Sentencia 4460 de febrero 16 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INTERESES LEGALES

CLASES Y APLICACIÓN

EXTRACTOS: «1. Como es conocido, en materia civil los procesos sólo pueden ser iniciados por demanda de parte (art. 2º CPC) y, cuando a ella se acude por los particulares en ejercicio del derecho de acción, es una carga procesal de estos expresar “con precisión y claridad” las pretensiones y sus fundamentos de hecho (art. 75, nums. 5º y 6º, CPC), asunto este que resulta de capital importancia en la estructura misma del proceso, como quiera que a la par que traza el marco de la controversia judicial junto con las excepciones que contra ellas formule el demandado (art. 92, num. 3º, CPC), y aquéllas que deban declararse si aparecen probadas, delimita el litigio sometido a decisión de la rama jurisdiccional del Estado. Sin embargo, al resolverse el litigio corresponde al juzgador sujetarse a las reglas de procedimiento y de juzgamiento correspondiente.

1.1. De allí que con relación al ejercicio de la actividad jurisdiccional el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, entre otros imponga al juez incluir en la parte resolutiva de las sentencias judiciales, decisión expresa y clara sobre las pretensiones del actor y sobre las excepciones, cuando fuere procedente resolver sobre ellas y, el artículo 305 del mismo código, estatuye a continuación que la sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones de la demanda y las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas cuando así lo exige la ley. De tal manera que, como puede verse, debe existir simetría entre lo pedido y lo resuelto, vale decir que en el fallo ha de darse respuesta a la controversia delimitada por las partes en la etapa de la litis contestatio. Por ello, en ejercicio de la función judicial en materia civil la competencia del juez al momento de fallar no le permite decidir ultra petita o extra petita, pues, la resolución judicial que se extienda más allá de lo pedido o que se tome fuera del petitum de la demanda, a más de resultar violatoria del derecho de defensa de la contraparte sería contraria a la estructura misma del proceso que en esta materia se guía por el principio de que la materia del litigio se define por las partes y, éstas, al hacerlo, delimitan la competencia del juzgador.

1.2. Pero ello es completamente diferente de la actividad de juzgamiento que despliega el juez para resolver el litigio mediante la interpretación, aplicación o inaplicación de la ley sustancial, teniendo en cuenta las apreciaciones probatorias del caso.

1.2.1. De allí que tratándose de un litigio que versa sobre la responsabilidad contractual por el incumplimiento del banco del contrato de cuenta bancaria, por el pago irregular de un cheque y retención ilegal de la suma depositada, sea necesario que el juez tenga en cuenta que, por tratarse de un acto mercantil, sea preciso aplicarle la legislación mercantil de dicho contrato, recogida en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio. Además, contrario a lo que dice el recurrente, los “intereses legales”, esto es los instituidos o regulados por la ley no son solamente aquéllos a que se refiere el artículo 1617 del Código Civil, como quiera que también la ley comercial se ocupa de los intereses, cual aparece, por ejemplo en los artículos 884, 885 y 1163 del Código de Comercio, en los cuales se dispone, en su orden, que cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital, sin que exista convenio sobre su monto, “éste será el bancario corriente”, e igualmente se faculta a los comerciantes que hicieren suministros o ventas “al fiado”, para “exigir intereses legales comerciales” y, de la misma manera se impone al mutuario el pago de “intereses legales comerciales” al mutuante. Así, también el Código de Comercio en el artículo 884 ya citado, se ocupa de regular la cuantía de los intereses moratorios en los negocios mercantiles, señalando que cuando no han sido estipulados por las partes, la tasa de los mismos “será del doble” del bancario corriente. De allí que sea racional y lógico que en esta clase de negocios jurídicos, “los mercantiles”, y su correspondiente responsabilidad por incumplimiento deba hablarse de intereses como rendimiento de capital y de intereses moratorios, como lucro cesante de la obligación dineraria negocial incumplida, aquéllos que se estipulan en los mismos negocios o en la legislación mercantil, mas no aquellos que se señalan en la legislación civil, y concretamente en el artículo 1617 del Código Civil; ya que estos últimos, los intereses legales civiles reservan su aplicación como regla general, por falta de norma especial, a casos de responsabilidades civiles extracontractuales y precontractuales que puedan presentarse simplemente con “ocasión” del desarrollo de celebración de un contrato.

Porque en materia de negocios comerciales existe un régimen especial de intereses tanto remuneratorios como indemnizatorios. Pues para los primeros “...el Código de Comercio, permite el cobro de intereses remuneratorios o de plazo, pero sólo en aquellos negocios mercantiles “en que hayan de pagarse réditos de un capital”, bien sea por convenio de las partes o por disposición legal expresa como ocurre, por ejemplo, en los suministros y ventas al fiado, sin estipulación del plazo, un mes después de pasada la cuenta (art. 885 del Código de Comercio), en la cuenta corriente mercantil (art. 1251 C. Co.), en el mutuo comercial (art. 1163 C. Co.), en la cuenta corriente bancaria (art. 1388 C. Co.); y determina mediante el artículo 884 la tasa respectiva cuando no se ha estipulado” (sent. Nº 441 del 28 de noviembre de 1989)(*).

En tanto que con relación a los intereses como indemnización se hace necesario tener en cuenta que el lucro cesante o pérdida o provecho que por el incumplimiento o retardo de esta obligación puede estar representado en dichos intereses, sin perder de vista que para esas llamadas indemnizaciones por lucro cesante de suma de dineros de obligaciones mercantiles que, por causas legales se encontraban en mora de cumplirse (arts. 822 C. Co. y 1608 del C.C.), la ley ha establecido la obligación de “pagar intereses legales comerciales” que “será del doble” (arts. 883 y 884 C. Co.) del “interés bancario correspondiente”. Regulación general ésta que, de darse las condiciones antes señaladas, resulta perfectamente aplicable al rendimiento que el cuentacorrentista deja de percibir por la no devolución o restitución de la suma depositada, por parte de la entidad bancaria que resulta responsable por el incumplimiento del contrato, causado en el pago irregular de un cheque; ya que si este último trae como consecuencia la retención ilegal y la mora por la no devolución de la mencionada suma, el cuentacorrentista deja de aprovecharse del mencionado rendimiento que habría de producir dicha suma de dinero.

Pero ello es completamente distinto de las indemnizaciones en caso de “responsabilidad extracontractual por el daño ocasionado por el pago irregular del cheque cruzado ...y no de una responsabilidad fundada en el incumplimiento de obligaciones derivadas de negocios mercantiles”. Porque la ganancia frustrada que se produce por aquella responsabilidad extracontractual no es la regulada en el artículo 884 del C. de Co., exclusiva “en los negocios” e “intereses” estrictamente “moratorios” y “mercantiles”; sino que aquélla es la contemplada en las “reglas generales civiles”; esto es, las del “artículo 2341 del Código Civil, en armonía con el artículo 1649 del Código Civil”, lo que indica que la ganancia frustrada causada por el daño ocasionado en responsabilidad aquiliana, debido a falta de norma especial, está representada “en los intereses civiles anuales del 6% dejados de percibir (art. 1617 C.C.)” (sent. Nº 042 del 15 de febrero de 1991)(*).

Y tales intereses civiles, según la aplicación que ha hecho esta Corporación, también constituyen la esencia de la indemnización por lucro cesante en la responsabilidad civil causada con la frustración de un contrato en que se ha entregado una suma de dinero (arts. 863, 822 y 2 del C. Co. y arts. 1614 y ss. del C.C.), y precisamente cuando en la responsabilidad precontractual mencionada no se ha demostrado una pérdida de beneficios distinta a la del rendimiento ordinario (civil) de las sumas de dinero que haya tenido causa directa esa frustración (sent. 239 del 27 de junio de 1990).

1.2.2. Pero para proceder a la interpretación, aplicación o inaplicación de esta normatividad, el juez no solamente se encuentra obligado a apreciar las pruebas en su contemplación fáctica y jurídica, sino que también debe, si fuere el caso, interpretar la demanda. Por ello esta corporación tiene por sentado que para no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal, al juez corresponde interpretar la demanda, labor que ha de realizar mirándola “en su conjunto, en forma razonada y lógica, como quiera que la intención del actor muchas veces no está contenida en el capítulo de las súplicas, sino también en los presupuestos de hecho y de derecho por él referidos a lo largo de la pieza fundamental. Basta que la intención aparezca claramente del libelo, ya de manera expresa, ora por una interpretación lógica basada en todo el conjunto del mismo”, pues “la torpe expresión de las ideas per se no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición que de los presupuestos fácticos hace el demandante en su demanda”, tal cual se señaló en sentencia de 3 de mayo de 1984 (G.J., T. CLXXVI, número 2415, pág. 182).

2. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub lite, encuentra la Corte que el cargo que aquí se analiza no está llamado a tener éxito, por las razones siguientes:

2.1. No cabe duda alguna de que en este proceso la controversia judicial a que se puso fin con la sentencia del Tribunal ahora impugnada en casación, se originó por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de que la Administración Postal Nacional alega haber sido víctima por parte del Banco del Comercio, en la ejecución del contrato de cuenta corriente bancaria Nº 103-01062-05, celebrado entre las partes en la sucursal de ese establecimiento bancario en el barrio Quiroga, de la ciudad de Santafé de Bogotá, lo que significa que por tratarse de un acto esencialmente mercantil la relación jurídico-material que se discute, queda dentro de la órbita propia del derecho comercial, en obedecimiento a lo prescrito por los artículos 20, numeral 7º y 1º del Código de Comercio.

2.2. Siendo así las cosas la Corte observa que el cargo no está llamado a tener éxito.

2.2.1. En efecto, primeramente advierte la Sala que el Tribunal encuentra acertados “los planteamientos probatorios normativos” (fl. 34, C-2) que tuvo en cuenta el juzgador de conocimiento, con lo cual acogió la manifestación de que con “las pretensiones de la demanda se busca el resarcimiento que restablezca el derecho patrimonial de la actora... mediante el reintegro... del dinero... junto con los intereses del capital involucrado como daño emergente... conforme a la regulación pertinente hecha por la Superintendencia Bancaria” (fl. 203, C-1). Luego, el tribunal de instancia acogió la interpretación de la demanda y la aplicación de las normas mercantiles que se había hecho por el a quo.

Ahora bien, si para la censura la parte actora sólo había impetrado condenar al banco demandado al pago de intereses legales civiles, la circunstancia de haberse entendido por el sentenciador que lo pedido fueron intereses legales comerciales y así haberse decidido en el fallo, estaría indicando que se cometió un error en la interpretación de la demanda, es decir, que se habría incurrido en violación de normas de derecho sustancial por la vía indirecta, lo que sería suficiente para desestimar el cargo, ya que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, “la incongruencia es atacable por la causal segunda, al paso que la mala interpretación de la demanda sólo puede plantearse dentro de la primera causal por error de hecho proveniente de defectuosa interpretación” (sentencia 22 de enero de 1980, ordinario Mauro Hincapié Marín contra Empresas Públicas de Medellín, reiterada en sentencia de 30 de julio de 1993, ordinario Campo Elías Bazurto León contra Bertha Bazurto de Cipagauta y otros, expediente 3789). Y si el yerro lo hubiese identificado el casacionista en una equivocada interpretación de las normas jurídicas sustanciales sobre intereses mercantiles, o en una aplicación indebida de ellos, la acusación también ha debido enmarcarse dentro de la causal primera por violación directa de tales preceptos.

Luego, no habiendo ocurrido ni lo uno ni lo otro, el defecto de esta acusación impide a la Corte abordar su estudio de fondo.

2.2.2. Pero aun dejando de lado este defecto tampoco encuentra la Corte que en el caso sub lite exista la supuesta inconsonancia de que se acusa al fallo recurrido, pues, a contrario de lo que sostiene el recurrente, no se encuentra demostrado que la parte demandante hubiere impetrado el pago de intereses legales civiles (art. 1617 del C.C.), sino que, demandó la indemnización por el incumplimiento de un contrato comercial, sin que del texto de la demanda pueda inferirse siquiera que su aspiración fuera limitada a los intereses fijados por el Código Civil, como ahora se pretende por el censor, suponiendo, sin apoyo probatorio para el efecto, que el demandante optó por reclamar el pago de intereses legales civiles y no el de intereses legales comerciales, como surge del contexto de la demanda y de la naturaleza de la relación jurídico-material que dio origen a este litigio. Pues la verdad es que la demanda tan solo mencionó la expresión “intereses legales” sin calificar si eran “mercantiles” o “civiles”, por lo que objetivamente los cobijó a todos “los legales”. De allí que cuando la sentencia condenó al pago de intereses bancarios corrientes como “intereses legales”, dicha condena se adecuó al marco de los “intereses legales” pedidos genéricamente en la demanda, y, por lo tanto, no incurrió en la inconsonancia mencionada por la recurrente.

3. Por lo expuesto, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, febrero 16 de 1995. Expediente 4460. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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