CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles

Ref.: Expediente 4437

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete.

(...).

Cargo primero

Con apoyo en la causal cuarta de casación contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa el fallo impugnado por contener decisiones que hacen más gravosa o perjudicial la situación del único apelante.

En la fundamentación del cargo se aduce:

La sentencia del a quo, que no estaba sometida al grado de consulta, fue completamente inhibitoria, siendo apelada únicamente por el demandante; en tales circunstancias, el tribunal adquirió competencia únicamente en cuanto el fallo apelado fuere desfavorable al recurrente, sin que le estuviera permitido agravarle su situación.

Aun cuando el tribunal resolvió favorablemente algunas pretensiones del demandante —dice el actor—, lo cierto es que respecto de la mayor parte de ellas se pronunció negativamente, en lo atinente al invocado carácter de heredero de Magdalena Álvarez; incurriendo con ello en grave reformatio in pejus, pues la sentencia de primera instancia había sido inhibitoria en relación con todas las pretensiones, mientras que el tribunal, en parte, vino a rechazar de mérito, con notoria e ilegal reforma, para empeorar la causa del único apelante.

En fin —concluyó—, la reformatio in pejus brota al considerar que si se hubiera mantenido la inhibición total decretada por el inferior, el recurrente estaría, al menos, capacitado para invocar de nuevo sus pretensiones como heredero de Magdalena Álvarez Gómez; “thema decidendum” que le hubiera quedado incólume y no cercenado como antiprocesalmente lo dispuso el tribunal en el fallo impugnado.

SE CONSIDERA:

I. El ejercicio del derecho de acción por medio de una demanda judicial, da lugar a la realización del proceso y a la culminación de éste mediante sentencia que define el asunto sometido a la jurisdicción, sea en pro o adverso a los intereses del demandante. De allí que la sentencia, como fin último que colma el ejercicio de aquel derecho, consista en el pronunciamiento judicial que decide “sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien”; categoría que también se le otorga a las que resuelven los recursos de casación y revisión (art. 302, del CPC).

II. También se menciona en el estatuto procesal civil, aunque sin definirla, la “sentencia inhibitoria”, tal como se hace, por ejemplo, en los artículos 37-4, 91-3, 332-4 y 357, inciso último, del Código de Procedimiento Civil, y cuyo proferimiento obedece a la ocurrencia de obstáculos procesales no constitutivos de nulidad que, advertidos antes de decidir sobre el mérito del litigio o de la declaración judicial solicitada, le impiden al juez proferir sentencia de fondo.

III. El fallo inhibitorio, entonces, puede llegar a vulnerar los intereses de ambas partes en el proceso, en tanto que el demandante y el demandado tienen derecho a que se decida sobre sus pretensiones o sus excepciones de mérito, respectivamente, y, por ende, uno y otro se hallan habilitados para impugnarlo, si están inconformes con los motivos que aduce el sentenciador para inhibirse de proferir una sentencia de mérito. Empero, si del recurso de apelación se trata, es evidente que el apelante ha de buscar, antes que todo, sortear el obstáculo procesal y que, de alguna manera, la jurisdicción defina el asunto litigioso planteado.

IV. Por modo que, en tal hipótesis, si el juez o tribunal que conoce de la alzada, revoca el fallo inhibitorio, deberá entrar a decidir las pretensiones y defensas planteadas en el proceso, y si al hacerlo resuelve sobre aquéllas o éstas en contra del apelante, no viola el principio prohibitivo de la reformatio in pejus; situación que no varía en modo alguno si encuentra motivos para que la inhibición sea apenas parcial y, por ende, deba decidir de fondo sobre las pretensiones y excepciones para cuya definición no halla impedimento procesal alguno.

V. De allí por que el último inciso del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil estatuye tajantemente que cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante ”; disposición que, sin lugar a dudas, es aplicable también cuando el fallo de primera instancia es totalmente inhibitorio, o sea en relación con todas las pretensiones acumuladas en la demanda introductoria al proceso, y el de segunda instancia decide revocarlo apenas parcialmente, al considerar que no existen obstáculos para fallar sobre unas súplicas y que sí los hay para decidir sobre otras, caso en el cual deberá pronunciarse de mérito sobre las primeras, así sea de modo desfavorable al apelante, situación que fue exactamente la presentada en la especie de esta litis.

VI. En armonía con lo anterior, el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil al consagrar la causal 4ª de casación, señala que ella tiene cabida por “contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquella para cuya protección se surtió la consulta siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357”; es decir, salvo que la sentencia apelada haya sido inhibitoria, como acá sucedió, pues, como antes se dijo y ahora se repite, su revocatoria total o parcial imponía al ad quem el deber ineludible de proferir sentencia de mérito, en lo que correspondiese, aun cuando lo hiciera en forma adversa al apelante.

En consecuencia, el cargo primero no puede prosperar.

(...).

SE CONSIDERA:

I. En desarrollo del principio de la congruencia, impera el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda ...y en las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegada si así lo exige la ley”.

II. Son, pues, las partes quienes trazan el marco dentro del cual se deben desenvolver las instancias del proceso y quienes de ese modo delimitan la actividad del juez al momento de dictar sentencia: y si ésta llega a traspasar, por acción o por omisión, los límites impuestos en la demanda o en la contestación, se configurará un vicio de actividad o error in procedendo a cuya rectificación se ha erigido la causal segunda de casación contemplada en el artículo 368 íb, la cual le abre paso a la impugnación del fallo en casación por no estar “en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”.

III. En el ámbito de las pretensiones deducidas en juicio, la incongruencia de un fallo se manifiesta de diferentes maneras, una de las cuales es por mínima petita, que ahora precisamente aduce la censura, consistente en que se haya omitido en él decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso.

IV. En el caso sub júdice, el cargo está orientado a demostrar que el sentenciador dejó de decidir sobre las súplicas subsidiarias de dominio y restitución de un bien, lo que se imponía, según estima el recurrente, ante el fracaso de casi todas las pretensiones principales. Dice la censura que “no puede sostenerse sin grave desvarío que la absolución de las peticiones principales conlleva de suyo la de las subsidiarias” y que en ningún aparte del fallo hay motivación alguna que suponga que éstas se hayan examinado y decidido.

V. Empero, otra cosa es lo que muestra el fallo impugnado: en los antecedentes se transcriben las pretensiones subsidiarias, lo que indica que no hubo olvido de las mismas; en las consideraciones, se afirma categóricamente que los demandados “Pedro Pablo y Jaime son terceros de buena fe...”, añadiéndose más adelante: “esto significa que no les es oponible la declaración privada de los simulantes encaminada a privar de eficacia la declaración aparente ...y, por ende, que no están obligados a restituir lo comprado que no puede prosperar contra ellos la pretensión reivindicatoria acumulada como consecuencial de la simulación e igualmente como subsidiaria”; para rematar, armónicamente con lo expresado en la parte considerativa, y después de declarar simulado apenas uno de los contratos frente a los varios en que se pidió esa declaración, disponiendo en la parte resolutiva que “no se accede a las demás peticiones de la parte actora”.

VI. Brota evidente, entonces, que en el fallo impugnado se decidieron todas y cada una de las pretensiones de la demanda, tanto las principales como las subsidiarias; que la denegación de éstas fue motivada; y que aunque las consideraciones sobre las mismas hubiesen sido escuetas, revelan suficientemente que sí fueron examinadas y resueltas, pero de modo adverso al impugnante. Y si la sentencia acusada es omnicomprensiva de la cuestión litigiosa tal como fue plasmada en la demanda, no se le puede tildar de inconsonante por mínima petita.

Por lo tanto, el cargo segundo tampoco alcanza éxito.

(...).

SE CONSIDERA:

I. Es pertinente memorar que el sentenciador, para decidir como lo hizo, o sea para denegar la pretensión subsidiaria de dominio invocada por el demandante en relación con la mitad del inmueble disputado, discurrió del siguiente modo:

“Quiere decir, entonces, que sólo ha de declararse simulado el contrato de compraventa que celebraron Ana Teresa Cano vda. de Vargas y Gabriel Álvarez Gómez, con relación al cual Pedro Pablo y Jaime son terceros de buena fe, lo mismo que respecto al contrato que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín declaró simulado, puesto que no participaron en la maniobra simulatoria de los contratantes y cuando Pedro Pablo negoció con Gabriel Álvarez Gómez nada sabía de esas simulaciones e igual le ocurrió a Jaime Mejía Jaramillo al suscribir la escritura 411. Esto significa que no les es oponible la declaración privada de los simulantes encaminada a privar de eficacia la declaración aparente (art. 1766, C.C.) y, por ende, que no están obligados a restituir lo comprado, que no puede prosperar contra ellos la pretensión reivindicatoria acumulada como consecuencial de la simulación e igualmente como subsidiaria...”. (Subrayas de la Corte). Y, a renglón seguido, cita doctrina sobre el mismo punto de vista, o sea en relación con la protección de los terceros de buena fe frente a actos simulatorios en que no hubiesen participado.

ll. Empero, el casacionista al desarrollar el presente cargo, empieza por advertir que “deja por fuera lo relativo a la simulación de las escrituras 1318 y 411, pues se concentra a lo que atañe a las súplicas subsidiarias de la demanda y solamente en cuanto se relacionan con la sucesión de Magdalena Álvarez Gómez, o sea sobre la mitad proindiviso del inmueble en cuestión”.

Consecuente con lo anterior, despliega toda su actividad en orden a tratar de demostrar que el tribunal pretermitió de manera absoluta, la pretensión subsidiaria de dominio, y que, con causa en los distintos errores de apreciación probatoria que le enrostra, se equivocó al tener a los demandados como terceros adquirentes de buena fe, sin considerar que eran sabedores de que los títulos precedentes de su vendedor estaban impregnados de ineficacia y nulidad, en tanto que sabían que la participación previa de su antecesor tuvo origen en la representación que le había otorgado Magdalena Álvarez, extinguida por la muerte de ésta.

III. Evidencia lo dicho, que la posición del sentenciador y la adoptada por la censura para combatirla, parten de dos supuestos y consideraciones diversos:

a) Por una parte, contrario a lo sostenido por la censura, el sentenciador no pretermitió la súplica subsidiaria de dominio, sino que, como se anotó, decidió sobre ésta negativamente; respaldó su conclusión en la mentada inoponibilidad de los actos simulatorios en que participó el vendedor Gabriel Álvarez Gómez y en que dichos actos en nada afectan los intereses de los subadquirentes sucesivos: Pedro Pablo Jaramillo y Jaime Mejía Jaramillo, contra quienes se dirigió dicha súplica, habida consideración de que no intervinieron en las maniobras simulatorias, ni que al momento de contratar con aquél, supieran que eran simulados los títulos precedentes de dominio ostentados por su vendedor.

En esas circunstancias, fácilmente se observa que el fallador dio por sentada la buena fe de los demandados mencionados, por hallar que fue real la intención de negociar que asumió Pedro Pablo Jaramillo cuando le compró a Gabriel Álvarez Gómez y porque en los actos precedentes en los que éste intervino, esos sí declarados judicialmente simulados, no participó el referido comprador, como tampoco la persona a quien después le vendió parte del mismo inmueble. No cabe duda, entonces, que el sentenciador, partió del hecho de que ni el uno ni el otro actuaron de mala fe, ni, que consecuentemente, fueron adquirentes de cosa ajena.

b) Por su parte, el recurrente, sin combatir las conclusiones del ad quem, y antes bien dejando de lado expresamente su opugnación, centra la atención en demostrar que los referidos títulos escriturarios no son eficaces y que los demandados eran sabedores de tales deficiencias. Lo anterior, no para afirmar que estos conocieren las distintas simulaciones llevadas a cabo por Gabriel Álvarez Gómez, sino para enrostrarle el comportamiento que a éste le apunta de haber hecho uso indebido del poder que le otorgara su hermana Magdalena, por cuanto no obstante haber ésta fallecido, no dudó en celebrar los distintos contratos de compraventa, por uno de los cuales se hizo dueño del inmueble, el que y actuando a nombre propio lo enajenó, en favor del demandado Pedro Pablo Jaramillo, como éste a su vez lo hiciera a favor de Jaime Mejía Jaramillo, subadquirentes quienes, según estima la censura, sabían del fallecimiento previo de la mencionada poderdante.

IV. En síntesis, pues, el ad quem apoya su decisión adversa a la pretensión subsidiaria de dominio, anclado en la buena fe de los terceros, acá demandados, en relación con los actos simulatorios en los que estos no participaron; y el impugnador aduce la mala fe de los mismos, con prescindencia absoluta del fenómeno simulatorio y sus consecuencias en frente de los terceros, empeñándose en demostrar que adquirieron de quien no era dueño y que era del caso aplicar la regulación propia de la venta de cosa ajena; proceder que no se acompasa con las reglas que exige la técnica del recurso de casación, en punto de la causal primera, según las cuales, antes que todo se hace menester destruir el real fundamento del fallo acusado, puesto que mientras se mantenga, no podrá abrirse paso la ruptura del mismo.

V. En ese orden de ideas, el cargo tercero se perfila incompleto y, por contera, resulta inidóneo. En verdad, aunque el impugnador lograra demostrar los yerros que le apunta al sentenciador para apoyar su punto de vista, lo cierto es que al no combatir el verdadero fundamento de la sentencia impugnada, ésta emerge incólume. No basta, pues, demostrar que existen unos hechos distintos y que a pesar de estar probados, los mismos fueron pretermitidos por el tribunal, si al mismo tiempo no se combaten los otros fundamentos fácticos y demostrativos en que aquélla se ampara.

Al efecto, conviene recordar que, como reiteradamente lo ha dicho la Corte, “cuando el ataque en casación radica en la infracción de norma sustancial, causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede aspirarse al quiebre de la sentencia acusada si se impugnan exitosamente todos los cimientos en que viene edificada. “Acatar apenas alguno o algunos de ellos, pues, pugna con la técnica que informa al recurso extraordinario de casación, como que se entiende que aun cuando ellos saliesen airosos, los que se dejaron al margen de la censura continuarían sirviendo de soporte al fallo combatido, desde luego que la Corte estaría por lo mismo impedida para examinarlos” (G.J. CCXII, p. 200).

VI. De acuerdo con lo ya explicado, la situación descrita en la doctrina precedente se acomoda exactamente a lo que muestra el cargo examinado, y, por lo tanto, tampoco puede prosperar.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de techa 23 de febrero de 1993, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por Gilberto Duque Álvarez, en la condición de heredero de Magdalena Álvarez Gómez, contra Gabriel Álvarez Gómez, Ana Teresa Cano Vda. de Vargas, Pedro Pablo Jaramillo, Jairo Mejía Jaramillo y Matilde, Concepción, Gabriel y María Álvarez Gómez, estos últimos como herederos de la señora Teresa Álvarez Gómez.

Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Oportunamente tásense.

Notifíquese.

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