Sentencia 4503 de marzo 19 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Ref.: Exp. 4503

Actor: Gobernador del cabildo del resguardo indígena de Cota.

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Acción: nulidad.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El artículo 8º de la Resolución 208 de 1º de agosto de 1994, acusado, es del siguiente tenor:

“Los representantes de las comunidades o etnias indígenas y de las organizaciones no gubernamentales ambientales, serán representantes de estas organizaciones durante el correspondiente período.

En ningún caso, los funcionarios públicos podrán ser representantes de las organizaciones no gubernamentales ambientales y las comunidades indígenas o etnias, salvo si están en el sector docente...”. (Las subrayas fuera de texto corresponden al aparte acusado).

Conforme al parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, que se invoca como fundamento para la expedición de la Resolución 208 de 1º de agosto de 1994, contentiva de la disposición acusada, al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde reglamentar la elección de los representantes de las comunidades indígenas o etnias y de las entidades sin ánimo de lucro al consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales.

Estima la Sala que cuando el legislador le otorgó al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de reglamentar la elección de los representantes de las comunidades indígenas o etnias y de las entidades sin ánimo de lucro al consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales, lo estaba autorizando para señalar las reglas dentro de las cuales debía llevarse a cabo la elección, lo cual comprende aspectos atinentes a la indicación de los requisitos para la inscripción, la convocatoria, la fecha para llevarse a cabo, el procedimiento que debe observarse y la forma de practicar el escrutinio.

Pero el señalamiento acerca de en quién puede recaer la elección, diferente de la exigencia de la condición a que alude la norma legal referente a ser representante de las comunidades indígenas o etnias y de las entidades sin ánimo de lucro, constituye el establecimiento de inhabilidades o restricciones en las personas a elegir, lo cual es del resorte exclusivo del Legislador, quien no lo ha delegado en el Ministerio del Medio Ambiente.

De tal manera que si el acto administrativo acusado exige que en la conformación del consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales los representantes de las comunidades indígenas o etnias y de las entidades sin ánimo de lucro, no pueden tener la calidad de funcionarios públicos, está agregando una exigencia que la Ley 99 de 1993 no había consagrado, pues, como ya se dijo, ésta únicamente previó la condición de que la elección debía recaer en personas que pertenecieran a tales comunidades y entidades, lo cual pone de manifiesto la transgresión del artículo 26, parágrafo 1º, de la Ley 99 de 1993, dado que el Ministro del Medio Ambiente excedió la facultad de reglamentación que se le había otorgado por la citada ley.

En consecuencia, es del caso acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

Declarase la nulidad del inciso 2º del artículo 8º de la Resolución 208 de 1º de agosto de 1994, expedida por el Ministro del Medio Ambiente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 1998».

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