Sentencia 44782 de agosto 22 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44782

Acta 29

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil doce.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de María Inés Palacio Arenas, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 26 de noviembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

Antecedentes

La actora demandó al Instituto de Seguros Sociales para que fuera condenado a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes, como consecuencia del fallecimiento de Luis Carlos Acevedo Acosta, en cuantía no inferior al mínimo; las mesadas ordinarias y adicionales con sus respectivos reajustes, la indexación, lo ultra y extra petita y las costas.

Manifestó que contrajo matrimonio con Luis Carlos Acevedo Acosta el 7 de abril de 1966, quien estuvo afiliado al ISS hasta el 16 de enero de 1982 cuando falleció; reclamó el 13 de septiembre de 2004 la pensión de sobrevivientes, pero se le negó con fundamento en que pese a que Acevedo Acosta sufragó el número de semanas requeridas y que existió convivencia, la actora contrajo nuevas nupcias con Carlos Mario Palacio Agudelo, el mismo año del deceso de su esposo, y que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 no era posible reconocerla, con lo que desconoció lo señalado por la Corte Constitucional, en las sentencias C-309 de 1996, C-653 de 1997 y C-1050 de 2002 (fls. 1 a 7).

Al contestar, el ISS se opuso a las pretensiones; aceptó la calidad de afiliado de Acevedo Acosta, su deceso, los demás los negó o dijo no constarle; como excepciones formuló las de inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas y prescripción (fls. 24 a 27).

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, por sentencia del 8 de mayo de 2009, absolvió y gravó con costas a la parte actora (fls. 47 a 53).

Sentencia del tribunal

A través del fallo de 26 de noviembre de 2009, se confirmó íntegramente el de primer grado y no halló causadas las costas.

Encuadró la discusión en la pérdida del derecho de la cónyuge a sustituir la pensión por nuevas nupcias y a la inaplicación del artículo 62 de la Ley 90 de 1946. Una vez transcribió la citada disposición, aludió en extenso al contenido de la Sentencia C-309 de 1996 que declaró la inexequibilidad de las expresiones contenidas en los artículos 2º de las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, relativos a las nuevas nupcias, para ratificar que en la parte resolutiva se fijó su efecto retroactivo, únicamente hasta el 7 de julio de 1991.

Esgrimió que esa norma era perfectamente compatible con la Constitución de 1886 vigente para la época en la que falleció Acevedo Acosta, que si esta hubiese acontecido con posterioridad a la expedición la nueva Carta Política, se inaplicaría, pero ante ese supuesto de hecho, no existía derecho para la demandante, y que en todo caso la eventual sustitución a la que alude la norma por tres años, estaba más que prescrita.

El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, aspira que se “Case totalmente la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, de fecha 26 de noviembre de 2009, en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia y que en su lugar (...) se declare que (...) tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia y en consecuencia ordene al Instituto de Seguros Sociales, se le reconozca una pensión de sobrevivencia a partir del 13 de noviembre de 2000 o desde la fecha en la cual la actora obtuvo efectivamente el derecho, mesadas debidamente indexadas, al pago de las mesadas futuras, al pago de costas procesales y agencias en derecho”.

Con fundamento en la causal primera, formuló un cargo, que fue replicado oportunamente, según constancia secretarial visible a folio 31.

Cargo único

Le endilgó a la sentencia haber violado, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa “el preámbulo de la Constitución Política y de sus artículos 1º, 2º, 4º, 13, 29, 48, 53, 58, 84, 228 y 230 de la Constitución Política, los artículos 1, 2, 3, 46 de la Ley 100 de 1993, artículo 27, artículo 68, artículo 50, 151 del Código de Procedimiento Laboral, artículo 8º, 13 de la Ley 153 de 1887, artículo 12 de la ley 797 de 2003”.

Explicó la modalidad elegida en la demanda, y se remitió a criterios doctrinarios sobre el punto; luego concretó el concepto de imperio de la ley contenido en el artículo 230 de la actual Constitución Política y por eso refirió que era evidente la rebeldía del juzgador al inaplicar el mandato de la norma superior, lo que a su juicio también violentó el compendio normativo atrás referido.

Censuró que no se tuvieran en cuenta los principios que orientan la Ley 100 de 1993, por virtud de los cuales la seguridad social tiene carácter irrenunciable y que además, se rebeló a aplicar el artículo 46 ibídem, en vez del 62 de la Ley 90 de 1946, pese a que había sido expulsado del ordenamiento jurídico; que no pueden admitirse regímenes diferenciados, menos cuando ellos aparejan una grosera violación a los derechos de la mujer, y la someten a discriminación.

La réplica

Analizó que el Tribunal no pudo infringir una norma que no estaba llamado a aplicar, porque la que regulaba el asunto era la vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esto es, la Ley 90 de 1946, en su artículo 62, que imponía el cese de la pensión de viudez cuando se contrajeran nuevas nupcias.

Afirmó que no hubo desconocimiento de las disposiciones acusadas, y que la modalidad pertinente para el ataque debió ser la interpretación errónea; que en todo caso la hermenéutica que le imprimió el juzgador, es correcta y tiene pleno respaldo.

Se considera 

La censura no destruye el soporte esencial de la providencia del ad quem, relativo a que la Sentencia C-309 de 1996, apartó del ordenamiento jurídico las expresiones “o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2º de la Ley 33 de 1973; “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2º de la Ley 12 de 1975, y “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital” del artículo 2º de la Ley 126 de 1985, le fijó efectos a los casos posteriores al 7 de julio de 1991 y en esas condiciones, como la peticionaria se volvió a casar antes de esta fecha, esto es, en el mismo año del fallecimiento del esposo (1982), las normas aplicables eran las vigentes en ese momento, esto es, las referidas, en virtud de las cuales perdió el derecho a la sustitución pensional. 

En esas condiciones, el Tribunal no podía aplicar el citado artículo 46 ibídem, ni el 12 de la Ley 797 de 2003, pues, se reitera, claramente indicó que la disposición vigente al momento del fallecimiento era el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, por virtud del cual “a las pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la disposición del artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá en sustitución de las pensiones eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida” y era esta la convocada a regir el asunto. 

Esa normativa, que se mantuvo con el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, y que a la luz de la actual Constitución Política resulta en verdad discriminatoria, no tenía ese carácter cuando la cónyuge sobreviviente contrajo nuevas nupcias, en tanto la Carta Política de 1886 confería un especial contenido a la unión matrimonial.

Tal regulación supralegal en vigor por más de un siglo, aparejó unas evidentes consecuencias en el ordenamiento jurídico, que no pueden ser reprochadas hoy bajo un espectro social evidentemente disímil, como se aspira, bajo las garantías y la concepción de un Estado laico, y fue justamente ese aspecto el que abordó el juzgador cuando resolvió el debate, pues los artículos constitucionales que se enlistaron en el cargo vinieron a existir después de estructurado el derecho pensional, se repite, bajo un régimen constitucional diferente, que para ese momento era legítimo y no puede ser desconocido.

Bajo tales parámetros es que la Sentencia C-309 de 1996 consideró que esas disposiciones atentaban contra la nueva concepción constitucional, y fue por ello que las apartó, dejando claro el efecto retroactivo únicamente hasta la entrada en vigor de la actual Constitución, pues no podía desligar que antes de su expedición tenían un contenido justificado. Así lo consideró:

“No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más cuando en 1993 se expide la Ley 100, que elimina la susodicha condición, pero deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de justificación objetiva y razonable.

“La causa de que al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la Ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible.

“A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se impone reconocer a la viudas, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión —actualmente denominada de sobrevivientes— por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar la mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia”.

Inclusive, en un caso de similares contornos, esta Sala de la Corte, en Sentencia 22955 de 18 de junio de 2004 estimó:

“Por otra parte, como surge de la sinopsis del fallo impugnado, la conclusión del Tribunal se soportó, en esencia, en su argumento según el cual lo planteado por la actora es improcedente porque busca que se le reconozca el derecho pensional que perdió a la luz de lo dispuesto en la Ley 90 de 1946, con base en normas promulgadas con posterioridad al 9 de octubre de 1975, pues entendió ese fallador que “nos es imposible hoy, como le fue al juzgado de primera instancia, aplicar las normas posteriores pese a la potencial favorabilidad para la actora (...)” (folio 11).

“El anterior argumento no es cuestionado por la censura, de suerte que debe permanecer indemne como estribo del fallo impugnado, porque como lo ha explicado en muchas ocasiones esta Sala de la Corte, es deber inexcusable del recurrente en casación desquiciar todos los argumentos que hayan servido de apoyo al sentenciador para adoptar la decisión cuya anulación pretende, pues su propósito se verá frustrado si se limita a cuestionar razonamientos distintos o a combatir solo una parte de la argumentación plasmada en la providencia acusada, puesto que así tenga razón en la crítica que formula, al dejar libres de cuestionamiento los verdaderos pilares del fallo, seguirán ellos sirviendo de cimiento a la decisión censurada.

“Y es que en realidad lo que la recurrente plantea en su escrito es un juicio sobre la constitucionalidad de las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 y del Decreto 1160 de 1989, a la luz de las normas de la Constitución Nacional de 1886 que considera quebrantadas, cuestionamiento que, desde luego, no es propio del recurso extraordinario de casación, porque no le corresponde a la Corte decidir la constitucionalidad de los citados preceptos.

“Aparte de lo anterior, cumple precisar que la impugnante igualmente alude a la sentencia de la Corte Constitucional C-309 de 1996, la cual considera que fue erróneamente apreciada por el Tribunal; cuestión que así presentada, no puede ser elucidada por la modalidad de violación de la ley escogida, porque, en cuanto involucra un criterio jurisprudencial, como lo destaca el replicante, debió ser planteado por el motivo de interpretación errónea de la ley sustancial.

“Con todo, contrariamente a lo que sostiene la censura, el juez de la alzada no hizo mención a la citada sentencia, de modo que no pudo haberla apreciado con error, aun cuando no sobra advertir que en esa providencia no se hizo una confrontación de las normas acusadas por la recurrente con la Constitución de 1886 y si bien se declaró la inexequibilidad de parte de esas disposiciones, en lo que interesa al asunto debatido se precisó el derecho a recuperar la pensión extinguida por haber contraído nuevas nupcias, pero solo respecto de las viudas que hubieren perdido el derecho a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, circunstancia que no se presenta respecto de la demandante”.

Lo anterior es suficiente para concluir que el cargo no prospera.

Costas a cargo de la parte recurrente, dado que hubo réplica, en cuantía de tres millones ($ 3.000.000) m/cte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 26 de noviembre de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la recurrente al Instituto de Seguros Sociales.

Costas a cargo de la parte recurrente, en cuantía de tres millones ($ 3.000.000) m/cte.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez.