Sentencia 4470 de octubre 11 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SEGURO DE DAÑOS

DELIMITACIÓN DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA

EXTRACTOS: «1. Aun cuando el Código de Comercio vigente en el país desde 1972 no contiene en el título V de su libro cuarto ninguna definición expresa del contrato de seguro, lo cierto es que con apoyo en varias de las disposiciones que de dicho título hacen parte, y de modo particular en los artículos 1037, 1045, 1047, 1054, 1066, 1072, 1077 y 1082, bien puede decirse respecto del seguro de daños, y sin ahondar desde luego en mayores detalles técnicos para el caso impertinentes, que es aquel negocio solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual una persona —el asegurador— se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina “prima”, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a cubrir al “asegurado” los daños sufridos según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo. Salta a la vista, pues, que uno de los elementos esenciales en este esquema contractual es la obligación “condicional” contraída por el asegurador de ejecutar la prestación prometida si llegare a realizarse el riesgo asegurado, obligación que por lo tanto equivale al costo que ante la ocurrencia del siniestro, debe aquél asumir y significa, así mismo, la contraprestación a su cargo, correlativa al pago de la prima por parte del tomador.

En este orden de ideas y de acuerdo con el texto del artículo 1080 del Código de Comercio, tanto en la que fuera su redacción original como en la que actualmente tiene por obra del artículo 83 de la Ley 45 de 1990, el objeto de la referida obligación, al tenor del artículo 1054 ib. originada en el siniestro, es el pago de este último, o para expresarlo con mayor exactitud, el pago de la prestación asegurada sin sobrepasar un límite que lo fija la suma o el valor asegurados, importe éste que, en los llamados “seguros de suma” se debe íntegramente, mientras que en la categoría recién aludida en el párrafo precedente, ese límite lo marca por norma el valor efectivo del interés asegurado, de suerte que la respectiva “indemnización” se calcula y paga sobre el daño que el siniestro provoca en dicho interés.

Así, pues, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, el valor de la prestación a cancelar por parte del asegurador se encuentra delimitado por tres elementos de singular relieve. En primer lugar, el valor asegurado sobre cuya configuración jurídica dijo esta corporación:

“...es verdad averiguada que por ministerio de la ley la póliza de seguro, además de las condiciones generales, debe contener expresamente, cuál es “la suma asegurada o el modo de precisarla”, por mandato del artículo 1047, ordinal 7º del Código de Comercio, norma que se encuentra íntimamente ligada a lo preceptuado por el artículo 1097 del mismo código, en cuanto en este último se dispone, en forma imperativa, que el asegurador, en cumplimiento de sus obligaciones como tal, tiene como límite el responder “hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1074”. Y también es conocido que la suma asegurada es, entonces, diferente del valor asegurable y puede coincidir o no con este último. Ello, en consecuencia, se fija generalmente por la declaración unilateral del asegurado, que como titular de su propio interés conoce su valor económico, sabe la protección que requiere y la pacta con el asegurador según sus posibilidades de pago, conforme a la prima y a las tasas que para el contrato de seguro se fijan por las compañías aseguradoras con sujeción a la intervención del Estado” (sent. sept. 23/93).

Resumiendo, se trata de una condición particular de la póliza que representa una suma fija llamada a regir el contrato durante su vigencia y que es en términos generales expresión cuantitativa de la protección que requiere el asegurado, de la cual tiene pleno conocimiento, y delimita así mismo, como su tope máximo posible, la indemnización que la aseguradora debe pagar en caso de siniestro, lo que ha llevado a afirmar con respaldo en autorizadas opiniones de doctrina que la consignación de esa cifra en la póliza tiene una doble finalidad, a saber: fijar convencionalmente el importe extremo de la prestación indemnizatoria que la empresa aseguradora puede verse compelida a satisfacer si el siniestro llegare a ocurrir, y la de servir de base para el cálculo, junto con otros factores técnicos, de la prima que el tomador debe pagar; queda claro, entonces, que de darse la aludida condición, la estipulación de la suma asegurada no significa que por fuerza el asegurador tenga que pagarla en su totalidad, puesto que como se dejó anotado líneas atrás, la cuantía de esta prestación depende de la entidad real y la incidencia del daño consecuencia del siniestro, idea que bien puede quedar expresada del modo siguiente: “...La prestación indemnizatoria será inferior a la suma asegurada, siempre que el daño sea menor que ésta, y nunca será superior a la suma asegurada, aunque ese daño sufrido sea mayor que dicha suma...” (Manuel Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, cap. XXVIII, num. 1).

En este orden de ideas, la suma asegurada, durante la ejecución del contrato y mientras dure la cobertura, puede ser modificada para actualizarla, esto si dicha variación se adopta de común acuerdo o es impuesta por causa legal, teniendo siempre presente que de conformidad con lo previsto en el artículo 1091 del Código de Comercio.

“El exceso de seguro sobre el valor real del interés asegurado producirá la nulidad del contrato, con retención de la prima a título de pena, cuando de parte del asegurado haya habido intención manifiesta de defraudar al asegurador. En los demás casos podrá promoverse su reducción por cualquiera de las partes contratantes, mediante la demostración o rebaja de la prima correspondiente el importe del exceso y al período transcurrido del seguro. La reducción no podrá efectuarse después de ocurrido un siniestro total”.

Los otros dos factores que delimitan la responsabilidad del asegurador es fácil identificarlos de acuerdo con los principios que se dejan reseñados, y se encuentran en el artículo 1089 ibídem: “Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario...”. Se sigue de lo preceptuado que mientras este último límite simplemente hace efectivo el carácter meramente indemnizatorio de los seguros de daños, el valor real del interés asegurado se define como el que registran los bienes en el estado en que se encuentran a la ocurrencia del siniestro, tal como lo precisó la Corte en sentencia del 21 de agosto de 1978:

“...en seguros como el de incendio, el valor real de la cosa asegurada en el momento de acaecer el siniestro, no es su valor de costo menos el de su depreciación, si fue usada o ha envejecido, sino el valor de reposición, es decir, su valor actual de cosa nueva menos la depreciación normal. Animada de un claro propósito de equidad, la doctrina ha dicho con acierto: “el valor real de la cosa asegurada no es el precio que, al ocurrir el siniestro, se pudiera obtener de su venta como artículo de segunda, sino el valor de utilización que para el asegurado representa hoy en su patrimonio y lo que representará en el futuro. El valor real, pues, está, de una parte, en función de lo que el objeto valdría nuevo el día del siniestro y, de otra, de la depreciación que habría sufrido por el efecto del uso””. (G.J. t. CLVIII).

Así mismo, también la ley en el artículo siguiente consagra la posibilidad de que se deje de lado el valor real del interés asegurado al momento del siniestro, para el cual incide la depreciación que el bien asegurado haya tenido por el transcurso del tiempo y el uso que se le haya dado, para que de común acuerdo se disponga al contratar el seguro, que el pago de la indemnización se haga “por el valor de reposición o de reemplazo del bien asegurado, pero sujeto, si a ello hubiere lugar, al límite de la suma asegurada” (art. 1090 ibídem).

En materia de seguros, tal como lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia y así quedó consagrado en el derecho positivo, prima la voluntad de las partes y lo consagrado en forma expresa en la póliza entendida en un solo conjunto, es decir no sólo las especificaciones particulares sino las condiciones generales que se le anexan, sin que puedan ser éstas desconocidas para pretender dar aplicación a las normas de seguros que el Código de Comercio trae para suplir la voluntad que las partes manifiesten en las especificaciones del contrato. Al respecto en sentencia del 29 de agosto de 1980 se lee:

“En el derecho positivo colombiano impera el principio, según el cual las leyes que regulan los contratos son normas supletorias de la voluntad de los contratantes, cuando estos, al celebrarlos, acatan las prescripciones legales y respetan el orden público y las buenas costumbres. El postulado de la normatividad de los actos jurídicos (C.C., art. 1602) se traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por consiguiente quedan obligadas a cumplir las prestaciones acordadas en él (...). Lo cual significa que cuando el pensamiento y el querer de quienes ajustan una convención jurídica quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquéllos, y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación” (G.J. t. CLXVI, pág. 123).

2. Para el caso que hoy ocupa la atención de la Corte, preciso es examinar con cuidado lo acordado por las partes tanto en las cláusulas particulares como en las generales de la póliza de seguro para equipo móvil de contratistas distinguida con el número 0225, con el objeto de determinar si el Tribunal, al referirse a $ 19.000.000 como “valor real del interés asegurado”, incurrió en yerro trascendente que amerite la casación del fallo por infracción de las normas que cita la censura, así como si en efecto el asegurado no cumplió con el pleno de los requisitos que la póliza exige para obtener el pago de la indemnización pactada.

La póliza en mención, junto con los demás datos particulares, señala “valor asegurado $ 19.000.000. Deducible 10% mínimo $ 100.000”, y dentro de las condiciones generales comprende las siguientes:

“Cláusula 5ª. Valor de la reposición, suma asegurada, deducible. 1. Valor de reposición: para los efectos de esta póliza se entenderá como valor de reposición, la cantidad de dinero que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derecho de aduana, si los hubiere, sin perjuicio de que la compañía haga uso de su facultad de pagar en dinero, reparar o reponer el bien dañado en caso de siniestro. 2. Suma asegurada: El asegurado deberá solicitar y mantener como suma asegurada la que sea equivalente al valor de reposición... Cláusula 7ª Procedimiento en caso de siniestro: ...d) elevar una denuncia ante la autoridad pertinente en los casos de pérdida y/o daño por robo o intento de robo. Cláusula 11. Pérdida total. 1. En los casos de destrucción total del bien asegurado, la reclamación deberá comprender el valor de reposición del bien... Cláusula 12. ...indemnización. 3. La compañía podrá a su arbitrio, reparar o reponer el bien dañado o destruido o pagar en dinero en efectivo el bien objeto del daño”.

Son estas, en sus lineamiento básicos, las disposiciones contractuales que fijan las pautas del seguro ajustado entre R. & R. Ltda y la Compañía Mundial Seguros a que se refiere la póliza 0225 y que por ello son de obligatoria observancia para los contratantes sin que puedan ser reemplazadas por otras reglas escogidas a su acomodo por la compañía aseguradora para eludir el compromiso por ella adquirido, según la letra de la póliza tantas veces citada, de asegurar la maquinaria descrita contra los daños ocurridos a tales objetos durante la vigencia del seguro “...siempre que estos daños sean en forma súbita accidental o imprevista que haga necesaria la reparación y/o reposición, y como consecuencia directa de cualquiera de los riesgos amparados...” (cfr. fls. 7 a 10 del cdno. ppal.).

Así las cosas, se tiene que tal como se dejó establecido en las condiciones generales aquí destacadas, de un lado, en caso de presentarse el siniestro previsto, la entidad asegurada sólo estaba obligada a elevar denuncia correspondiente y dar el aviso oportuno a la aseguradora, indicando el valor de reposición del bien asegurado, sin que puedan exigírsele requisitos adicionales; y, por otra parte, también queda claro en dichas condiciones que la suma asegurada contenida en la póliza reflejaría el valor de reposición de la máquina asegurada, es decir, el valor de adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, y siendo que en caso de siniestro la compañía demandada, acogiendo la facultad que para pago de indemnización ofrece el artículo 1090 del Código de Comercio como excepción al valor real del interés asegurado como límite de la misma, se comprometió expresamente a reponer el bien asegurado o pagarlo en dinero en efectivo, se sigue que en este último caso estaba obligada a entregar a la sociedad contratante el valor asegurado, entendido como valor de reposición, suma respecto de la cual, después de ocurrida la pérdida total del objeto asegurado, la aseguradora no podría aducir reducción (art. 1091 ibídem), salvo que se tratara de un supraseguro defraudatorio, supuesto en el cual era de su cargo demostrarlo con el rigor necesario y no objetar a la ligera la reclamación de pago, apoyándose en una inteligencia acomodaticia de la póliza que la desfigura por completo.

Respecto de los argumentos que presenta la censura sobre la cuantía del siniestro y de la pérdida, inevitable es recordar que aquí se trata de un siniestro total, no parcial, y por lo tanto a una situación de tal estirpe no pueden extenderse todos los deberes que frente al último caso surgen para el asegurado de demostrar, entre otras varias cosas, el estado en que quedó el bien objeto del contrato de seguro después de la ocurrencia del siniestro comparativamente con lo que valía antes, buscando así evitar que con el pago de la indemnización se produzca un enriquecimiento injustificado. Por ello claramente el artículo 1077 del Código de Comercio dice que el asegurado debe demostrar el siniestro así como la cuantía de la pérdida, pero sólo si fuere el caso, eventualidad que, como se dejó dicho, no se presenta en este asunto, no sólo porque en torno al tipo de siniestro ocurrido la póliza sólo habla de elevar la denuncia ante autoridad pertinente y notificar a la aseguradora, deberes que el asegurado cumplió a cabalidad, sino que la demostración del monto de la pérdida es aplicable cuando se presenta un siniestro que afecte parcialmente al bien asegurado y no un caso de pérdida total frente al cual se estipuló como modalidad indemnizatoria, la que toma como pauta contractual de referencia el valor de reposición de la maquinaria desaparecida.

Dejando en claro lo anterior, fácilmente se observa que los cargos formulados por el recurrente a la sentencia del tribunal no tienen la consistencia indispensable para infirmarla, si se toma en cuenta que los requisitos adicionales que pretende exigir a la entidad asegurada para justificar su derecho a la indemnización, no resultan obligatorios por no estar contenidos en la póliza ni tratarse de una pérdida parcial; y que el yerro del ad quem al hacer alusión a la suma asegurada de los $ 19’000.000 como “valor real del interés asegurado” no tiene incidencia alguna en el juicio jurisdiccional emitido por cuanto se trata de un seguro pactado a valor de reposición, y dicha suma, en los términos de la misma póliza, se mantendría como el valor asegurado, es decir que de todas formas la condena tendría que referirse a ésta, resultando así la afirmada equivocación del fallador, que mas parece un lamentable desacierto técnico que un verdadero yerro de fondo susceptible de aprovecharse con la abundante argumentación que pone de manifiesto la demanda de casación presentada».

(Sentencia de casación, octubre 11 de 1995. Expediente 4470. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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