Sentencia 44701 de noviembre 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 816 - 2013

Radicación 44701

Acta 38

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., diecinueve de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

Se exhibe patente que no son objeto de controversia entre las partes, los siguientes supuestos fácticos: (i) que Víctor Hugo Ramírez Moreno, fue hijo de la demandante señora María Victoria Moreno; (ii) que aquel falleció el 13 de diciembre de 2000; (iii) que al momento de su deceso estaba trabajando con el Hotel Dann, (iv) y que se encontraba afiliado a Porvenir S.A.

Como se recuerda el juzgador de segundo grado, confirmó la condena impuesta a Porvenir S.A., por estimar que se encontraba acreditado que la actora dependía económicamente de su difunto hijo Víctor Hugo Ramírez Moreno.

El descontento del recurrente con la sentencia fustigada, estriba, en esencia, en que la sala sentenciadora se equivocó en la valoración probatoria, toda vez “que lo entregado en forma periódica por el señor Ramírez a su progenitora de ninguna manera podría entenderse como una partida monetaria que conllevase un sometimiento económico, ya que es incontrovertible que tal dinero ($ 20.000 o $ 30.000 mensuales) jamás tendría la aptitud de garantizarle un sustento, ni siquiera el más modesto”.

Pues bien, delimitado el meollo del asunto bajo examen, y según aflora del esquema del recurso extraordinario, la Sala procede a estudiar los argumentos que sustentan la disconformidad de la sociedad llamada a juicio, no sin antes rememorar lo que de antaño ha enseñado en torno a que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de “manifiesto”.

El precedente carácter de “manifiesto” surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de desaguisados en el examen de los elementos de juicio que conforman el haz probatorio, bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado.

De suerte que no basta que el recurrente dé explicaciones así sean razonables sobre los eventuales asertos erróneos del fallador, o que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

1. Consideraciones previas.

1.1. De orden técnico.

El cuarto de los yerros de hecho denunciados, reprocha la conclusión final del fallador, que no es más que el resultado del análisis que culminó en la condena impuesta.

Memórese que en aras de alcanzar el propósito de quebrantar la decisión del tribunal, lo que debe derruir el recurrente en casación son las premisas fácticas y jurídicas que soportan la condena o la conclusión absolutoria o condenatoria que se combate. No resulta afortunado, en perspectiva del fin perseguido, atacar la conclusión final, cuando los pilares que la sostienen se encuentran a salvo de la impugnación.

1.2. En torno al concepto de dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido.

Esta Sala de la Corte en sentencia del 18 de mayo de 2005, reiteró lo adoctrinado de antaño en cuanto a que la ausencia de previsión legal que definiera el concepto de dependencia económica imponía que éste debiera ser entendido en su sentido natural y obvio, en el que depender significa estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.

En la providencia en precedencia, la corporación enseñó que “en este preciso campo de la pensión de sobrevivientes la dependencia económica tiene el significado de subordinación o sujeción de los padres respecto de la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir. Discernida en ese sentido, la dependencia económica no se configura con una simple ayuda o colaboración que distingue la relación de los buenos hijos con sus padres”.

En ese horizonte, insistió la Corte que no es de recibo reclamar que “la dependencia de los padres en relación con el hijo, para que haga radicar en aquéllos el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de éste, sea absoluta, total o plena, que descarte cualquier otra fuente de ingresos de los progenitores, siempre que ésta no sea de tal entidad que los últimos pasen de subordinados a tener la suficiente solvencia económica que les permita atender por sí mismos sus necesidades”.

La anterior línea jurisprudencial fue reiterada en decisión del pasado 24 de abril de 2013, radicación 43138, en donde también se rememoró que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica, y en esta eventualidad no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley, porque desaparecería esa relación de subordinación derivada del significado del vocablo “depender” y del contenido de la misma preceptiva legal.

Entonces, la determinación de la consolidación o no de la dependencia económica de los padres respecto de los hijos es un asunto que debe ser analizado por los juzgadores frente a los precisos contornos y especificaciones del caso concreto.

2. De la plataforma probatoria denunciada como indebidamente valorada.

2.1. La carta del 1° de septiembre de 2003 dirigida por la señora María Victoria Moreno a Porvenir S.A.

Para el recurrente, de lo manifestado por la actora en dicho documento es dable inferir que “la ayuda que ella recibía del difunto en la época de su óbito ascendía a la suma de $ 20.000 o $ 30.000 mensuales, partida con la que, de ninguna manera, podía configurarse una dependencia económica de la madre frente a su hijo pues basta con comparar esa cifra con el salario mínimo legal mensual vigente en diciembre de 2000 para encontrar que el aporte de Víctor Hugo Ramírez equivalía, en el mejor de los casos, al 11,5% de dicho salario mínimo”.

Pues bien, analizada la carta en precedencia en su contexto y no trayendo apartes insulares, en sentir de la Corte Suprema de Justicia no se evidencia una equivocación en la valoración del juez de segunda instancia, al menos, con un carácter de protuberante, capaz de derruir lo concluido por el sentenciador.

La comunicación dice:

“(…) Que soy la madre del señor VICTOR (sic) HUGO RAMIREZ (sic) Moreno, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía (…) fallecido el día 13 de diciembre de 2000.

Que no trabajo de manera dependiente e independiente y actualmente no recibo ningún tipo de pensión o jubilación por parte de ninguna entidad ni privada ni del estado.

Que era mi hijo fallecido quién respondía económicamente por mi sostenimiento, manutención y alimentación hasta la fecha de su deceso.

Que durante los meses de julio a diciembre del año 2000, que mi hijo se encontraba laborando formalmente con una empresa el (sic) nunca me desamparo (sic) con la ayuda que siempre me brindo (sic) en sostenimiento, manutención, y alimentación y monetariamente de $ 20.000 o $ 30.000 mensuales ya que era un maravilloso hijo.

Que durante los últimos años he vivido en compañía de mi hija Sandra Teresa y su familia quién me ha brindado el apoyo para seguir adelante y su ayuda monetaria es de un promedio de unos $ 15.000 pesos, referente a mis otros hijos podría decirles que tengo que mendigarles cualquier ayuda”.

Puesta la mirada atenta en la anterior documental, fluye de manera cristalina que la demandante no limitó la declaración en cuanto a que la ayuda de su hijo fuese única y exclusivamente monetaria, esto es, que se restringiera a reconocerle “$ 20.000 o $ 30.000 mensuales”, como lo aduce la censura, sino que fue reiterativa en aducir que su descendiente también respondía por su “sostenimiento, manutención y alimentación”.

Con el fin de corroborar lo asentado, recuérdese que el juez plural al analizar la prueba testimonial, afirmó que las “declaraciones de las señoras María Edilma Ramírez Patiño y Carmen Ofelia Benavides Ramos (fls. 47 a 49) quienes fueron enfáticas al manifestar que la accionante y su causante convivían en la misma casa de habitación y que fue el causante, quien se encargaba de suminístrale (sic) a ésta todo lo necesario para una subsistencia digna, pues se encargó de la manutención de su madre, que comprende alimentación, vestuario, salud y demás auxilios que requería, hasta la fecha de su deceso”.

Así las cosas, al recurrente competía rebatir tales inferencias, esto es, que el causante respondía por el “sostenimiento, manutención y alimentación” de su progenitora, que no lo hizo, por lo que dicho colofón se mantiene incólume y, con ello, el fallo conserva su presunción de legalidad.

En esa dirección, debe reiterar la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario y riguroso que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el tribunal como soporte de la decisión impugnada o apenas alguna de ellas.

Ante la orfandad argumentativa del cargo en el aspecto señalado, que constituyó el báculo esencial del fallo, se insiste, las conclusiones del tribunal permanecen incólumes como la presunción de legalidad que cobija la sentencia.

Entonces, en sentir de la Corte el juez colegiado no desoyó las voces objetivas de las pruebas citadas en precedencia, puesto que lo que infirió de las mismas se atiene a lo que efectivamente consigna cada una de las probanzas.

2.2. Sobre la pregunta tercera y la respuesta del interrogatorio de parte de la actora.

“Pregunta 3: Diga cómo es cierto sí o no que para la fecha de fallecimiento de su hijo usted recibía ayuda económica y material de su hija Sandra Teresa?

“Contesto: No, desde que mi hijo el que falleció empezó a trabajar, él siempre fue el que ayudó”.

Bien, en reiteradas oportunidades ha adoctrinado la jurisprudencia de esta Corte que el interrogatorio de parte no es un medio de convicción calificado en la casación del trabajo, a menos que entrañe confesión.

Del análisis de la respuesta en precedencia, fuerza concluir que no es posible inferir una confesión que demuestre el desacierto fáctico atribuido a la decisión del fallador y autorice el quiebre de la sentencia acusada, en la medida en que las mencionadas declaraciones no versan sobre hechos personales que favorezcan a la recurrente o que perjudiquen a la actora (CPC, art. 195).

2.3. De la prueba testimonial.

No es posible abordar su estudio, dado que no quedó acreditado ningún error de hecho con alguna de las tres pruebas calificadas en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 29 de marzo de 1995.

Queda añadir, que el hecho de que el tribunal le otorgue mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, no constituye un desacierto evidente de hecho, por motivo de que los sentenciadores de instancia gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba, para formar su convencimiento con base en el principio de la sana crítica (CPT y SS, art. 61, cuando las inferencias del juzgador sean lógicas y aceptables, las cuales quedan abrigadas por la presunción de legalidad.

De suerte que los jueces de instancia, conforme a esa potestad legal, pueden válidamente fundar su decisión en aquellos elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico por la errada apreciación o falta de valoración de tales probanzas.

3. Conclusión.

El ataque no logra acreditar que la actora era autosuficiente. Por tanto el juzgador de segundo grado no incurrió en los dislates fácticos que le atribuye la censura, cuando concluyó que, en este caso específico, la ayuda del hijo fallecido cumplía con las previsiones legales, y cuando, conforme a su libre convicción, coligió que la causahabiente que se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes, en efecto dependía económicamente de su hijo para la época en que ocurrió el deceso.

En las condiciones que anteceden es oportuno destacar, que si bien es cierto no todos los casos pueden ser tratados bajo la misma perspectiva, sino atendiendo sus especiales particularidades, la Sala precisa que la ayuda económica del hijo respecto del padre, tiene que servir para sobrellevar las cargas o gastos familiares, tales como alimentación, vestuario, vivienda, salud, como aquí lo infirió el fallador, a fin de poder derivar la dependencia económica de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Así, el cargo no se abre paso.

Como no hubo réplica, no hay méritos para imponer costas en el recurso de casación.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 16 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala de Descongestión Laboral, dentro del proceso adelantado por María Victoria Moreno contra la sociedad recurrente.

Sin costas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.»