Sentencia SL 466-2013 de 17 de julio de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44363

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 21

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Primeramente cabe advertir, que la demanda de casación que ocupa la atención de la Sala, no es un modelo a seguir, toda vez que como lo pone de presente la réplica, presenta algunas inconsistencias en su formulación, consistentes en que en el alcance de la impugnación no se especificó qué debe hacer la Corte con el fallo del a quo, luego de infirmada la sentencia impugnada, y en el desarrollo del ataque efectivamente se involucran algunos aspectos fácticos relacionados con la valoración de pruebas o piezas procesales, que son ajenos al sendero escogido.

Sin embargo, las anteriores deficiencias es dable superarlas, por virtud de que respecto al alcance de la impugnación, el recurrente indicó que la Corte, actuando como tribunal de instancia, debía efectuar las declaraciones e impartir las condenas enlistadas en la demanda inicial. Esto permite entender que al ser la decisión del juez de primer grado absolutoria, lo pretendido no es cosa distinta a que una vez casada la decisión censurada, se revoque la absolución del a quo, para en su lugar acceder a las súplicas incoadas en el libelo demandatorio. Así mismo, de la sustentación del ataque es dable rescatar el planteamiento jurídico al cual se limitará el estudio de la acusación, consistente en que el tribunal no podía jurídicamente abordar el análisis de un punto que las partes dejaron por fuera del debate —para el caso la condición de cónyuge supérstite de la demandante—, no siendo del caso que se entrara a exigir en esta contienda judicial la prueba del estado civil de casada.

Vista la sentencia impugnada, el tribunal que conoció del proceso por el grado de jurisdicción de la consulta, a efectos de confirmar la sentencia absolutoria de primera instancia, comenzó por establecer la norma en principio aplicable al asunto a juzgar, que correspondía a la vigente para la fecha del fallecimiento del afiliado que se produjo el 15 de octubre de 1994, esto es la Ley 100 de 1993 artículo 46. Luego verificó el número de semanas cotizadas por el causante durante su vida laboral, entre el 1º de enero de 1967 y el 19 de febrero de 1981, por un total de 681.42, y con ello concluir que si bien no tiene las 26 se semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte, al aplicar el principio de la “condición más beneficiosa” habría lugar a conceder la pensión de sobrevivientes, ya que satisface ampliamente el requisito de las 300 semanas cotizadas en cualquier época, consagrado en la normatividad anterior Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año. Sin embargo, adicionalmente estimó que la demandante no había acreditado su condición de cónyuge del afiliado fallecido, en virtud de que aportó al proceso la partida eclesiástica de matrimonio celebrado el 6 de enero de 1959 y no el registro civil de matrimonio con que se prueba el estado civil de las personas, lo que en su decir lleva a negar la prestación pensional reclamada.

Planteadas así las cosas, es pertinente acotar, que tal y como lo plantea la censura, al sentenciador de segundo grado no le correspondía en este asunto entrar a verificar la condición de cónyuge de la demandante, como quiera que este puntual aspecto no era objeto de debate, y por el contrario fue un hecho aceptado por el instituto demandado desde la contestación de la demanda inaugural. Por ende, dicho aspecto no se constituyó en un presupuesto de las excepciones para no haberse reconocido en su momento la pensión de sobrevivientes.

Ciertamente, como lo pone de presente la censura, dada la vía escogida para encaminar este primer cargo, no es objeto de cuestionamiento que al contestar el libelo demandatorio, concretamente el hecho segundo, concerniente a que “El señor Miguel A. Rincón Parra, contrajo matrimonio civil y católico con la señora María Dolly Cortés de Rincón, conformando una familia estable que perduró por más de 36 años, hasta la fecha del fallecimiento del señor Miguel A. Rincón Parra, años de convivencia en la que procrearon 2 hijos que responden a los nombres de: Carlos Alberto y Miguel Antonio Rincón C.” (fl. 18), el Instituto de Seguros Sociales admitió como cierto tal supuesto al decir: “Este hecho es cierto, así está demostrado dentro de los anexos que acompaña (sic) la demanda” (fl. 36, cdno. ppal.). Es más, dentro de los argumentos de defensa del ente accionado, no se encuentra la no acreditación de la calidad de cónyuge de la promotora del proceso, pues lo que se adujo como motivo para no reconocer el derecho fue que “al momento del deceso del señor Miguel Antonio Parra, 15 de octubre de 1994, no se encontraba afiliado a pensiones y dentro del año inmediatamente anterior a tal hecho no tenía las 26 semanas cotizadas que exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993” (fl. 36).

Luego, es palmario que ante la aceptación expresa de este hecho por parte del convocado al proceso, la demandante no tenía porqué desplegar ninguna actividad probatoria tendiente a corroborar su calidad de cónyuge supérstite, que como se dijo quedó por fuera del debate, y a ello debió atenerse el tribunal en su decisión, máxime que, itérase, ninguno de los hechos, fundamentos y razones de la defensa del ISS estribaron en poner siquiera en duda que la reclamante no fuera la esposa legítima del causante.

De otra parte, resulta pertinente recordar lo estatuido en la Constitución, artículo 95-7, en cuanto al deber que tiene todo ciudadano de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, lo que significa que los reparos que las partes puedan tener en el trámite de un debate, deben ser esgrimidos en las oportunidades que la ley adjetiva establece para ello, y que en materia del proceso laboral para el demandado están determinadas en la contestación de la demanda inaugural cuyos requisitos están previstos en la Ley 712 de 2001 artículo 18, que modificó el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social artículo 31.

Del mismo modo, en torno al principio de la lealtad procesal, consagrado en los artículos 25, 31 y 49 de la misma obra instrumental, ha dicho esta corporación que no solo la fundamental garantía del debido proceso, sino también el deber de lealtad procesal que debe existir entre las partes, obligan a que los litigantes expresen con claridad los hechos en que funden sus pretensiones cuando se actúa como demandante, o de sus excepciones, cuando al proceso se acude como demandado, para que sobre estas bases procesales claras y debidamente determinadas el juez, procediendo de manera igualmente leal con los contendientes, resuelva el conflicto de intereses jurídicos que los enfrenta, sin salirse de los términos en que se traba la relación jurídico-procesal. Esto es, los supuestos fácticos afirmados en la demanda, sus correcciones o adiciones y las pretensiones oportunamente planteadas, y los hechos aseverados en la contestación de la demanda y los que fundamenten su defensa o las excepciones propuestas, o que resulten debidamente probados, cuando se trata de aquellos que no requieren de proposición expresa (Sent. CSJ, oct. 10/94, rad. 6864).

De ahí que en el sub lite el ISS fue claro en aceptar la condición de cónyuge sobreviviente de la accionante, y en ningún momento fincó su defensa en la ausencia de este presupuesto. Por ende, los sentenciadores de instancia, al estar en la obligación de fallar dentro de los términos en que se trabó la relación jurídico-procesal, como se acaba de explicar, no podían como lo hizo el tribunal exigir una prueba adicional sobre un hecho que ya había quedado debidamente acreditado, por haber sido aceptado por las partes.

Ahora, debe recordarse que siendo una de las funciones o deberes de los jueces la de pronunciarse sobre las pretensiones formuladas, tarea que implica, lógicamente y respetando los principios de la carga probatoria, verificar si están acreditados los hechos que fundamentan esas aspiraciones, entre ellos lo[s] que fueron admitidos por la parte demandada, así como los supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho para el caso la pensión de sobrevivientes, de manera que solo luego de cumplida esa labor, es que el sentenciador podrá proferir la correspondiente decisión, negar o acceder al derecho cuya tutela judicial se busca.

No hay duda, entonces, que la calidad de cónyuge de la demandante, en el caso en particular, quedó por fuera del debate judicial, y el tribunal al pasar por alto esta circunstancia, incurrió en los yerros jurídicos endilgados, lo que conduce a que el cargo sea fundado, y habrá de casarse la sentencia impugnada, sin que se haga necesario el estudio del segundo cargo que persigue igual cometido.

Por último, aprovecha la Corte para llamar la atención a jueces y tribunales sobre la obligación de decidir de manera congruente con los temas que realmente son controvertidos en los procesos laborales. En principio, al juzgador le está vedado entrar a estudiar aquellos puntos en los que existe acuerdo entre las partes o no son materia de discusión, a menos que se advierta colusión o fraude.

Lo argumentado por las partes y la manera como se traba la relación jurídico procesal, indican qué materias están por fuera de controversia en las instancias, y obligan al juez a confinar el debate solo a aquellos aspectos que, según el marco acotado por ellas, verdaderamente requieren de esclarecimiento. Es decir, la decisión que él profiera debe versar sobre los puntos que se han cuestionado por los sujetos procesales.

De ahí que si el demandado no discute una afirmación del actor, o un hecho, el juez laboral no podrá desconocerlos por su propia iniciativa y exigir alguna prueba determinada para corroborar su existencia, con el argumento —por ejemplo, y como sucedió en el presente caso—, de que ellos deben ser objeto de prueba calificada. Si así lo hiciera, estaría violando los principios del debido proceso e iría en contra de la presunción de buena fe de las partes, salvo que existiera alguna duda fundada, se evidenciara una situación dolosa, ilegal o fraudulenta, o fuera necesaria la protección de derechos fundamentales, para lo cual el juez cuenta con las facultades de oficio establecidas en la legislación procesal.

Cuando los falladores de instancia se apartan de este marco profieren decisiones inobservantes del principio de congruencia, que gobierna toda sentencia judicial.

IX. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia, a más de las expresadas al estudiar el cargo, es pertinente señalar, que ostentando la demandante la calidad de cónyuge supérstite del causante, por haberlo así admitido en el proceso el accionado ISS, quien además reconoció tal condición en la Resolución 2273 de 1999, por medio de la cual negó la prestación económica solicitada por “Cortés de Rincón María D. 20272921 cónyuge” (fl. 8), se concluye que esta se encuentra dentro de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que enlista la Ley 100 de 1993 artículo 47, literal a).

No se discute en esta litis que el causante durante su vida laboral acumuló 681.4286 semanas cotizadas, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, específicamente en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1967 y el 19 de febrero de 1981, aunque en el año inmediatamente anterior al momento de la muerte, que se produjo el 15 de octubre de 1994, no tenía ninguna semana cotizada y por tanto no reunió las 26 semanas de cotización en ese lapso, exigidas por la norma vigente para la fecha del fallecimiento, Ley 100 de 1993 artículo 46.

Sin embargo, en este asunto tiene plena cabida la denominada “condición más beneficiosa”, por razón de que esta corporación ha adoctrinado, que un afiliado al régimen del Instituto de los Seguros Sociales, que tenga en su haber el número y densidad de semanas exigidas por el Acuerdo 49 de 1990, artículos 6º, 25 y 27, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, tiene derecho a que se le aplique dicho principio consagrado en la Constitución Nacional artículo 53, a fin de definir su situación pensional respecto de sus beneficiarios, aunque fallezca en vigor de la nueva ley de seguridad social y no cumpla con el requisito de la Ley 100 de 1993, artículo 46, relativo a las 26 semanas cotizadas al sistema para el momento de la muerte o dentro del último año, como en este caso ocurre.

En lo concerniente a las dos hipótesis sobre semanas cotizadas que contiene la normatividad que antecede a la nueva ley de seguridad social (Ac. 49/90, arts. 6º, 25 y 27), la Corte tiene establecido que [en] aquella que tiene que ver con las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, ese número debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir la Ley 100 de 1993, o sea antes del 1º de abril de 1994; en cambio frente al otro supuesto de la norma, relativo a una densidad de semanas aportadas al ISS equivalente a 150 “dentro de los seis años anteriores a la muerte del afiliado”, la Sala fijó el criterio consistente en que este requisito para efectos de la aplicación de la condición más beneficiosa cuando el deceso acontece en imperio de la Ley 100 de 1993, se debe considerar cumplido contabilizando esos seis años pero desde el 1º de abril de 1994 hacia atrás, es decir remontándose en el tiempo hasta el 1º de abril de 1988. Y además es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden al fallecimiento, en el entendido de que el suceso de la muerte ocurriere antes del 1º de abril de 2000 (CSJ Laboral, sents. sep. 26/2006 y dic. 4/2006, rads. 29042 y 28893, respectivamente).

Del mismo modo, la Sala ha señalado que “importa recordar que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte en la que se apoyó el fallador de segunda instancia, fundada en lo establecido por el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 —que garantiza el derecho a optar por una pensión de sobrevivientes en los términos establecidos por los reglamentos del seguro social vigentes antes de esa ley—, en los principios rectores de la seguridad social y en una aplicación sistemática de las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes consultando al respecto su espíritu, bajo los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, no es admisible negar la pensión de sobrevivientes por la ausencia de cotizaciones durante la anualidad anterior a la fecha de fallecimiento del causante si durante todo el tiempo de su vinculación al instituto demandado, y antes de entrar en vigencia el nuevo sistema de seguridad social, el cotizante cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año” (CSJ Laboral, sent. abr. 30/2003, rad. 19092).

Así las cosas, como el asegurado Miguel Rincón Parra, para la data en que entró a regir la Ley 100 de 1993 había alcanzado aportes por más de 300 semanas “en cualquier época”, cumpliendo así con los cánones estatuidos en los reglamentos vigentes durante su condición de afiliado al seguro de invalidez, vejez y muerte, reunió las exigencias del Acuerdo 49 de 1990 artículo 25, en armonía con el 6º Ibídem, sus causahabientes acceden al derecho pensional implorado, con arreglo al denominado principio de la condición más beneficiosa, como se dijo contemplado en el artículo 53 superior.

De otro lado, en lo que tiene que ver con el requisito de la “convivencia” de la demandante con su cónyuge fallecido, igualmente el demandado Instituto de Seguros Sociales al contestar el hecho segundo de la demanda inicial, la aceptó como cierta y admitió que perduró por más de 36 años hasta la fecha del deceso del afiliado (fls. 18 y 36, cdno. juzgado). Además, los testigos Beatriz Diez Rengifo, Piedad García Escobar, Analida Gómez Melo y Maria Eugencia Hurtado Ponce (fls. 44 a 46 y 48 a 51, Ibídem), dan fe que estos eran pareja, que vivieron juntos bajo el mismo techo desde el momento en que se casaron, y que mantuvieron la convivencia por casi 37 años hasta la data de la muerte del asegurado, sin que nunca se hubieran separado, quedando de esta manera cumplida dicha exigencia legal.

En este orden de ideas, es dable inferir que la demandante en calidad de cónyuge sobreviviente tiene derecho a la pensión implorada, a partir del 16 de octubre de 1994.

Ahora bien, para efectos de liquidar la pensión de sobrevivientes, revisada la historia laboral o reporte de semanas cotizadas del causante, obrante a folios 15 a 16, 58 a 59, 75 a 76 y 96 a 97 del cuaderno principal, se constata que efectivamente dicha afiliada totaliza 681.42 semanas cotizadas al riesgo de invalidez, vejez y muerte, y por tanto le corresponde un porcentaje de pensión del 54% (Ac. 49/90, art. 20-II en armonía con el art. 25, Ibídem).

Esto se expresa en el siguiente cuadro:

Número de semanasPorcentaje
500  45%
550503%48%
600503%51%
650503%54%

Como el causante no cotizó en vigencia de la Ley 100 de 1993 y la última cotización se remonta al 19 de febrero de 1981, para determinar el salario mensual de base SMB, se tendrán en cuenta los parámetros fijados en el Acuerdo 49 de 1990 artículo 20-II parágrafo 1º, esto es, acogiendo los ingresos base de cotización de las últimas 100 semanas, que ascienden a la suma de $2.017.81, mensuales que al aplicarle el porcentaje del 54% atrás reseñado, arroja el valor de la primera mesada pensional, por $1.089.62 mensuales, pero, al resultar esta cifra, inferior al salario mínimo legal vigente para el año 1994, la cuantía inicial de la pensión será el equivalente a este tope, o sea el valor mensual de $98.700, según el siguiente cuadro:

FechasNúmero de díasNúmero de semanasSalario devengadoSalario promedio
DesdeHasta
08/03/197931/03/1979213.0$25.530$765.90
01/04/197930/04/1979304.29$25.530$1.094.14
01/05/197931/05/1979304.29$39.310$1.684.71
01/06/197930/06/1979304.29$39.310$1.684.71
01/07/197931/07/1979304.29$39.310$1.684.71
01/08/197931/08/1979304.29$39.310$1.684.71
01/09/197930/09/1979304.29$39.310$1.684.71
01/10/197931/10/1979304.29$39.310$1.684.71
01/11/197930/11/1979304.29$39.310$1.684.71
01/12/197931/12/1979304.29$39.310$1.684.71
01/01/198031/01/1980304.29$39.310$1.684.71
01/02/198029/02/1980304.29$54.630$2.341.29
01/03/198031/03/1980304.29$54.630$2.341.29
01/04/198030/04/1980304.29$54.630$2.341.29
01/05/198031/05/1980304.29$54.630$2.341.29
01/06/198030/06/1980304.29$54.630$2.341.29
01/07/198031/07/1980304.29$54.630$2.341.29
01/08/198031/08/1980304.29$54.630$2.341.29
01/09/198030/09/1980304.29$54.630$2.341.29
01/10/198031/10/1980304.29$54.630$2.341.29
01/11/198030/11/1980304.29$54.630$2.341.29
01/12/198031/12/1980304.29$54.630$2.341.29
01/01/198131/01/1981304.29$54.630$2.341.29
01/02/198119/02/1981192.71$54.630$1.482.81
  700100 $46.600.71

Salario mensual de base -SMB$2.017.81
Semanas cotizadas681.42
Porcentaje de pensión54%
Valor primera mesada$1.089.62
Valorr smlv 1994$98.700
Valor primera mesada ajustada$98.700

En relación a la excepción de prescripción que se propuso, se ha de indicar que la parte actora interrumpió la prescripción con la presentación de la demanda el 23 de febrero de 2005, de forma tal que se declarará probada dicha excepción respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 23 de febrero de 2002, junto con los intereses de mora.

Así las cosas, hechas las operaciones del caso por mesadas causadas y adicionales con incrementos legales, para el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2002 y el 30 de junio de 2013, a la demandante se le adeuda la suma de $70.761.500, debiéndosele cancelar a partir del año 2013 una mesada pensional en cuantía de $589.500.

Frente a los intereses de mora previstos en la Ley 100 de 1993 artículo 141, resultan procedentes conforme al criterio de la Sala expuesto en las sentencias de la CSJ Laboral, 31 de marzo y 12 de noviembre de 2009, radicados 33761 y 35228, respectivamente, según el cual las pensiones reconocidas de conformidad con el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, con aplicación de la condición más beneficiosa, pero que se otorguen en vigencia de la mencionada ley, deben ser consideradas, para los efectos del derecho a los intereses moratorios, como una de las pensiones de que trata la nueva ley de seguridad social, pues su artículo 31 las estimó como pertenecientes al régimen solidario de prima media con prestación definida.

Para el lapso no prescrito y sin perjuicio de los intereses de mora que se continúen generando hasta cuando se pague lo adeudado por mesadas pensionales, lo adeudado a la actora por este concepto, totaliza la cantidad de $98.655.643.08.

Lo precedente se discrimina en el siguiente cuadro:

FechasNúmero de pagosValor de pensiónValor anualInterés de mora
DesdeHasta
23/02/200231/12/200212.27$309.000$3.790.400$11.411.642.10
01/01/200331/12/200314$332.000$4.648.000$12.797.184.91
01/01/200431/12/200414$358.000$5.012.000$12.421.077.51
01/01/200531/12/200514$381.500$5.341.000$11.767.656.21
01/01/200631/12/200614$408.000$5.712.000$11.014.272.67
01/01/200731/12/200714$433.700$6.071.800$10.038.323.00
01/01/200831/12/200814$461.500$6.461.000$8.905.004.98
01/01/200931/12/200914$496.900$6.956.600$7.675.015.54
01/01/201031/12/201014$515.000$7.210.000$5.971.839.35
01/01/201131/12/201114$535.600$7.498.400$4.148.658.04
01/01/201231/12/201214$566.700$7.933.800$2.207.763.27
01/01/201331/12/20137$589.500$4.126.500$297.205.51
Total$70.761.500$98.655.643.08

En consecuencia, se revocará la sentencia de primer grado, para en su lugar condenar al instituto demandado a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes en los términos antes explicados.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 19 de agosto de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario promovido por María Dolly Cortés de Rincón contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, se REVOCA la sentencia de primer grado, para en su lugar CONDENAR al ISS a reconocer a la demandante la pensión de sobrevivientes, a partir del 16 de octubre de 1994, y pagar la suma de setenta millones setecientos sesenta y un mil quinientos pesos m/cte. ($70.761.500), por concepto de mesadas causadas y adicionales con incrementos legales, para el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2002 y el 30 de junio de 2013, debiéndose cancelar a partir del año 2013 una mesada pensional en cuantía mensual de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos m/cte. ($589.500). Así mismo se condena a sufragar la suma de noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos con ocho centavos m/cte. ($98.655.643.08), por intereses de mora. Se DECLARA probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 23 de febrero de 2002.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación ni en la alzada. Las de la primera instancia estarán a cargo de la parte demandada.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».