Sentencia 4449-01 de octubre 21 de 2004

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad. 05001-23-31-000-1995-1236-01

Ref.: 4449-01

Consejero Ponente:

Dr. Tarsicio Cáceres Toro

Actor: Orfa de Jesús Mira Quintero

Demandado: Municipio de Bello (Antioquia)

Controversia: Indemnización por muerte en accidente de trabajo y pensión de jubilación

Autoridades municipales

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil cuatro.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (descongestión) dentro del expediente 95-1236, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La primera instancia y su trámite

La demanda. Orfa de Jesús Mira Quintero, cónyuge sobreviviente de Gabriel Ángel Vásquez Mejía, fallecido en ejercicio de su actividad laboral al servicio del municipio de Bello, en ejercicio de la acción del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el 18 de agosto de 1995 presentó demanda contra el citado municipio y solicitó la nulidad del acto administrativo de 11 de julio de 1995, proferido por el jefe de relaciones laborales del municipio, mediante el cual le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del causante y la indemnización por la muerte del mismo en accidente de trabajo.

A título de restablecimiento del derecho solicita el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del señor Gabriel Ángel Vásquez Mejía, sustituida en ella, como cónyuge sobreviviente; y la indemnización por muerte en accidente de trabajo. Condenas a pagar debidamente indexadas en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

Los hechos. Se encuentran relatados de folios 39 a 42.

Las normas violadas y el concepto de violación. Se citan como tales los siguientes artículos: 2º, 5º, 11, 42 y 43 de la Constitución; 1º de la Ley 33 de 1973; 1º de la Ley 33 de 1985; 12-a), 17- d) y 23 de la Ley 6ª de 1945; 1º y 10 del Decreto 2767 de 1945; y, 19 del Decreto 1848 de 1969. Argumenta:

Que a la demandante le asiste el derecho a gozar, por sustitución, de la pensión de jubilación a que tenía derecho su cónyuge fallecido en razón a que este había cumplido los requisitos legales de edad y tiempo de servicio pues contaba con 61 años de edad y más de 20 años de servicio, prestado al municipio de Bello y al departamento de Antioquia.

Que a la demandante le asiste el derecho a la indemnización por la muerte de su esposo en accidente de trabajo toda vez que se reunieron los elementos requeridos por la ley para que se califique como tal el insuceso, lo cual se encuentra probado, entre otros con los siguientes documentos.

El informe de 11 de abril de 1999, elaborado por el departamento de vigilancia y control del municipio de Bello, donde se afirma que el señor Vásquez Mejía fue gravemente lesionado al frente de la garita 5 de la Cárcel Municipal de San Quintín.

El reconocimiento que la misma administración municipal hace del hecho en el oficio R-0003-1.384 de noviembre 7 de 1991, dirigido a Seguros del Estado, donde el director de relaciones laborales afirmó que los hechos que causaron la muerte al señor Vásquez Mejía tuvieron lugar “ya dentro del lugar de trabajo y jornada laboral” y que el incidente se podía mirar bajo dos puntos de vista así:

1) Del desplazamiento hacia el lugar de trabajo. Hecho reconocido como accidente de trabajo por la Caja Nacional de Previsión Social a través de la Resolución 700 de 1976; y,

2) De la labor que desempeñada. Guardián de la cárcel, trabajo por el cual varios guardianes se encontraban amenazados de muerte.

El nexo causal entre la muerte y el oficio, el trabajo y el hecho externo que causó el daño, parámetros contenidos en el artículo 12 literal a) de la Ley 6ª de 1945 y en el artículo 19 del Decreto 1848 de 1969 que definen el accidente de trabajo.

El oficio 3R-383 de 28 de abril de 1992, signado por el jefe de personal del municipio, dirigiéndose a Seguros del Estado donde insiste en su posición en el sentido de que en el caso del causante se configuró un accidente de trabajo, para efectos del reconocimiento de la respectiva indemnización.

El oficio R-0003-104 de 3 de febrero de 1992 expedido por el director de relaciones laborales del municipio mediante el cual da respuesta a la solicitud de pago de indemnización por muerte en accidente de trabajo donde manifiesta que dicho reconocimiento no es posible porque la entidad tiene sus empleados asegurados y que para la compañía aseguradora la muerte del señor Vásquez Mejía no se califica como “en accidente de trabajo.

Concluye:

Que si la entidad reconoce que el señor Vásquez Mejía falleció a consecuencia de “accidente de trabajo” debió reconocer la indemnización correspondiente y repetir contra la aseguradora.

Que aún en el evento de tenerse en cuenta el parágrafo de la póliza según el cual no se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el trayecto entre la residencia del trabajador y el lugar de su trabajo o viceversa, la actora tiene derecho a la indemnización toda vez que el occiso al momento de los hechos en que perdió la vida ya se encontraba en el lugar de trabajo iniciando sus labores.

Que la entidad es la obligada a responder por tal indemnización independiente de que haya contratado con aseguradora tal riesgo y de que esta considere que no existe responsabilidad por su particular criterio.

La contestación de la demanda. El municipio de Bello se hizo presente en el juicio oponiéndose a las pretensiones de la parte actora (fls. 58 y ss.).

En relación con la pensión de jubilación arguye la administración que el actor no cumplió con el tiempo de servicio requerido para acceder a ella al no completar 20 años de servicio.

Respecto de la indemnización por muerte en accidente de trabajo, la administración llama en garantía a la compañía Seguros del Estado con la cual aseguró a sus empleados. Relata que pese a sus solicitudes a la aseguradora en el sentido de que se reconociera la indemnización a los herederos del señor Vásquez argumentando que este se encontraba dentro del lugar de trabajo y jornada laboral, la compañía insistió en que no hubo accidente de trabajo.

La sentencia de primera instancia. El a quo ordenó cancelar a la demandante, a título de indemnización, el seguro por muerte de su esposo en accidente de trabajo, en la cuantía que resulte probada y negó las demás pretensiones. Consideró:

Que no se reunieron los presupuestos para el reconocimiento de la pensión de jubilación y por ende a la sustitución del mismo, pues, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se requiere contar con 55 o más años de edad y con 20 años de servicio, continuo o discontinuo, y que el causante contaba con 61 años de edad pero no reunía el tiempo de servicio toda vez que el certificado en autos totaliza 17 años y 6 meses.

Que se dan los presupuestos del accidente de trabajo previstos en los artículos 19 y 28 del Decreto 1848 de 1969 y 12 de la Ley 6ª de 1945, razón por la cual se le deberá cancelar a la actora, a título de indemnización el seguro por muerte de la manera establecida en los artículos 52 y 53 del Decreto 1848 de 1969.

La apelación de la sentencia. La parte demandada impugna la sentencia aludida en los siguientes aspectos:

En que la compañía Seguros del Estado es la que debe asumir el pago de la obligación que contrajo con el municipio al suscribir la póliza CV-1406 y en la cual aparece como asegurado el señor Miguel Ángel Vásquez Mejía.

En que no se anuló el acto de 11 de julio de 1995 que niega la indemnización solicitada.

En que a la fecha de la reclamación administrativa, 20 de diciembre de 1994, el derecho había prescrito toda vez que la muerte del señor Vásquez Mejía se produjo el 10 de abril de 1991, habiendo transcurrido más de 3 años entre una y otra.

Y, en que la demandante no agotó vía gubernativa pues no interpuso los recursos procedentes contra el acto que le negó sus peticiones.

La segunda instancia. Se admitió y tramitó el recurso interpuesto. Ahora, al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar sentencia, previas las siguientes

Consideraciones

En este proceso se resuelve la legalidad del acto administrativo contenido en el escrito de 11 de julio de 1995, proferido por el jefe de relaciones laborales del municipio de Bello, mediante el cual se le negó a la actora, como cónyuge sobreviviente, el reconocimiento y sustitución de la pensión de jubilación del causante Gabriel Ángel Vásquez Mejía y la indemnización por la muerte del mismo en accidente de trabajo. El a quo accedió a la indemnización y negó las demás pretensiones de la demanda, decisión apelada por la parte demandada. Compete ahora resolver tal recurso.

Para resolver se analizan los siguientes aspectos relevantes:

1. Delimitación del recurso de apelación.

Como se anotó en los antecedentes, fueron dos los derechos reclamados en el libelo inicial, el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación correspondiente al señor Miguel Ángel Vásquez Mejía sustituida en cabeza de la actora, como cónyuge supérstite; y el reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo del mismo causante.

El derecho al reconocimiento y sustitución pensional fue negado por el tribunal y la parte actora no impugnó tal decisión, razón por la cual este aspecto no es materia de estudio ni de pronunciamiento distinto a su confirmación, en esta instancia.

El derecho al reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo fue acogido por el a quo y es materia del recurso de apelación interpuesto por el municipio de Bello contra la sentencia de primera instancia, motivo por el cual esta pretensión es el objeto del presente recurso.

Del acto acusado.

En relación con la indemnización reclamada, expresa:

“Referente a la reclamación de indemnización por muerte en accidente de trabajo, el municipio de Bello tiene asegurados sus servidores pero la compañía de seguros no hizo el pago como lo solicita, porque no lo consideraron así” (fl. 2).

2. Las impugnaciones contra la sentencia de primera instancia.

2.A. Titularidad de la obligación. Alega la entidad recurrente que el pago de la indemnización reclamada le corresponde a “Seguros del Estado”, compañía que contrajo tal obligación al suscribir la póliza CV-1406 en la que aparece como asegurado el señor Miguel Ángel Vásquez Mejía.

Sobre el particular advierte la Sala que el municipio de Bello en primera instancia solicitó llamar en garantía a la compañía aseguradora Seguros del Estado S.A., petición a la cual accedió el tribunal pero no se llevó a cabo la notificación de la misma, sin que la administración hubiera insistido en ella (fls. 63 y ss. 66 y ss.).

En esta instancia, la Sala, al percatarse de la situación anotada, en proveído de 13 de noviembre de 2003, ante la posibilidad de resultar perjudicada la aseguradora y en aras del derecho de defensa, de oficio, ordenó poner en conocimiento de Seguros del Estado S.A., el adelantamiento de este proceso a su representante legal, para que dentro de los cinco (5) días siguientes se hiciera presente e hiciera valer sus derechos, advirtiéndole que si no concurría al proceso se le designaría curador ad litem (fls. 134 y ss.).

Cumplida la notificación anterior a la aseguradora “Seguros del Estado S.A.” (de la cual se allega el certificado de la cámara de comercio) el 28 de junio de 2004 a través de su representante legal este constituyó apoderado judicial, quien en 2 escritos radicados el 2 de julio de 2004, propone excepciones y solicita el decreto de nulidad de las actuaciones surtidas a partir de la aceptación del llamamiento en garantía.

Entre las excepciones propuestas figura la vinculación de la aseguradora “Seguros del Estado S.A.” sin estar obligada, por cuanto la póliza en que se fundamenta el llamado en garantía no fue suscrita por ella sino por Seguros de Vida del Estado S.A. persona jurídica diferente.

Al respecto la Sala observa que en la comunicación de septiembre 11 de 1992, dirigida por la aseguradora al municipio de Bello, su asignante obra en calidad de segundo suplente del presidente de Seguros de Vida del Estado S.A., con representación legal, circunstancia que confirma la falta de interés de Seguros del Estado. Por demás, anota la Sala que el formato de informe del patrono a la aseguradora sobre el accidente sufrido por su trabajador fallecido, se encuentra rotulado y titulado como “Seguros de Vida del Estado; así mismo, la papelería utilizada por la aseguradora (fIs. 25, 26 y 27).

De acuerdo con lo anotado se tiene que el municipio de Bello solicitó el llamamiento en garantía de la aseguradora equivocada, pues suscribió la póliza con Seguros de Vida del Estado S.A., y solicitó el llamamiento en garantía de “Seguros del Estado S.A.”, compañía notificada en este proceso y que carece de interés en la presente controversia.

Así las cosas, en la entidad pública demandada se mantiene la titularidad de la obligación frente al derecho pretendido, como es la indemnización por muerte en accidente de trabajo del señor Gabriel Ángel Vásquez Mejía.

2.B. Prescripción del derecho por haber transcurrido más de 3 años entre la muerte del señor Vásquez Mejía, 10 de abril de 1991, y la fecha de la reclamación administrativa, 20 de diciembre de 1994.

El accidente de trabajo, calificado así tanto por la parte actora como por la parte demandada, que produjo la muerte del señor Vásquez Mejía, ocurrió el 10 de abril de 1991 (informe del hecho al secretario de gobierno, suscrito por el jefe de grupo 2, fl. 18, e informe del patrono a la aseguradora, fI. 25).

La petición que dio lugar al acto aquí acusado fue dirigida al municipio por la accionante para que le reconociera y pagara la indemnización por la muerte de su esposo en accidente de trabajo tiene como fecha de recibo, 15 de diciembre de 1994 (fls. 3 a 7).

Sobre la prescripción de las acciones la ley señala:

El Decreto 1848 de 1969:

“ART. 102.—Prescripción de las acciones.

1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en 3 años contados a partir de la fecha en que la respectiva obligaciones haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

De la disposición transcrita la Sala resalta que la prescripción no se cuenta a partir del hecho como lo hace la entidad sino de cuando se hace exigible la obligación, circunstancia que no necesariamente coincide con el insuceso.

De conformidad con lo anterior, para la Sala no hay prescripción del derecho pretendido, por las siguientes razones:

1. A la administración, tomadora del seguro, le correspondía hacer los informes del accidente y adelantar los trámites de rigor ante la ocurrencia del siniestro asegurado, para hacerlo efectivo. Así, de manera muy diligente, actuó el municipio de Bello a través de sus funcionarios, desde la ocurrencia de la muerte del asegurado hasta el 28 de abril de 1992 fecha de su última actuación de reconsideración ante la aseguradora.

2. Dentro de la actuación administrativa, posterior a la muerte del asegurado, la Sala resalta la calificación que el municipio hizo del insuceso como de accidente de trabajo.

3. Con base en el insuceso ya calificado como accidente de trabajo, la administración solicita de la aseguradora el pago de la indemnización del caso.

4. Ante la respuesta de la aseguradora el municipio de Bello formula ante la misma dos (2) escritos de reconsideración del caso, argumentando que se dieron los supuestos legales del accidente de trabajo, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 1848 de 1969. Ellos son:

Oficio R-0003-1.384 de noviembre 7 de 1991, signado por el director de relaciones laborales del municipio de Bello y dirigido a seguros del Estado, donde afirmó que los hechos que causaron la muerte al señor Vásquez Mejía sucedieron “dentro del lugar de trabajo y jornada laboral” y, por ocasión del trabajo, pues “varios guardianes han sido amenazados de muerte” (fl. 28 y ss.).

Oficio 0003R-383 de 28 de abril de 1992, signado por el jefe de personal del municipio, dirigiéndose a seguros del Estado donde insiste en la configuración de “accidente de trabajo” en el caso del causante porque sucedió “dentro del lugar de trabajo y jornada laboral” y, por ocasión del trabajo, pues “varios guardianes han sido amenazados de muerte”, que no se observan móviles distintos al oficio como son la vigilancia de sujetos de alta peligrosidad y procedimientos dedicados relacionados con el orden público (fls. 32 y ss.).

5. Seguros de Vida del Estado, el 11 de septiembre de 1992, responde los oficios anteriores, específicamente, respecto del asegurado Gabriel Ángel Vásquez Mejía, expresó que según informe de octubre 3 de 1991, forma E-CV-012, el citado señor “fue atacado con arma de fuego el día 10 de abril de 1991 a las 7:00 p.m. frente a la Cárcel Municipal de Bello cuando llegaba a prestar sus servicios a la misma”, concluye que tal hecho que no encaja dentro de la definición de accidente de trabajo y no está amparado por la póliza CV-1406 y por ende no le es exigible a la compañía el pago de indemnización alguna (fls. 26 y 27).

6. Para la Sala, ante la actividad que desplegaba la administración para reconocerle a la actora la indemnización por muerte en accidente de trabajo de su esposo, a esta, consciente de la diligencia de la administración, no le quedaba más alternativa que esperar el resultado, cual fue el que se produjo con el escrito de 11 de septiembre de 1992 a través del cual la aseguradora negó definitivamente el pago de la indemnización reclamada.

7. En octubre 26 de 1992, la parte actora, atenta al resultado de la actuación del municipio de Bello ante la aseguradora le solicitó a este la entrega de la negativa al reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo del señor Gabriel Ángel Vásquez Mejía que frente a él hizo la aseguradora.

8. En estas condiciones, resulta lógico y jurídico contar el término de prescripción a partir de la respuesta a los escritos de reconsideración que presentó el municipio de Bello ante la aseguradora, es decir, a partir del 11 de septiembre de 1992, de suerte que la parte actora tenía hasta el 11 de septiembre de 1995 para reclamarle a dicho municipio la indemnización en comento y lo hizo desde el 15 de diciembre de 1994, es decir, en tiempo hábil.

Marginalmente anota la Sala que teniendo en cuenta que la prescripción del derecho constituye una sanción ante la inactividad o descuido en el ejercicio oportuno de las acciones tendientes a hacerlo efectivo, tal circunstancia no se configuró en autos tal como quedó demostrado.

De otra parte, resalta la Sala que la calificación de accidente de trabajo que hizo la administración del hecho dañoso que produjo la muerte de su empleado, tiene entidad de acto administrativo que goza de la presunción de legalidad, que no ha sido suspendido ni declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa.

2.C. Falta de agotamiento de la vía gubernativa por no interponerse los recursos procedentes.

Precisa la Sala que la administración, de ser procedente algún(os) recurso(s) debió indicarlo(s), ante qué autoridad y el término para su interposición, nada de lo cual hizo.

En estas condiciones resulta innecesario abundar en razonamientos adicionales para concluir y reiterar que en estos casos se puede acudir directamente a la vía judicial como lo hizo la parte actora.

2.D. Falta de anulación del acto demandado por parte del tribunal para proceder a ordenar el reconocimiento de la indemnización.

Esta omisión constituye realmente un descuido por parte del tribunal y se justifica su corrección en esta instancia sin que ello tenga incidencia sobre la decisión adoptada en relación con la indemnización ordenada.

3. Conclusiones.

No existe, por parte del ente municipal demandado, discusión ni controversia alguna en el sentido de que el insuceso en que perdió la vida el señor Gabriel Ángel Vásquez Mejía tiene la entidad de accidente de trabajo y que como consecuencia del mismo la parte actora tiene derecho a que se le indemnice por tal hecho.

Son varios los documentos en los que la administración plasma la calificación del accidente como de trabajo y donde reclama a la aseguradora la indemnización por dicha causa a favor de la parte actora.

En síntesis, la discusión planteada en autos por la entidad demandada ha versado exclusivamente sobre el obligado a efectuar el pago toda vez que ella ha intentado exonerarse del mismo por el hecho de haber asegurado dicho riesgo.

Para la Sala, no existe dubitación alguna en el sentido de que el obligado a responder por la indemnización pretendida es el municipio de Bello, como empleador o patrono, independiente de que lo haga directamente, mediante previsora o aseguradora.

En autos, el ente territorial demandado no logró desvirtuar que él es el obligado a cubrir la indemnización a que tiene derecho la actora, de manera que debe asumirla y cumplir con su reconocimiento y pago.

Adicionalmente comenta la Sala que la administración mientras mantenga la calidad de patrono frente a sus servidores es la responsable de las cargas legales derivadas de la relación laboral con sus servidores y de las cuales no se exonera ni siquiera por el hecho de que asegure los riesgos propios de la misma, como el de la muerte en accidente de trabajo de los empleados, pues en el evento de presentarse tal contingencia la responsabilidad se mantiene en el ente territorial, independiente de que la aseguradora corra con la carga económica en virtud de la obligación adquirida con la administración, al suscribir la póliza.

En las condiciones anotadas procede adicionar la sentencia apelada con la declaración de nulidad parcial del acto demandado en cuanto negó a la actora el reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo de su esposo; confirmar la sentencia en cuanto ordenó al municipio de Bello, a título de indemnización, reconocer y pagar a la actora la prestación reclamada por muerte en accidente de trabajo; confirmar la sentencia en cuanto negó el reconocimiento de la pensión de jubilación del causante y la sustitución de la misma a la actora pues al no ser objeto de apelación tampoco lo fue de estudio en segunda instancia; y finalmente, se confirma la negativa a condenar en costas. Así mismo se dispondrá aplicar la indexación a la suma que la administración adeude a la actora atendiendo el artículo 178; reconocerle los intereses de que trata el artículo 177 y darle cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176, todos del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ADICIÓNASE la sentencia de 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (descongestión) dentro del proceso 95-1236 instaurado por Orfa de Jesús Mira Quintero contra el municipio de Bello, así: DECLÁRASE la nulidad parcial del oficio de 11 de julio de 1995, proferido por el jefe de relaciones laborales del municipio, en cuanto negó el reconocimiento de indemnización por la muerte en accidente de trabajo.

2. CONFÍRMASE la sentencia en cuanto ordenó al municipio de Bello cancelarle a Orfa de Jesús Mira Quintero, a título de indemnización, el seguro por muerte en accidente de trabajo de su esposo, en la cuantía que resultare probada en el proceso; y, en cuanto negó el reconocimiento y sustitución pensional de Miguel Ángel Vásquez Mejía a favor de la actora.

3. RECONÓZCASE a la actora la indexación de que trata el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y los intereses consagrados en el artículo 177, ibídem.

4. DÉSELE cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha precitada.

Magistrados: Tarsicio Cáceres Toro—Alejandro Ordóñez Maldonado—Jesús María Lemos Bustamante—Nicolás Pájaro Peñaranda—Ana Margarita Olaya Forero—Alberto Arango Mantilla.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.