Sentencia 44857 de julio 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44857

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 19

SL 404-2013

Bogotá D.C., tres de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Sea lo primero, advertir que el cargo no adolece de las deficiencias en la proposición jurídica que le endilga la réplica, dado que las normas sustantivas del orden nacional que se denunciaron son suficientes para tener por cumplido este requisito consagrado en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, artículo 90-a, máxime que el Decreto 2651 de 1991 artículo 51, adoptado como legislación permanente por la Ley 446 de 1998 artículo 162, morigeró tal exigencia.

Así mismo, cabe recordar, que conforme a lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha reiterado la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Adicionalmente, es de destacar que en el asunto bajo examen, el recurrente en sede de casación, no está cuestionando la declaración que hicieron los jueces de instancia, respecto de la existencia del contrato de trabajo que ligó a las partes contendientes, atendiendo el principio de la primacía de la realidad conforme al artículo 53 de la Constitución Política, ni los extremos de la relación, así como tampoco la ilegalidad del despido por violación del Decreto 3135 de 1968, artículo 21, por fuero de maternidad.

En la sustentación del ataque, básicamente lo que se alega, es que resulta errado que el fallador de segundo grado haya aplicado beneficios convencionales a la demandante, contrariando la voluntad de los contratantes, por las siguientes razones: i) la actora no podía ser reintegrada con fundamento en el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo, por cuanto no hubo un despido unilateral, ya que el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes tenía un plazo fijo. Y precisamente, al haberse pactado un periodo de duración limitado, que para el último evento fue hasta el 31 de enero de 2007, no es posible hablar de despido sin justa causa. Por consiguiente el recurrente controvirtió en esencia la duración de los contratos de trabajo, aduciendo que por ser todos a “término definido”, el último había finalizado por expiración del plazo fijo pactado, razón por la cual, estima que “no podía deducir el ad quem para efecto del reintegro que el vínculo terminó sin justa causa (...) y que le “(...) era aplicable la convención colectiva de trabajo”. ii) Como no hubo afiliación de la demandante al sindicato, tampoco existió la voluntad de esta de beneficiarse de la convención colectiva y en tales condiciones, como la reclamante nunca quiso ostentar tal calidad, su intención nunca fue la de favorecerse de una determinada cláusula convencional, por la sencilla razón de que sabía que no tenía derecho. Para tal efecto, la censura formuló cinco errores de hecho. Será entonces este orden en que la Sala abordará el estudio de la acusación, así:

i) Para dar al traste con la primera parte de la acusación, debe decirse, que no le asiste razón a la entidad recurrente en el sentido de que erró el ad quem por haber dado aplicación a los beneficios convencionales, contrariando la autonomía de la voluntad de las partes —la cual fue pactar periodos de duración limitados, que fenecían por vencimiento del plazo fijado—, habida cuenta de que el ataque se estructuró con una premisa ajena a las verdaderas conclusiones que soportan la sentencia impugnada, en la medida en que el reintegro de la demandante objeto de condena, no está fundado como lo afirma la censura, en la convención colectiva que milita en autos. Como se desprende de las consideraciones de la decisión, el restablecimiento del contrato de trabajo en este asunto se ordenó por el despido de la trabajadora en estado de embarazo, circunstancia que era de pleno conocimiento del empleador, sin que mediara justa causa previamente calificada por el inspector de trabajo.

Esto significa que el tribunal se amparó en disposiciones de rango legal y constitucional, para inferir que la terminación de la relación laboral en este asunto carecía de todo efecto, dándole prevalencia al fuero de maternidad; más no en lo pactado convencionalmente sobre la estabilidad laboral. Lo anterior lleva a que no sea necesario hacer ninguna consideración sobre las plantas de personal y el reintegro con amparo en lo estipulado en el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo.

ii) En punto a la afiliación de la demandante al sindicato, que es el segundo tema que propone el censor, el hecho de que aquella no cotizara a dicha agremiación, tiene fundamento en que la naturaleza de la vinculación a la entidad demandada estaba en discusión, y para las resultas del proceso dicha afiliación no era una situación necesaria. Además ha de recordarse que se trataba de un sindicato mayoritario.

Al respecto, en casación del 4 de marzo de 2002, Radicado 17405, reiterada en sentencia del 28 de febrero de 2003, Radicado 18253 se dejó sentado que:

“...la falta de cotización a la organización sindical no afecta a la trabajadora pues este es un hecho ajeno a su voluntad, que no puede presumirse obedezca a una renuncia a los beneficios establecidos en una convención colectiva suscrita por un sindicato mayoritario, sino por el contrario obedece a hechos que son de responsabilidad de la entidad derivados de su equivocación al contratar y por ello no puede pretender beneficiarse de su propia culpa.

“Al respecto es del caso señalar que la convención colectiva celebrada por un sindicato mayoritario, entendido como tal el que agrupe a más de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, se extienden automáticamente a todos los trabajadores de la misma; de manera que su aplicación no está sujeta a ninguna manifestación de los terceros a quienes se amplía su cobertura”.

De suerte, que el tribunal no pudo cometer ningún yerro, al conceder derechos convencionales distintos y compatibles con el reintegro ordenado, aun cuando la demandante no se hubiera afiliado a la organización sindical, precisamente por estar en discusión la calidad de trabajadora oficial.

Por todo lo dicho, el tribunal no erró al valorar la convención colectiva de trabajo, al conceder el reintegro a la demandante por virtud del fuero de maternidad que la cobijaba, ni al ordenar el reconocimiento de algunos beneficios convencionales, por tener la calidad de trabajadora oficial. En lo que respecta a los documentos referentes a los aportes a salud y pensión, en la sustentación del cargo no se explica en qué consistió su equivocada apreciación. Por último, la colegiatura no pudo incurrir en la falta de valoración de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, ya que estos sí fueron valorados, hasta el punto de inferir que en la realidad estos documentos contractuales correspondían a un vínculo de carácter laboral por virtud del principio de la primacía de la realidad y por tanto una verdadera prestación de servicios dependiente y subordinada.

Así las cosas, el ad quem no cometió ninguno de los yerros que le endilgó la entidad recurrente. Por consiguiente, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario, serán a cargo de la entidad recurrente, toda vez que el ataque no salió avante y hubo réplica. En su liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 21 de septiembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Alina Eugenia Aguirre Acevedo contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en casación a cargo del instituto demandado.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvanse al tribunal de origen».