Sentencia 450 de agosto 23 de 2004 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 200401070 01/450T, sep. 1º/2004

Registro: agosto 23 de 2004

Aprobado según acta 118 de septiembre 1º de 2004

M.P. Guillermo Bueno Miranda

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, se procede a resolver la impugnación formulada por el ciudadano Timoteo Centeno Rosi contra la sentencia proferida el 15 de julio de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a través de la cual se declaró improcedente la tutela que instauró contra el Ministerio de Defensa Nacional.

Antecedentes.

Mediante escrito del pasado 30 de abril el aquí impugnante instauró la referida tutela reclamando la protección de sus derechos fundamentales constitucionales a la vida, dignidad, integridad física y moral, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, conculcados por la entidad accionada, conforme a los siguientes hechos:

Con ocasión del fallecimiento de su padre, José Raúl Centeno Méndez, pensionado del Ministerio de Defensa, y en su condición de hijo con incapacidad laboral total por presentar una infección congénita visual (toxoplasmosis), ha venido reclamando reiteradamente la sustitución de la pensión que percibía aquel.

Que el 30 de julio de 1999 mediante oficio 007068 MDLGPSR-177 el ministerio aquí accionado le solicitó acreditar el derecho que le asistía de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 1214 del 8 de junio de 1990, artículo 24; por lo cual el 6 de octubre de 1999 fue valorado en el Hospital Militar Central diagnosticándosele su ceguera; parte médico que aportó el 12 del mismo mes, sin embargo su solicitud de sustitución no fue respondida.

El 5 de diciembre de 1999 en acta de junta médica de incapacidades e invalidez 22, por unanimidad se conceptuó disminución de la capacidad de ciento por ciento (100%) que determinaba una incapacidad absoluta y permanente, documento que aportó el 7 de ese mes, solicitando nuevamente el derecho de sustitución pensional; petición reiterada por su apoderado el 4 de julio de 2000 invocando el derecho de petición, sin que tampoco se hubiera dado respuesta.

Que finalmente el 30 de octubre de 2000 se emitió la Resolución 1881 desfavorable a sus pretensiones, fundada en algunos escritos presentados por sus hermanos en los que informaban que su padre había diligenciado el reconocimiento de servicios médicos y hospitalarios a favor de su hermano Natanael, situación que resultó no ser cierta, en tanto su progenitor nunca discriminó entre sus hijos, pues desde el 26 de abril de 1991 había radicado su sustitución pensional a favor de sus hijos Saúl, Natanael y Timoteo.

Consideró el actor que con la resolución en cita se vulneraron sus derechos al debido proceso, de igualdad y el principio de buena fe, al tener en cuenta como prueba únicamente la comunicación del 23 de junio de 2000 enviada por sus hermanos al director de sanidad de la Fuerza Aérea, desconociéndose totalmente los argumentos esgrimidos por él y su apoderado; amen que no se adelantaron las correspondientes investigaciones para establecer la veracidad del dicho de aquellos.

Pretensiones.

Que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional efectuar el pago a su favor de la sustitución pensional a que tiene derecho en un porcentaje del 50% de lo que venía percibiendo su padre José Saúl (sic) Centeno Méndez, y en consecuencia, modifique la Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000 en su artículo tercero, en los términos ya anotados (fls. 1 al 10 cdno. 1ª instancia).

Actuación procesal.

Como inicialmente la tutela fue dirigida a esta superioridad conforme a las previsiones del inciso 1º, del numeral 1º, del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, y con el fin de preservar el principio de la doble instancia, con fecha 12 de mayo del año en curso se dispuso el envío inmediato a la Corporación Seccional Disciplinaria de Cundinamarca, por competencia (fls. 60 al 75 cdno. 1ª instancia).

Por auto del 6 de julio de 2004 se admitió la tutela ordenando comunicar sobre el particular al actor, al Ministerio de Defensa Nacional y al director de sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana, así como al jefe del grupo de prestaciones sociales, como terceros legitimados.

Además, requerir a la autoridad accionada informar sobre el trámite dado a las solicitudes de sustitución pensional del actor, y los fundamentos por los cuales le fue negada la misma remitiendo sustento documental (fl. 93 cdno. 1ª instancia).

Intervención de los accionados.

— La subdirectora servicios de salud de la Fuerza Aérea informó que la tutela había sido remitida a la dirección de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea, por competencia.

Anotó que en la tutela no se alegaba la vulneración al derecho a la salud, y que el actor no ostentaba la calidad de afiliado ni beneficiario del subsistema de salud de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo estipulado en los artículos 23 y 24 del Decreto Ley 1795 de 2000 (fl. 99 cdno. 1ª instancia).

— El jefe de desarrollo humano de la Fuerza Aérea informó que mediante oficio 987 DIPRE-SUREC-177 del 6 de julio de 1999 (anexó copia) se remitió por competencia al grupo prestaciones sociales del Ministerio de Defensa una solicitud de sustitución de pensión elevada por el señor Timoteo Centeno Rosi y así se le informó a este mediante oficio 986 DIPER-SUREC-714 del 7 del mismo mes (anexó copia).

El 16 de enero de 2003 el aquí accionante elevó derecho de petición (anexó copia), solicitando la absolución de la solicitud de sustitución proporcional de pensión, y como esa jefatura no era competente para resolver de fondo la misma, mediante oficio 355 DIPRE-SUREC-714 del 29 de enero de 2003 (anexó copia) se remitió al grupo prestaciones sociales de ese ministerio, tal como se le informó al petente con oficio 362 DIPRE-SUREC-714 del 29 de enero de 2003 (anexó copia), reiterado con oficio 820 del 14 de febrero de 2003 (anexó copia).

Con oficio 853 JED-DIPRE-SUREC-714 del 18 de febrero de 2003 se remitió nuevamente al grupo de prestaciones sociales la solicitud de sustitución pensional elevada por el señor Centeno Rosi (anexó copia).

Manifestó que la competencia para el reconocimiento de las pensiones consolidadas a favor del personal civil del Ministerio de Defensa, así como de la correspondiente sustitución radica en el grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa y por tanto al mismo corresponde resolver de fondo la solicitud elevada por el aquí accionante (fls. 100 al 102 y 106 al 114 cdno. 1ª instancia).

— El coordinador grupo prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional informó que con ocasión del fallecimiento del señor José Saúl (sic) Centeno Méndez, pensionado por Resolución 1367 del 15 de mayo de 1981, se presentaron a reclamar la sustitución pensional Natanael Centeno Rosi, a través de su curadora general Sefora Centeno Rosi y Timoteo Centeno Rosi, petición resuelta por la Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000 (anexó copia). Aclaró que en momento alguno el tutelante demostró la dependencia económica respecto del causante.

Que por Resolución 6 del 4 de febrero de 2003 se resolvió la solicitud de sustitución pensional al señor Saúl Centeno Rosi, quien tampoco acreditó el requisito de dependencia económica (anexó copia).

Que los diversos requerimientos presentados directamente por el actor o por intermedio de organismos de control, habían sido atendidos mediante los oficios 04321, 04878, 07199 y 10479-MDAPS-177 de abril 2 y 14, mayo 26 y agosto 12 de 2003, así como el 03737-MDAPS-177 de mayo 6 de 2004 (anexó copias).

Consideró improcedente la tutela ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, amen que no se estaba causando al actor ningún tipo de perjuicio irremediable que por demás no había demostrado (fls. 115/115 vto. cdno. 1ª instancia).

Pruebas.

Además de las ya enunciadas como aportadas por las autoridades que concurrieron al trámite de la tutela, el actor anexó documental relacionada con la reclamación de la sustitución pensional así como con las valoraciones médicas que le fueron practicadas, resaltándose el acta de junta médico de incapacidades e invalidez 22 del 6 de diciembre de 1999 en la que se le determinó una disminución de la capacidad laboral del 100% que representaba una incapacidad absoluta y permanente (fls. 11 al 57 cdno. 1ª instancia).

— Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000 por medio de la cual el Ministerio de Defensa Nacional dispuso reconocer por el grupo de prestaciones sociales de la dirección administrativa, la sustitución de la pensión de jubilación a partir del 14 de octubre de 1998, en la misma cuantía y porcentaje que venía percibiendo el señor José Saúl (sic) Centeno Méndez, ordenando pagar el 50% de la misma, a partir del 1º de diciembre de 1998, a favor de Natanael Centeno Rosi, representado por Sefora Centeno Rosi, dejando en suspenso el 50% restante en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del Decreto 1214 del 8 de junio de 1990, hasta tanto se dirimiera la controversia judicial suscitada con ocasión del memorial signado por José Saúl, Eunice, Lidia y Sefora Centeno Rosi hermanos del peticionario y otros, en la que expresaban que Timoteo trabajaba en forma independiente, su limitación visual no era congénita y no era persona inhábil; pues al tenor del artículo 124 ibídem, norma aplicable para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, tienen derecho a recibir la pensión del causante en forma vitalicia “... los hijos inválidos absolutos que dependan económicamente del empleado o pensionado...”.

En el mismo acto administrativo se declaró que no había lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de sustitución pensional a favor de Timoteo Centeno Rosi.

Se advirtió que contra dicha resolución procedía el recurso de reposición, y pese a que fue notificada mediante edicto fijado entre el 7 y el 22 de noviembre de 2000, no consta en el plenario que el aquí accionante lo hubiera interpuesto (fls. 35 al 38 cdno. 1ª instancia).

— Obra a folio 39 memorial signado por el apoderado de Timoteo Centeno Rossi (sic), sustentatorio del recurso de reposición y en subsidio apelación “contra el acto administrativo ficto o presunto” frente al derecho de petición presentado el 5 de julio de 2000 a efecto que se reconociera y pagara la sustitución pensional a nombre de su mandante; petición que fue remitida el 4 de mayo de 2001 por el comandante de la Fuerza Aérea al secretario general del Ministerio de Defensa (fl. 40 cdno.).

En el trámite de segunda instancia se aportaron declaraciones de sus hermanos Tito y Clodomiro Centeno Rossi (sic) sobre que el actor dependía económicamente del causante y que vive en precarias condiciones.

Sentencia de primera instancia.

El a quo en sentencia del 15 de julio de 2004 (fls. 129 a 138 del cdno. 1ª instancia) declaró improcedente la tutela incoada por el señor Timoteo Centeno Rosi contra el Ministerio de Defensa Nacional.

Ello por cuanto se consideró que el actor estaba utilizando este mecanismo de protección en forma paralela a las acciones legalmente instituidas ya que en contra de la Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000 proferida por la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional, procedía el recurso de reposición, omitido por el actor y su apoderado, amen que tampoco habían hecho uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Impugnación al fallo.

A la impugnación formulada por el señor Timoteo Centeno Rosi se accedió por auto del 30 de julio de 2004 (fl. 149 cdno. 1ª instancia).

Como razones de inconformidad con lo decidido expuso el actor que el motivo principal de haber incoado la tutela radicaba en que pese a haber cumplido con el trámite administrativo exigido para obtener el reconocimiento y pago del 50% de la pensión que en vida disfrutó su padre, esta le fue negada con el único argumento de que sus hermanos afirmaron en un memorial, que su ceguera se atribuía a la ingesta de alcohol etílico, cuando como era sabido se debía a atrofia del nervio óptico bilateral de origen infeccioso congénito, tal como se hizo constar el 23 de abril de 2001 por la unidad de sanidad; y que en relación a la controversia de allí suscitada, el pasado 5 de mayo había iniciado las acciones pertinentes en contra de sus hermanos, ante la fiscalía 54 seccional-unidad de delitos contra la integridad moral.

Consideró discriminatoria frente a su hermano Natanael la posición adoptada por el Ministerio de Defensa, quien además de padecer la misma enfermedad, había sido declarado interdicto por retraso mental; así que debió concederse la tutela como mecanismo transitorio, pues existen otras instancias en las que la autoridad accionada puede controvertir su derecho a la sustitución pensional en la proporción que le corresponda, ya que estaba probada tanto la incapacidad laboral como la dependencia económica respecto al causante, requisitos exigidos por la ley; y tanto sus hijos como él carecían de recursos, atravesaban una precaria condición ante la ausencia de recursos económicos.

Sostuvo finalmente que le resultaba incomprensible y menos justo, que el argumento de un particular, por demás calumnioso, pueda servir al Estado para obligarlo a sumergirse en un litigio que bien puede durar varios años agravando así su condición como cabeza de hogar, por lo que solicitó revocar la decisión impugnada y acceder al amparo constitucional deprecado (fls. 146/147 cdno. 1ª instancia).

Consideraciones de la Sala

De la procedencia de la acción.

No obstante que en el asunto que ocupa el estudio de esta acción de tutela existe otro mecanismo de defensa, la Sala considera que este no es tan eficaz como la acción constitucional incoada, dadas las condiciones especiales del accionante que amerita el análisis de fondo por parte del juez de tutela de la situación planteada, a efecto de que se tome la decisión a lugar. Ello en atención a que nos encontramos frente a una persona que se haya en una situación de inferioridad manifiesta, pues probatoriamente está demostrado que padece de ceguera congénita, a lo que se suma que su precaria condición económica, incapacidad para trabajar, a tal punto que vive de la caridad pública, pues toma el almuerzo en una institución de beneficencia, hechos estos que se encuentran debidamente corroborados a folios 55 a 57 del informativo.

Igualmente es necesario dejar en claro que pese a que el acto administrativo atacado por vía de tutela fue expedido el 30 de octubre de 2000, lo que en principio haría improcedente la acción por no reunir el requisito de la inmediatez, en esta oportunidad y dadas las condiciones particulares y especiales en que se encuentra el actor, la Sala hace caso omiso del requisito de la inmediatez en consideración a lo ya anotado y a que nos encontramos frente a un derecho prestacional que es de tracto sucesivo, cual es la sustitución de pensión, hecho este que conlleva a que en los actuales momentos las vías de hecho alegadas aún estén causando efectos en el actor, como más adelante tendremos oportunidad de demostrarlo cuando hagamos el estudio de fondo de la situación planteada.

Por otra parte, es importante anotar que si bien es cierto la Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000 expedida por la autoridad accionada es un acto administrativo contra el cual no se intentó la acción contenciosa administrativa a lugar, ello en esencia no imposibilita el ejercicio de la acción constitucional por cuanto esa decisión administrativa en su artículo cuarto dejó a salvo el 50% restante de la sustitución de la pensión del causante hasta tanto se decidiera judicialmente la controversia suscitada con ocasión del memorial presentado por los hermanos del actor, de donde se deduce con claridad que en momento alguno allí se le está negando el derecho al aquí accionante, solo que se dejó en suspenso, hasta que se cumpliera la condición antes anotada, por manera que en estricto sentido, dicho debate no sería objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa, por suerte que mal puede predicarse caducidad de la acción contenciosa administrativa, pues, se insiste, el condiciona miento está sujeto no a lo que esta resuelva, sino a lo que decida la jurisdicción ordinaria respecto a la aludida controversia suscitada con su hermano Natanael.

Luego, bajo estos supuestos, y en ejercicio de la primacía del derecho sustancial sobre el procesal, la Sala avocará el estudio de fondo de la presente tutela.

Del caso en estudio.

Para resolver sobre la protección de los derechos fundamentales invocados por el actor, se hace necesario determinar si la autoridad accionada incurrió en vía de hecho al expedir la Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000 en la que dispuso, de un lado, reconocer el 50% de la pensión de jubilación que disfrutaba el causante a favor de su hijo inválido Natanael Centeno Rosi; y, de otro, dejar en suspenso el 50% restante de la sustitución de la pensión de jubilación hasta tanto la justicia dirima si debe dársele a su otro hijo inválido Timoteo Centeno o acrecerse al primero de los citados.

Considera la Sala que sí se incurrió en vía de hecho por la autoridad accionada al momento de expedir el acto administrativo en comento, por cuanto la decisión allí contenida, de una parte, carece de argumentación jurídica, no se soportó sobre prueba alguna y los razonamientos allí consignados rompen la lógica del derecho, lo que llevó a que el actor resultara desfavorecido en la protección de su derecho.

Sustenta lo anterior el contenido del acto administrativo objeto de disenso obrante a folios 37 a 39 del plenario, de cuya lectura se extrae como situación fáctica que los hermanos Timoteo y Natanael Centeno Rosi, en su condición de hijos inválidos del causante, solicitaron la sustitución de pensión con ocasión del fallecimiento de su señor padre José Saúl (sic) Centeno Méndez, acaecida el 14 de octubre de 1998; que está acreditado debidamente que ambos hermanos se encontraban incapacitados debido a su ceguera congénita, de ahí que fuera voluntad de su progenitor hacer en vida el traspaso de la pensión a estos, de conformidad con la Ley 44 de 1980, tal como consta a folio 13 del informativo.

Igualmente se anotó que a Natanael Centeno Rosi se le sustituyó el 50% de la pensión del causante, precisamente por estar comprendido dentro del orden preferencial de beneficiarios establecido en el artículo 124 del Decreto 1214 de 1990, es decir por reunir la calidad de hijo inválido del causante.

Y en lo que respecta al inválido Timoteo Centeno Rosi, aquí accionante, se le negó por el único hecho de que sus hermanos presentaron escrito a la autoridad accionada atribuyendo su ceguera a la ingesta de licor adulterado, que no dependía económicamente de su padre, por trabajar en forma independiente, por estar casado, porque su limitación no es de nacimiento y porque consideran que no es persona inhábil, porque su vida ha sido normal.

Dicho escrito llevó a que en el acto administrativo contenido en la Resolución 1881 del 30 de noviembre de 2000, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, se razonara textualmente así: “Que el artículo 124 del Decreto 1214 del 8 de julio de 1990 norma aplicable para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, determina: “Reconocimiento y sustitución de pensión. Al fallecimiento de un empleado público del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, con derecho a pensión o en goce de esta, sus beneficiarios, en el orden y proporción establecidos en este estatuto, tienen derecho a percibir la respectiva pensión del causante, así: a) En forma vitalicia, para el cónyuge sobreviviente y los hijos inválidos absolutos que dependen económicamente del empleado o pensionado”.

“Que de conformidad con el artículo 146 de la norma ídem, establece: “Controversia en la reclamación. Si se presentare controversia judicial entre los reclamantes de una prestación por causa de muerte, el pago de la cuota en litigio se suspenderá hasta tanto se decida judicialmente a qué persona corresponde el valor de esta cuota”.

“Que en consideración a lo anteriormente expuesto, este ministerio procederá a dejar a salvo en su poder el 50% de la sustitución pensional hasta tanto se decida judicialmente la controversia suscitada entre los reclamantes”.

Como podrá observarse, en dicho acto administrativo no se está negando el derecho que le asiste al aquí accionante porque no tenga la calidad de inválido, ni menos porque este no dependa económicamente del causante, sino que se negó el reconocimiento de la sustitución pensional arguyendo el escrito de sus hermanos en el que expusieron razones distintas a las legalmente admisibles, para que Timoteo no accediera a la sustitución reclamada, por suerte que no existiendo duda sobre que el accionante sí cumplía los requerimientos exigidos en el artículo 124 del Decreto 1214 de 1990, la autoridad accionada, al no considerar estos aspectos, indefectiblemente con su proceder argumentativo incurrió en tres vías de hecho, a saber:

La primera, al considerar que una controversia judicial se da por el solo hecho de que una de las partes alegue una situación particular, concepto este errado que llevó a darle tal connotación, pues en verdad, en momento alguno el escrito presentado por los hermanos del actor tiene el alcance de suscitar una controversia, pues esta solamente se da cuando se están debatiendo unos derechos ante una autoridad judicial y por ello es natural que el legislador previera que la administración dejara condicionado el derecho reclamado hasta tanto la correspondiente autoridad judicial se pronunciara sobre el particular.

La segunda, radica en que aún suponiendo que el escrito pudiese tener la condición de controversia judicial, lo mínimo que debió haber tenido en cuenta la autoridad administrativa era el soporte probatorio del dicho de los memorialistas, hecho este último que en el acto administrativo brilla por su ausencia, con lo cual se rompió el derecho de igualdad al accionante al ver no solamente suspendido su reconocimiento de la sustitución pensional, sino que además se le avocó a iniciar un proceso para que resolviera una situación sobre la cual ni existía prueba, y menos, tenía él la carga de desvirtuar lo argumentado por sus hermanos.

La tercera vía de hecho radica en que aun en el evento que el escrito generara una controversia judicial y que se hubieran aportado las pruebas que sustentaran la misma, ellas no tendrían el valor para desvirtuar el supuesto normativo, pues recuérdese que de conformidad con el artículo 124 del Decreto 1214 del 8 de julio de 1990 y que atrás ya transcribiéramos, la única condición se concretaba en la invalidez absoluta de los hijos, y la dependencia económica del pensionado, hechos estos sobre los cuáles no existe discusión en el acto administrativo, al punto que la circunstancia de que el actor hubiera quedado ciego por ingerir licor adulterado, no es de la esencia para el reconocimiento de la sustitución, pues la norma en ningún momento condicionó tal reconocimiento al origen de la invalidez, sino a la existencia absoluta de la misma al momento del fallecimiento del causante; menos puede ser factor determinante para su negativa, el que su limitación no fuese de nacimiento sino adquirida ya que esa no fue la voluntad del legislador, por manera que mal puede el acto administrativo acoger las peticiones en este sentido cuando estos condicionamientos no existían sino en la mente de sus hermanos mas no en la voluntad expresa del legislador.

Por esta misma línea tampoco podía darse como válido el argüir la condición de que el actor estuviera casado, pues ello equivaldría a negar la posibilidad a los inválidos de que desarrollen, o al menos intenten llevar una vida que desarrolle la esencia del ser humano, como lo es el derecho sagrado a tener una pareja, ya que tal interpretación desnaturaliza de tajo la esencia del Estado social de derecho que está fundada en la dignidad de la persona, por manera que ni remotamente puede ser aceptado como justificante válido para negar la sustitución pensional a una persona inválida, la circunstancia que medie un vínculo matrimonial u ostente la calidad de compañera permanente.

Nótese entonces cómo la decisión así fundamentada desconoció abiertamente el contenido de los postulados normativos, lo que de suyo comporta una vulneración al debido proceso, pues, se insiste, el actor vio cercenado su derecho a la igualdad, precisamente por vulneración del debido proceso administrativo en cuanto no tuvo el mismo trato brindado a su hermano, no obstante encontrarse en igualdad de situaciones de derecho como claramente lo demostró la actuación administrativa y así lo evidencia este juez de tutela.

Súmase a ello que la administración ha sido indolente con el accionante pues en momento alguno analizó en detalle su situación. que ameritaba un trato especial y excepcional, dada su condición de inferioridad en que este se encontraba, y sí por el contrario lo ha avocado a un suplicio de más de cuatro años a la espera de ser oído, prueba de ello es que la propia administración, a través de la referida resolución, en su artículo quinto negó la personería al abogado que había contratado para tal efecto, lo cual, como es apenas natural, condujo a que el mismo no tuviera el derecho de ser notificado personalmente de una decisión trascendental para sus intereses, hasta el extremo de que ni siquiera hizo uso de los principios de celeridad y eficiencia propios de la administración pública y que deben estar presentes en cada una de sus actuaciones, al punto que a sabiendas de las limitaciones físicas del actor dada su ceguera y que implica necesariamente la imposibilidad de desplazarse con autonomía física, no se percató de tal situación y optó por notificarlo mediante edicto como consta a folio 38 vto., cuando lo correcto hubiera sido que la administración a través de uno de sus empleados hubiera puesto en conocimiento del actor, la decisión por demás desfavorable.

Aunado a lo anterior se tiene el comportamiento omisivo de la accionada que ha sido indiligente en cuanto a la protección del derecho de petición del actor por cuanto este en reiteradas ocasiones presentó escritos solicitando información sobre lo acontecido con su reclamación, y la administración en forma indolente y sin consideración alguna a la situación especialísima del administrado continuaba enviándole escritos, cuando su deber era materializar la respuesta la cual no se daba sino en la medida en que un representante de la autoridad se apersonara de la situación y le explicara lo que jurídicamente estaba aconteciendo con él y le diera las instrucciones para obtener su anhelado y justo derecho a la sustitución pensional.

Sea la oportunidad para insistirse por la Sala que las autoridades públicas en Colombia estamos instituidas para proteger los derechos de los ciudadanos, obligación esta que se hace aún más relevante cuando se tiene en frente a personas que se encuentran en evidente desventaja frente al común de su congéneres, pues de no ser ello así, y al darle trato administrativo idéntico al de las personas normales, se rompe el criterio finalista de la Constitución consagrado en su artículo 13 donde el propio Estado promueve las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, pues es natural que si no adopta las medidas pertinentes a favor de los grupos discriminados o marginados, el derecho de igualdad se quede en un mero concepto normativista que no tiene eficacia al interior del conglomerado.

Por las anteriores consideraciones la Sala revocará la decisión de primera instancia y tutelará al señor Timoteo Centeno Rosi los derechos fundamentales de igualdad y el debido proceso y como consecuencia de ello ordenará al secretario general del Ministerio de Defensa Nacional y al coordinador del grupo de prestaciones sociales del mismo, para que en el término de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta decisión, procedan a revocar los artículos tercero y cuarto de la Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000, y en su lugar, se dicte acto administrativo a través del cual se materialice el derecho de sustitución pensional del actor, con efectividad a partir del día siguiente al del fallecimiento del causante, tomando las medidas a lugar para que se cancele oportunamente las mesadas que se salgan a deber, y se incluya en la nómina de pensionados, e igualmente se preste la atención médica que este requiera.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 15 de julio de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que declaró improcedente la tutela incoada por el señor Timoteo Centeno Rosi contra el Ministerio de Defensa Nacional, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. TUTELAR al señor Timoteo Centeno Rosi los derechos fundamentales de igualdad y el debido proceso y como consecuencia de ello ordenar al secretario general del Ministerio de Defensa Nacional y al coordinador del grupo de prestaciones sociales del mismo, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, procedan a revocar los artículos tercero y cuarto de la Resolución 1881 del 30 de octubre de 2000, y en su lugar, se dicte acto administrativo a través del cual se materialice el derecho de sustitución pensional del actor con efectividad a partir del día siguiente al del fallecimiento del causante, tomando las medidas a lugar para que se cancele oportunamente las mesadas que se salgan a deber, y se incluya en la nómina de pensionados, e igualmente se preste la atención médica que este requiera, conforme las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. La autoridad accionada deberá enviar copia a esta superioridad de los actos administrativos a través de los cuales dio cumplimiento a la orden aquí impartida.

4. Una vez notificada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, salvó voto parcial—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco, no asistió con excusa—Leonor Perdomo Perdomo, salvó voto parcial.

Yira Lucia Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

_______________________________