endilgan a la sentencia censurada, no revisten esa característica, pues constituyen la conclusión jurídica a la que se debe arribar después de comprobar que el verdadero hecho originado en la no estimación o la mala apreciación de una prueba ha sucedido o por el contrario no ha existido, esto es, de un estribo fáctico arriba a una conclusión de índole jurídica.

Así se adoctrinó por esta Sala de la Corte en sentencia del 30 de junio de 2005, Radicación 25103, en un caso de similares contornos contra la aquí demandada, donde se dijo:

“Entonces, lo planteado en el cargo como error evidente en los numerales 1º y 2º, esto es, si se probó o no que el despido del demandante fue injustificado e ilegal, corresponde es a la calificación de si se produjo la terminación unilateral del contrato de trabajo por o sin justa causa y bajo las formalidades de ley, valga decir, el resultado final luego de que se compruebe si los medios probatorios que sirvieron como convicción al juzgador muestran o no algo distinto a lo razonado, y por consiguiente, no es dable tener esa formulación como hechos específicos que en sentir del recurrente, el fallador por una percepción equivocada dejó de establecer o tuvo por acreditado sin estarlo.

Es pertinente recordar que la Sala ha entendido como error de hecho, aquel que ocurre “... por un razonamiento equivocado del juzgador en su actividad probatoria, que lo lleva a encontrar probado lo que no está demostrado y a no dar por acreditado lo que sí está establecido en el expediente, y ello como consecuencia de la falta de apreciación o la valoración errónea de una prueba calificada...” (Sent. mayo 19/2004, Rad. 22.040)”.

Respecto de los errores 3 y 4, que refieren al cargo desempeñado por el actor, y que el recurrente aduce se encuentra suficientemente probado en el proceso —profesor de la cátedra de cirugía vascular— y no de ciencias básicas, al no atacar el documento suscrito por las partes creador del vínculo empleaticio, de donde el tribunal extrajo que el demandante se obligó para con la universidad accionada como jefe de educación médica en la facultad de medicina y en “cualesquiera otras de análogo carácter, anexas o complementarias”, con los “componentes de las ciencias básicas con un curriculum específico y/o realizar investigación, áreas que bien pueden ser anexas o complementarias a las funciones contratadas como jefe de educación médica”, deja intacto lo allí resuelto, como se dijo en precedencia.

Igual suerte corren los errores 5 y 6, pues se relacionan con las diferencias que entre las funciones como profesor de la cátedra de cirugía vascular y ciencias básicas, en su intelección existieron.

En lo que tiene ver con el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, vemos que en la respuesta número doce que corresponde a la diez en el cuestionario, el representante en cuestión, si bien acepta que instó al actor que iniciara labores como docente y de investigación a partir del 17 de julio de 2000 en la Quinta Mutis, aclaró que esa fue una de las propuestas que se le hicieron al demandante a fin de que continuara vinculado con la universidad. Manifestación de la que no se observa confesión alguna. Téngase en cuenta que lo que denomina el recurrente como confesión, no reúne los requisitos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil para tenerse por tal, especialmente el previsto en el ordinal 4º, por no ser explícita.

En cuanto al octavo error, atinente al uso ilegal de la figura del ius variandi, es un punto de derecho, que debía atacarse por la senda directa, pues requiere discernimientos de índole jurídico, ajenos a la senda por la cual se encaminó el ataque.

El censor ciñe su ataque a demostrar de manera conjunta la “falsa motivación del despido” y el “abuso del ius variandi” lo que en su sentir constituye que el despido sea injusto e ilegal, por cuanto en la carta de terminación del contrato de trabajo, no se establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron con la ruptura, siendo genérica e inoportuna; asegura que el actor nunca incumplió con sus obligaciones sino “que se negó a aceptar los cambios establecidos por la demandada al contrato de trabajo” y, que el traslado efectuado por la demandada “fue para que dictara una cátedra en ciencias básicas que se dictan de 1º a 4º semestre de la carrera de medicina y actividades de investigación, circunstancias que en reiteradas comunicaciones el demandante le hizo saber a la demandada de la imposibilidad de dictar esa cátedra en la Quinta Mutis por cuanto requiere de la presencia de pacientes y de salas de cirugía y con esto cuentan solo los hospitales y clínicas, igualmente se encuentra suficientemente probado que en la Quinta Mutis no existen estas condiciones”, sin arremeter, esto es, dejando libre de ataque otras conclusiones esenciales de la decisión impugnada que llevaron al juzgador a colegir que la decisión de la universidad no obedeció a una determinación arbitraria e injustificada, sino que estuvo motivada en una situación externa al contrato laboral “en virtud de la cual físicamente le resultaba imposible a la universidad permitir que la cátedra que venía impartiendo el demandante, se siguiera dictando en el mismo sitio de labor, hecho este acaecido por el fenecimiento del convenio entre la Universidad Nuestra Señora del Rosario y la Sociedad de Cirugía de Bogotá, en virtud del cual se podía tener acceso a las instalaciones del Hospital San José”, circunstancia que aúna el fracaso del cargo, al mantenerse la decisión en otros pilares.

Respecto de los errores 11 y 12, sobre la alegada falta de inmediatez debe recordarse que lo que ha advertido la jurisprudencia de la Sala es que la ley no exige que el despido sea inmediato o simultáneo con el hecho que da lugar al mismo, sino que debe darse dentro de un tiempo razonable que no quede duda que el motivo del rompimiento es el alegado. Debe pues aparecer claro el nexo causal entre la terminación y el hecho que la genera, de manera que no es cualquier dilación la que puede ser alegada, sino aquella injustificada y evidentemente tardía, pues no debe desconocerse que en la mayoría de los casos deben ser verificados los hechos y aún calificados por el empleador, lo que exige el adelantamiento de trámites y diligencias, con cierta complicación.

Bajo esa óptica, las comunicaciones cruzadas entre las partes de folios 81 a 84, como lo indicó el tribunal, “entre el momento en que se terminó el convenio con la Sociedad de Cirugía de Bogotá que motivó la orden al trabajador de trasladarse de sede para dictar su cátedra y la de finalización del contrato, existió un lapso superior a los nueve meses, la Sala no puede dejar de apreciar que se demostró que en este lapso las partes permanecieron en contacto directo y continuo a fin de lograr llegar a un acuerdo que permitiera la continuidad del contrato de trabajo,...”, no evidencian la falta de inmediatez, pues lo que hizo la demandada fue poner en conocimiento al actor, una vez feneció el contrato entre la universidad y la Sociedad de Cirugía de Bogotá, que debía continuar con sus servicios (de manera reiterada) en la Quinta Mutis.

En cuanto a los demás errores, atendiendo la similitud en el planteamiento del cargo con un proceso contra la aquí demandada Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, sentencia a la que nos referimos en precedencia, Radicación 25103, basta recordar lo que esta corporación dijo:

“La censura en el desarrollo del cargo, adujo que “... tampoco se prueba dentro del plenario que la demandada haya tenido que contratar otro docente para reemplazar al actor; de igual manera tampoco se demuestra el perjuicio que se le causó a los estudiantes, sencillamente porque los supuestos perjuicios no existieron”, “No existe una sola prueba que indique que al demandante se le requirió por escrito para que el demandante dictara la cátedra de urología en el Hospital la Samaritana” y “Resalto que en el expediente no existe prueba alguna menos calificada que indique que en la Quinta Mutis se dicte la cátedra de urología como si ocurre en el Hospital de la Samaritana” (resalta la Sala), lo que se traduce a que se esbozó la falta de elementos probatorios, tópico sobre el cual a la Corte le es vedado revisar el expediente a fin de establecer la ausencia de pruebas, dado que esta corporación en sede de casación carece de facultades propias de los juzgadores de instancia, habida cuenta que en materia probatoria solo puede confrontar pruebas que en criterio del recurrente hayan sido erróneamente apreciadas o inestimadas siendo el caso hacerlo; lo que quiere decir, que la Corte debe ubicarse siempre en el terreno donde la prueba exista objetivamente”.

5. El recurrente no señaló en la demostración del cargo, cual es el entendimiento equivocado que le asignó el juez colegiado a la demanda inicial y su contestación como actos del proceso y su incidencia en la providencia acusada, ni da cuenta de alguna posible confesión allí contenida que perjudique a la parte que expone hechos y que favorezca a la parte contraria (CPC, art. 195).

(...).

La carta de despido a contrario de lo que sostiene la censura, de manera clara e inequívoca trae la causa o motivo de la ruptura, en especial en lo señalado en sus numerales 3º y 7º que son del siguiente tenor: “3. A pesar de haber recibido la orden e indicación expresa emitida por la universidad con relación al sitio en el que debía cumplir con sus funciones como docente de la universidad, vinculado mediante contrato de trabajo, usted, en forma reiterada se ha negado a prestar el servicio contratado. Su negativa que fue confirmada por usted, al señor decano de la facultad doctor Jaime Pastrana Arango, en la reunión del día 30 de marzo del año en curso” y “7. La universidad lo contrató para desarrollar sus funciones como docente, que debe llevar a cabo en el sitio que le ha indicado el empleador dentro de la nueva sede de la facultad de medicina, Quinta de Mutis Carrera 24 Nº 63c-69 en la ciudad de Bogotá, razón por lo cual no existe justificación alguna frente al grave incumplimiento de obligaciones en el que ha incurrido, como quedo expuesto” (fl. 85 y 86).

Las comunicaciones cruzadas entre las partes (fls. 88-99 y 193-197) no tienen la connotación que les quiere imprimir el recurrente, pues lo que contienen es la postura de cada uno de ellas sobre la situación acaecida así: las primeras expresan la posición del trabajador que considera que con la orden de traslado se le modificó unilateralmente el contrato de trabajo, que no le era dable desarrollar su docencia en la nueva sede por el cambio de programa académico, y que ello implicaba una desmejora en sus condiciones laborales; y las segundas dan cuenta del punto de vista de la empleadora, que pone de presente la imposibilidad de que se continuara la prestación del servicio como campo de práctica en el Hospital de San José, por la finalización del convenio que tenía la universidad con la Sociedad de Cirugía de Bogotá, alude al ajuste de la programación académica para poder desarrollarla en las instalaciones de la Quinta Mutis y le pide al actor con persistencia que cumpla con sus labores de docente”.

(...).

(...).

Con todo y al margen de lo anterior, es pertinente recordar que mientras exista nítidamente expuesta la causa del traslado, y el cambio de sitio de trabajo no sea de tal identidad que afecte o desmejore al empleado en las condiciones de trabajo, en su situación personal, social o familiar que han de determinarse para cada caso en particular, es dable entender que esa variación respecto a lo que inicialmente se había sometido al trabajador, obedeció al poder legítimo o facultad que tiene el empleador para ejercer el ius variandi, sin que ello implique de ninguna manera una modificación del contrato de trabajo ni violación del mismo y menos violación de derecho alguno, donde es el trabajador el que está sujeto a las conveniencias y necesidades razonables del patrono, y no el empleador a las comodidades o ventajas de su servidor u operario.

Por todo lo expuesto, el tribunal no pudo incurrir en los yerros fácticos que le atribuyó la censura y por consiguiente el cargo no prospera”.

Por otro lado, conviene advertir que el censor no se refirió en el cargo al tema de la prescripción de la acción de reintegro abordado por el tribunal, incumpliendo con su deber de derruir todos los pilares sobre los cuales se mantiene la sentencia.

Por último, y como sustento del ataque, transcribe apartes de sentencias proferidas por esta Sala referentes al ius variandi, impropios de esta vía de ataque, incurriendo por ende, en una incongruencia, al ser el cargo dirigido por la vía fáctica.

Sin que sean necesarias otras consideraciones, el cargo se desestima.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral seguido por Oswaldo Efráin Ceballos Burbano contra la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».