Sentencia 44919 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 44919

Acta 31

SL 702- 2013

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « III. Recurso de Casación

En desacuerdo la demandante con la resolución del tribunal interpone contra ella recurso extraordinario con la finalidad de que esta Sala de la Corte “case totalmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la decisión de primer grado, para que en sede de instancia revoque el fallo proferido por el juzgado y en su lugar se disponga...Condenar al Banco Popular a reconocer y pagar ...la pensión restringida de jubilación oficial post mortem consagrada en la Ley 171 de 1961 en concordancia con la Ley 12 de 1975 , con sus respectivas mesadas adicionales de ley a partir del 11 de marzo de 1981 y en adelante ...; Reconocer y pagar ...los intereses moratorios establecidos en la Ley 10 de 1972 o subsidiariamente los contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 11 de marzo de 1981 y hasta la fecha que se verifique el pago total de las mesadas adeudadas...”.

Después de aludir a la causal primera de casación laboral dispone la acusación en tres cargos, replicados por la entidad bancaria, cuya común finalidad y similar elenco normativo en su proposición jurídica determinan un pronunciamiento conjunto de la sala así:

Primer cargo: Atribuye a la sentencia la violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos “ 47 del Decreto 2127 de 1945, debiendo haberse aplicado los artículos 1º de la Ley 12 de 1975, la Ley 113 de 1985 en relación con el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 6º de 1945, artículo 30 del Decreto 3130 de 1968, artículo 5º Del Decreto 3135 de 1968, artículo 8º del Decreto 1050 de 1968, artículos 31, 48 y 53 de la Constitución Nacional: artículos 1494, 1495, 1502 del CCC (sic). artículo 60, 61 y 145 del C.P,L.; 174, 175 y s.s. del Código de Procedimiento Civil, artículos 1494, 1530, 1603 del Código Civil, Ley 153 de 1887,. ..”.

Violación que en criterio de la censura se presenta al incurrir el ad quem en los siguientes errores de hecho:

“1º No dar por demostrado, estándolo que Pedro Pablo Palacios Camacho qepd laboró al servicio del Ministerio de Defensa Nacional desde el 26 de febrero de 1956 al 30 de octubre de 1957, es decir 1 año, 9 meses y 4 días. (Certificación obrante a fls. 32 y 33 cdno. Ppal.)”.

“2. No dar por demostrado, estándolo que Pedro Pablo Palacios Camacho qepd laboró al servicio del departamento del Putumayo entre el 1º de noviembre de 1961 al 30 de abril de 1968, es decir 6 años, 5 meses y 29 días. (Certificación obrante a fls. 30 y 31 cdno. Ppal.)”.

“3. No dar por demostrado, estándolo que Pedro Pablo Palacios Camacho qepd laboró al Servicio del Banco Popular desde el 4 de abril de 1972 a 11 de marzo de 1981, es decir 8 años, 11 meses y 8 días. (Certificación obrante a fl. 29 cdno. Ppal.)”.

“4. No dar por demostrado, estándolo que el Banco Popular como último empleador público de Pedro Pablo Palacios Camacho qepd no lo afilió para el riesgo de su pensión por los 8 años, 11 meses y 8 días en que prestó sus servicios”.

“5. Dar por demostrado sin estarlo que Señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd solamente laboró 8 años, 11 meses y 8 días como Servidor Público, desestimando de plano el tiempo efectivamente laborado al Ministerio de Defensa Nacional y el departamento del Putumayo”.

“6. No dar por demostrado estándolo que el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd prestó al Estado colombiano sus servicios por un término total de 17 años, 2 meses y 11 días”.

“7. No dar por demostrado, estándolo que para la fecha en que se produjo el deceso de Pedro Pablo Palacios Camacho qepd estaba plenamente vigente la Ley 171 de 1961, el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y por supuesto la Ley 12 de 1975”.

“8. Dar por demostrado sin estarlo que la sentencia del Consejo de Estado de diciembre de 1981 que declaró la nulidad de la expresión “o varias entidades” contenida en el Decreto 1848 de 1969 artículo 74, fue promulgada 9 meses después de haberse producido el deceso del señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd”.

Los errores anteriores fueron cometidos por el ad quem, a juicio del recurrente, al apreciar de manera equivocada

“1.—La documental de folio 15 del expediente correspondiente al registro civil de defunción en donde se establece que el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd falleció el 11 de marzo de 1981”.

De igual manera indica que los yerros aludidos también fueron determinados al dejar de apreciar el superior los siguientes medios de prueba:

“1. La documental de folio 30 del cuaderno principal, correspondiente a la certificación laboral original expedida por la Gobernación del Putumayo en la cual se certifica que el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd prestó sus servicios esa entidad desde el 1º de noviembre de 1961 al 30 de abril de 1968”.

“2. Las documentales de folios 31 al 33 cuaderno principal, correspondiente a la certificación laboral original expedida por el Ministerio de Defensa Nacional en la cual se certifica que el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd prestó sus servicio esa entidad desde el 26 de febrero de 1956 al 30 de octubre de 1957”.

“3. La documental de folio 14 del cuaderno principal correspondiente a la partida de matrimonio contraído entre el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd y la señora Ligia Rosero de Gaviria”.

Para sustentar la acusación planteada despliega textualmente la siguiente argumentación:

“Como se establece del libelo demandatorio inicial se solicita en representación de la actora la pensión restringida de jubilación post-mortem contemplada en las normas enunciadas en el cargo con motivo del deceso de su esposo que como servidor público prestó sus servicios al Estado colombiano por más de 17 años de servicio, habiéndose producido su muerte como trabajador de la entidad demandada en su cargo de vigilante al evitar una toma guerrillera en la sucursal de Mocoa de dicha entidad financiera, circunstancia que le impidió cumplir los 20 años requeridos para acceder a la pensión plena de jubilación, pero correlativamente dejando causado su derecho a sus beneficiarios a la pensión pública objeto del presente proceso como a continuación se entra a explicar.

El ad-quem al proferir su sentencia como metió grandes y evidentes errores al no haber valorado algunas pruebas allegadas al plenario y haber valorado otras en forma errada para de esta forma haber confirmado la sentencia del a-quo, pero adicionando ingredientes jurídicos más gravosa a los contemplados por el fallador de primer grado. Pese a ser la parte que represento apelante único, con cuya posición se pretende hacer más gravosa la situación jurídica de la parte actora, y desconociéndose abiertamente el principio de la reformatio in pejus”.

“En primer término es del caso manifestar que se equivocó el ad-quem al considerar que la sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado de diciembre de 1981 y que declaró la nulidad de la expresión “o varias entidades” contenida en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y que permitía la acumulación de tiempos servidos en varias entidades estatales, había sido promulgada con anterioridad al deceso del causante o peor aún quiso darle en su sentencia un efecto retroactivo a la sentencia de nulidad de dicha expresión proferida por el Consejo de Estado.

Con tal posición tan desafortunada para la parte que represento y que fue sostenida igualmente por el a-quo, se pretende desconocer el total de tiempo servido al Estado Colombiano por el cónyuge de la actora que corresponde a 17 años, 2 meses y 11 días en las tres entidades públicas donde efectivamente laboró, omitiendo que para la fecha en que se produjo el deceso del causante se encontraba plenamente vigente el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, y posteriormente fue que el honorable Consejo de Estado profiere la sentencia en que declara la nulidad de la expresión antes descrita, por lo que los alcances de la misma no tienen efectos retroactivos como en forma sorprendente lo ha considerado el ad-quem, con cuya postura se favorece a la entidad demandada como última entidad pública en donde prestó sus servicios el trabajador fallecido”.

“Del mismo modo no se acepta que el a-quem (sic) para confirmar la sentencia de primer grado se haya revelado de manera flagrante de aplicar la Ley 171 de 1961 y el Decreto 1848 de 1969 artículo 74 y la Ley 12 de 1975, ya que la pensión pública que se solicita es la pensión restringida de jubilación oficial post-mortem y por consiguiente haya concluido lo siguiente:

“Respecto del primero de los requisitos observa la sala que la norma señala que son los servicios prestados a la entidad correspondiente o para sus sucursales o subsidiarias bien sea de manera continua o discontinua los que se deben tener en cuenta para tener derecho a esta pensión. Sin que de ninguna manera sea atendible los argumentos esbozados por el recurrente a través del recurso de alzada de que se puede acumular tiempos servicios en varias entidades estatales, puesto que contrariamente a lo manifestado, lo que se declaró nulo por el Consejo de Estado del artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 fue precisamente la parte de este precepto que permitía suma de dicha acumulación, que es la norma reglamentada. Así pues, se tiene que el causante laboró al servicio de la demandada por espacio de durante 8 años 11 meses y 8 días, como se indicio anteriormente luego no se cumple con el requisito mínimo de tiempo de servicios”.

Con tal conclusión tan desilusionante, el honorable tribunal además de desconocer abiertamente los efectos inmediatos de las sentencias de nulidad como antes se explicó, igualmente desconoce el tiempo publico efectivamente prestado por el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd tanto en el Ministerio de Defensa Nacional como en el departamento de Putumayo, con lo cual se hubiese determinado evidentemente que el causante había laborado al Estado colombiano por un término total de 17 años, 2 meses y 11 días y no como en forma desafortunada lo estableció el ad-quem de tanto solo 8 años 11 meses y 8 días, es decir únicamente el tiempo servido en el Banco Popular, con cuya actuación se favorece en forma sorprendente a la entidad demandada, además desconoce lo preceptuado en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 referido a la acumulación de tiempos en el sector público para acceder a la pensión restringida el cual se reitera se encontraba vigente a la fecha del deceso del trabajador, cuando concluye el a quem en su sentencia lo siguiente:

‘Amen que el señor Palacios Camacho no laboro los 15 años de servicio al Banco Popular. Entonces en el presente caso no se dan los requisitos para acceder a la pensión restringida de jubilación, y por ende la sustitución pensional deprecada a favor del demandante en su condición de cónyuge supérstite del causante Pablo Palacios Camacho, por lo que resulta imperativo confirma la decisión del a quo”.

“El ad-quem dejó de aplicar la normatividad vigente y propia para el sector público, como lo es para el caso que nos ocupa la Ley 171 de 1961, en concordancia con el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y la Ley 12 de 1975, cuya normatividad ni siquiera fue objeto de estudio por parte de esa corporación, máxime cuando el Decreto 1848 de 1969 fue la última disposición que consagró la pensión restringida de jubilación, cuyas normas se encontraban vigentes a la fecha en que se produjo el deceso de Palacios Camacho, con el agravante de que omite el estudio de la pensión post-mortem que se solicita con fundamento en la Ley 12 de 1975, vigente igualmente para la fecha de su deceso que introduce en la legislación la habilitación de la edad por la muerte anticipada para configurar el derecho pensional; si la muerte suple la edad para que el derecho nazca, a fortiori, obra para que pueda ser exigido el que ya se había causado.

Ahora bien tratándose de la sustitución de una pensión las reglas de estas no modifican el momento de su causación. Por lo que con los 17 años de servicios prestados por el causante al Estado colombiano en virtud a le Ley 12 de 1975 nace para su cónyuge sobreviviente su pensión post-mortem”.

Es de recordar que mediante sentencia del 25 de marzo de 2009 Radicación 34401 la honorable Sala Laboral reitera que las normas que se deben aplicar para establecer el derecho a una pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional son las que rijan en el momento de fallecimiento del pensionado o asegurado, cuestión que omitió el ad-quem en su sentencia al haber aplicado indebidamente las normas propias de la pensión restringida y aquellas referidas a la sustitución pensional con el agravante de no haber valorado las pruebas referidas al tiempo total servido al Estado colombiano y darle efectos retroactivos a una sentencia de nulidad”.

“Conforme a lo anterior evidente resulta la grave equivocación en que incurrió el tribunal al desconocer de plano que la pensión pública solicitada se refiere a la de sobrevivientes o post-mortem y en cabeza de la cónyuge supérstite, y no como lo entendió en su sentencia como si se tratare de una pensión restringida donde el asegurado se encuentra vivo”.

“Finalmente, se reitera que con la promulgación del artículo 1º de la Ley 12 de 1975 se introdujo en la temática de sustitución de pensiones el derecho de la cónyuge supérstite o de la compañera permanente de recibir la pensión de jubilación del esposo si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para la prestación pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ello en la ley; así sucedió en el caso sub examine, por cuanto el trabajador falleció faltándole solo cumplir la edad para ser beneficiario de la pensión restringida de jubilación.

Por último es del caso advertir que como ya se expuso el extrabajador fallecido no pudo cumplir con los 20 años para adquirir el derecho a la pensión plena pero no por su voluntad sino con ocasión de su muerte que la encontró en la plena prestación de sus servicios al cuidar los intereses de la hoy demandada que en forma sorprendente hoy desconoce tal situación y pretende relevarse de su obligación pensional, es por ello que el Tribunal hacer elación a que la demanda se encamina respecto de un retiro voluntario con respecto a la demandada que no fue alegado en la demanda sino por el contrario el contrato de trabajo con la accionada se extinguió por muerte del trabajador pero eso sí con más de 17 años de servicios al Estado colombiano consolidándose para su cónyuge sobreviviente el derecho a la pensión de jubilación proporcional conforme a todo lo expuesto y haciendo la salvedad que no se exige para el reconocimiento de la pensión y a la luz de dichas normas que el causante sea trabajador activo de la demandada, ni tampoco que este se encuentre pensionado al momento de su muerte, para que la viuda sea acreedora de la pensión a que el esposo tenía derecho”.

Segundo cargo: Afirma que la sentencia quebranta de manera indirecta en el concepto de “Aplicación indebida del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, debiendo haberse aplicado los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, el Acuerdo 224 de 1966 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios (aprobado por el D. 3041/66), literal f y g del artículo 13 de la Ley 100 de 1993,...”.

Refiere que la violación indicada la hizo posible el ad quem al haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

“1. No dar por demostrado, estándolo que Pedro Pablo Palacios Camacho qepd laboró al Servicio del Banco Popular desde el 4 de abril de 1972 a 11 de marzo de 1981, es decir 8 años, 11 meses y 8 días. (Certificación obrante a fl. 29 cdno. Ppal.), correspondiente a 3.218 días laborados y equivalente a 459.71 semanas”.

“2. No dar por demostrado, estándolo que el Banco Popular como último empleador público de Pedro Pablo Palacios Camacho qepd no lo afilió para el riesgo de su pensión por los 8 años, 11 meses y 8 días en que prestó sus servicios”.

“3. No dar por demostrado estándolo que por omisión de la demandada el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd no tuvo acceso a la seguridad social en pensiones del Instituto de Seguros Sociales pese a que la para la fecha en que se produjo su deceso era obligatoria la afiliación a dicho instituto”.

Los desatinos enunciados se originan en la equivocada estimación de los siguientes medios de prueba:

“1. La documental de folio 15 del expediente correspondiente al registro civil de defunción en donde se establece que el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd falleció el 11 de marzo de 1981”.

Y en la falta de apreciación de las siguientes:

“1. La documental de folio 30 del cuaderno principal, correspondiente a la certificación laboral original expedida por la Gobernación del Putumayo en la cual se certifica que el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd prestó sus servicios esa entidad desde el 1º de noviembre de 1961 al 30 de abril de 1968”.

“2. Las documentales de folios 31 al 33 cuaderno principal, correspondiente a la certificación laboral original expedida por el Ministerio de Defensa Nacional en la cual se certifica que el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd prestó sus servicio esa entidad desde el 26 de febrero de 1956 al 30 de octubre de 1957”.

“3. La documental de folio 14 del cuaderno principal correspondiente a la partida de matrimonio contraído entre el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd y la señora Ligia Rosero de Gaviria”.

En procura de acreditar la validez de la acusación realiza las siguientes elucubraciones:

“Como se establece del libelo demandatorio inicial se solicita en representación de la actora de manera subsidiaria la pensión de sobrevivientes consagrada en el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966, a cargo de la entidad demandada quien por su omisión no afilió a su extrabajador fallecido para el riesgo de su pensión ante el Instituto de Seguro Social, privando de esta forma a sus beneficiarios de obtener a la luz de dichas disposiciones el derecho a la pensión de sobrevivientes”.

“En ese orden de ideas claro resulta que con tal omisión la demandada como empleadora no se subrogó de la obligación pensional que le asistía con respecto a su trabajador o a sus beneficiarios, ya que conforme a la normatividad expedida por el ISS y vigente a la fecha en que se produjo el deceso del causante 11 de marzo de 1981, procedía el pago de la pensión de sobrevivientes, y sobre ese aspecto el acuerdo 224 de 1966 y su Decreto Reglamentario 3041 de 1966 preceptuaba que en materia de pensión de sobrevivientes o de invalidez se requería que el afiliado hubiese cotizado 150 semanas en los últimos 6 años a su deceso o su invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo, requisitos que como trabajador del Banco Popular cumplía a cabalidad”.

“Ahora bien El señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd trabajó al servicio del Estado Colombiano así:

— Ministerio de Defensa Nacional del 26 de febrero de 1956 al 30 de octubre de 1957, es decir 1 año, 9 meses y cuatro días.

—“Departamento de Putumayo entre el 1º de noviembre de 1961 al 30 de abril de 1968, es decir 6 años, 5 meses y 29 días”.

— “Banco Popular entre el 4 de abril de 1972 al 11 de marzo de 1981, es decir 8 años, 11 meses y 8 días.

Como se establece de lo anterior el Señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd prestó un total de tiempo de servicio al Estado Colombiano 17 años, 2 meses y 11 días que correspondiente a 6191 días que equivalente a 884.43 semanas de cotización con lo que claramente se determina que satisfacía el número mínimo exigido por el Acuerdo 224 de 1966 para que sus beneficiosa fueran acreedores a la pensión de sobrevivientes, en gracia de discusión y refiriéndonos únicamente a la entidad demandada como lo estableció el Ad-quem el causante laboró en ella 8 años, 11 meses y 8 días correspondientes a 3.218 días que equivalente a 459.71 semanas como trabajador del Banco Popular, de donde se determina con el solo servicio prestado a la demandada había dejado causado su derecho a favor de su esposa a la pensión de sobrevivientes deprecada, pero con la grave omisión por parte de la demandada de no haberlo afiliado al Instituto de Seguros Sociales es a cargo de la misma el pago de la pensión de sobrevivientes docilitada, ya que sabido es que el empleador entra a cubrir las prestaciones de sus trabajadores cundo ocurre estas circunstancias”.

“El derecho a la pensión de sobrevivientes se causó en vigencia de la normatividad enunciada, nuestra alta Corte en diferentes pronunciamiento ha definido que para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se debe tener en cuenta lo establecido en el Acuerdo 224 de 1966 o 049 de 1990 según el caso, ósea (sic) siempre y cuando el afiliado al momento de su muerte hubiere tenido 150 semanas de cotización en los últimos 6 años 6 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, con aplicación al principio constitucional de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, criterio que se robustece por el literal f) y g) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que sin embargo es preciso aclarar que el deceso del trabajador se produjo en vigencia del Acuerdo 224 de 1966”.

“Teniendo en cuenta todo lo anterior y al determinarse evidentemente la obligación pensional de la demandada con respecto a la actora como cónyuge sobreviviente de su extrabajador, era procedente que se impusiera condena respecto de las pretensiones subsidiarias de la demanda, pero sobre tal aspecto tanto el a-quo como el ad-quem guardaron total silencio sobre dichas súplicas las cuales se encontraban evidentemente fundamentadas dentro del proceso, por lo que con la postura adoptada por los falladores de instancia se desconocería el derecho que había dejado causado el trabajador fallecido, adicionalmente los más 17 años servidos al estado Colombiano y la omisión de la demandada de no haberlo afilado para el riesgo de IVM ante el lSS, y su posición arbitraria y desconocedora de derecho con respecto de un trabajador que ofrendo su propia vida para salvaguardar el patrimonio de la hoy accionada.

En tales consideraciones no se entiende como el ad-quem hubiese desconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes que le asiste a la demandante en virtud al Acuerdo 224 de 1966 y su decreto reglamentario, como quiera que la entidad demandada no se subrogó o releyó de su obligación pensional con respecto a su trabajador fallecido y sus beneficiarios como acreedores de la misma.

El cargo tiene vocación de prosperidad, por lo tanto ruego a los honorables magistrados, la casación total de la sentencia, teniendo en cuenta el alcance de la impugnación solicitada”.

Tercer cargo: Sostiene que la sentencia transgrede de manera directa la ley en la modalidad de “infracción directa las normas sustanciales contenidas en el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, la Ley 113 de 1985 en relación con el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 6ª de 1945, artículos 1º, 2º, y 47 del Decreto 2127 de 1945; artículo 3º del Decreto 3130 de 1968, artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, artículo 8º del Decreto 1050 de 1968, artículos 31, 48 y 53 de la Constitución Nacional; artículos 1494, 1495, 1502 del CCC (sic), articulo 60, 61 y 145 del CPL; 174, 175 y s.s. del Código de Procedimiento Civil, artículos 1494, 1530, 1603 del Código Civil, Ley 153 de 1887”.

En propósito demostrativo de la acusación propuesta refiere textualmente:

“No es objeto de discusión que el trabajador fallecido iniciare sus servicios laborales en la entidad demandada el día 4 de abril de 1972 mediante un contrato de trabajo a término indefinido, hasta el día 11 de marzo de 1981, fecha en que se produjo su deceso estando como trabajador activo de la accionada, habiendo laborado en tal periodo 8 años, 11 meses y 8 días, tal como lo determinó en forma acertada el honorable tribunal, de igual manera no se discute que el último cargo desempeñado por el trabajador fue el de celador, con un sueldo básico mensual de $ 11433.19 y un salario mensual promedio devengado durante su último año de servicios de $ 22176.85.

Lo que no se acepta es que el a quem (sic) haya desestimado de plano los tiempos efectivamente laborados por el causante al departamento del Putumayo y el Ministerio de Defensa Nacional con los cuales hubiese determinado que este había prestado sus servicios al Estado colombiano por un término total de 17 años, 2 meses y 11 días con cuya postura se favorece en forma sorprendente a la entidad demandada, además desconoce lo preceptuado en el artículo 74 del decreto 1848 de 1969 referido a la acumulación de tiempos en el sector público para acceder a la pensión restringida el cual se reitera se encontraba vigente a la fecha del deceso del trabajador, cuando el a quem en su sentencia considera lo siguiente:

“Respecto del primero de los requisitos observa la sala que la norma señala que son los servicios prestados a la entidad correspondiente o para sus sucursales o subsidiarias bien sea de manera continua o discontinua los que se deben tener en cuenta para tener derecho a esta pensión. Sin que de ninguna manera sea atendible los argumentos esbozados por el recurrente a través del recurso de alzada de que se puede acumular tiempos servicios en varias entidades estatales, puesto que contrariamente a lo manifestado, lo que se declaró nulo por el Consejo de Estado del artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 fue precisamente la parte de este precepto que permitía suma de dicha acumulación, que es la norma reglamentada. Así pues se tiene que el causante laboró al servicio de la demandada por espacio de durante 8 años 11 meses y 8 días, como se indicio anteriormente luego no se cumple con el requisito mínimo de tiempo de servicios”.

Amen que el señor Palacios Camacho no laboró los 15 años de servicio al Banco Popular. Entonces en el presente caso no se dan los requisitos para acceder a la pensión restringida de jubilación y por ende la sustitución pensional deprecada a favor del demandante en su condición de cónyuge supérstite del causante Pablo Palacios Camacho por lo que resulta imperativo confirma la decisión del a quo”.

“El ad-quem al proferir su sentencia cometió grandes y evidentes errores al haber desestimado los tiempos efectivamente laborados por el causante, para de esta forma haber confirmado la sentencia del a-quo, pero adicionando ingredientes jurídicos más gravosos a los contemplados por el fallador de primer grado, pese a ser la parte que represento apelante único, con cuya posición se pretende hacer más gravosa la situación jurídica de la parte actora, y desconociéndose abiertamente el principio de la reformatio in pejus”.

“En primer término es del caso manifestar que se equivocó el ad-quem al considerar que la sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado de diciembre de 1981 y que declaró la nulidad de la expresión “o varias entidades” contenida en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y que permitía la acumulación de tiempos servidos en varias entidades estatales, había sido promulgada con anterioridad al deceso del causante o peor aún quiso darle en su providencia un efecto retroactivo a la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado”.

“Con tal posición tan desafortunada para la parte que represento y que fue sostenida igualmente por el a quo, se pretende desconocer el total de tiempo servido al Estado Colombiano por el cónyuge de la actora que corresponde a 17 años, 2 meses y 11 días en las tres entidades públicas donde efectivamente laboró, omitiendo que para la fecha en que se produjo el deceso del causante se encontraba plenamente vigente el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, y en forma posterior al deceso del trabajador fue que el honorable Consejo de Estado profiere la sentencia en que declara la nulidad de la expresión antes descrita, por lo que los alcances de la misma no tienen efectos retroactivos como en forma sorprendente lo ha considerado el ad-quem, con cuya postura se favorece a la entidad demandada como última entidad pública en donde prestó sus servicios el trabajador fallecido y quien tiene a cargo el pago de dicha prestación a su cónyuge sobreviviente”.

“El honorable tribunal además de desconocer abiertamente los efectos inmediatos de las sentencias de nulidad como antes se explicó, igualmente desconoce el tiempo publico efectivamente prestado por el señor Pedro Pablo Palacios Camacho qepd tanto en el Ministerio de Defensa Nacional como en el Departamento de Putumayo, con lo cual se hubiese determinado evidentemente que el causante había laborado al Estado colombiano por un término total de 17 años, 2 meses y 11 días y no como en forma desafortunada lo estableció el ad quem de tanto solo 8 años 11 meses y 8 días, es decir únicamente el tiempo servido en el Banco Popular”.

“El ad-quem dejó de aplicar la normatividad vigente y propia para el sector público, como lo es para el caso que nos ocupa la Ley 171 de 1961, en concordancia con el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y la Ley 12 de 1975, cuya normatividad ni siquiera fue objeto de estudio por parte de esa corporación, máxime cuando el Decreto 1848 de 1969 fue la última disposición que consagró la pensión restringida de jubilación. cuyas normas se encontraban vigentes a la fecha en que se produjo el deceso de Palacios Camacho, con el agravante de que omite el estudio de la pensión post-mortem que se solícita con fundamento en la Ley 12 de 1975, vigente igualmente para la fecha de su deceso que introduce en la legislación la habilitación de la edad por la muerte anticipada para configurar el derecho pensional: si la muerte suple la edad para que el derecho nazca, a fortiori, obra para que pueda ser exigido el que ya se había causado.

Ahora bien tratándose de la sustitución de una pensión las reglas de estas no modifican el momento de su causación, por lo que con los 17 años de servicios prestados por el causante al Estado colombiano en virtud a le Ley 12 de 1975 nace para su cónyuge sobreviviente su pensión post-mortem”.

“La pensión restringida de jubilación post-mortem contempladas en las normas enunciadas en el cargo es totalmente procedente en favor de la actora con motivo del deceso de su esposo en su calidad de servidor público, quien prestó sus servicios al Estado colombiano por más de 17 años de servicio, habiéndose producido su muerte como trabajador de la entidad demandada en su cargo de celador al evitar una toma guerrillera en la sucursal de Mocoa de dicha entidad financiera, circunstancia que le impidió cumplir los 20 años requeridos para acceder a la pensión plena de jubilación, pero correlativamente dejando causado su derecho a sus beneficiarios a la pensión pública objeto del presente proceso”.

“Es de recordar que mediante sentencia del 25 de marzo de 2009 Radicación 34401 la honorable Sala Laboral reitera que las normas que se deben aplicar para establecer el derecho a una pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional son las que rijan en el momento de fallecimiento del pensionado o asegurado, cuestión que omitió el ad-quem en su sentencia al haber aplicado indebidamente las normas propias de la pensión restringida y aquellas referidas a la sustitución pensional con el agravante de desestimar los tiempo efectivamente laborados en el sector público por el extrabajador fallecido lo que lo condujo a solamente precisar como único tiempo de servicio el laborado en el Banco Popular”.

“Conforme a lo anterior evidente resulta la grave equivocación en que incurrió el tribunal al desconocer de plano que la pensión pública solicitada se refiere a la de sobrevivientes o post-mortem y en cabeza del cónyuge supérstite y no como lo entendió en su sentencia como si se tratare de una pensión restringida donde el asegurado se encuentra vivo”.

“Se reitera que con la promulgación del artículo 1º de la Ley 12 de 1975 se introdujo en la temática de sustitución de pensiones el derecho de la cónyuge supérstite o de la compañera permanente de recibir la pensión de jubilación del esposo si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para la prestación pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ello en la ley; así sucedió en el caso sub-examine, por cuanto el trabajador falleció faltándole solo cumplir la edad para ser beneficiario de la pensión restringida de jubilación”.

“Por otra parte es del caso advertir que como ya se expuso el extrabajador fallecido no pudo cumplir con los 20 años para adquirir el derecho a la pensión plena pero no por su voluntad sino con ocasión de su muerte que la encontró en la plena prestación de sus servicios al cuidar los intereses de la hoy demandada que en forma sorprendente desconoce tal situación y pretende relevarse de su obligación pensional, es por ello que el tribunal hace relación a que la demanda se encamina respecto de un retiro voluntario con respecto a la demandada que no fue alegado en la demanda sino por el contrario el contrato de trabajo con la accionada se extinguió por muerte del trabajador pero eso sí con más de 17 años de servicios al Estado colombiano consolidándose para su cónyuge sobreviviente el derecho a la pensión de jubilación proporcional conforme a todo lo expuesto y haciendo la salvedad que no se exige para el reconocimiento de la pensión y a la luz de dichas normas que el causante sea trabajador activo de la demandada, ni tampoco que este se encuentre pensionado al momento de su muerte, para que la viuda sea acreedora de la pensión a que el esposo tenía derecho”.

“Por ultimo debe tenerse en cuenta que de conformidad con los artículos 48 y 53 constitucionales, es decir, sobre la seguridad social y la favorabilidad al trabajador, al respecto, la honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 567 de 1998 manifestó:

“Allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma, de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, el acuerdo con la constitución, es de deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones, por cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él, y de manera imperativa y prevalente. No vacila la Corte en afirmar que toda trasgresión a esta regla superior en el curso de un proceso judicial constituye vía de hecho e implica desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador en especial el del debido proceso”.

La Réplica

El replicante observa, en relación al primer cargo, que el tribunal sí apreció debidamente el certificado de defunción así como las constancias expedidas por el Ministerio de Defensa y el departamento del Putumayo.

En cuanto al segundo, advierte que el Banco Popular desde la contestación de la demanda manifestó que el causante no fue afiliado por falta de cobertura en la ciudad de Mocoa al ISS.

En relación al tercero no puede prosperar puesto que la norma no contempla la muerte del trabajador para tener derecho a esta prestación.

IV. Consideraciones de la Corte

En primer término debe ocuparse la Sala de la afirmación del recurrente según la cual, y no obstante invocar la causal primera como determinante del recurso extraordinario que impetra (f. 10 cdno. Corte); el tribunal, que no modifica la decisión absolutoria de primera instancia, adiciona ingredientes jurídicos más gravosos “...a los contemplados por el fallador de primer grado, ...se pretende hacer más gravosa la situación jurídica de la parte actora, y desconociéndose abiertamente el principio de la reformatio in pejus....” ; lo que constituye un inadmisible despropósito técnico y lógico puesto que en las circunstancias procesales como las del sub lite en las que el ad quem confirma la decisión íntegramente absolutoria del a quo, no se incurre en la trasgresión aludida como lo expresara esta Sala en sentencia de Radicación 11562 del 24 de febrero de 1999:

“Ha señalado esta Sala que en los casos en que el tribunal confirma una decisión totalmente absolutoria resulta imposible desmejorar la posición del demandante como único recurrente y ello es lo que ha sucedido en el presente evento, lo cual suficiente pura negarle prosperidad a la censura...”.

En cuanto a los cargos, aparte de reseñar algunas dificultades de orden técnico superables al examinarse en conjunto la acusación, asociadas a su imperfecto desarrollo toda vez que en el ataque de vía indirecta se hacen referencias de estricto derecho, desconociendo que solo consideraciones de naturaleza fáctica resultan de recibo a estos efectos, como cuando se alude a la plena vigencia del artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 a la fecha de la muerte del causante: “... por lo que los alcances de la misma no tienen efectos retroactivos como en forma sorprendente lo ha considerado el ad-quem, con cuya postura se favorece a la entidad demandada como última entidad pública en donde prestó sus servicios el trabajador fallecido.” O, al referir “En ese orden de ideas claro resulta que con tal omisión la demandada como empleadora no se subrogó de la obligación pensional que le asistía con respecto a su trabajador o a sus beneficiarios, ya que conforme a la normatividad expedida por el ISS y vigente a la fecha en que se produjo el deceso del causante 11 de marzo de 1981, procedía el pago de la pensión de sobrevivientes, y sobre ese aspecto el Acuerdo 224 de 1966 y su Decreto Reglamentario 3041 de 1966 preceptuaba que en materia de pensión de sobrevivientes o de invalidez se requería que el afiliado hubiese cotizado 150 semanas en los últimos 6 años a su deceso o su invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo, requisitos que como trabajador del Banco Popular cumplía a cabalidad. “; debe anticiparse la frustración de los propósitos del recurso, como se explica a continuación:

Para empezar ha de subrayarse que el tribunal no incurre en error fáctico alguno de los que se le atribuyen en ambos cargos de vía indirecta toda vez que, contrario a lo enunciado por el impugnante, el ad quem justamente construye su discernimiento sobre la premisa del tiempo servido al Ministerio de Defensa, departamento del Putumayo y el Banco Popular que no difiere del referido por la censura, razón por la cual el superior advertiría que este tópico se encontraba al margen de toda discusión, esto es, Ministerio de Defensa de febrero de 1956 a octubre 30 de 1957; departamento del Putumayo, 1º de noviembre de 1961 a abril 30 de 1968 y el citado Banco del 4 de abril de 1972 a 22 marzo de 1981 “para un total de 8 años, 11 meses y 8 días”; tiempo este último relacionado con el servido al Banco Popular y no como lo dijera la censura a su vinculación como servidor público.

Así mismo no hizo parte de la controversia del proceso y en particular de la desarrollada en segunda instancia, la no afiliación del causante al ISS por parte del banco toda vez que desde la propia contestación de la demanda se admitió y explicó este hecho por el demandado ante la ausencia de cobertura de los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte en la ciudad de Mocoa para la época de la relación laboral (fls. 4 y 54) y que, de igual manera, no hiciera parte de las razones del desacuerdo del apelante con la determinación del a quo (fls. 153 y 154) por lo que no sería objeto de la deliberación del tribunal ni , en tal razón, pudo incurrir en el yerro que en este sentido se le endilga.

El verdadero debate es entonces de naturaleza jurídica puesto que las reflexiones del ad quem se encaminan a discurrir en torno a la inconformidad asentada por la actora con la decisión de primera instancia en relación, de una parte, si, para la muerte del causante acaecida como se dijo el 11 de marzo de 1981 y sin que se ofreciera a discusión, se encontraba en plena vigencia el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, puesto que solo para diciembre (nov.) de dicho año el Consejo de Estado declararía nula la expresión “o varias entidades” ; por lo que debe sumarse el tiempo servido por el causante a las diferentes entidades públicas en cuyo caso cumpliría con más de 15 años, (17 años, 2 meses y 11 días); supuesto de hecho del derecho pensional reclamado.

De otra parte y gravitando de igual manera respecto a los requisitos contemplados por el referido artículo 74, establecer si, como lo concluyera el tribunal, no se cumple en el sub lite con el condicionamiento relativo al retiro voluntario puesto que la relación laboral terminó “por la muerte del trabajador en ejercicio de sus funciones como vigilante de una sucursal del demandado en Mocoa Putumayo, circunstancia muy diferente a lo que es retiro...”; o, como lo señalare el impugnante el causante no pudo cumplir con los 20 años para adquirir derecho a la pensión plena de jubilación “...no por su voluntad sino con ocasión de su muerte que la encontró en la plena prestación de sus servicios al cuidar los intereses de la hoy demandada...” fecha para la cual contaba con más de 17 años de servicio por lo que se había consolidado para la demandante “el derecho a la pensión de jubilación proporcional conforme a todo lo expuesto y haciendo la salvedad que no se exige para el reconocimiento de la pensión y a la luz de dichas normas que el causante sea trabajador activo de la demandada, ni tampoco que este se encuentre pensionado al momento de su muerte, para que la viuda sea acreedora de la pensión a que el esposo tenía derecho”.

El señalado artículo es del siguiente tenor:

“ART. 74.—Pensión en caso de despido injusto. 1. El empleado oficial vinculado por contrato de trabajo que sea despedido sin justa causa después de haber laborado durante más de diez (10) años y menos de quince (15), continuos o discontinuos, en una (o varias entidades,) establecimientos públicos, empresas del Estado, o sociedades de economía mixta, de carácter nacional, tendrá derecho a pensión de jubilación desde la fecha del despido injusto, si para entonces tiene sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido”.

“2. Si el despido injusto se produjere después de quince (15) años de los mencionados servicios, el trabajador oficial tiene derecho a la pensión al cumplir los cincuenta (50) años de edad, o desde la fecha del despido, si entonces tiene cumplida la expresada edad”.

“3. Si el trabajador oficial se retirare voluntariamente después de quince (15) años de los supradichos servicios, tendrá derecho a la pensión cuando cumpla sesenta (60) años de edad”.

“4. La cuantía de la pensión de jubilación, en todos los casos citados en los incisos anteriores, será directamente proporcional al tiempo de servicios, con relación a la que habría correspondido al trabajador oficial en el evento de reunir los requisitos exigidos para gozar de la pensión plena y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”.

“5. La pensión a que se refiere este artículo, así como los pensionados en cuanto a sus deberes y derechos, se regirá, en todo lo demás, por las disposiciones pertinentes de este decreto y del Decreto 3135 de 1968”.

Al respecto debe decirse que si bien le asiste razón al impugnante en cuanto a que en realidad para el momento de la muerte del causante, 11 de marzo de 1981, aún se encontraba vigente en su original redacción el citado artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, pues, como lo señalara el propio recurrente la declaratoria de nulidad del Consejo de Estado, respecto a la expresión “o varias entidades” se produce en noviembre de 1981; lo cierto es que de manera independiente a si la aludida providencia tiene efectos hacia el futuro o se retrotrae al pasado; aparece claro que a los propósitos de la prestación reclamada no se cumple con el requisito del retiro voluntario puesto que la muerte del trabajador conforme a las voces del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 no puede asimilarse a aquella otra causa de la terminación de la relación laboral como de igual manera lo ha adoctrinado la Sala en sentencia, entre otras, de Radicación 33393 de 17 de febrero de 2009:

“No le asiste razón a la censura en cuanto le endilga al Tribunal el haber ignorado el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, porque la sentencia claramente aludió a dicho precepto, solo que coligió que no se daban los presupuestos allí establecidos, por cuanto se requería “el retiro del servicio haya sido voluntario, lo que no sucedió en el sub examine que por muerte del trabajador, que son modos distintos de terminación del contrato de trabajo (D. 2127/45, art. 47)”.

El recurrente pretende, además, que se extiendan las previsiones de la Ley 12 de 1975 a la denominada pensión “sanción o restringida” que reclama, con el argumento de que el trabajador laboró un tiempo que supera los 15 años de servicios y su retiro fue voluntario. En ese orden resultan acertados los fundamentos plasmados por el tribunal, por ajustarse a la legalidad, al deducir que la precitada disposición, por una parte, no comprendía a los padres del causante y por la otra, que estaba destinada “a la pensión de jubilación”, para los servidores que fallecieran antes de cumplir la edad cronológica, pero que hubieran completado “el tiempo mínimo exigido por la ley que es de 20 años de servicios (D. 3135/68, D. 1848/69 y L. 33/85)”.

“Por lo demás, sobre el tema que propone la censura, relativo a que si la muerte del trabajador activo, debe entenderse como un retiro voluntario, para efectos de la pensión sanción o restringida, lo tiene definido esta Sala de la Corte de tiempo atrás, entre otras, en la sentencia de 13 de mayo de 2005, Radicado 24533 en que se dijo:

“El artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, regulaba diversas situaciones para el trabajador oficial que no alcanzaba a completar los 20 años de servicios que en conjunción con la edad requerida le permitían acceder a la pensión plena de jubilación.

“Su numeral 1º consagró la hipótesis del servidor público vinculado mediante contrato de trabajo que era despedido sin justa causa con más de 10 años de servicio y menos de 15, consagrándole el derecho a la pensión proporcional de jubilación a los 60 años de edad, bien que ya los tuviera cumplidos al momento de su despido, o ya cumpliéndolos con posterioridad al despido. El numeral 2º dispuso que si el trabajador era despedido injustamente llevando más de 15 años de servicio, la pensión se causaría a los 50 años de edad. Y el numeral 3º, contempló que si el servidor oficial se retirara voluntariamente después de 15 años de servicios, tendría derecho a la pensión proporcional cuando cumpliera 60 años de edad.

“La renuncia voluntaria, como su propia expresión lo refleja, constituye la libre e inequívoca decisión del trabajador de retirarse de su empleo. La muerte, en cambio, constituye un proceso natural de extinción de las funciones vitales, que a veces ocurre por el paso del tiempo, por causas violentas, por enfermedad o inclusive por la propia voluntad del ser que la procura por razones que solo a él le competen.

“No pueden, por tanto, para efectos laborales, asimilarse las dos figuras, pues la dejación voluntaria del empleo, supone únicamente la separación del asalariado de la actividad que hasta entonces desempeña, mientras que la muerte, en tanto se produce la cesación definitiva de las funciones como ser viviente, implica su desaparición del universo físico, comprendiendo lógicamente al mundo jurídico.

“Para el derecho del trabajo, la distinción es relevante, por cuanto, para el caso bajo examen, el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, establece como modos de terminación del contrato de trabajo, en su literal e) la muerte del asalariado y en su literal g) por decisión unilateral de cualquiera de las partes, en los eventos previstos en los artículos 16, 48, 49 y 50 de dicho decreto.

“Así las cosas, si como lo dejó sentado el tribunal, en presupuesto fáctico que necesariamente la censura debe compartir dada la formulación del cargo por la vía directa, el fenecimiento del vínculo laboral que unía al cónyuge de la demandante con la Administración ocurrió por la muerte de aquel, es imperativo concluir que no hubo renuncia voluntaria o decisión unilateral del asalariado. Y como lo uno o lo otro tienen efectos jurídicos diferentes, esx| indiscutible que falta uno de los supuestos de hecho que contempla el numeral 3º del artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, para que el asalariado hubiera dejado causado el derecho a la pensión proporcional de jubilación, con la eventualidad de que su cónyuge, la aquí demandante, tuviera vocación a la sustitución pensional que pretende, esto es, el retiro voluntario del servidor oficial”.

Al reiterarse los anteriores criterios no sale avante la acusación.

No se casará la sentencia.

Costas a cargo del recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de $ 3.000.000

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en el proceso seguido por Ligia Cordula Rosero de Palacios contra el Banco Popular.

Costas a cargo del recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de $ 3.000.000

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».