Sentencia 4461 de abril 22 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CONTRATO DE PROMESA

LA CONDICIÓN DEBE SER DETERMINADA

EXTRACTOS: «Parangonado el raciocinio del tribunal con el contenido declarativo del contrato de promesa de permuta celebrado entre las partes de este proceso, se advierte que aquél surge de una interpretación de las cláusulas del negocio, orientada por pautas legalmente establecidas (arts. 1618, 1620 y 1622 del C. C.), y particularmente acudiendo a la regla de la interpretación sistemática, pues el ad quem para concluir en que efectivamente el contrato llenaba el requisito echado de menos por la parte demandante, asumió el estudio de las cláusulas contractuales, unas con otras, esto es, en conjunto, consultando la unidad que ellas conformaban. Por supuesto que para esa labor y para llegar a la conclusión que al fin expone como verdad del contrato, se atiene a la objetividad declarativa que ellas contienen, sin cercenarlas ni adicionarlas, ya que para definir que las partes sí habían establecido una condición que determinaba la época de celebración del contrato prometido, simplemente se atuvo a la literalidad de ellas, a su contenido exacto, pues el entrelazamiento o estudio sistemático es el que le permite colegir la conclusión antes indicada. Para tal efecto asocia las estipulaciones tercera y cuarta: por la tercera los demandados se obligaron “a iniciar y terminar la sucesión...” de quienes figuran como propietarios de los terrenos prometidos en permuta, “en el curso de doce meses contados desde hoy, prorrogable a tres meses más”, o sea contados desde el 6 de agosto de 1982, fecha del contrato, también tenida en consideración por el ad quem. Conforme a la cláusula cuarta, “una vez solucionadas las anteriores sucesiones”, los contratantes se obligaron a comparecer “a la notaría 2ª de Calarcá a suscribir las escrituras de permuta respectivas”.

De manera que cuando el tribunal dejó por averiguado “que los contratantes debían otorgar la escritura de permuta de los inmuebles Las Camelias y El Jardincito y El Porvenir, el 6 de agosto de 1983, o a más tardar el 6 de noviembre siguiente”, se limitó a hacer una contabilidad de meses a partir del 6 de agosto de 1982, porque como ya se anotó, según las cláusulas tercera y cuarta la concurrencia a la notaría debía darse al quedar “solucionadas” las sucesiones allí mencionadas, lo cual debía ocurrir en doce meses contados desde el 6 de agosto de 1982, o en tres meses más.

En otras palabras, el ad quem entendió que la época en la que debía celebrarse el contrato prometido se fijaba en una de dos fechas ciertas: “el 6 de agosto de 1983, o a más tardar el 6 de noviembre siguiente”, pues esas eran las datas que correspondían al tiempo estipulado para el cumplimiento de la condición, cual era la “solución”, de las sucesiones referidas, concepto que el tribunal asimiló al de “tramitados los susodichos juicios sucesorios”, o “culminados”, conforme a otra acepción que también utilizó. Fue así, entonces, como concluyó que no se presentaba “indeterminación ni de la obligación ni de la época en que se otorgaría el instrumento”, amén de haber descartado antes que la condición fuera “potestativa”, no sólo por el término establecido para su cumplimiento, sino por lo previsto en la cláusula séptima del contrato, donde las partes convinieron que “En caso de no ser posible la solución de las dos sucesiones, los señores Muñoz y Rincón reconocerán perjuicios al señor Aponte Castro y si acuerdan harán reconvención en este contrato de negocio (sic)”.

De manera que el tribunal no incurrió en ninguno de los errores a él atribuidos, razón por la cual debe concluirse que por el aspecto analizado el cargo no puede prosperar.

(...).

En cuanto al otro aspecto del yerro que denuncia este cargo, porque el tribunal no apreció que el contrato de promesa carecía del señalamiento de la hora en que debía otorgarse la escritura pública, baste anotar que por esta razón nunca se pudiera llegar a la violación de las normas de derecho sustancial que el cargo identifica, porque como ya ha tenido oportunidad de expresarlo esta corporación (sent., marzo 1º/85):

“No es la hora el momento determinante para entender el plazo. No. Cuando se hace expresa referencia al día, se tiene que admitir que los contratantes han querido que, dentro del tiempo de disponibilidad de la notaría, se pueda cumplir el negocio prometido. Claro está que razones de conveniencia harían más definido el señalamiento de la hora, particularmente para no dejar abierta toda la jornada laborable para atender la obligación; pero la omisión no puede acarrear la consecuencia que el casacionista le endilga a la promesa de contrato de carecer del requisito del plazo”.

(...).

3. Con todo, no obstante que el cargo no fue el adecuado, según se anotó en la parte inicial de esta sentencia, la Corte considera pertinente dejar por averiguado que el ad quem no infringió de ningún modo las normas sustanciales que el recurrente identifica.

El contrato de promesa de contratar requiere del cumplimiento de las condiciones establecidas por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, para constituirse en fuente eficaz de la obligación de hacer el contrato prometido, entre ellas, la señalada por el numeral 3º, al tenor de la cual la promesa debe contener un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato prometido, que según la regla cuarta del artículo en comentario, debe estar plenamente determinado, de manera tal, que para su perfeccionamiento sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.

Las condiciones de los ordinales 3º y 4º del artículo 89, definen el carácter transitorio del contrato de promesa, que, como bien se sabe, es un medio para llegar al contrato resultado o fin, es decir, el prometido.

Como la misma norma lo indica, el plazo o la condición son los hechos futuros que al cumplirse fijan “la época en que ha de celebrarse el contrato”. La fijación de la época, dice el ordinal 3º del artículo 89, debe hacerse a través de un plazo o una condición, pero teniendo presente, como lo ha expuesto la Corte, que en este punto lo primordial o subordinante es el señalamiento de la época y lo instrumental el plazo o la condición, que según las circunstancias concretas del caso deben ser adecuados para precisar tal época.

En relación con la segunda, que es la involucrada en el caso en estudio, la jurisprudencia de la corporación ha distinguido la condición determinada de la indeterminada, indicando como de la primera clase aquella donde “la realización del evento que puede tener ocurrencia en el caso de que efectivamente la tenga ocurrirá dentro de un lapso temporal determinado de antemano”, y como de la segunda, cuando no sólo es incierta la ocurrencia del evento, “sino que además se ignora la época en que éste puede ocurrir” (sent., septiembre 18/86).

Por lo demás, se ha sostenido que en tratándose del requisito 3º del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, la única condición compatible con este texto legal, en consideración a la función que allí cumple, es aquella “que comporta un carácter determinado”, por cuanto sólo una condición de estas (o un plazo), permite la delimitación de la época en que debe celebrarse el contrato prometido. La de la otra clase, precisamente por su incertidumbre total, deja en el limbo esa época, y con ella la transitoriedad del contrato de promesa que es una de sus características esenciales.

“Pero si según el ordinal 3º del precitado artículo 89 de la ley 153 —dice la Corte—, la promesa de contrato, para su validez, debe contener “un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato” bien se comprende que para cumplir tal exigencia no puede acudirse a un plazo indeterminado o a una condición indeterminada, porque ni el uno ni la otra, justamente por su indeterminación son instrumentos idóneos que sirven para cumplir el fin perseguido, que es el señalamiento o fijación de la época precisa en que ha de celebrarse la convención prometida” (Sentencia de Casación Civil de 5 de julio de 1983, citada en G.J. Nº 2423, pág. 284).

Ahora bien, la calificación de condición determinada debe surgir del propio contrato de promesa, o sea desde el momento mismo de su celebración, pues es allí donde debe quedar plasmada la condición con todos los atributos propios de su naturaleza”, porque como antes se anotó, el lapso temporal dentro del cual debiera ocurrir el evento incierto debe quedar “determinado de antemano”.

Así, entonces, la Corte ha calificado como indeterminada e inidónea para reunir el requisito del contrato de promesa preceptuado por el numeral 3º del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, la condición que sujeta el perfeccionamiento del contrato prometido a “una vez se haya finalizado el juicio...” (G.J. Nº 2423, pág. 284), precisamente porque “no se sabía la época en que debía terminar el proceso”.

En este orden de ideas, conforme al precedente que se acaba de señalar, una condición como la que allí se analizó, per se no es inadecuada para agotar el requisito 3º del contrato de promesa, porque lo echado de menos en ella por la corporación, fue el señalamiento antelado de un lapso dentro del cual pudiera suceder el evento de la terminación del proceso, pues es este elemento el que hace determinada la condición, como lo es la del caso que ahora ocupa la atención de la Corte, donde para el suceso de la terminación de los procesos de sucesión que hacía exigible la obligación de otorgar la escritura, se fijó un lapso de doce meses contados a partir de la fecha de celebración del contrato (ago. 6/82), prorrogable por tres meses más. De ahí, que el tribunal con lógica haya concluido que la escritura pública que perfeccionara el contrato de permuta prometido, debía otorgarse el 6 de agosto de 1983, o en su defecto, el 6 de noviembre del mismo año».

(Sentencia de casación, abril 22 de 1997. Expediente 4461. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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