Sentencia 45258 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL 1501- 2014

Rad.: 45258

Acta 4

Bogotá D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación.

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario. No hubo réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case la sentencia del tribunal y en sede de instancia confirme la de primer grado, o subsidiariamente condene a la entidad demandada a pagar a la actora la indemnización sustitutiva debidamente indexada.

Con tal fin formula tres cargos, así:

Cargo primero

Acusa la sentencia por vía directa:

Por el concepto de infracción directa de los artículos 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 48 y 53 de la Constitución Política; y, 36 de la ley 100 de 1993, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003; y, 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con los artículos 14, 50, 141 y 142 de la ley 100 de 1993; 178 del Código Contencioso Administrativo; y, 228 de la Constitución Política”.

En el desarrollo sostiene el censor lo siguiente:

Los artículos 48 de la Constitución Política relativo a la seguridad social, la cual se debe prestar con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley y el 53 que establece los principios mínimos fundamentales, entre otros, igualdad de oportunidad para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; y, garantía a la seguridad social.

Si el Honorable Tribunal hubiera aplicado esos principios sustanciales y constitucionales fundamentales lógicamente que hubiera concluido que como no existía norma para la regulación de la transición de las pensiones de sobrevivientes hubiera aplicado necesariamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece el régimen de transición entre el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte (Acu. 49/90, aprobado por el D. 758 del mismo año) y el Sistema General de Pensiones (L. 100/93).

De acuerdo con la aclaración efectuada al inicio de la demostración del cargo, el causante Jaime Antonio Echeverri Ortega al entrar en vigencia la ley 100 de 1993 tenía más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio cotizados al sistema del Seguro Social obligatorio por lo que debía aplicarse en su integridad para efectos de la pensión de sobrevivientes el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Expresamente no existió régimen de transición entre la pensión de sobreviviente del sistema anterior y la pensión de sobreviviente del nuevo sistema. Como no existió ese régimen de transición se debe aplicar, por orden de los artículos 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 48 y 53 de la Constitución Política, los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que regulan la pensión de sobreviviente de los afiliados que se encontraban dentro del Régimen de transición.

IV. Consideraciones de la Corte

El impugnante cuestiona la decisión absolutoria del tribunal, porque en su criterio la pensión suplicada debió concederse con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese año, aplicando el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto se ha de indicar que como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado.

En este caso, en atención a que el causante falleció el 23 de mayo de 2004, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Frente a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes analizados en la sentencia gravada, señala el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que tendrán el derecho:

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

“a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. “(...)”. (se ha de tener en cuenta que por Sentencia C-1094-03, el porcentaje se redujo al 20% y por la C-556 de 2009 fue declarado inexequible).

En el sub lite es claro que el causante no cotizó 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento, pues en ese lapso según lo estableció el tribunal acreditó sólo 30 semanas de aportes.

Por lo demás, es cierto que la Ley 100 de 1993, no estableció un régimen de transición para las pensiones de sobrevivientes, pues el consagrado en el artículo 36 de dicha normatividad es aplicable sólo a pensiones de vejez, sin que sea dable acudir a la analogía porque se trata de materias distintas. Sin embargo, ante ese vacío que la Corte ha denominado axiológico CSJ SL 405 de 2013, ha dado viabilidad a la aplicación del principio de condición más beneficiosa que implica darle efectos ultractivos a la normatividad anterior, cuando en su vigencia se cumplan los supuestos de la norma relativos al número mínimo de cotizaciones, porque en esos eventos se protegen las expectativas legítimas del asegurado, que si bien satisfizo esas exigencias, no alcanzó a consolidar el derecho porque durante el tiempo que tuvo vigor el precepto no se estructuró el riesgo.

No obstante lo anterior, no cabe la plus ultra actividad de la ley, pues dicho principio no se constituye en una patente de corso que habilite a quien no cumple los requisitos de la normatividad que le es aplicable, a efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores para ver cual se ajusta a su situación, pues, esto desconoce el principio según el cual las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio rigen hacia el futuro.

Esta corporación en sentencia CSJ SL 9 dic 2008, Rad. 32642, reiterada en las de 16 de Feb 2010, Rad. 39804 y 15 Mar 2011, Rad. 42021, precisó:

… no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho (...) Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32.642).

A esto habría que añadir, que la norma respecto de la cual eventualmente podría invocarse la aplicación por la vía de la condición más beneficiosa, sería el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, como lo ha precisado la mayoría de la Sala entre otras en sentencia CSJ SL 25 Jul 2012 Rad. 38674; sin embargo, las exigencias contenidas en ese precepto tampoco se cumplen en este caso, toda vez que en instancia, la Corte al revisar las pruebas del proceso concretamente la historia de cotizaciones al Instituto (fl. 39), encontraría que al momento del deceso el causante no era cotizante activo y no sufragó aportes por el mínimo de 26 semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento. En el último año anterior al deceso registra 21,42 semanas válidas de aportes, lo cual se corrobora con lo expresado por la entidad demandada en la Resolución 11116 de 2005 (fl. 29).

Finalmente, tampoco procedería la aplicación del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto el difunto como beneficiario del régimen de transición no cotizó el número mínimo de semanas exigido para la pensión vejez por el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, de mínimo 1.000 semanas de aportes en cualquier tiempo o 500 en los últimos 20 años anteriores al fallecimiento como lo ha entendido la Corte (CSJ SL 1º de Feb 2011, Rad. 44863, 17 y 24 May 2011, Rads. 41661 y 37951 respectivamente). En toda la vida laboral cuenta con 694 semanas de cotización y en los 20 años anteriores a la muerte tan sólo tiene 161,84 semanas (fl. 19).

Por las razones anteriores, se desestima el cargo.

Cargo segundo

Acusa la sentencia por vía directa:

Por el concepto de infracción directa de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, modificados en su orden por el artículo 1º numerales 134 y 135 y 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social como violación medio, lo cual condujo a la falta de aplicación de los artículos 49 y 37 de la Ley 100 de 1993, 1º y 3º del Decreto Reglamentario 1730 de 2001, 11 del Decreto 1748 de 1995, 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 178 del Código Contencioso Administrativo y 228 de la Constitución Política.

En la demostración afirma el recurrente:

Esas normas las infringió, como violación medio, las cuales ordenan al fallador que debe decidir expresa y claramente sobre cada una de las pretensiones de la demanda y que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas. El ad quem no decidió de manera expresa y clara sobre la pretensión subsidiaria relativa a la indemnización sustitutiva, debidamente indexada, por lo que el fallo no está en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos. Esa infracción condujo a la falta de aplicación de los artículos 49 y 37 de la Ley 100 de 1993, 1º y 3º del Decreto Reglamentario 1730 de 2001, 11 del Decreto 1748 de 1995, 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 178 del Código Contencioso Administrativo y 228 de la Constitución Política.

Cargo tercero

Acusa la sentencia por vía indirecta:

Por el concepto de aplicación indebida de los artículos 49 y 37 de la Ley 100 de 1993, 1º y 3º del Decreto Reglamentario 1730 de 2001, 11 del Decreto 1748 de 1995, 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 178 del Código Contencioso Administrativo y 228 de la Constitución Política en relación con los artículos 304, 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil, 145, 60, 61 y 32 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social.

Denuncia como yerros fácticos manifiestos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada negó la indemnización sustitutiva, con fundamento en que ‘... se encontró que indicios que dejan duda (sic) sobre la convivencia entre el asegurado fallecido, señor Jaime Antonio Echeverri Ortega y la solicitante María del Carmen Carvajal de Echeverri, y por lo tanto debe mediar la verificación administrativa para acreditar la calidad de beneficiario de la prestación económica.

2. No dar por demostrado, estándolo, que a la entidad demandada, a quien le correspondía la carga de la prueba, no probó ese hecho exceptivo.

3. No dar por demostrado, estándolo, en consecuencia, que la demandante tiene derecho a la indemnización sustitutiva debidamente indexada.

Acusa como erróneamente apreciadas la demanda (fl. 2 in fine), la contestación de la demanda (fl. 24), las resoluciones 1116 y 16020 de 2005 (fls. 29 y 30 y 7 y 8).

En la sustentación dice el impugnante que la entidad demandada negó la indemnización sustitutiva con el argumento de no existir certeza sobre la convivencia, cuando la prueba de ese medio exceptivo le correspondía procesalmente a la entidad demandada, según las reglas de la carga de la prueba. Como no se demostró ese hecho exceptivo a la demandante simplemente le correspondía demostrar los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para tener derecho a la indemnización sustitutiva, los cuales fueron dados por demostrados tanto por el a quo como por el ad quem.

V. Consideraciones de la Corte

La Corte procederá al estudio conjunto de estos dos cargos que se elevan contra el fallo del tribunal no obstante que se erigen por senderos distintos, en atención a que citan similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

Para desestimar estas acusaciones basta señalar que el tribunal no se pronunció expresamente ni trató el tema de la indemnización sustitutiva, sino que limitó su estudio a las pretensiones relativas a la pensión de sobrevivientes.

Por lo tanto, ante la eventual omisión del juzgador ad quem, la parte afectada debió pedir sentencia complementaria en los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º, num. 141, no siendo el recurso extraordinario de casación la vía procesal adecuada para subsanar tales defectos del fallo.

Como lo ha dicho la Sala de manera reiterada, el recurso de casación no está instituido para corregir defectos que tienen sus propios remedios en la ley procesal. (CSL SL 16 de Oct 2012, Rad. 40085 y SL 332-2013 entre otras).

Por las razones anteriores, se desestiman los cargos.

Este recurso extraordinario no genera costas, ante la ausencia de réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de noviembre de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por María del Carmen Carvajal Vargas contra el Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».