Sentencia de tutela 4508 de junio 17 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

COPIAS DE PROCESOS PENALES ARCHIVADOS

CASOS EN QUE ES POSIBLE OBTENERLAS

EXTRACTOS: «Si se tiene en cuenta que el derecho a la intimidad es un atributo propio de la dignidad humana, resulta claro que el ámbito de privacidad de la persona y de su familia, como de su derecho al buen nombre, deben ser respetados por el Estado y es igualmente su deber hacerlos respetar de la injerencia indebida de los demás, para de esta manera lograr la tranquilidad, la paz interior y el libre desarrollo de su personalidad.

El Estado, no obstante, interviene a través de sus autoridades y de manera excepcional en la vida privada de las personas, como sucede en el desarrollo del proceso penal. En éste, además de encontrarse constitucionalmente permitidas ciertas intromisiones en dicho ámbito (son ejemplos el registro del domicilio y la interceptación de comunicaciones), la dinámica propia de la investigación criminal y en particular el cumplimiento del numeral 5 del artículo 334 del Código de Procedimiento Penal, acrecientan dicha intervención en la intimidad del procesado, lo cual finalmente se materializa en información registrada en las diferentes piezas del proceso.

El derecho a la intimidad, por consecuencia, no ostenta el carácter de absoluto. El mismo, frente a la investigación penal, para los fines constitucionalmente permitidos y dentro de los parámetros señalados por la ley, es objeto de intervención judicial, con el agregado de que la información procesal está sometida a reserva durante la investigación preliminar y la fase sumarial (CPP, arts. 321 y 331), no así en la etapa del juzgamiento donde ostenta el carácter de pública.

En el caso examinado la discusión está limitada a determinar si el accionante cuenta con la posibilidad de acceso a la información contenida en los procesos penales 263 y 332, e igualmente de la existente en la investigación preliminar 438.

Respecto del primer caso las actuaciones finalizaron con preclusión de la instrucción y las decisiones adquirieron firmeza material. En consecuencia, si se tiene en cuenta que el principio de la reserva sumarial tiene como finalidad la protección de la investigación, finalizada ésta a través de una determinación judicial que hizo tránsito a cosa juzgada el principio pierde su carácter vinculante y por lo tanto no puede constituirse en argumento válido para negarle a un particular el acceso a la información contenida en el proceso.

No obstante lo anterior, respecto de un proceso penal finalizado en la fase sumarial, en donde el principio de reserva carece de sentido frente a la cosa juzgada, subsisten una serie de derechos a los cuales es necesario referirse para obtener la solución del caso propuesto. En primer lugar, el del procesado a que se le preserve su intimidad; en segundo, el de los particulares a la información y al derecho a la publicidad de los actos oficiales.

La actuación procesal, como función pública, está sujeta a los principios reguladores de la actividad de los funcionarios del Estado, en especial el de transparencia, y por lo tanto debe ser susceptible de control, no sólo a través de los mecanismos internos propios del proceso, sino igualmente de los externos a él, como su escrutinio por parte de la sociedad en atención del interés general involucrado en los resultados de la actividad pública.

Ese ejercicio de control de los particulares sobre la función pública en general, lleva implícito el derecho de acceso a la información, con excepción de aquella a que la ley le ha otorgado el carácter de reservada, de la excluida por razones de seguridad nacional y de aquellas que atenten contra el derecho a la intimidad de las personas (v.gr. vinculadas a la reserva tributaria, financiera, clínica, etc.).

Pero si la facultad de control de los asociados sobre la actividad estatal supone el acceso a la información a condición de que no sea reservada, aparece la posibilidad de que este derecho y el de intimidad entren en conflicto. Así puede suceder en el caso examinado por la Sala.

Ya se concluyó que la información contenida en los procesos penales que finalizaron con preclusión de la instrucción dejó de operar el principio de reserva sumarial, en cuanto las decisiones hicieron tránsito a cosa juzgada. Se deduce igualmente de lo dicho que el accionante cuenta con el derecho a conocer la información contenida en los expedientes y las personas procesadas a que se les proteja su vida privada. Está, entonces, en la conciliación de tales derechos fundamentales contrapuestos la solución del problema planteado, sin perder de vista la prevalencia del de intimidad sobre el de información, que es total solamente en casos de conflicto insoluble entre los mismos. Pero cuando permitirle al particular el acceso al documento público o a parte de él no agrede el ámbito de lo privado, no existe razón para impedirle su conocimiento.

El derecho del accionante a obtener copia de los procesos penales archivados, por lo tanto, es posible a condición de que no sea conculcado el derecho a la intimidad de las personas procesadas y tampoco el carácter reservado que pueda seguir acompañando a ciertas piezas de la actuación, como por ejemplo pruebas que se trasladaron a otro proceso todavía sometido a reserva; pruebas trasladadas al expediente de otro proceso aun con carácter reservado, o documentos relacionados con la seguridad nacional.

Así las cosas, el derecho a la intimidad del procesado en un trámite que finalizó con preclusión de la instrucción, en firme y que fue archivado, mal puede constituirse en un argumento que por vía general conduzca a la negativa de expedición de copias del mismo. Será necesario en cada caso examinar sus circunstancias particulares y determinar qué piezas del mismo podrían comprometer el derecho a la intimidad del procesado o cuáles aún conservan su carácter reservado, siendo viable la entrega de las restantes.

Tal es el ejercicio que debe hacer el jefe de la unidad delegada ante el Tribunal Superior de Cali. La Sala, como consecuencia, revocará el fallo impugnado en lo que tiene que ver con la declaración de improcedencia de la acción de tutela del derecho fundamental a la información, relacionada con los dos procesos penales que culminaron en la fase sumarial. En su lugar, se dispondrá el amparo del mismo, se dejará sin efecto en lo pertinente la resolución administrativa del 22 de abril de 1998 y se le ordenará al fiscal coordinador que proceda al examen de cada caso en particular, a establecer la revelación de qué piezas procesales podrían vulnerar el derecho a la intimidad de las personas procesadas, cuáles todavía están bajo reserva y a expedir fotocopias de las restantes al accionante, quien al obtenerlas se hace naturalmente responsable de su manejo.

La misma lógica anotada por la Sala opera frente a investigaciones preliminares en las cuales se haya proferido resolución inhibitoria, a condición de que no sea susceptible de revocación, como sucede cuando se ha declarado la prescripción de la acción penal. En los demás casos, en atención a que el proceso penal es susceptible de ser iniciado en cualquier momento, siempre y cuando aparezcan pruebas nuevas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base a la decisión inhibitoria (CPP., art. 328), la reserva de las diligencias impuesta por el artículo 321 del mismo código —con la salvedad allí mismo establecida y también la del inciso 1º del artículo 331 de la misma obra—, continúa operando y por lo tanto no procede la expedición de copias de las mismas. Como tal parece ser la situación de la averiguación preliminar cuyas copias solicitó el abogado recurrente, se confirmará la sentencia impugnada en cuanto a la no protección del derecho a la información en ese caso específico».

(Sentencia de tutela, junio 17 de 1998. Expediente 4508. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

EXTRACTOS: «Resulta bastante difícil poder afirmar que sea una determinada declaración o un específico documento el que dentro de un proceso penal pueda incidir o no en la intimidad del procesado, ya que necesariamente todo el conjunto probatorio, directa o indirectamente termina convergiendo en el ámbito intrínseco del individuo, siendo igualmente equívoco partir, por ejemplo como pareciese se da a entender en el fallo de la mayoría, del supuesto de que una determinada prueba es la que afectaría en la intimidad del procesado y reservarse, porque en ella se ha puesto en evidencia algún aspecto negativo de su vida, pues también las que aparentemente lo favorezcan pueden vulnerarla, dependiendo de la incidencia que tenga en la vida privada del individuo, no resultando por tanto preciso dejar en manos del subjetivismo del funcionario judicial que a posteriori y de acuerdo con sus propios valores determine cuándo y qué prueba es la que afectaría la intimidad del sindicado ya que por desconocer sus límites no estaría en capacidad de hacerlo, pues esa interrelación individuo sociedad, resulta impidiéndoselo, pues sólo aquél sabe hasta donde lo social se queda en su vida privada.

4. Desenvolviéndose entonces bajo este marco la intimidad, no resulta sanamente razonable comprender que el individuo que ha sido sometido a un proceso penal además de soportar las cargas de intromisión en su intimidad que ha implicado la investigación, deba, no obstante haberse proferido una decisión preclusiva a su favor, acarrear con otra consecuencial equivalente nada menos que a una pérdida intemporal de ese derecho cuando precisamente fue el Estado quien no demostró su responsabilidad penal, estando en plena vigencia para ese momento la presunción de inocencia que vinculada con el derecho a la intimidad impiden sólidamente que no pueda ser de dominio público todo aquello que quedó en el ámbito de las presunciones.

5. Y es que, igualmente, también parece sesgado limitar el respeto a la intimidad sólo en cabeza del procesado, pues también estaría en juego la de los testigos y demás personas intervinientes en el proceso que tampoco pueden soportar dicha carga cuando han concurrido a la investigación confiando en su reserva y si bien es cierto cumpliendo con un imperativo legal de concurrir a la instructiva, lo han hecho con la voluntad de colaborar con el Estado para el esclarecimiento de unos determinados hechos y sobre ello nada dice la decisión mayoritaria, pudiendo generar y ojalá así no lo sea, consecuencias negativas hacia el futuro al saberse que si una investigación termina con preclusión sus versiones serán de conocimiento público y quedan en tela de juicio los derechos a la seguridad y a la tranquilidad que creían les garantizaba el proceso, al punto de que hasta la propia víctima puede resultar afectada en su intimidad personal y familiar y hasta en su propia imagen, agravando lo que se ha llamado “victimización secundaria”.

(...).

No resulta comprensible la valoración probatoria a posteriori que reconoce la sentencia mayoritaria, que se afirma debe hacer el funcionario judicial para efectos de determinar qué pruebas vulnerarían el derecho a la intimidad del procesado, pues la ley procesal establece taxativamente los momentos en que puede y debe hacerlo sin que en ella se consagre esta nueva posibilidad que termina convirtiéndose en una apreciación probatoria integral del proceso sin parámetro alguno que la regule y la limite, a no ser que por tal se entienda la propia subjetividad del funcionario, que sin extremos podría hasta llegar a poner en tela de juicio la propia decisión preclusiva o las valoraciones que se hayan emitido dentro del mismo proceso. De ahí que siga creyendo que el levantamiento de la referida reserva deba sucumbir ante la trascendencia del derecho a la intimidad entendida en forma general, esto es, no sólo frente al procesado y la presunción de inocencia, amén de los inevitables desvíos que puedan presentarse ante el reconocimiento de que cualquier persona pueda conocer y tener en sus manos tal diligenciamiento que se ha desarrollado bajo el parámetro de la reserva y que con base en él ha contado con la intervención del Estado y de la propia sociedad, siendo sorprendida ésta a posteriori con su publicidad, cuando por mandato legal ha estado en la obligación de poner en conocimiento de las autoridades judiciales aspectos íntimos y de su vida reservada. Sólo valdría preguntarnos qué pasará cuando un testimonio o cualquier prueba, que el funcionario judicial consideró no vulnerador de la intimidad del procesado, llega a las manos de su enemigo o una relación de bienes a las manos de un secuestrador, o los conocimientos científicos de un individuo versado sobre un determinado tema, en fin, cuando la vida privada tenga que quedar condicionada a la que quiera reconocerle el funcionario que deba expedir las copias en los términos en el fallo mayoritario, pues no creo que interrogantes de esta clase puedan solucionarse con el argumento de que la utilización de la información queda bajo la responsabilidad de quien la solicitó, ya que si ya no es reservada habría que determinar cuáles son los límites de su manejo, toda vez que no resultaría suficiente el dar por supuesto que estas limitantes radican exclusivamente en los baremos delictuales, como que pueden existir otro sinnúmero de conductas que sin ser delictivas pueden afectar derechos de los intervinientes en el proceso».

Carlos Augusto Gálvez Argote

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Para justificar mi postura disidente estimo indispensable precisar que para lograr los fines que busca la instrucción penal, es necesario que el Estado averigüe y conozca sobre los hechos más íntimos de la persona humana, en la medida en que ellos tengan algún roce con la transgresión que se investiga.

Tal situación se hace evidente cuando el fiscal tiene que preguntar al sindicado por su modo de pensar, por sus más íntimos sentimientos, sus afectos, sus pasiones, sus experiencias sexuales y hasta sus perversiones, sus incursiones y el resultado de ellas en lo económico, sus anhelos, sus frustraciones, el trato con sus parientes y amigos, sus relaciones de vecinos, pormenores de su vida de estudiante o de sus relaciones de pareja, con el propósito de establecer si cometió o pudo cometer el hecho o participar en él, si lo hizo maliciosa, imprudente o inocentemente, si obró con quebranto de sus deberes de solidaridad, buscando el lucro o el mayor perjuicio de la víctima, por odio, miedo, ira o causa semejante, porque todo iría a incidir en la definición de su responsabilidad y aun sobre una graduación de pena, lo que impone a ingresar en el análisis de la personalidad, conjunto que contempla los rasgos más íntimos del individuo.

Ello debe suceder en ocasiones con la víctima y aun con los testigos, así no sea con tanta intensidad, y está bien que así se haga, visto que el fin que se persigue no es otro que el de llegar a la verdad real como esencial de una decisión judicial justa y acertada, fuente de esa convivencia pacífica y de ese orden justo que pregona nuestra Carta Constitucional.

Mas no se olvide que toda esa indagación se cumple en un estadio donde el procesado goza de la garantía constitucional de presunción de inocencia, la que jamás podrá merecer el más mínimo desdoro, en tanto la actuación no sobrepase a la etapa de la causa, donde se parte de la plena prueba del hecho punible y ya el interés por conocer del proceso se hace público, a fin de garantizarle al individuo la transparencia de su juzgamiento, como a la sociedad confianza en las decisiones de sus jueces, situación que contempla el artículo 29 superior, pero que constituye, frente al derecho a la intimidad una verdadera excepción expresa y justificada.

3. A juicio de la mayoría de la Sala, según se entiende de la providencia que discrepo, concluido el sumario sin enjuiciamiento, valga decir, sin que al imputado se le haya quebrantado su presunción de inocencia, puede el Estado divulgar sin otro límite distinto al contemplado en otras leyes lo que se impuso sólo para decidir si había lugar a acusar o no al procesado.

A tal conclusión me opuse y me opongo abierta e irreductiblemente, pues ella conculca a mi modo de ver los cánones de la Carta Política, rompe sin justificación alguna el derecho del individuo a su intimidad, y lo exhibe y deja sometido al escarnio de sus conciudadanos, sin que le quede medio idóneo para defenderse o buscar aclaraciones, porque, repito, la única razón que autorizaba a penetrar en su intimidad era la necesidad de conocer si había ocurrido un delito y si el investigado era responsable, y ya el Estado en el caso de la preclusión o de la cesación, lo que declaró fue que no había lugar al seguimiento de causa.

Con todo el respeto que la Sala me merece, la decisión que se ha tomado me asombra y me hace temer por todas esas personas inocentes infortunada y circunstancialmente involucradas en una averiguación penal, por las abusivamente denunciadas, por las que quisieron ser sinceras y veraces con la administración de justicia en el convencimiento de que a ella (no a los particulares) estaban obligados a decirle la verdad para alcanzar una decisión justa, así en el camino sacrificaran intereses propios de su más íntima y sagrada privacidad.

Y por lo mismo temo que con decisiones como la que aquí se ha tomado, hasta la propia administración de justicia venga con aquellos a sufrir quebranto, pues no será ya fácil que en muchas averiguaciones los sujetos procesales o los terceros concurran a dar un testimonio completo y verdadero.

Me preocupa pensar si es que la Constitución quedó en este aspecto inconsistente o equivocadamente redactada, cuando pese a consagrar como una garantía inviolable la intimidad del individuo, y la presunción de inocencia, a paso seguido da ocasión para que uno y otro sean burlados, muy a pesar de que no halló el Estado motivos para enjuiciar a un ciudadano, al que abandonará al escarnio.

Por ello me pregunto si ¿además del natural recelo que con frecuencia inusitada impide dar en conocimiento de las autoridades hechos que gravemente ofenden el pudor de la víctima, tiene ahora ésta que temer también, que sin llegar a enjuiciar a su ofensor —por la causa que sea—, se agregará su riesgo de soportar la divulgación de aquellos pormenores de su más íntima reserva? ¿O si en el caso de falsedad o fraude deba temer el quejoso que además de perder ante un habilidoso delincuente, vaya a correr el riesgo de ser llevado a burla por la comunidad cuando se quiera ponerle de ejemplo como torpe? O es que ¿quizá una persona adinerada irá a correr el riesgo de acreditar los datos de su hacienda para probar solvencia y preexistencia de bienes que le fueron hurtados, sometiéndose al riesgo de que su información trascienda para que con la complacencia del Estado se le escoja de nuevo como víctima con una información que escapa a la reserva bancaria o tributaria?

Y qué pensar de quien sin estar obligado a declarar, lo hace en interés de la verdad y la justicia, y del mismo imputado que para alcanzar el reconocimiento de su inocencia, debe entregarle a la administración tanta información de su reserva, más, como premio a su colaboración y rectitud tenga que afrontar vergüenza y riesgo, sólo porque otro ciudadano quiso imponerse de su relato.

Los ejemplos se pueden multiplicar sin límite, y frente a ellos todavía me pregunto si es ese el Estado garantista que constitucionalmente tenemos. O si la imagen que queda ahora de la justicia es la de un órgano pronto a las indiscreciones, que agota esfuerzos sigilosos en sus investigaciones buscando la verdad con fines serios y precisos, pero a la postre sirve los lucrativos intereses de quienes viven del lamentable e insolidario oficio de alimentar la curiosidad malsana mostrando de la justicia una imagen-espectáculo, ahora a costa de la inocencia del procesado o de la improcedencia de una acción reconocida en decisión en firme, dejando a riesgo los intereses de tantas personas ocasionalmente involucradas en un sumario, y con mayor o igual razón a quienes fueron víctimas de un delito, y ni siquiera lograron que se juntara prueba que permitiera llevar al delincuente a juicio.

Sigo pensando que no es ese ni el oficio del Estado ni el de la justicia frente a la Carta Constitucional que hoy nos rige. Pero si fuere en realidad así, y soy yo el equivocado, muy pocas ganas me quedan para seguir haciendo parte de esa justicia que no sabe guardar la discreción ni el celo de las informaciones más valiosas que de sí le dieron quienes cumplieron con el deber de asistirla en el logro de sus altos fines, y cuando en divulgarlas no media el interés preciso y excepcional del artículo 29 superior (derecho a una causa pública), ni mucho menos un anhelo científico que en nada se perjudicaría con la sola divulgación de las decisiones judiciales definitivas.

La reserva, por último, en nada se opone a la trasparencia de las decisiones judiciales, ni a la confianza pública en ellas, si los directamente interesados en el asunto tuvieron la ocasión de concurrir a la controversia sumarial, y la comunidad estuvo representada por el Ministerio Público, sometido además el caso a la revisión de acierto en instancias».

Juan Manuel Torres Fresneda

SALVAMENTO DE VOTO

Aunque comparto los argumentos consignados en los salvamentos de los doctores Carlos Augusto Gálvez y Juan Manuel Torres, que en buena parte recogen la fundamentación de la ponencia que fue derrotada y con la cual me identificaba plenamente, sólo haré algunas anotaciones adicionales para explicar mi discrepancia con la decisión de la mayoría.

Para permitir el acceso a la información allegada a los expedientes judiciales, constituye argumento fundamental de la mayoría de la Sala que el principio de la reserva sumarial tiene como finalidad la protección de la investigación y que finalizada ésta a través de una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada “el principio pierde su carácter vinculante y por lo tanto no puede constituirse en argumento válido para negarle a un particular el acceso a la información contenida en el proceso”.

En manera alguna puedo compartir este razonamiento, pues a mi juicio la reserva sumarial no sólo se explica en aras de la protección al principio de originalidad y fidelidad de la prueba, esto es para poner a salvo de interferencias o contaminaciones la investigación misma, sino por la necesidad de mantener inviolable la privacidad de las personas que de una u otra manera se ven comprometidas en la indagación judicial.

Si la reserva sumarial estuviera instituida únicamente para preservar el material probatorio, carecería de objeto mantenerla una vez se completara el recaudo de las pruebas o se dispusiera la clausura de la investigación, pero todos sabemos que aquella se mantiene hasta cuando cobra ejecutoria la resolución de acusación. Y si lo que se trata es de garantizar la protección a las pruebas en su formación y prístino sentido, habría que extender la reserva para las que se adujeran o practicaran en la etapa de juzgamiento, cuando ya rige la publicidad por la consolidación de una acusación formal, pues igualmente en este estadio tales elementos de convicción estarían expuestos a la manipulación o a la distorsión.

Así pues, si el Estado no sólo está obligado a respetar sino también a proteger la intimidad de los asociados, como nadie duda en reconocer, no se ve cómo si por excepción y en aras de una pretensión punitiva puede aquél incursionar en el fuero privado de éstos, luego, simplemente porque se reconoce la prevalencia de la presunción de inocencia ante el prematuro fracaso de ese cometido, quede legitimada la judicatura para divulgar lo que era y debe seguir siendo reservado.

Con la decisión que hace tránsito a cosa juzgada en la fase sumarial se termina la instrucción del proceso, se pone fin a la investigación pero no al sumario, por lo que la actuación allí contenida pasará al archivo con el sello de la reserva que nada ni nadie le ha levantado. El fenómeno de la res iudicata no tiene por efecto poner fin a la reserva del sumario; si así fuera, cuando termina una investigación por prescripción de la acción penal se podría hacer público su contenido, con lo que el Estado perdería el poder de juzgar pero a la vez habría ganado el de divulgar ilegítimamente los elementos de prueba que alcanzó a recopilar, avasallando de este modo la intimidad de quienes por colaboración a sus loables fines o por simple sometimiento a su acción le confiaron parte de su privacidad.

Se dijo en las discusiones en Sala que las diligencias finalizadas con preclusión constituían un “documento histórico”, un “caso juzgado” como tantos se ven en escena. Pero francamente no veo conveniente que los funcionarios judiciales, sobre todo los fiscales, puedan convertirse en ingenuos libretistas en desmedro del derecho a la intimidad de los demás, con lo que se permitiría incluso que los medios de comunicación hicieran su propio “juicio” con el material probatorio que desestimó la judicatura o que en todo caso la llevó a precluir la investigación.

Las razones para impedir que se le dé visos de legalidad a lo que no es otra cosa que una perniciosa infidencia judicial se multiplicarían hasta lo infinito, pero ahora es suficiente con agregar a lo ya dicho por mis compañeros de disidencia que el fenómeno de la res iudicata impide que el caso sea nuevamente juzgado o investigado, pero entre sus efectos no está el de propiciar la publicidad de lo que la ley ha dispuesto mantener en reserva.

Con el respeto y acatamiento debidos,

Jorge Aníbal Gómez Gallego

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