Sentencia 44832 de mayo 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 44832

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

La Corte estudiará en forma conjunta estas dos acusaciones propuestas contra el fallo del ad quem, en atención a que se orientan por el sendero de puro derecho, citan similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

Fueron hechos establecidos en el proceso y que se entienden admitidos por el impugnante dada la orientación jurídica de los ataques, que Jairo León Bustamante Arango falleció por causas de origen común el 13 de julio de 2005; que cotizó durante toda su vida laboral 772 semanas, de las cuales 6 corresponden a los 3 años anteriores al fallecimiento; que acreditó un porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema de 51,64% entre los 20 años de edad y la fecha de la muerte; y que cuando murió no era cotizante activo.

Establecida la anterior situación fáctica, estima la Corte que tal como lo tiene precisado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado (sents. jun. 10/2009, rad. 36135; feb. 1º/2011, rad. 42828; mar. 23/2011, rad. 39887; y mayo 3/2011, rad. 37799, entre otras). La excepción está constituida por los precisos eventos en que la jurisprudencia ha aceptado la aplicación ultraactiva de normas anteriores ya derogadas, en virtud del principio de condición más beneficiosa.

En este caso, en atención a que el causante falleció el 13 de julio de 2005, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, los cargos aceptan que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, pues en ese lapso sólo contabiliza 6, por lo que la prestación no se causó con sustento en la previsión general del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y que tampoco procedía en el sub examine la eventual aplicación del principio de la condición más beneficiosa que permitiría acudir al artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, en cuanto habiendo operado el retiro del sistema a partir de septiembre de 2002, en el año anterior al fallecimiento —13 de julio de 2004 al 13 de julio de 2005—, registra cero (0) cotizaciones (fl. 46). Así las cosas, el debate jurídico que se plantea a la Corte se circunscribe a la determinación de si se consolidó el derecho cimentado en el parágrafo 1º de la disposición antes citada que es del siguiente tenor:

“PAR. 1º—Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos de esta ley”.

Es cierto que de conformidad con ese precepto es posible acceder a la pensión de sobrevivientes en otra hipótesis, y es cuando el causante hubiere cumplido el número mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para la prestación por vejez, y que en el caso de las personas en régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cobijadas por los reglamentos del instituto, es el número mínimo de cotizaciones previstas en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, que forman parte del régimen de prima media con prestación definida.

En sentencia de 31 de agosto de 2010 radicación 42628, reiterada en las de 25 de enero y 22 de febrero de 2011, radicados 43218 y 46556 respectivamente, sostuvo esta corporación que cuando el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 hacía alusión al número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media, comprendía para los beneficiarios del régimen de transición, las previstas en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, que naturalmente incluye la hipótesis de las 500 semanas. Esto dijo textualmente la Sala:

“Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003.

“Sin embargo, ello será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de ese régimen se le debe aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al cual se encontrara afiliado para el 1º de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 49 de 1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

“Y lo anteriormente expuesto es así porque, en primer término, como quedó visto, las normas vigentes de ese acuerdo forman parte del régimen de prima media con prestación definida y, en segundo lugar, deben utilizarse en materia de edad, número de semanas cotizadas y monto de la prestación, para los beneficiarios del régimen de transición pensional”.

No obstante que el legislador contempló esta otra forma de acceder a la prestación periódica de supervivencia, naturalmente quien pretenda acogerse a los beneficios del parágrafo en comento debe demostrar que cumple los requisitos allí exigidos, esto es, que el afiliado tenía acumulado en su haber el número de aportes exigido en el régimen de prima media para consolidar el derecho a la pensión de vejez. Y la demostración de esos supuestos es la que se echa aquí de menos, pues dado que se trata de cargos encaminados por el sendero de puro derecho, ha de tenerse por admitida la conclusión del fallo gravado de que el causante cotizó en toda su vida laboral 772 semanas, cantidad a todas luces insuficiente, pues el régimen aplicable a la pensión de vejez del difunto era el previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

Y es que no está establecido en esta causa, que el de cujus fuera beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones —1º de abril de 1994—, tenía 37 años y 4 meses, pues nació el 27 de noviembre de 1956 (fl. 15) y había cotizado al instituto 444,2857 semanas que equivalen a 8,52 años. Con arreglo al artículo 36 de esa normatividad estaban amparados por el régimen de transición, quienes “al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados”.

Al no haberse demostrado que se cumplen los supuestos normativos del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la pensión de sobrevivientes en este caso no está regida por esa disposición, y en esa medida no se configuraron los yerros jurídicos que denuncia el recurrente.

En consecuencia, no prosperan los cargos.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 3’000.000. Por secretaría tásense las demás costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Claudia Mercedes Ramírez contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.»