Sentencia 4534 mayo 9 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DOCUMENTOS BANCARIOS DE ORIGEN EXTRANJERO

PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD

EXTRACTOS: «1. El punto de partida del asunto en estudio, admitido incluso o, por lo menos no cuestionado por la parte recurrente, reside en que las pruebas por cuya desestimación se ataca la sentencia del tribunal, son documentos de naturaleza declarativa, provenientes de una entidad bancaria, el Volksbank Lindenberg EG.

2. El derecho mercantil, en últimas, surge cuando los excesivos formulismos del derecho civil se convirtieron en obstáculos para el desarrollo de las prácticas comerciales, las que por la rapidez con que deben ocurrir, necesitan de un cúmulo de normas ágiles, expeditas y descomplicadas, las cuales no se encontraron en el llamado derecho común.

3. Tratándose de establecimientos bancarios, dado el trascendental papel que cumplen en el plano de la economía de un país, como intermediarios crediticios y financieros que son y, en especial, por ser depositarios del ahorro privado, su actividad es una de las más severamente vigiladas por el Estado. Por la confianza que dichas entidades generan tanto en quienes mantienen en ellas depositados sus dineros, como frente a toda la comunidad, el legislador incluyó expresamente como documentos cuya autenticidad se presume los “...contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras emitidos por los mismos establecimientos...” (CPC, art. 252).

Posteriormente, la Constitución Política consideró de interés público las actividades financieras relacionadas en general con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, disponiendo en su artículo 335 que “sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley...”. Por ello, si uno de estos organismos controlados, como se dijo, al máximo por el Estado, emite un documento relativo a las funciones que le son propias, ese escrito, con sobrada razón, deberá presumirse serio y ajustado a la verdad.

Por supuesto que ese tratamiento jurídico no es extraño al documento bancario de origen extranjero, porque para este tipo de documentos el Código de Procedimiento Civil no establece ningún régimen especial distinto a la exigencia de su traducción cuando ha sido extendido en idioma distinto del castellano, conforme lo preceptúa el artículo 260 del código mencionado.

4. El Decreto 2282 de 1989 modificó el precitado artículo 252 para incluir, entre los documentos que se presumen auténticos, los arriba mencionados. Dicho ordenamiento entró en vigor el 1º de junio de 1990. Es decir, que para el día 18 de julio de 1991, fecha en la cual se aportaron al proceso, debidamente traducidos al castellano, los documentos extendidos en idioma alemán relativos a la cuenta corriente de la actora, ya estaban vigentes las modificaciones introducidas a la norma que les otorgó la calidad de auténticos.

5. De otra parte, cabe agregar que el apoderado de la demandada, quien se había reservado el derecho de pronunciarse sobre la validez de los referidos documentos, para cuando se allegaran junto con la correspondiente traducción oficial, no lo hizo así. Por el contrario, se observa que en forma alguna intentó desvirtuar la veracidad de tales pruebas, a pesar de que al señor Koehler, en su condición de ciudadano alemán, le era muy fácil hacerlo; prefiriendo observar una conducta pasiva, tal vez ambigua o evasiva y, en todo caso, inexplicable, dadas las circunstancias relevantes del pleito. En fin, el demandado no cuestionó la autenticidad de los documentos obrantes en el proceso, ni los tachó de falsos en su oportunidad, limitándose, cuando se le puso de presente uno de ellos, a decir escuetamente: “no me parece verás (sic) en su contenido ni me parece auténtica (sic)”.

6. Aunado a lo anterior, las partes en conflicto admitieron en forma tácita pero clara, la naturaleza bancaria del Volksbank Lindenberg EG, aspecto sobre el cual no hubo discrepancia. Además, ante la negativa de esta entidad de pronunciarse por escrito sobre la autenticidad de los documentos en mención, el cónsul de Colombia en Munich, en su condición de funcionario público y mediante certificación, reafirmó el carácter bancario de dicho establecimiento, cuando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, le hizo saber al juzgado que el citado Volksbank Lindenberg EG, aceptó ser el autor de los escritos y de su posterior envío a la señora Cano de Koehler.

7. Todo lo anterior para arribar a la conclusión de que no anduvo acertado el tribunal en la escogencia de la norma probatoria al resolver el caso sub júdice, puesto que debió aplicar el último inciso del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, dándole a los escritos emitidos por el Volksbank Lindenberg EG, el carácter de documentos cuya autenticidad se presume, con la fuerza probatoria que a ellos otorga la ley procesal, teniendo en cuenta que en los mismos, el mencionado banco le comunicaba a uno de sus clientes los movimientos realizados en relación con los dineros que tenía depositados en su cuenta corriente.

8. Se colige, en esta forma, que los documentos reseñados por la acusación, contienen información veraz de operaciones efectuadas por el Volksbank Lindenberg EG sobre los dineros de propiedad de la demandante, depositados en cuenta corriente abierta a su nombre en el referido establecimiento bancario. Dichas pruebas demuestran de manera fehaciente, de una parte, la preexistencia de un depósito que por valor de 440.000 marcos alemanes, fue constituido a nombre de la señora Rosalba Cano de Koehler quien, como titular de la respectiva cuenta corriente y que, al no haberse probado lo contrario, debe tenerse como propietaria de los valores allí consignados; y, de otra, el hecho del retiro de la suma de 253.816,07 marcos alemanes efectuada por Andreas Koehler persona que, ante el banco depositario, actuó como apoderado de la depositante.

9. Se tiene, entonces, que siendo auténticos tales documentos, esto es, las comunicaciones enviadas a Rosalba Cano de Koehler por el Volksbank Lindenberg, mediante las cuales se hace constar que la señalada entidad bancaria, siguiendo instrucciones del señor Andreas Koehler, colocó en depósito los recursos obtenidos por la venta de su casa en Schlirebach por un total de 440.000 marcos alemanes; el extracto bancario correspondiente a la cuenta de la que era o es titular la señora Rosalba Cano de Koehler, donde se explica pormenorizadamente el manejo dado a la citada suma, haciendo énfasis en que Andreas Koehler dispuso de la cantidad de 253.8167,07 marcos alemanes; el documento en que se le informa a la aquí demandante que por razón del secreto bancario alemán, no están autorizados para recibir instrucciones de clientes que no conozcan personalmente, y, en fin, la carta por la que el banco pide a la señora Cano de Koehler, “guardar” paciencia mientras ellos aclaran el asunto del dinero, el tribunal ciertamente incurrió en el error de derecho que le enrostra la censura, al aplicar equivocadamente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, pues les negó el poder demostrativo que a las referidas pruebas les otorga el artículo 252 en cita, norma que, como ya se observará, era la aplicable a este caso y no las del Decreto 2651 de 1991, invocadas por la acusación. Debió el ad quem , entonces, estimar los mentados documentos sin ratificación alguna, no porque la parte contra quien se adujeron se hubiera abstenido de solicitar dicha formalidad, sino porque al ser auténticos por disposición legal, no requerían de la mentada ratificación. En fin, lo cierto es que la prueba en mención debió ser apreciada, porque cualquiera fuera la perspectiva jurídica (la del casacionista o la de la Corte), ella gozaba de eficacia probatoria con independencia de la predicada ratificación.

Este error fue trascendente, toda vez que de no haberse presentado, la solución habría sido contraria a la tomada por el ad quem.

10. Desde tiempo atrás la Corte ha dicho que el “... error de derecho, para que pueda conducir al quiebre de la sentencia contra la cual se interpone el recurso extraordinario de casación, debe ser trascendente, es decir, que haya determinado la violación de las normas sustanciales por una incorrecta evaluación de las pruebas, bien porque el juzgador les dio el mérito que no tenían, bien porque les negó el que sí les correspondía de conformidad con la ley, bien, en fin, porque entendió mal las disposiciones concernientes a su producción, pertinencia y eficacia” (Sent. ago. 25/85).

11. Como el error cometido por el tribunal fue la causa determinante del fallo adverso a las pretensiones de la demanda, la sentencia del ad quem deberá casarse por haber quebrantado indirectamente los preceptos sustanciales que el recurrente señala en su demanda».

(Sentencia de casación, mayo 9 de 1997. Expediente 4534. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles).

______________________________________