Sentencia 44687 de septiembre 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44687

STL 3023-2013

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta 85

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil trece.

Decide la Corte la impugnación formulada por Fabio Pico Rincón contra el fallo de 25 de junio de 2013, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el trámite de la tutela que adelanta contra la Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga y el coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Bucaramanga.

Antecedentes

Fabio Pico Rincón pidió el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de asociación sindical.

Manifestó que labora en la Fiscalía General de la Nación y pertenece al régimen de carrera; que desde marzo de 2006 hasta mayo de 2009 se desempeñó como asistente de fiscal II, en la secretaría de la URI en Bucaramanga, con turnos diurnos y nocturnos; que por Resolución 295 de mayo 5 de 2009, el director seccional de la época lo reubicó “sin estarlo pidiendo”, en la unidad seccional radicada de fiscalías de esta ciudad; que nuevamente por Resolución 29 de 2 de febrero de 2011 la Directora de la Unidad decidió trasladarlo a la Unidad de Reacción Inmediata —URI— de Bucaramanga; que una vez asumió nuevamente como Asistente de Fiscal II, le advirtió a su nuevo jefe que no haría turnos nocturnos por afectación a su salud; aseveró que cuando el coordinador advirtió que pertenecía a la directiva de Asonal Judicial en Bucaramanga, así como a los comités de convivencia laboral y de ética y que, además, tenía restricciones médicas como “no trasnochar” y “escribir no más de cuatro horas diarias”, el jefe inmediato le manifestó que “yo no le servía porque tenía ocupaciones adicionales a las de asistente de fiscal y porque necesitaba el asistente que pudiera suplir los turnos de actos urgentes en la noche; tampoco quería sindicatos en su unidad”; que el Coordinador de la URI pidió su cambio y que a través de la Resolución 386 de 9 de octubre de 2011, se ordenó, a partir del 20 de octubre, a la unidad - sala de atención al usuario de Bucaramanga, decisión que recurrió y que mediante el Acto Administrativo 0451 de 2011 se dejó sin efecto; que en octubre 11 de 2012 comenzó la huelga judicial convocada por Asonal Judicial, que duró 53 días; que no laboró en la URI dada su condición de dirigente sindical, pues tuvo que asumirla en el bunker de la Fiscalía en Bucaramanga; que ante la prohibición de ingreso de los funcionarios se generó “mayor animadversión” del coordinador hacía él y que así lo entendió en diciembre de 2012, cuando fue ultrajado moralmente al decirle que “había sido una desgracia para él haberse cruzado conmigo en el trabajo y que “así como él había agachado la cabeza cuando yo tuve el poder”, al cierre del edificio de la entidad durante la huelga, ahora me tocaba el turno a mi”; que luego del cese de actividades, se acumuló mucha correspondencia, reparto diario de carpetas, derechos de petición y trabajo en general que debió evacuar en diciembre con turnos superiores a 12 horas, incluso por vacaciones del titular; que entre el 2 y el 27 de enero de 2013 disfrutó de sus vacaciones, y que al culminarlas no retornó a su puesto, dado que debía laborar directamente con el coordinador de la unidad en los casos a su cargo según lo ordenado en la Resolución 277 de mayo de 2013, emitida por el director seccional de fiscalías; que el 4 de febrero de 2013, el citado coordinador solicitó su traslado y el apoyo de otro funcionario, en “atención a sus restricciones médicas y la manifestación de no prestar turnos nocturnos”; que le fueron asignadas nuevas funciones en el almacén de evidencias; afirmó que el coordinador de la URI lo “obligó” a entregar el puesto de trabajo y terminar definitivamente su vinculación con dicha unidad, de lo contrario “pediría la intervención de la Veeduría”; que a través de Resolución 277 del 27 de mayo de 2013, el director seccional de fiscalías resolvió no revocar el acto de traslado, decisión contra la que no procede recurso alguno.

Reprochó la falta de necesidad del servicio para realizar su cambio, pues desconoce su condición de aforado sindical y lo obligó a cumplir funciones muy diferentes a las de asistente de fiscal, ya que se encuentra laborando en el almacén de evidencias.

Por lo anterior solicitó ordenar “su reubicación en un área diferente al almacén de evidencias y fiscalías radicadas, como en la unidad seccional de fiscalías para apoyar a fiscal que conozca de Ley 600, en donde pueda ejercer sus funciones como asistente de fiscal II (...)”.

Trámite impartido

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 18 de junio de 2013, asumió el conocimiento y ordenó notificar a los accionados para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción (fl. 101).

El director seccional de fiscalías de Bucaramanga se opuso a la acción; explicó que los movimientos de personal, no se realizan tan solo por peticiones sino por las necesidades del servicio, la existencia de la planta de personal global y flexible de la Fiscalía General de la Nación y la primacía del interés público sobre el particular. Señaló que la reubicación el actor en el almacén de evidencias no afecta la estabilidad laboral, por cuanto continúa con un salario como asistente de fiscal II y con sus funciones apoya el almacén de evidencias; que además no se ha trasladado a sede distinta del edificio principal y su seguridad social está amparada. Advirtió que el personal del almacén de evidencias de la Fiscalía, se ha compartido entre las áreas de fiscalía y administrativa, que por tanto dispuso que Pico Rincón, se desempeñara en estas dependencias, en las que podría apoyar entre otras, las actividades de recepción, custodia y entrega de elementos materiales de prueba, funciones propias del asistente del almacén, y que igualmente, como en todas las unidades donde ha permanecido situado, puede garantizársele el goce efectivo de sus derechos, pues afirmó no se trata de un traslado hacia alguna unidad fuera de Bucaramanga; que las garantías constitucionales, se mantienen, en la medida que al reubicársele en una dependencia donde: “i) No se realizan actividades que impliquen mayor digitación, ii) No se prestan turnos nocturnos, iii) se le permitirá continuar con su ejercicio sindical, sus labores como delegado de Asonal, representante de los empleados ante la Comisión de Acoso Laboral, Comisión de Ética y Buen Gobierno, sin que su ausencia temporal por estas actividades, conlleven a traumatismos en el servicio de atención a usuarios y/o desarrollo de diligencias o actuaciones dentro de los procesos penales”. Señaló que en cada oportunidad que la dirección de fiscalías ha decidido cambiarlo, presenta derechos de petición aduciendo persecuciones laborales, y una supuesta vulneración a su derecho fundamental como miembro sindical, desde el año 2011, con el fin de lograr la revocatoria de las determinaciones de la dirección; por lo anterior solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela (fls. 108 a 127).

El coordinador de la unidad de reacción inmediata de Bucaramanga se opuso a la acción, manifestó desconocer la razón por la cual se trasladó de puesto de trabajo al actor, indicó que se le ha respetado su condición de miembro sindical y negó cada una de las afirmaciones hechas en su contra por el accionante, para lo cual pidió algunos testimonios (fls. 143 a 151).

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, en fallo de 25 de junio de 2013, negó la protección; advirtió que en relación a los hechos que hacen referencia a un supuesto acoso laboral “que en últimas suscitó su traslado de la URI al almacén de evidencias de Bucaramanga, deben ventilarse por una vía distinta a la de la tutela, y ello es así porque que la acción constitucional en tanto mecanismo subsidiario, residual y excepcional, solo tiene cabida ante la probada configuración de un perjuicio irremediable, que en este caso no se avizora; por demás la Ley 1010 de 2006 establece un procedimiento célere y propio para asuntos como el que se trae a este escenario. En cuanto al acto del traslado y la falsa motivación y o desviación de poder que se alega, igual reflexión hace la Sala, ante la existencia de medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011”.

Enfatizó que el accionante acudió a la tutela en forma directa, sin haber agotado en la entidad, “a través del Copaso, la situación que plantea ante el juez constitucional, cuando al citado comité le compete, entre otras, la función de coordinación entre empleador y los trabajadores para dar solución de los problemas relacionados con salud ocupacional, así como la de tramitar los reclamos de los trabajadores, sobre el punto” (fls. 154 a 165).

El accionante impugnó (fl. 174).

Se considera

El objetivo fundamental de la acción de tutela, como mecanismo excepcional con procedimiento preferente y sumario, es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la Constitución y la ley, su eficacia se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente de derechos fundamentales.

Es evidente que el juez de tutela no puede resolver cuestiones como la de reubicaciones o traslados, pues ese no es su objetivo, en tanto el ordenamiento jurídico ha delineado un sistema de control judicial para que el Juzgador competente, esto es, la jurisdicción ordinaria o la contencioso administrativa, defina su procedencia, razón que impide utilizar esta queja para resolver tal conflicto, dado que es una herramienta excepcional que ostenta un carácter específico y restringido.

En cuanto al acoso laboral que denuncia en calidad de víctima, resulta claro que también cuenta con otras herramientas, para alegar dichos actos, como la vía disciplinaria, así como las acciones correspondientes al interior de la entidad para demostrar la conducta irregular de quienes son sus superiores jerárquicos, sin que pueda el juez constitucional inmiscuirse en una potestad que no le corresponde.

Las breves consideraciones anteriores permiten concluir la improcedencia de la presente acción, razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas.

2. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.