Sentencia 44454 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 44454

Acta Nº 31

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones de la Corte.

La Sala procederá al estudio conjunto de los dos cargos que se elevan contra el fallo del tribunal en atención a que se orientan por la vía de puro derecho, denuncian similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

Dado el sendero de ataque seleccionado, se admiten las conclusiones fácticas establecidas en el proceso en el sentido de que el de cujus Herman García Ramírez contrajo matrimonio con la demandante Rosa Nelly Raigoza de García el 26 de junio de 1967; que procrearon dos hijos mayores de edad a la muerte del padre, ocurrida el 25 de julio de 2005; que el vínculo matrimonial permaneció hasta el deceso sin que se hubiese dado la liquidación de la sociedad conyugal; y que la pareja no convivía al momento de la ocurrencia del fallecimiento ni en los cinco años anteriores a este.

Del mismo modo, no ofrece controversia en el recurso la conclusión del tribunal relativa a que si bien el causante estableció sendas relaciones de pareja con la codemandante Rosalba Cardona Gómez y la demandante en reconvención Bárbara Cristina Fernández Ochoa, quienes acudieron al proceso reclamando reconocimiento como beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en condición de compañeras permanentes, ninguna de ellas demostró convivencia con el pensionado fallecido al momento de la muerte, ni en los 5 años que precedieron ese hecho.

Así las cosas, la discusión jurídica en el sub lite gira en torno a determinar si a la luz del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cónyuge separado de hecho que ha mantenido vigente el vínculo matrimonial tiene la condición de beneficiario y puede aspirar a la pensión de sobrevivientes así no demuestre convivencia al momento de la muerte, ni en los 5 años inmediatamente anteriores a su ocurrencia.

Al respecto se ha de precisar que la jurisprudencia de esta Sala venía exigiendo tanto al cónyuge como al compañero (a) permanente demostrar convivencia al momento de la muerte, y en los dos años anteriores a esta en vigencia del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 (salvo cuando en ese lapso hubieren procreado hijos comunes), y en los cinco años precedentes al fallecimiento cuando el deceso hubiere ocurrido estando en vigor el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el anterior, y sin que se hiciera diferencia de si se trataba de la muerte de un afiliado o de un pensionado. (Sentencia de mayo 20/2008, Rad. Nº 32393).

Sin embargo, la anterior postura fue variada en relación con el (la) cónyuge a partir de la sentencia de 20 de noviembre de 2011 Rad. 40055, donde en un nuevo examen del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aplicable al sub lite, esta corporación precisó que dicho requisito no podía exigirse en casos de convivencia no simultánea entre el afiliado o pensionado con un cónyuge supérstite del que estaba separado de hecho, y un compañero (a) permanente, pues el inciso tercero del artículo 13 en comento, le confirió también “la condición de beneficiario al cónyuge separado de hecho que conserve vigente el vínculo matrimonial, quien tendrá derecho a la pensión en proporción al tiempo de convivencia con el de cujus”, siempre y cuando demuestre que hubo convivencia mínimo por un término de cinco (5) años en cualquier tiempo.

Más tarde, en la sentencia de 24 de enero de 2012, Rad. Nº 41637, la Sala amplió la interpretación de ese mismo inciso tercero del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y estimó que para efectos de que la cónyuge separada de hecho pudiera acceder como beneficiaria a la pensión de sobrevivientes, no era menester la presencia de una compañera permanente con convivencia no simultánea, pues dicha exigencia no resultaba proporcional ni justificada de cara a los principios y objetivos de la seguridad social, y no realizaba la protección al vínculo matrimonial que el legislador incorporó en dicha reforma, por lo que en esos eventos la esposa podía reclamar la prestación a condición de demostrar que hizo vida marital con el de cujus durante un término no inferior a cinco (5) años en cualquier tiempo.

Esa hermenéutica en palabras de la Corte, hace efectiva la finalidad de la norma que:

“Equilibra la situación que se origina cuando una pareja que decidió formalizar su relación, y que entregó parte de su existencia a la conformación de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, se ve desprovista del sostén que aquel le proporcionaba; esa situación es más palmaria cuando es la mujer quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporación al mercado laboral ha sido tardía, relegada históricamente al trabajo no remunerado o a labores periféricas que no han estado cubiertas por los sistemas de seguridad social”.

Por último, en fallo de 13 de marzo de 2012, Rad. Nº 45038, se estableció por parte de esta corporación, siempre en interpretación del inciso tercero del artículo 13 objeto de estudio, que la prestación de supervivencia no podía ser negada al (a la) cónyuge con vínculo matrimonial indemne, por la circunstancia de no tener sociedad conyugal vigente, porque la voluntad del legislador fue proteger la “unión conyugal” y el artículo 42 de la Constitución Política señala que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”. La protección debe otorgarse eso sí, mientras se demuestre vida en común entre los esposos por un lapso no inferior a cinco (5) años en cualquier tiempo.

En esta última providencia dijo la Corte textualmente:

“El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia de la “unión conyugal” y la restante con la de la “sociedad conyugal vigente”. Estima la Sala, que si la protección que otorgó el legislador fue respecto del vínculo matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no hubo divorcio, pues por el especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se conforma con ocasión de aquel.

Esa distinción, en eventos como el aquí se discute es de especial interés, pues frente a los primeros, inclusive, subsiste la obligación de socorro y ayuda mutua, que están plasmados en el artículo 176 del Código Civil que dispone que “los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”, y en el propio artículo 152, modificado por el artículo 5º de la Ley 25 de 1992, prevé que el matrimonio se disuelve, entre otros, por el divorcio judicialmente decretado”.

Del anterior panorama jurisprudencial emerge con meridiana claridad, que se equivocó el tribunal en la hermenéutica impartida al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al estimar que de conformidad con ese precepto se exigía a la cónyuge supérstite separada de hecho, convivencia con el pensionado fallecido en el momento de la muerte y no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a ella.

Así las cosas, los cargos prosperan y el fallo del tribunal será parcialmente casado en cuanto absolvió de la pensión de sobrevivientes deprecada por la cónyuge Rosa Nelly Raigoza de García y de la indexación.

En sede de instancia, se tiene que la pareja García - Raigoza contrajo matrimonio por el rito católico el 26 de junio de 1967 (fl. 24); que el vínculo permaneció vigente hasta la muerte del esposo, sin que hubiera existido disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

En cuanto a la convivencia de los esposos, para la Corte merece credibilidad la exposición de la testigo Mery García de Montoya, quien es hermana del causante y según su versión muy cercana a él, por lo tanto tuvo conocimiento directo y coetáneo respecto de la relación que tuvo la pareja, y efectivamente sostuvo al ser interrogada sobre el tiempo de duración de la unidad familiar García - Raigoza que “Con Rosa como diez años, si porque él se separó de ella de hecho, yo le decía a él usted que va a hacer con esa pensión si usted todavía está casado con ella y él decía que no había arreglado eso porque él pensaba que no se iba a morir”.

Más adelante indagada sobre la época en que ocurrió la separación de los cónyuges manifestó: “Eso hace mucho años y el hijo mayor tiene cuarenta y dos años y eso hace mucho tiempo, pero los niños estaban muy pequeños tenía por ahí unos seis o siete años cuando se separó de Rosa, hace por ahí treinta y cinco años, se separó de Rosa y ahí mismo se conoció con Cristina, los hijos de la primera esposa, Jhon Alejandro tiene cuarenta y un años y Diana María debe tener por ahí treinta y ocho años”.

Esto concuerda con lo dicho en la demanda de reconvención de Bárbara Cristina Fernández Ochoa en el hecho primero, cuando se señaló que ella inició la unión marital de hecho con el causante García Ramírez en junio de 1976 (fl. 53). En el interrogatorio de parte la misma señora afirmó frente a otras relaciones maritales del fallecido que “Cuando yo lo conocí él me dijo que era casada (sic) no conocía la señora hasta ahora, no convivía con ella hacía por ahí dos años esa relación se había terminado, cuando aparecí yo en su vida”.

Lo anterior permite inferir que hubo convivencia entre los esposos por más de cinco años, con posterioridad al matrimonio, esto es, entre el 26 de junio de 1967 y el año de 1975, aproximadamente. En esa medida la demandante Rosa Nelly Raigoza de García en calidad de cónyuge supérstite, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su esposo Herman García Ramírez, a partir del 25 de julio de 2005, en un 50% hasta el 31 de diciembre de 2005. Y a partir del 1º de enero de enero de 2006, en un ciento por ciento, al haberse extinguido desde esa fecha el derecho del hijo del causante Carlos Alberto García Fernández, lo que le permite acrecer el monto de la prestación.

El valor inicial de la pensión en el 100% es de $ 584.764, según aparece acreditado en la Resolución del Instituto número 0016 de 2006, obrante a 11 del expediente.

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la doctrina tradicional de la Corte desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. 18512, ha sido que deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que producía al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tenían carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia de 13 de junio de 2012, Rad. Nº 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, Rad. Nº 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

“Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Rad. 18512)”.

La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta siempre estuvo guiada por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues es cierto que de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, que en ese preciso aspecto se estima vigente de conformidad con el artículo 31 de la Ley 100, “Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho”.

Por lo demás, en este evento como se dejó suficientemente explicado con ocasión del recurso extraordinario, la concesión de la pensión de sobrevivientes obedeció al cambio de jurisprudencia operado mediante sentencia de 24 de enero de 2012, Rad. Nº 41637, según la cual en caso de no concurrencia de compañera permanente con derecho, la cónyuge separada de hecho de todos modos puede acceder como beneficiaria a la prestación periódica siempre que demuestre convivencia con el causante por un lapso no inferior a de(sic) 5 años en cualquier tiempo.

En consecuencia, hay lugar a absolver al Instituto por ese concepto.

Por el contrario, es viable la condena a la indexación de las sumas causadas y no pagadas, porque se trata simplemente de reconocer la pérdida que sufrió el dinero por el paso del tiempo. Esa actualización debe hacerse conforme a la fórmula:

SENT 44454 DE 2013 1

Lo anterior es igual al valor total a pagar.

Procedimiento que ha sido avalado por la Sala como se observa en el fallo de 13 de junio de 2012, Rad. Nº 41996.

La demandada propuso la excepción de prescripción, sin embargo, no se configura tal fenómeno respecto de las mesadas causadas, en cuanto la reclamación se elevó el 2 de agosto de 2005 y la demanda se presentó el 5 de junio de 2006.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad de los cargos. Las de las instancias a cargo del Instituto y a favor de la demandante Rosa Nelly Raigoza de García.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 17 de noviembre 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario promovido por Rosa Nelly Raigoza de García, Carlos Alberto García Fernández, Rosalba Cardona Gómez y la demandante en reconvención Bárbara Cristina Fernández Ochoa contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en cuanto absolvió de la pensión de sobrevivientes deprecada por la cónyuge Rosa Nelly Raigoza de García y de la súplica de indexación en su favor. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, revoca parcialmente el fallo de 18 de junio de 2009, dictado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en cuanto absolvió de la pensión de sobrevivientes y de la indexación a favor de la cónyuge Rosa Nelly Raigoza de García. En su lugar, condena al Instituto al pago de la pensión de sobrevivientes en beneficio de dicha señora como cónyuge del causante, a partir del 25 de julio de 2005, en un 50% hasta el 31 de diciembre de 2005. Y a partir del 1º de enero de enero de 2006, en un ciento por ciento, al haberse extinguido desde esa fecha el derecho del hijo del causante Carlos Alberto García Fernández. El valor inicial de la pensión en el 100% se fija en $ 584.764, más los reajustes legales.

Se impone el pago de la indexación de las sumas causadas y no pagadas, conforme se dejó explicado.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».